El panorama de la financiación mundial de la energía -y de la extracción de litio en América Latina- cambió la semana pasada cuando el presidente de China, Xi, anunció que su país “intensificará el apoyo a otros países en desarrollo para que impulsen energías verdes y bajas en carbono”, al tiempo que se comprometió a poner fin al apoyo a las centrales eléctricas de carbón en el extranjero.
La demanda de energía renovable ya existe: los países en desarrollo de todo el mundo han propuesto 494 gigavatios en proyectos de energía renovable a través de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) en el Acuerdo de París. Solo en América Latina y el Caribe, los analistas del sector energético prevén un auge de las energías renovables, con una capacidad instalada que se espera que se duplique en los próximos años.
Dado el papel de China como gran productor de tecnologías renovables, un giro hacia las energías renovables también requerirá un aumento gradual de su demanda de litio, un mineral crítico necesario para almacenar la energía de fuentes intermitentes como la eólica y la solar. En ningún otro lugar del mundo hay un yacimiento de litio tan grande como en la zona extendida entre Argentina, Bolivia y Chile, a menudo llamada el triángulo del litio. China ya ha mostrado un gran interés en este sector, con inversiones en litio en los tres países y una demanda de importación en rápido aumento.
Lecciones aprendidas en América Latina
Para gestionar con éxito el inminente auge del litio, los gobiernos de los países en desarrollo tendrán que equilibrar las consideraciones medioambientales y sociales, así como los posibles ingresos. Por ejemplo, el proceso de extracción de litio es extremadamente intensivo en agua: cada tonelada de litio que se extrae requiere hasta 2 millones de litros de agua, lo que agota los recursos hídricos subterráneos en una región que ya sufre la escasez de agua y afecta gravemente sus frágiles ecosistemas.
La gestión responsable del agua será clave para garantizar que las comunidades locales -muchas de las cuales dependen de los recursos hídricos para su sustento tradicional- participen en los beneficios de las nuevas inversiones.
Sabía que…
Una tonelada de litio puede requerir hasta 2 millones de litros de agua para extraerse
Durante el reciente auge de la inversión minera china en América Latina, los relativamente jóvenes ministerios de medio ambiente de la región desarrollaron rápidamente su capacidad para gestionar los riesgos intrínsecos de un boom extractivo. Las lecciones de ese boom serán cruciales ya que los inversores chinos se fijan en los países del triángulo del litio, que tienen nuevas oportunidades para garantizar que la demanda aporte beneficios mutuos.
Como destaca nuestra reciente contribución en el Foro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Argentina, Bolivia y Chile pueden aprender de la historia de la minería del cobre en Perú y crear de forma proactiva instituciones nacionales sólidas que faciliten las consultas genuinas con las poblaciones locales afectadas por la minería del litio.
Para ello, los países del triángulo del litio y China se enfrentan a tres retos principales. En primer lugar, Argentina, Chile y Bolivia deben seguir desarrollando la capacidad institucional para gestionar a las diversas partes interesadas, los complejos retos medioambientales y los inversores extranjeros que no están familiarizados con el contexto local. Estas instituciones deben hacer hincapié en la transparencia durante todo el proceso de planificación, garantizando que las partes afectadas participen de forma significativa en las decisiones desde las primeras fases.
En Perú, los inversores chinos han estado activos en el sector minero desde 1992. Sin embargo, su capacidad institucional gubernamental se construyó de forma reactiva en paralelo a la creciente inversión china en el sector a mediados de la década del 2000. Aunque Perú firmó en 1989 un acuerdo internacional que garantiza a las poblaciones indígenas el derecho a la “consulta previa” sobre posibles proyectos que afecten al medio ambiente del que dependen, dos de las mayores inversiones mineras de China en el país se han enfrentado a prolongados conflictos con las poblaciones locales debido, en parte, a la falta de transparencia e inclusión en el proceso de toma de decisiones.
En 2007, Zijin compró la mina de cobre Río Blanco en la región norteña de Piura, pero el proyecto sigue sin desarrollarse casi 15 años después, debido a la firme oposición y a las protestas de las comunidades agrícolas locales. Un consorcio chino, liderado por el consorcio mayoritariamente chino Minerals and Metals Group (MMG), compró Las Bambas en Apurímac, al sur de Perú, en 2014 por más de 7.000 millones de dólares. Aunque la mina se encuentra entre las más productivas del país, las comunidades locales siguen planteando problemas sociales y medioambientales.
Un desafío para ministerios jóvenes
El Ministerio de Medio Ambiente de Perú fue creado en 2008, en medio del aumento de las inversiones mineras de China después de 2007 y de la compra de Río Blanco. Esta creación institucional reactiva limitó su capacidad para elaborar y aplicar políticas de consulta previa o de mitigación de daños ambientales.
Al igual que Perú, los ministerios de medio ambiente de los países de América Latina son jóvenes: el de Bolivia data de 2009, el de Chile de 2010 y el de Argentina de 2015. Estas carteras se enfrentarán a muchos desafíos similares en esta ola de inversiones en litio, como lo hizo Perú con el cobre. Sin embargo, la ventaja de algunos años, combinada con una normativa internacional más estricta para la protección del medio ambiente, da a los países de baja tecnología una ventaja sobre Perú. Pero deben aplicar con éxito las reformas clave en materia de transparencia, participación y responsabilidad.
Si el proceso se gestiona adecuadamente, las piezas están en su sitio para que todas las partes interesadas en la minería del litio se beneficien de un próximo boom
En segundo lugar, los países latinoamericanos deben cumplir los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Escazú. Este nuevo tratado internacional fue firmado en 2018 por 24 naciones latinoamericanas y caribeñas, y garantiza los derechos locales a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, la justicia ambiental y un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones actuales y futuras.
Los componentes clave del acuerdo exigen que los países vayan más allá de la norma de la consulta previa, implicando a las partes interesadas en una fase mucho más temprana del proceso y proporcionándoles una mayor agencia para dar forma a los resultados.
Mientras que Argentina y Bolivia han ratificado plenamente el acuerdo, Chile aún no lo ha firmado y Perú sigue siendo sólo un signatario. El acuerdo entró en vigor en abril de 2021, por lo que sus efectos aún no se han visto del todo. Pero hasta que Chile y Perú ratifiquen el acuerdo, las comunidades locales y las poblaciones indígenas de Argentina y Bolivia gozarán de derechos legales a la información, la participación,y la justicia medioambiental mucho más amplios que los grupos similares de Chile y Perú.
Por último, China debe cumplir sus nuevos compromisos de respetar la protección de las partes interesadas en sus inversiones en el extranjero y en sus proyectos de financiación de desarrollo, especialmente los pueblos indígenas y otras poblaciones vulnerables. Para coexistir con éxito con las comunidades locales que también dependen de las aguas subterráneas de la región, será necesario incluir a esas poblaciones en la planificación de los proyectos y la gestión del agua, así como en los beneficios económicos de las inversiones en litio.
China ha asegurado a la ONU y a la comunidad internacional que aplicará nuevos marcos de diligencia debida en materia de protección medioambiental, especialmente para sus empresas que operan en zonas propensas a conflictos. Los gobiernos de los países en desarrollo serán en última instancia los responsables de hacer que los inversores chinos cumplan estas promesas, pero la atención internacional puede ser un importante factor de motivación para el cumplimiento.
Si el proceso se gestiona adecuadamente, las piezas están en su sitio para que todas las partes interesadas en la minería del litio en el llamado triángulo del litio se beneficien de un próximo boom. Las comunidades locales, y especialmente los grupos históricamente excluidos, como los pueblos indígenas, tendrán mayor acceso y participación en los procesos de decisión del gobierno. Una mayor transparencia y responsabilidad también puede ayudar a prevenir daños medioambientales significativos y cualquier conflicto asociado en las zonas circundantes. Los gobiernos de los países del” triángulo del litio” y los inversores chinos probablemente también se beneficiarán económicamente de unos resultados más sostenibles y pacíficos.
En última instancia, la obtención de estos beneficios requerirá el cumplimiento de amplios compromisos de transparencia, inclusión, y responsabilidad por parte de todas las partes.
