China financia la construcción de centrales nucleares en Argentina

Durante el segundo semestre de este año, Argentina iniciará  la construcción de la primera de dos centrales nucleares por un monto que alcanzará US$ 2 mil millones, a través del financiamiento  del Exim Bank de China. A partir de esta inversión, el país aumentará su capacidad energética a 720 MW e incrementará del 7% al 10% su estándar de energía proveniente de una fuente nuclear. El anuncio realizado por el Gobierno, a pocos meses de las elecciones presidenciales, fue cuestionado tanto por la oposición como por los ambientalistas, quienes exigen la presentación de estudios sobre impacto ambiental. “La presidenta Cristina Kirchner (de Argentina) anunció como hecho consumado que construiremos dos nuevas centrales nucleares con China sin tomar en cuenta la legislación nacional”, afirmó Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (FUNAM). “Por ley, antes de iniciar cualquier obra, hay que realizar un estudio del impacto ambiental y una audiencia pública. Nada de eso se hizo. ¿Cómo se explica que hayan cerrado un acuerdo con China, con cifras y fechas?” La expansión del parque nuclear argentino fue aprobada por el Congreso en el 2009 para enfrentar el aumento de la demanda de energía en un país que, desde 2003 y hasta hace poco, venía creciendo a una media del 5% anual. A pesar de haber superado la crisis del 2001, que culminó con la moratoria de la deuda externa, los argentinos todavía tienen cuentas pendientes con los acreedores y, por lo tanto, un acceso limitado al mercado financiero internacional. Fue entonces cuando surgió China como el aliado ideal para financiar importantes obras de infraestructura y equilibrar las reservas internacionales. El presidente chino Xi Jinping visitó Buenos Aires (Argentina) en julio del 2014 y recibió a Cristina Kirchner en Pequín (China) en febrero de este año. Juntos firmaron decenas de acuerdos, marcando la “asociación estratégica integral” entre ambos países, previendo, entre otras cosas, realizar préstamos chinos para renovar la red ferroviaria de transporte de carga, la construcción de un complejo hidroeléctrico y de dos nuevas centrales nucleares en Argentina. Argentina ya posse tres centrales nucleares: Atucha I y Atucha II (en la provincia de Buenos Aires, a 110 kilómetros de la capital) y Embalse (en la provincia de Córdoba). Hasta el mes pasado, solo dos de ellas funcionaban. Atucha II, cuya construcción se había iniciado en la década del 80, había sido abandonada. En el mes de febrero pasado, Cristina Kirchner anunció la conclusión de las obras de Atucha II y su pleno funcionamiento y volvió a defender la alianza con China para construir dos nuevos reactores, uno con know-how argentino y el otro incorporando tecnología china. “Que nadie se asuste porque en la primer central habrá un 70% de producción nacional y un 30% de producción extranjera”, dijo en su discurso. La participación de los chinos en el segundo reactor sería mayor: un 50%. En compensación, ellos transferirían nuevas tecnologías a los argentinos. Más allá de los argumentos nacionalistas y de que Argentina debe volver a ser una potencia nuclear en la región, Cristina Kirchner también citó el cambio climático para explicar la decisión de apostar a la energía atómica (que actualmente representa un 5% del total de la energía eléctrica generada en el país), mientras que otros países, como por ejemplo Alemania, están haciendo el camino inverso. Según la presidenta, Argentina necesitaba diversificar sus fuentes energéticas, que hoy en día dependen principalmente del gas. “Vean lo que está sucediendo con nuestros hermanos de Brasil, que tienen una matriz fundamentalmente hidroeléctrica” y que, por este motivo, no han logrado hacer frente al “cambio climático y a la sequía” y están teniendo problemas de abastecimiento de energía. Según Montenegro, “justamente porque estamos viviendo en un mundo más volátil, en todos los sentidos, no deberíamos invertir en una tecnología tan arriesgada”.  Según el ambientalista, los cambios climáticos que citó Cristina Kirchner están causando desastres naturales, como el maremoto que provocó el accidente de Fukushima. Además, hay una mayor inestabilidad política. “En la época de la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en lugares opuestos, pero ambos ejercían un mayor control del arsenal atómico. En la actualidad, las armas están desplegadas en varias ex-repúblicas soviéticas, como Ucrania y Rusia, que están en pie de guerra”. Técnicos de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) argentina – organismo encargado de evaluar la viabilidad de las centrales atómicas – afirman que el sector es uno de los más transparentes del mundo. Después del accidente de Fukushima, toda la información fue publicada y expertos de varios países trabajaron con los japoneses para tratar de solucionar el problema. Según argumentan, lo mismo no sucede cuando hay un derramamiento de petróleo con responsabilidad de una empresa privada. Además insisten, por sus dimensiones, Argentina no puede compararse con Alemania, que no está renovando su parque nuclear pero tiene como vecina a Francia cuyas centrales generan el 90% de la energía del país. La ARN afirmó que todavía no han sido presentados los estudios sobre el impacto ambiental de las dos nuevas centrales ni se han realizado audiencias públicas. Sin embargo, el organismo aseguró que todos los requisitos de la ley se cumplirán; inclusive porque sin ellos el funcionamiento de dos nuevos reactores jamás podrá ser autorizado. Y el dinero de las obras se habrá gastado en vano. Montenegro afirma que el gobierno se está contradiciendo. En una entrevista al diario argentino Pagina 12, José Luis Antúnez, presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), dijo que la localización de las centrales todavía no se definió pero que las obras de la primera igualmente van a comenzar todavía este año. Según él, el ARN aceptaría la propuesta realizada por su empresa para construir Atucha III al lado de Atucha I y II. “Es probable que así sea, porque el costo político de instalar una central atómica donde ya hay otras sería menor. La población local ya está acostumbrada a convivir con reactores nucleares”, afirmó Montenegro. No obstante, según el ambientalista, es arriesgado concentrar tantas centrales en un solo lugar. De cualquier manera, afirma Montenegro, la NASA no podría iniciar obras sin antes presentar el estudio de impacto ambiental debidamente aprobado por el ARN y sin haber hecho una consulta pública. “En los Estados Unidos, un estudio como ese demora de 10 a 12 años porque se trata de un tema complejo. ¿Cómo van a hacer para tener todo listo en pocos meses”? Montenegro y políticos de la oposición también cuestionan la decisión de Cristina Kirchner de endeudarse con China cuando faltan meses para concluir su segundo mandato presidencial. Debido a que ella no puede postularse en octubre porque ya fue reelecta, caberá a su sucesor implementar los acuerdos con los chinos. Y es muy poco probable que éste pueda volverse atrás. “El gobierno tomó todas las precauciones para dejar un plan nuclear consolidado”, dijo Antúnez al referirse a la ley aprobada en 2009 que prevé la construcción de dos nuevas centrales nucleares. Según el gobierno, eligieron a China como aliada porque, contrariamente a otras potencias, manifestó interés en financiar el proyecto argentino y también tiene experiencia en el área. “Es el país que está construyendo la mayor cantidad de reactores nucleares en el mundo: 28 en simultáneo”, dijo Antúnez. El presidente de la NASA también desmitió “versiones absurdas” según las cuales China invadiría el mercado argentino con repuestos y trabajadores chinos. “Solamente importaremos lo que no podamos fabricar aquí”, dijo Antúnez. Es un argumento que no convence a Montenegro. “China es un socio peligroso: tiene tecnología de primer mundo, con salarios de cuarto mundo y una política de control ambiental muy reciente”. Por el momento, su fundación seguirá la evolución de los acuerdos y se preparará para recurrir a la justicia en el caso de que no se presenten los estudios de impacto ambiental exigidos por la legislación argentina.