El gobierno de Bolivia quiere apostarle a una hidroeléctrica en el oriente del país que le ayude a depender menos de combustibles fósiles y, de paso, garantizar energía y agua.
Sin embargo, ahora que el presidente Evo Morales propuso el 31 de diciembre un referéndum para revivir el proyecto hidroeléctrico de Rositas, el conflicto social con las comunidades en el departamento de Santa Cruz y que tendrían que migrar no sólo no ha cesado, sino que amenaza con escalar aún más.
El proyecto de Rositas
Generar energía es una prioridad para Santa Cruz, que con 3,2 millones de habitantes es el departamento más poblado de Bolivia y enfrenta un crecimiento en la demanda de energía.
El proyecto de Rositas, impulsado por el Gobierno nacional y ejecutado por la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), implicaría fuertes impactos socio ambientales, incluyendo el reasentamiento de al menos 12 comunidades que viven de la ganadería lechera y la agricultura. Desde hace tres años, estas 500 familias han manifestado su oposición a la eventualidad de dejar las casas que han ocupado por 40 años y tener que volver a empezar en otro lugar.
Mientras tanto, para el gobierno de Morales se trata de un proyecto de prioridad nacional que se comenzó a proyectar en los años 70 pero que no había sido concretado.
En 2016, el Gobierno le adjudicó su construcción al consorcio Asociación Accidental Rositas (AAR), que integran la empresa estatal China Three Gorges Corporation célebre por haber construido la gigantesca represa de las Tres Gargantas (la más grande del mundo), su subsidiaria China International Water & Electric y la boliviana Empresa Constructora Reedco SRL. La inversión ascendería a 1.300 millones de dólares, un 85% de los cuales está garantizado a través de un crédito obtenido del banco estatal chino Eximbank.
En varias ocasiones, el gobierno de Morales ha reforzado la importancia de la presa. Tras haber advertido que podría llevarse los recursos de Rositas a otros departamentos (castigando así a la región de Santa Cruz), el último día del año pasado volvió a lanzarle un salvavidas al polémico proyecto.
“Si hay algunas familias que se oponen, ¿por qué no hacer algún referéndum y preguntar al departamento si se hace o no se hace?”, dijo Evo en un evento con empresarios en la capital departamental de Santa Cruz de la Sierra.
Las comunidades locales rechazaron la propuesta de inmediato.
“Un referéndum no corresponde a un proyecto como este. Ellos tenían la oportunidad de hacer la consulta previa, libre e informada. Un referéndum no tiene sentido porque se trata de propiedad privada”, dijo Benigno Barrientos, representante de Moroco, una de las 12 comunidades que se verán afectadas.
“Ellos solo hablaron de los beneficios de la energía, quieren garantizar agua para el consumo de Santa Cruz y el agua para riego, pero no hablan de los daños que causará el proyecto y tampoco hablan de una compensación. Se rechaza porque hay falta de transparencia”, explicó José Luis Sandoval, presidente del Comité de Defensa Tierra y Territorio que agrupa a las comunidades afectadas.
Las comunidades contra Rositas
El proyecto de Rositas está diseñado para generar unos 600 megavatios de energía, que equivalen a la mitad del consumo de todo el país y alimentarán una red nacional que hoy genera 1400 MW (superando en 200 MW la demanda actual del país).
Sin embargo, su ambición es aún mayor. Es una pieza integral dentro de la Agenda Patriótica 2025, el plan de Morales por convertir a Bolivia en el centro energético de la región con una generación de 3.000 MW de energía, para exportar a Argentina y Brasil.
Rositas, que se construirá a unos 140 kilómetros de la capital cruceña, sería la primera de siete hidroeléctricas en la cuenca del río Grande, que nace en el centro del país y luego fluye hacia la del Amazonas en el norte. A la par de generar energía, la presa permitiría irrigar 164.000 hectáreas de producción agrícola, abastecería de agua potable a la ciudad de Santa Cruz y disminuiría el riesgo de inundación en la zona situada aguas abajo de la presa, según el exministro de Energía Luis Alberto Sánchez.
Hasta ahora ni Ende ni el gobierno de Morales han hecho pública la información sobre el potencial impacto del proyecto. Pero el resumen ejecutivo del estudio de diseño final -que la ONG Fundación Solón filtró- habla de un área de influencia directa de 452 km2 distribuida entre cinco municipios: Gutiérrez y Cabezas (en la provincia Cordillera), Postrervalle y Vallegrande (en la provincia Vallegrande) de Santa Cruz, y Villa Vaca Guzmán en el vecino departamento de Chuquisaca.
La preocupación de estas 12 comunidades campesinas comenzó en 2012, cuando un primer estudio de factibilidad mostró que el área inundada sería de al menos 45.000 hectáreas.
Entre sus preocupaciones está que se pierda infraestructura existente, incluyendo escuelas, carreteras y tendidos eléctricos. Por ejemplo, el puente construido sobre el río Grande en el cual el Estado invertió 38 millones de bolivianos (unos 5,5 millones de dólares) y que está listo para su entrega, está ubicado justo en la zona que será anegada, alerta la ONG Probioma, que trabaja con comunidades indígenas en temas agrícolas. Ese puente que une a los municipios de Vallegrande y Gutiérrez, explican, ha sido vendido por la Autoridad Boliviana de Caminos como una solución vial que permitirá a los productores transportar productos como el maíz, papa, maní, hortalizas y verduras hacia Santa Cruz, la segunda mayor ciudad del país.
Por todo esto, los pobladores conformaron el Comité de Defensa de Tierra y Territorio de las Comunidades Afectadas por el Proyecto Rositas. En diciembre de 2016, reunidos en la comunidad indígena de Tatarenda Nuevo, emitieron un voto rechazando la construcción del proyecto por la afectación directa e indirecta en sus poblaciones.
Su principal queja hasta ahora ha sido que –a pesar de que tres de las comunidades son indígenas guaraníes- no ha existido un proceso de consulta previa e informada con ellos, como establece la Constitución de Bolivia y como recomienda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, toda una ironía en el único país de América Latina con un presidente indígena.
Ante lo que describen como una falta de respuesta a sus peticiones de información sobre cómo los afectará Rositas y las posibles alternativas de solución, en mayo de 2017 el Comité resolvió no atender más las socializaciones del proyecto del Gobierno.
A partir de ese momento, la lucha de las comunidades se tornó jurídica. En marzo de 2018, las comunidades guaraníes de Tatarenda Nuevo y Yumao interpusieron una acción popular en contra de la ejecución del proyecto por violar su derecho a la consulta.
Tras pasar por tres tribunales distintos, un juez denegó la acción legal argumentando que “los accionantes no se pueden considerar afectados cuando no existe una normativa, un proyecto, mal podrían alegar una afectación sin considerar la conclusión de los estudios que debe ser tramitada por ENDE como acto previo a la consulta”.
El problema es que de estos estudios no son públicos o aún no han sido terminados.
El primero, el estudio final de diseño que establece el área afectada, fue realizado por la empresa Eptisa pero no se ha publicado hasta hoy. El segundo, la evaluación de impacto ambiental, tiene un estatus incierto. En agosto de 2017, se lo adjudicó a su filial ENDE Corani SA, sin que un año y medio después se sepa si ya se concluyó.
Y, por último, el estudio para el proyecto de riego que permitirá irrigar 165.000 hectáreas agropecuarias, fue adjudicado en enero de 2018 al consorcio español Inclam SA por 2,4 millones de dólares, con recursos del Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, pero solo se entregará este febrero de 2019.
De ahí que los indígenas sientan que, cuando presentaron la acción popular, la justicia no tuvo en cuenta los documentos que prueban que serán afectados por la inundación y que implicará lon que ellos llaman un “reasentamiento involuntario”.
A eso se suma la preocupación entre los científicos ambientales por el impacto que podría tener el proyecto en ecosistemas como los bosques húmedos de la cuenca del río Grande, en especial de tres áreas protegidas que estarían en el área prevista para la hidroeléctrica (el Parque Nacional Serranía del Iñao, el Área de Manejo Integrado Río Grande – Valles Cruceños y el Área Protegida Municipal Parabanó).
“Las áreas protegidas tienen legislación en la Constitución y otras normas que, a partir de su importancia, impiden hacer todo lo que en el resto del país se puede hacer porque tienen requerimientos más altos. Por tanto, ningún referéndum debe preguntar algo que es ilegal, es decir, realizar una obra de infraestructura o cualquier obra pública que afecte la función para la que ha sido creada”, dice la investigadora ambiental Cecilia Requena, coautora del libro Bolivia en un mundo 4 grados más caliente.
Energía más limpia para Santa Cruz
El gran atractivo de Rositas es que permitiría a Bolivia transformar significativamente su matriz energética.
Según el Gobierno, la puesta en marcha de hidroeléctricas como ésta permitiría reemplazar la energía a partir de combustibles fósiles como el gas natural y diésel por fuentes renovables como el agua, contribuyendo a generar menos emisiones de gas de efecto invernadero responsables del cambio climático. Actualmente, un 75% de la energía eléctrica de Bolivia es producida por centrales termoeléctricas a base de gas natural y diésel.
De ahí que para el gobierno de Morales la oposición del Comité de Defensa sea incómoda.
“Llamamos al sentimiento cruceño a defender su proyecto, el sueño de los viejos ancianos que consiguieron este proyecto”, dijo el ministro de Energías Rafael Alarcón, describiendo a quienes presentaron la acción judicial como “malas personas”.
Tanto ENDE y el Ministerio de Energías como la Gobernación de Santa Cruz dicen que levantarán datos para conocer a quiénes se debería compensar y enfatizan que el componente socio ambiental del proyecto incluye medidas de prevención y mitigación ambiental.
Los pobladores, sin embargo, sienten que la información es excesivamente vaga.
“No conocemos ninguna propuesta. No tenemos por qué aceptar si no conocemos”, dice Benigno Barrientos, vicepresidente del Comité de Defensa. “En ningún momento nos han mostrado ni lo mejor ni lo peor. ¿Qué propietario privado va a entregar sus bienes sin que haya una propuesta?”, enfatizó.
Ellos insisten en que, más que el referéndum que propuso Evo, corresponde hacer un proceso serio de consulta previa, tanto a las comunidades indígenas como campesinas en la zona.
“Nuestra postura es que cualquier consulta que se pretenda hacer es a destiempo, considerando que la consulta a pueblos indígenas es con carácter previo. La consulta a todos los ciudadanos o bolivianos estaría violando, entre otros derechos, nuestra libre determinación”, dice Ena Taborga, representante de los indígenas guaraníes de Tatarenda Nuevo.
“Ya no fue previa. Ese derecho ya está vulnerado y no se hace nada para resarcir(lo)”, coincide Sara Crespo, investigadora de la ONG Probioma.
Muchos tampoco confían en que el gobierno cumpliría si el resultado le es adverso, como sucedió con el referéndum nacional de febrero de 2016 que teóricamente le cerraba a Morales las puertas de un cuarto período presidencial (que finalmente sí buscará en octubre de este año).
En la gobernación, entre tanto, creen que el referéndum ganaría pero insisten en la importancia de considerar otras alternativas de concertación social.
“Esto tiene que ser consensuado entre los distintos niveles de gobierno y los pobladores afectados para buscar las soluciones para no llegar a un referéndum que sabemos va a ser positivo, porque nadie se va a oponer a generar 200 mil hectáreas de riego, a generar energía, a tener transporte eléctrico público y privado. El referéndum es secundario a la importancia que hay que darle en el análisis y el impacto del proyecto”, dice José Luis Parada, asesor general de la Gobernación de Santa Cruz.
Por el momento, continúan paralizadas las actividades de socialización. El Ministerio de Energías no respondió a la petición de información de Diálogo Chino sobre qué acción realizarán para viabilizar la propuesta de referéndum de Morales, limitándose a señalar que están recolectando datos en materia hídrica.
En tanto, este 4 de febrero, un grupo de indígenas provenientes de 11 regiones de Bolivia que rechazan proyectos extractivos inició una marcha desde Sucre hacia La Paz, donde está la sede del Gobierno nacional. Entre ellos están quienes se oponen a hidroeléctricas como Rositas.
“A ningún cruceño, a ningún boliviano, le va a gustar que el gobierno con un referéndum le quite el derecho que tiene. Durante tres años, se le ha pedido propuestas pero no las tiene”, dice Benigno Barrientos.