Una campaña para impedir que la empresa china JHP International Petroleum Engineering Ltd. extraiga petróleo de un parque nacional al noroeste de Argentina movilizó a, activistas ambientales, ecologistas, indígenas, políticos y guardas forestales. “Además de estar violando al menos tres leyes nacionales, ponen en riesgo de contaminación a una selva en la cual viven especies en vías de extinción y la mitad de las aves de todo el país”, dijo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Greenpeace. La extracción de petróleo se realiza en pleno Parque Nacional Calilegua, creado en 1979, en la provincia de Jujuy. Son 76 mil hectáreas de selvas tropicales montañosas que son consideradas como extremadamente valiosas para el medio ambiente, según la evaluación de 2011 del gobierno provincial. Las 5.700 hectáreas del yacimiento de Caimancito se encuentran al interior de esa área protegida y también la infraestructura de la industria petrolera: 24 km de oleoductos y ocho km de gasoductos. De los 34 pozos que eran explotados antiguamente, 10 siguen en actividad. “Todo el mundo daba por hecho que los pocos pozos que están activos serían cerrados, pero ahora la idea es reactivar el yacimiento y expandirlo”, explicó Franco Aguilar, abogado del Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (ENDEPA), una organización católica que defiende los derechos de las comunidades indígenas. En 2012 el gobierno de Jujuy autorizó a la empresa china JHP a explotar el yacimiento hasta 2037. Al año siguiente se firmó una carta de intención. “Lo alarmante es que los chinos no sólo reactivarán los pozos que habían sido cerrados sino que además van a abrir tres nuevos pozos, durante los primeros seis años”, afirmó Giardini. Según un relevamiento realizado por Greenpeace, en el área que será explotada existen reservas de 113 millones de metros cúbicos de petróleo y 34 mil millones de metros cúbicos de gas. “A partir de nuestros cálculos, el 90% del yacimiento todavía no fue explotado y los chinos, además de contar con tecnología más moderna, también están invirtiendo en otras áreas de Argentina”, dijo Giardini. El petróleo y el gas de Caimancito representan menos del 0.5% del total de las reservas de Argentina. Ese es otro argumento que se está utilizando la campaña organizada por Greenpeace: por muy poco, hoy están exponiendo a la contaminación a una de las grandes riquezas naturales del país. En el parque existen 123 especies de árboles, 120 de mamíferos, 24 de anfibios y 270 de aves. Además de publicar el documento, alertando sobre los estragos que la industria petrolera puede causarle a la selva, a las aguas y a las comunidades indígenas que viven en las cercanías del parque, Greenpeace lanzó una campaña nacional en las calles y en las redes sociales. Activistas disfrazados de pájaros raros y onzas pintadas organizaron una manifestación en la puerta de la Casa de la provincia de Jujuy en Buenos Aires. Más tarde construyeron una réplica de una torre de extracción de petróleo en el medio de la calle Florida, célebre por su actividad comercial y muy frecuentada por turistas. La idea fue representar como la apertura de un pozo en el corazón de la capital argentina es tan absurdo como abrir otro en un parque nacional. Más de 70 organizaciones sociales, ambientales e indígenas, además de políticos y sindicalistas, adhirieron al petitorio por el cual se le solicita al gobierno provincial que derogue la concesión otorgada a la empresa china. Además de movilizar a la opinión pública, algunos trabajadores del parque iniciaron acciones legales, como el guarda forestal Guillermo Nicolossi. Según él, la extracción de petróleo del yacimiento viola la Ley de Parques Nacionales que “prohíbe cualquier tipo de actividad económica, exceptuando la turística” y la Ley de Hidrocarburos “que determina la anulación de concesiones o autorizaciones para extraer petróleo en áreas de protección ambiental”. Dado que en 2011 Calilegua fue incluido en la categoría de área prioritaria de preservación, la explotación de petróleo dentro del parque nacional también viola la Ley de Bosques. La legislación determina que la selva no puede sufrir ningún proceso de transformación. En 2014 JHP presentó un estudio de impacto ambiental acorde a lo determinado por la legislación argentina, sin embargo, según Nicolossi, está incompleto. “El estudio prevé el impacto durante un plazo de tres años, mientras que la explotación se proyecta a 24 años”, dijo. Greenpeace también cree que el área afectada puede ser mayor a la estipulada en el estudio. “En el estudio, la propia empresa reconoce que habrá un impacto ambiental directo sobre 500 hectáreas, que corresponde a todo el trabajo de abrir caminos y pozos”, afirma Giardini. “Y también reconoce que habría un eventual derrame de petróleo que puede afectar 21 mil hectáreas, un área equivalente a un tercio de todo el parque y del tamaño de la ciudad de Buenos Aires”. Las autoridades de Parques Nacionales (organismo responsable por los parques de todo el país) ya habían manifestado su preocupación por los estragos causados por las instalaciones de la industria petrolera, que se encontraban en estado de abandono: pozos inactivos, que no fueron debidamente sellados y caños rotos que hace años están contaminando el suelo. Solamente un pozo, que está localizado fuera del parque, derrama 200 mil litros de agua contaminada en un riacho que atraviesa Calilegua. La localización del parque también preocupa a los ambientalistas: queda en una zona montañosa y sísmica, sujeta a deslizamientos de tierra, y ya sufrió tres incendios. ENDEPA, que se sumó a Greenpeace en la defensa de la preservación de Calilegua, también defendió a las comunidades indígenas locales. Según el abogado Franco Aguilar, que también inició acciones legales, la empresa china no sólo está violando la legislación nacional sino también los tratados internacionales. Para la ley argentina, la realización de actividades económicas que puedan perjudicar al medio ambiente solamente es autorizada tras la aprobación de un estudio de impacto ambiental y de la realización de una audiencia pública. “Pero en este caso, también existen comunidades indígenas que pueden ser afectadas y ellas deben ser consultadas, algo que no sucedió, a pesar de que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas lo prevé”, dijo Aguilar. Las tierras que actualmente pertenecen al parque ya habían sido habitadas por indígenas de las etnias Inca y Colla. En Calilegua también hay un sendero Guaraní. La Asamblea General de la Nación Guaraní envió cartas al gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, exigiendo la realización del proceso de consulta a los pueblos indígenas, alegando que la extracción de petróleo en Calilegua solamente puede realizarse con su consentimiento “previo”. “El gobierno provincial viene ignorando todas las cartas, petitorios y acciones legales y la explotación del petróleo en el parque sigue, a pesar de violar tanto la legislación nacional como la internacional”, dijo Aguilar. Según Giardini, hoy la esperanza es lograr un cambio a partir del aumento de la presión popular mediante la campaña y las protestas pacíficas que se están realizando en todo el país. Al ser consultado, el gobierno de Jujuy no dio respuestas al contacto con Diálogo Chino.