En el embalse de Guri reposa el corazón eléctrico de Venezuela. Construido sobre el río Caroní antes de su desembocadura en el mítico Orinoco, conforma un inmenso espejo de agua de más de 4 mil kilómetros cuadrados que alimenta a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, responsable de la mayoría de la energía eléctrica que se consume en Venezuela.
Su importancia es estratégica: inaugurada en 1974, su capacidad fue quintuplicada en 1986 y sus máquinas modernizadas en 2007. En teoría tiene una capacidad instalada de 10,235 megavatios en 20 turbinas, con lo que puede generar 45 mil gigavatios de electricidad al año. De la hidroeléctrica parten tres líneas, de 765kv, 400kv y 230kv, con triple y doble redundancia, para surtir a todo el país, de occidente a oriente, incluyendo un cable submarino para la caribeña Isla de Margarita, así como conexiones hacia Boa Vista, en Brasil, Cúcuta y La Guajira (Colombia) para la venta de electricidad extra.
10,235 MW
la capacidad instalada del embalse de Guri, uno de los mayores del mundo
Venezuela depende absolutamente de las hidroeléctricas de Guri y Macagua, que en teoría generan la mitad de los 34 mil megavatios instalados en el país (poniendo las termoeléctricas la otra mitad).
Los apagones y sus causas
Desde el decreto de emergencia eléctrica de 2009 el Guri también ha estado en el centro de la polémica. Los frecuentes apagones que han afectado al país desde entonces suelen tener allí su epicentro.
Oficialmente el Gobierno ha culpado de la reducción en los niveles de agua a la sequía provocada por el fenómeno del Niño en la zona más lluviosa del país, rodeada de parques nacionales y comunidades indígenas. Pero antiguos gerentes de empresas eléctricas y expertos ya señalaban en 2010 que la corrupción y la compra de equipos obsoletos y falta de control en entrega de licitaciones han sido responsables de que el país tenga apagones de infarto que pueden extenderse por días. Los apagones han causado 79 muertes en hospitales entre el 19 de noviembre de 2018 y el 9 de febrero de 2019, de acuerdo a datos de la organización Médicos Por La Vida que publica anualmente la Encuesta Nacional de Hospitales.
En 2016 el embalse de Guri estuvo tan vacío que el entonces Ministro de Luz Eléctrica, el general Luis Motta Domínguez, ordenó dragar el fondo del lago después que él mismo hiciera una inspección al sumergirse con un equipo de buzos. Era la segunda vez que llegaba a la cota crítica desde 2003.
Científicos y ambientalistas señalan otras causas. No es la falta de precipitaciones, como revelan los informes meteorológicos, sino la deforestación en las cuencas hidrológicas provocada por la minería aluvial de oro y diamantes realizada por mafias y guerrillas desde 2011, cuando el presidente Hugo Chávez decidió nacionalizar las concesiones mineras.
Cuando Venezuela se sumió en la oscuridad por el apagón nacional de 72 horas en marzo de 2019, la “emergencia eléctrica” estaba por cumplir una década. La decadencia del resto de la infraestructura de servicios públicos y privados exhibió que la enfermedad pasaba de crónica a aguda. Ya no era sólo la falta de electricidad, sino que la población sufrió por la falta de bombeo de agua potable y una falla general de las redes de telecomunicaciones, así como por la desinformación ocasionada por el cese de transmisión de mayoría de medios de comunicación cuando se agotó el combustible para sus plantas eléctricas de emergencia.
En medio de la oscuridad y sin fecha de regreso de la electricidad, el país se desesperó, dolarizándose de facto. Sin posibilidad de usar servicios bancarios electrónicos y ante la insuficiencia de la moneda local por el efecto de una hiperinflación de dos años, todas las transacciones de compra y venta de velas, agua embotellada, alimentos o medicinas se hizo exclusivamente en dólares en efectivo, mostrando un nuevo rostro de la desigualdad entre quienes reciben remesas o cobran en divisas y quienes están sometidos a vivir en la pobreza extrema de tener ingresos en bolívares.
El gobierno de Nicolás Maduro acusó a los Estados Unidos de realizar un “ataque cibernético” contra Guri. Expertos nacionales que trabajaron en empresas eléctricas regionales (antes de que fueran estatizadas y centralizadas en un ente llamado Corporación Eléctrica Nacional en 2006) no sólo niegan esa versión oficial sino que apuntan hacia lo que fue una tormenta eléctrica perfecta: la corrupción apagó al país.
La política de contrataciones a dedo anunciadas por Chávez a partir de 2010 inició con la entrega de proyectos a aliados cercanos, finalizando en presupuestos inflados, compra de equipos obsoletos, ineficiencia y corrupción. La Asamblea Nacional calculó que hubo un desfalco de 26 mil millones de dólares de obras inconclusas o nunca iniciadas correspondientes a 16 mil MW.
Esto es respaldado por el informe “Empresa del Estado, un modelo de control – Sector Eléctrico” del capítulo venezolano de Transparencia Internacional de noviembre de 2018, que estudió los proyectos eléctricos entre los años 2000 y 2014, así como a sus contratistas.
Transparencia Internacional analizó 40 proyectos de generación eléctrica que sumaban una capacidad instalada de 17.513 MW y encontró un sobreprecio de 14.658 millones de dólares y concluyó que tan sólo 4.360,5 MW –menos de la cuarta parte- estaba en funcionamiento. Asimismo, encontró una concentración de los contratos en pocas empresas, como la nacionalizada Electricidad de Caracas, la argentina IMPSA y la venezolana Derwick.
La ONG destacó que, a pesar que la Contraloría General de la República publicó sobre esta empresa un informe sobre las irregularidades en la compra de equipos obsoletos, dañados por quedar abandonados sin instalar o con menor capacidad a la contratada, no se determinaron responsabilidades administrativas ni se instruyó a la Fiscalía a abrir investigaciones penales. Resalta el caso de Derwick, con sobreprecios de 2,9 millones de dólares en 11 proyectos y conocida por ser controlada por “bolichicos”, jóvenes menores de 30 años que se enriquecieron a costas de licitaciones con el chavismo.
En julio de 2017 un tribunal federal de Miami acusó a esta empresa de lavar 1,200 millones de dólares de contratos con la estatal venezolana PDVSA mientras dos meses después una serie de reportajes de El Pitazo de Venezuela y El Confidencial de España -llamada “Conexión Suiza”- detalló los contratos millonarios de obras eléctricas obtenidos por Derwick, haciéndose pasar por una filial del banco ruso Gazprombank. Esto se supo gracias a una masiva filtración de archivos financieros de bancos suizos.
Dependencia descuidada
Las hidroeléctricas hoy son responsables del 85% de los 13 mil MW realmente disponibles, de acuerdo a estimaciones de Winston Cabas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Profesiones Afines (Aviem) del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Cabas, entrevistado por la BBC tras el apagón de marzo de 2019, denunció que no sólo los dos parques eólicos que supuestamente generan 300 MW de energía no funcionan, sino que la red de termoeléctricas lo hace precariamente.
Su hipótesis parecería verse corroborada por la caída progresiva de la oferta y la demanda eléctrica a partir de 2013. La demanda supera la oferta desde 2007, según el exviceministro de Energía, Víctor Poleo. Esa oferta llegó a 15 mil MW para 2015, lo que obligó a una “administración de cargas”, nombre eufemístico que el gobierno de Maduro dio al cronograma de apagones que se realiza por varias horas cada día en distintas poblaciones venezolanas.
También las líneas de transmisión y distribución, así como algunas subestaciones eléctricas, suelen fallar por explosiones dadas por fallas internas o incendios forestales causados por la falta de poda de vegetación en sus alrededores. Sólo en marzo de 2019 explotaron diez instalaciones de este tipo.
Las nóminas infladas, la fuga de talentos técnicos y la mala gerencia han llevado al aumento de accidentes laborales, la pérdida de productividad y el incumplimiento de cronogramas de mantenimiento
Esta fue la verdadera causa del primer extenso apagón del 7 de marzo de este año, como descubrió el Wall Street Journal citando un informe de Carlos Portillo-Quintero, profesor de gestión de recursos en la Universidad Tecnológica de Texas. Portillo analizó imágenes de satélites de la NASA, encontrando varios incendios del 6 al 8 de marzo alrededor de parte de los 2.300 kilómetros que recorren las líneas de transmisión de extra alta tensión de 765 kilovoltios que conectan Guri con el resto del país.
El ingeniero José Aguilar, consultor internacional en temas eléctricos, explicaba en una columna de opinión en 2018 que el Sistema Eléctrico Nacional tiene una triple redundancia, al tener también líneas de transmisión de 400 y 230 KV que debían absorber la carga en caso de la falla de la primera, y que el país registraba la demanda eléctrica más baja desde 1969 dada la contracción del parque industrial venezolano, incluyendo las empresas de fundición de hierro, níquel y aluminio.
José Ignacio Casal, otro experto en el tema y expresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, añadía que el Guri tiene nueve turbinas dañadas, lo que le impide aprovechar el caudal del río Caroní o responder a la demanda nacional.
72 horas
la duración del apagón en marzo de 2019 en Venezuela
Todo esto mostraba que la crisis se veía venir. En 2010 cuatro ingenieros de la Universidad Simón Bolívar enviaron un documento con recomendaciones al Gobierno para atender la falta de mantenimiento, la desinversión y la congelación de las tarifas que habían dejado al país en una situación de fragilidad hidroeléctrica en años de sequía. Este informe se basaba en anteriores alertas técnicas realizadas en 2003 y 2007, que también fueron desoídas y que prefiguraron la crisis en años subsiguientes de poquísimas lluvias.
En el régimen chavista la politización de las empresas públicas ha sido la norma: nóminas infladas, fuga de talentos técnicos y la mala gerencia han llevado al aumento de accidentes laborales, la pérdida de productividad y el incumplimiento de cronogramas de mantenimiento.
El propio presidente Hugo Chávez admitió en 1999 al presentar el Decreto-Ley del Servicio Eléctrico que la desinversión de la década que terminaba había llevado a una “verdadera emergencia eléctrica”. Aun así decidió revertir el proceso para aumentar la inversión privada en el Sistema Eléctrico Nacional, centralizando la administración del mismo.
Cuando Chávez tomó esas decisiones en 1999, la mayoría de las instalaciones tenían 20 años de funcionamiento. Con el precio del petróleo a ocho dólares por barril el Estado no podía realizar las inversiones necesarias siquiera para terminar la deuda histórica por las obras inconclusas de termoeléctricas, hidroeléctricas y subestaciones.
Un plan estratégico nacional producido por agencias estatales, que invocaba la necesidad de una mayor cuota de inversión privada, así como diversificar y ampliar la generación hidroeléctrica, fue también desechado. El chavismo no quería saber nada del ayer.
Veinte años después se repite la historia. Con una caída prominente de la renta petrolera el gobierno de Venezuela no puede acometer las acciones necesarias para recuperar un sistema eléctrico obsoleto, desorganizado y frágil después de que una cascada de millones ha desaparecido. Un acuerdo del parlamento con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) parece asomar una pequeña luz en medio de las penumbras, aunque la incertidumbre continúa.
Nota del editor: este es el primer reportaje de un informe especial de dos partes que examina el sector eléctrico de Venezuela
