Unos trozos de cables eléctricos descansan en el piso al lado de un vehículo del año 1996, en un hogar de Palo Negro, en el estado de Aragua en el norte del país. Cada noche que falla el suministro eléctrico, el albañil y ayudante de panadería Alberto Jaramillo de 52 años conecta la batería a un bombillo incandescente. La cena con su esposa e hija ya no son en la oscuridad, aunque deben comer en el patio exterior, a merced de los zancudos.
Cada corte puede durar desde 15 minutos hasta varias horas, por lo que es importante ahorrar velas. Tratan de mirar al horizonte para intentar predecirlo. Ven si los postes de luz de la carretera cercana están encendidos, si el apagón también afectó a las comunidades cercanas o a la vecina base aérea militar Libertador para hacer apuestas sobre la hora de regreso del servicio.
“Cuando se va la luz al menos puedo seguir trabajando en construcción durante el día pero en la panadería nos quedamos de brazos cruzados si se acaba la gasolina para la planta eléctrica. Eso es pérdida para el dueño y para mí, que trabajo a destajo”, dice Jaramillo.
La recursividad de los venezolanos en lidiar con las intermitentes caídas de la electricidad desde el apagón masivo de 72 horas en marzo de este año, van desde temas esenciales como cómo tener luz hasta el entretenimiento. La periodista Karina Peraza de 43 años tiene juegos de mesas para sus hijos y organiza bingos para adultos mayores en Barquisimeto, en el céntrico estado de Lara. Otras familias más pudientes han comprado plantas eléctricas de emergencia, que se ofertan en varios locales comerciales y por redes sociales con precios que van de 200 a 500 dólares.
La situación es peor en el Zulia, el estado fronterizo con el norte de Colombia. En la zona con mayores temperaturas del país, abundante luz solar y los mayores yacimientos petroleros, los cortes eléctricos son muchísimo más frecuentes. A veces hay sólo cuatro horas de electricidad en un día o comunidades que pasan semanas sin tenerla.
Una parte importante de los 5.691 millones de dólares que China se comprometió en 2014 a invertir en Venezuela debían haber fortalecido el sistema eléctrico del país. Aunque comenzaron varios de esos proyectos, tanto en energía hídrica como térmica, pocos venezolanos parecen estar viendo sus beneficios cinco años después.
El 60% de las parroquias del país, donde viven 18 millones de personas, están sometidas a racionamientos eléctricos que van de 3 horas a diez días, según un reportaje especial del portal Prodavinci. Decenas de centros de salud y educativos pierden entre tres a sietes días al mes por falta de electricidad, según la investigación periodística.
90%
de encuestados dijeron haber sufrido cortes de luz
El reportaje también revela que el racionamiento es desigual: los estados con mayores poblaciones indígenas, así como las capitalinas Caracas y Vargas, están fuera de los cortes programados. Desde el inicio de la crisis eléctrica en 2009, el Ejecutivo Nacional ha dado prioridad a la capital venezolana. Cuando se han instituido los cronogramas de suspensión programada del servicio, que publican cuándo y dónde no habrá electricidad, siempre se ha excluido a Caracas.
La encuestadora Consultores21 divulgó a finales de octubre de 2019 que 90% de sus consultados dijo sufrir de cortes eléctricos.
Estos privilegios capitalinos han disminuido después del apagón de marzo de 2019 aunque aún son suficientes para atraer una migración interna, principalmente desde el Zulia. Las muy frecuentes fallas eléctricas que han retrasado o paralizado al Metro de Caracas casi semanalmente, causan ríos de personas que caminan angustiadas para llegar a sus hogares.
Insuficiencia eléctrica
Según el Gobierno de Maduro, no debería haber problemas eléctricos. La Segunda Comunicación Nacional en Cambio Climático dice, citando cifras del Ministerio de Energía Eléctrica, que para finales de 2014 había una capacidad instalada de generación de 30.467,25 MW, de los cuales 14.879,00 MW son hidráulicos, 15.477,22 MW son térmicos y 50,20 MW son eólicos, así como 3.388 sistemas de energía solar, ocho térmicas aisladas y seis microcentrales hidroeléctricas, para un total de 60,82 MW instalados.
La falta de información oficial sobre su funcionamiento impide conocer el estatus real del sistema. El documento presentado ante la ONU, criticado por ambientalistas por su contenido político e impreciso, asegura que la terminada pero inservible hidroeléctrica Tocoma está funcionando, así como la generación de energía alternativa. El apagón de marzo exhibió que no hay sistemas aislados o independientes de la hidroeléctrica de Guri funcionando. Ni los parques eólicos ni los paneles solares.
Nunca antes habíamos vivido esto, ni en los peores momentos. Quisiera darle más a mi familia
Y aunque admite que el 84% de los 243.380 Gg de CO2 equivalente provienen del sector de la energía, de los cuales 61% es sólo por quema de energía, atribuyen los aumentos de emisiones desde 1999 al incremento de la población, el parque automotor y la economía. Vale destacar que el 39% de los gases emitidos a la atmósfera por energía provienen de la quema de gas natural, en parte porque Venezuela tiene en Punta de Mata la quema de gas natural más grande del mundo.
Dentro de la oscuridad estadística, ni siquiera es posible conocer la cota de agua de la represa del Guri desde mayo de 2016, pues el Ministerio de Energía Eléctrica dejó de publicarla y acusó a los medios de comunicación de crear zozobra con la cifra.
La última vez que el Ministerio de Energía Eléctrica rindió cuentas de sus actividades fue en 2015. En su Memoria admite que no ejecutó la totalidad del presupuesto en ninguno de los proyectos planificados, resaltando el incumplimiento de proyectos de envergadura como la “modernización de los despachos de carga” con 0% de avance físico, el “fortalecimiento de las habilidades y capacidades técnicas del personal del ministerio” con 54,73% de logros o el “fortalecimiento de la infraestructura informática del Ministerio” con un 40% pendiente de finalizar.
También la generación termoeléctrica quedó pendiente. Ninguno de los 4.300 MW se instalaron, aunque se ejecutó la mitad del dinero asignado. El documento oficial le da la razón a las críticas: el “proyecto de rehabilitación y mejoras de infraestructura de generación distribuida” exhibe oficialmente un doble vacío: 0% de avance y 0% de dinero usado.
Las fichas de proyectos incluidas en la Memoria y firmadas por los técnicos son lapidarias, lo que podría explicar el mal hábito de dejar de rendir cuentas. Y también porqué el Zulia es la entidad más golpeada. Las obras de la planta termoeléctrica Termozulia III, que debía atender la entidad, sólo tuvieron 2,7% de avance. Tampoco se construyó la subestación eléctrica de San Francisco-Maracaibo ni se instaló el cable subacuático en el Lago de Maracaibo para atender a la capital, Maracaibo, con 1,5 millones de habitantes.
Lo mismo sucedió con la línea de transmisión eléctrica Angostura de 400/115v, la expansión de la transmisión y distribución para el sur-oriente del país o la línea de transmisión de 400v entre las ciudades de Buena Vista y El Venado, que apenas avanzó un 4%.
Los retrasos no se limitan al 2015. La hidroeléctrica Tocoma, iniciada en 2002 a tan sólo 100 kilómetros aguas abajo del Guri y entregada en 2014 por la argentina IMPSA y la corrupta multinacional brasilera Odebrecht, esperaba encargarse del 70% de la demanda eléctrica del país. La gigantesca obra cuenta con un larguísimo historial de presupuestos inflados, paralizaciones, conflictos laborales e incumplimientos. Su costo sobrepasó los 9.365 millones de dólares, dejando apenas una represa agrietada que nunca entró en funcionamiento.
Yuanes perdidos
El 21 de julio de 2014, el presidente chino Xi Jinping visitó Venezuela en una visita de Estado en el cual se comprometió a invertir 5.691 millones de dólares en acuerdos de cooperación.
El evento, llamado “XIII Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-China”, incluyó la firma de compromisos en seis sectores estratégicos incluyendo el eléctrico, incluyendo el desarrollo de proyectos de generación, transmisión, distribución, despacho de carga y energías alternativas en Venezuela. De este monto, 4 mil millones de dólares irían al llamado Fondo Chino-Venezolano, sin especificar detalles de su inversión.
En el informe de 2015 del Ministerio de Energía, que revela la falta de cumplimiento en todos los proyectos eléctricos de ese año, se incluye uno en el que invirtió el gobierno chino.
Las obras de trasmisión asociadas a la construcción de la planta termoeléctrica Don Luis Zambrano “El Vigía” de 570 MW en el estado Mérida, uno de los estados más afectados por los frecuentes apagones eléctricos, apenas avanzaron 12% ese año. Se realizaron los estudios, desarrollo e inspección de las obras, pero apenas 600 metros de una línea de transmisión y ninguna de las subestaciones requeridas, de acuerdo a la ficha del proyecto en la Memoria 2015 del Ministerio de Energía Eléctrica.
La ficha indica que se modificó el monto total del proyecto hasta los 9.100 millones de bolívares (unos 827 millones de dólares de entonces) pero sólo habían sido ejecutados montos muy cercanos a los 2 mil millones de bolívares (182 millones de dólares) por lo que entre las observaciones financieras se recomienda pagar anticipos y valuaciones “para acelerar las obras”.
Esta planta de ciclo combinado, que recibió inicialmente 112 millones de dólares del Fondo Chino, fue anunciada a mediados de 2012 como una de “las puntas de lanza” del convenio China-Venezuela en materia eléctrica. Se anunció con orgullo que contó con 720 empleados chinos y venezolanos, una turbina y una grúa industrial llegadas desde el gigante asiático para su construcción.
84%
de las emisiones de CO2 de Venezuela provienen del sector energético
Inaugurada el 10 de mayo de 2014 con el encendido de la primera turbina de 200 MW, no fue hasta enero de 2015 que entró a funcionar la tercera turbina de 180 MW. Las obras de transmisión debían haberse terminado para mediados del año siguiente.
Cuando la Asamblea Nacional conformó una comisión especial de diputados para el estudio de la crisis eléctrica, que finalmente arrojó un desfalco por 26 mil millones de dólares, se convocaron a todos los contratistas privados de las obras levantadas desde el año 2000. El 4 de mayo de 2016, Julio Peng Wei asistió en nombre de la empresa China CAMC Engineering para explicar detalles sobre los cambios en el presupuesto de la termoeléctrica Luis Zambrano.
En su informe final de enero de 2017 se reveló que, según Peng Wei el costo total del proyecto fue de 1.045 millones de dólares, debido a la inclusión de una línea de transmisión de 56kv, al uso de tecnologías más avanzadas y al encarecimiento de las obras de procura y construcción por las condiciones geográficas de la zona montañosa de instalación.
El ejecutivo chino también admitió que la termoeléctrica no tiene entrada de gas, a pesar de que así constaba en el diseño original, por lo que usaba diésel y requería mantenimientos más frecuentes. La comisión encontró un sobreprecio de 60% en la obra, equivalente a 317 millones de dólares.
El portal de periodismo de investigación Armando.info reveló la abundancia de contratos de CAMC Engineering desde 2003 a pesar de sus repetidas fallas técnicas, tener sólo 20 empleados y una pequeña oficina en Caracas, lo que no le había impedido obtener 3 mil millones de dólares en proyectos eléctricos, agrícolas e industriales, llegando incluso a ser parte de la lista de empresas certificadoras de reservas mineras a pesar de no tener ninguna experticia en el área.
Oscuridad extraña
Los frecuentes incidentes reportados en todo el sistema también paralizaron las turbinas 1 y 3 de la termoeléctrica Luis Zambrano a inicios de 2018 producto de un incendio.
Una declaración brindada en agosto de 2019 por parte de otro funcionario político del oficialismo, Freddy Bernal, añadió gasolina a la candente confusión de las cifras oficiales. Esta planta sería “fortalecida” a 200 megavatios, una cantidad menor a la instalada originalmente, según el “protector político del estado Táchira”, un cargo paralelo creado por Maduro para hacerle contrapeso político a la gobernadora opositora de Táchira.
En las dos obras encargadas a Sinohydro, una de las más grandes empresas estatales chinas, se detectaron también sobreprecios por más de 900 millones de dólares.
Otra investigación periodística, esta vez de Reuters, reveló el avance de un juicio en Andorra contra más de veinte personas de distintas nacionales, incluyendo una docena de venezolanos, por los pagos de sobornos millonarios realizados por Sinohydro y China CAMC Engineering para obtener los jugosos contratos públicos como la construcción de la planta termoeléctrica de TermoCarabobo (también conocida como El Palito) y la ampliación de la subestación La Cabrera, ambas ubicadas en la región central de Venezuela.
Los sobornos le eran pagados a Diego Salazar Carreño, un primo del expresidente de la estatal petrolera PDVSA y exministro de Petróleo, Rafael Ramírez.
Salazar, quien pasó de ser un humilde cantante de salsa y vendedor de seguros a un magnate, gracias a conseguir los contratos para asegurar y reasegurar a PDVSA, está encerrado en los calabozos de la policía política de Maduro (SEBIN) esperando ser presentado ante un juez desde mediados de 2017. El exdirector de este cuerpo policial, ahora en el exilio, Manuel Christopher Figuera, asegura que han decidido dejarlo en el limbo judicial por incongruencias en las acusaciones.
Un caso similarmente oscuro es la termoeléctrica Planta Centro, ubicada en el central estado de Carabobo, otrora motor industrial del país. La instalación, la más grande de su tipo en el país con 2.000 MW instalados, funcionaba apenas al 27% de su capacidad para 2016, de acuerdo al informe de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional, a pesar de sucesivos anuncios de rehabilitación, mejora y ampliación.
Uno de estos anuncios fue la firma de un contrato en 2013 para añadir una sexta turbina de 600 MW a Planta Centro, lo que de nuevo fue presentado como un gran logro de la alianza China-Venezuela. Treinta trabajadores viajaron a China para formarse en su operación.
Seis años se tomó la obra que se debía terminar en 50 meses. De nuevo fue financiada por el Fondo Chino pero esta vez la encargada era la China Machinery Engineering Corporation, que decidió no comparecer ante el parlamento. La comisión mixta encontró un sobreprecio de 125% en esta ampliación, alcanzando un costo total de 1.465 millones de dólares.
A pesar del caudal financiero, Planta Centro está fuera de funcionamiento. En octubre de 2019, el nuevo ministro de energía eléctrica, Freddy Brito, inspeccionó la instalación para una futura reactivación. Su funcionamiento, o el de las dos obras levantadas por Sinohydro, habrían logrado palear el apagón nacional de marzo en los estados Carabobo y Aragua.
Si eso hubiese sucedido, Alberto Jaramillo y su familia no tendrían que tener los cablecitos preparados para tomar energía de la batería del carro y generar luz propia ante la próxima oscuridad.
“Esto lo que da es tristeza. Este país era tan próspero. Y ahora somos miserables. -dice Jaramillo- Nunca antes habíamos vivido esto, ni en los peores momentos. Quisiera darle más a mi familia”.
