“¿Se puede hablar de energías limpias o renovables si no se analiza el consumo?”, dice Pablo Troncoso, miembro de la Asamblea Ambiental Huinganco, en la provincia argentina de Neuquén. “Creo que lo que tenemos que empezar a trabajar para cuidar el ambiente es cómo usamos la energía. No veo al gobierno instando a consumir menos, no veo demasiadas campañas de consumo responsable o de generación propia. Entonces me pregunto, para qué queremos la energía ¿para consumir más?”.
En 2017, el gobierno de la provincia de Neuquén firmó un acuerdo para construir Nahueve, una pequeña represa hidroeléctrica en el río del mismo nombre, que debe inaugurarse a fin de año. La represa, con una capacidad instalada de 4 megavatios (MW), fue financiada principalmente por el Fondo para Desarrollo de Abu Dhabi, de los Emiratos Árabes Unidos, y en menor porción por el gobierno provincial.
Cuando fue anunciada por las autoridades locales, la represa venía con la promesa de beneficiar a la población, aportando mejoras en el servicio eléctrico y el suministro de agua potable, generación de 200 puestos de trabajo y agua para el riego de más de 120 hectáreas. Toda la energía generada por la represa contribuirá a la red eléctrica nacional.
En el norte de la provincia, donde se encuentra la represa de Nahueve, también se construirán el parque de energía solar El Alamito y el proyecto piloto de energía geotérmica Domuyo. Las autoridades provinciales explican que estas iniciativas se llevan a cabo en esta zona porque, a diferencia de gran parte de la provincia, no cuenta con reservas de gas o petróleo, pero si con recursos considerables para la producción de energía limpia.
Tierra de combustibles fósiles
La intención de construir una nueva represa pareciera un dato sin importancia pero no es menor para Neuquén, ya que se trata de una provincia cuya principal fuente económica es la explotación de hidrocarburos. En 1918 se produjo el hallazgo del primer pozo de petróleo y desde ese momento los gobiernos centraron la matriz productiva en la explotación del crudo. Además, en esta región, en los últimos años se ha impulsado el crecimiento de Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales más importante del país y la segunda reserva de gas de esquisto en el mundo.
Neuquén produce 57 mil barriles de petróleo al día y la mitad de todo el gas que se consume en Argentina. La relevancia de Vaca Muerta es tan significativa que con explotar una pequeña parte de esta formación ya se cubriría el déficit energético del país, afirma la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
¿Una transición informada?
Si bien no hay un concepto unificado que defina a la transición energética, podemos entenderla como un cambio desde una matriz energética dependiente de combustibles fósiles a una basada en energías renovables. El desafío que se presenta para los gobiernos es entender y consolidar una transición justa, que vaya más allá del recambio de fuentes y tecnologías.
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la transición justa implica “maximizar las oportunidades sociales y económicas de la acción climática, al tiempo que se minimizan y se gestionan cuidadosamente los desafíos, incluso a través de un diálogo social eficaz entre todos los grupos afectados y el respeto de los principios y derechos laborales fundamentales”.
Desde América Latina se aboga por la incorporación de otros elementos, como la justicia ambiental.
Sin embargo, los habitantes del norte de Neuquén denuncian la falta de diálogo sobre la construcción de la represa de Nahueve. Hay denuncias de que el proyecto ha generado divisiones en la población, tanto por las promesas de beneficios como por la falta de información relacionada con la represa y sus impactos ambientales.
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“Nos enteramos por el boca a boca, había muy poca información sobre la obra”, explica Troncoso, de la Asamblea Medioambiental Huinganco, quien asistió a las convocatorias de consulta pública que consistían en exposiciones técnicas abiertas a preguntas. “Desde un comienzo, por parte oficial, se habló de todas las cosas positivas que traería la obra. Eso no se volcó en la consulta que hicieron con los vecinos. Que en realidad no fue una consulta, vinieron a explicar que había un plan de 13 proyectos de generación de energía y nada más”.
Así, la gente se quedó con más dudas que certezas, dijo Troncoso: “Nos decían que uno de los principales beneficios era el riego de 50 hectáreas que se iban a poder poner en producción. Pero en esta zona hay mucha vertiente, entonces planteamos que ese objetivo era innecesario.”
Además, según Troncoso, la provincia lleva años en situación de emergencia hídrica, “por lo que empezamos a dudar de sus intenciones y cuando pedíamos más explicaciones venían con información técnica que es muy difícil de entender”.
Las audiencias públicas, determinadas por la Ley General del Ambiente de Argentina (Nº 25.675), constituyen una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita un espacio institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general exprese su opinión.
Gisela Moreira, abogada de las Asambleas por el Agua del Norte Neuquino, sostuvo que esa instancia oficial en el caso del Nahueve no se dio de manera legal y con conocimiento. “El gobierno debía promover que la población conozca los datos, sepan de las obras, sobre sus beneficios, sus costos. Así poder analizar y dar el visto bueno o no. Eso no sucedió”, aseguró.
Una transición debe tener mecanismos democráticos de consultas que van mucho más allá de un trámite administrativo
José Brillo, de ADI NQN, tiene un argumento diferente. “Avisamos a los pobladores a través de las radios de amplitud modulada y fue muy público. La gente rural llegaba a escuchar la información técnica”, dijo y reafirmó que se difundieron todas las informaciones posibles.
Para Hernán Scandizzo, de OPSur, la organización argentina de política energética, la consulta pública no es una cuestión trivial, sino un elemento central de las transiciones energéticas justas. “Una transición debe tener mecanismos democráticos de consultas que van mucho más allá de un trámite administrativo”, afirmó Scandizzo. “En cambio, los gobiernos solo buscan cumplir las normas internacionales para poder recibir financiación externa”.
Intervenir el territorio
Cuando se aprobó la realización de la represa, varias familias campesinas fueron intimadas a desalojar sus tierras. Algunos acordaron y otros no. Moreira, la abogada de las Asambleas por el Agua, dijo que el camino judicial que tuvieron que recorrer fue largo e incluyó una violenta represión que terminó con activistas imputados.
La Asamblea presentó, en primera instancia, un recurso de amparo ambiental al considerar que la represa del Nahueve traerá innumerables daños ambientales, ecológicos, poblacionales, de tránsito y afectación de la calidad de vida de quienes habitan la zona que está causando la obra. Sin embargo, la justicia no dio lugar a la acción judicial.
Las Asambleas también cuestionaron el informe de impacto ambiental presentado por el gobierno. Moreira asegura que el estudio que se realizó no está en contexto ya que se analiza sólo algunas cuencas y no brinda un panorama total de cómo serán afectados los ríos.
Con la represa casi terminada, el reclamo por el derecho que tienen los campesinos sobre sus tierras aún sigue vigente, ya que una de las familias sigue reclamando el acceso a su lote 32 ubicado junto al curso de agua por donde pasa el proyecto.
¿Una transición justa?
Los proyectos en la provincia vienen realizándose con poca información, con promesas, con divisiones y sobre todo con falta de concientización sobre las energías renovables. Desde OPSur analizan la situación y sostienen que esto sucede porque la sociedad tiene diferentes urgencias, y pensar una diversificación no se concibe como algo prioritario. Por eso, desde la organización plantean que es necesario construir la demanda de una transición energética.
“El desafío es cambiar el concepto de que la energía es un tema vedado para la población en general, y que solo puede conocerlo quienes tengan algún conocimiento técnico en el tema”, dijo Scandizzo, de OPSur. “La energía es un derecho y debe entenderse como tal”.
El caso de la represa de Nahueve mostró la necesidad de evaluar de qué manera se conciben los proyectos de energías renovables, qué lugar tiene el cuidado del territorio y cómo se propicia la participación a las personas que habitan el lugar.
“Nos incitan a vivir como en las grandes ciudades y nosotros vivimos en la montaña”, dice Pablo Troncoso. “Tenemos agua para nuestras huertas, pero nos ponen una represa.”
“La forma de vivir como habitantes de este planeta está muy en el extremo, estamos consumiendo en extremo. En algún momento los gobiernos, los que toman decisiones y también las personas en general, tendrán que equilibrar la balanza.”
Este reportaje fue publicado originalmente por Climate Tracker América Latina. Se reproduce aquí con autorización y ligeramente editado para una audiencia global.
