Durante tres siglos, las ballenas francas australes fueron conocidas en inglés como “las ballenas adecuadas” para cazar. Su docilidad, su lentitud y sus cadáveres flotantes las convertían en presas fáciles para los balleneros. En la década de 1920, la población mundial estimada de la especie, que superaba las 70.000, se había reducido prácticamente a unas 300. La caza fue prohibida en 1935.
Desde entonces, iniciativas como la Comisión Ballenera Internacional, un organismo intergubernamental encargado de regular la caza de ballenas y conservar todas las especies de estos animales, han tratado de revertir la tendencia. La comisión celebra este año su 80 aniversario. En la actualidad, las poblaciones de la costa de la Patagonia argentina muestran signos de recuperación. Allí, el “golfo azul” de San Matías se ha convertido en un lugar clave para su reproducción y cría. Sin embargo, se avecina una nueva amenaza.
El golfo San Matías, en la costa de la provincia argentina de Río Negro, se ha convertido en un lugar clave en los planes nacionales para exportar gas natural licuado (GNL). A medida que se intensifican las operaciones de extracción en el yacimiento de petróleo y gas de Vaca Muerta (uno de los mayores depósitos de petróleo y gas de esquisto del mundo), la exportación se está impulsando bajo la presidencia favorable a la extracción de Javier Milei, quien ha descrito el GNL argentino como “la inversión más grande de la historia argentina”.
Argentina tiene la mirada puesta en los mercados de GNL de Europa, India, China, Corea del Sur, Japón y Brasil. Aún no hay acuerdos firmes con ninguno de estos países, aunque sí hay señales de interés por parte de algunos.
Sin embargo, el golfo San Matías es un área de gran valor ecológico: alberga cinco reservas marinas nacionales y provinciales y es reconocida internacionalmente desde hace alrededor de veinte años como uno de los ecosistemas más ricos del país: concentra fitoplancton, captura grandes cantidades de CO₂ y es uno de los pocos lugares del mundo donde las ballenas francas australes pueden observarse desde la costa.
Biólogos y oceanógrafos han declarado a Dialogue Earth que la instalación de proyectos petroleros y gasíferos en la zona supone un riesgo crítico para estas ballenas, así como para el resto del ecosistema.
Hasta hace poco más de tres años, dicha actividad estaba prohibida por ley. En 2022, la construcción del polo exportador tuvo un punto de inflexión con la reforma de la ley provincial 3308, que prohibía las actividades hidrocarburíferas en el área. La reforma ha allanado el camino para la construcción de un nuevo puerto que permita la exportación de GNL y otros proyectos estratégicos.
El interés sobre el golfo San Matías se explica por sus condiciones técnicas: es uno de los pocos puntos de la costa atlántica con profundidad suficiente y conexión directa con Vaca Muerta.
Desde entonces se desarrollan cuatro proyectos: un oleoducto, un puerto y dos plantas de GNL montadas sobre buques flotantes. YPF proyecta, además, cuatro desarrollos adicionales. Varios ecologistas y científicos se oponen a ellos y expresan su preocupación por su impacto acumulativo.
Colisiones de barcos y derrames de petróleo
Los críticos afirman que este desarrollo aumentará el riesgo de derrames de petróleo y podría alterar la dinámica oceánica. También provocará un aumento generalizado de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Existen múltiples riesgos para las ballenas y otros animales que viven en el golfo San Matías, advierte la ecóloga Belén Braga, miembro del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), una organización multinacional sin fines de lucro. Uno de los más importantes es el de las colisiones con barcos, que según Braga aumentarán. A esto se suma el riesgo de enredo con las redes de la industria pesquera. Además, el aumento del número de buques de licuefacción de gas podría provocar un mayor crecimiento de algas, lo que aumentaría el riesgo de enfermedades, añade.
“Hablamos de colisiones, contaminación acústica, derrames y microderrames crónicos. Todas estas advertencias están sobre la mesa”, explicó Braga. Los impactos no solo comprometerían a la fauna, sino también a la economía regional, basada en la pesca y el turismo.
En su evaluación de impacto ambiental YPF reconoce que el oleoducto y las monoboyas podrían derivar en ello. Ante esa posibilidad, las empresas operarias diseñaron un plan de “gestión de operación segura” que se basa en distintos escenarios de derrame elaborados a partir de cálculos que determinan el ritmo en el que el petróleo se dispersaría por el agua hasta llegar a las costas del golfo, de esta forma podrían reaccionar y dar seguridad de contención ante una situación así.
Sin embargo, un estudio de 2025 concluyó que, en varios escenarios, el petróleo podría dispersarse hasta en 30 horas más rápido que lo calculado por YPF. El estudio fue coordinado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, una red de organizaciones de la sociedad civil que incluye al ICB.
Varias fuentes señalaron a Dialogue Earth que las evaluaciones ambientales de los proyectos de combustibles fósiles en el golfo San Matías son fragmentadas. Como resultado, afirman, aún no se ha realizado un análisis exhaustivo de los impactos acumulativos de estos desarrollos en esta zona.
“El estudio de impacto ambiental omite un análisis serio de las emisiones, entre ellas dióxido de carbono, metano y compuestos orgánicos volátiles como el benceno”, explicó a Dialogue Earth Cristian Fernández, coordinador de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Para esta organización, la combinación de omisiones científicas y las irregularidades en los procesos de consulta y participación pública revelan que el golfo San Matías está siendo tratado como una “zona de sacrificio” en nombre del desarrollo económico.
Proyectos de LNG
Hasta ahora hay cuatro proyectos aprobados por el gobierno nacional. El principal es un oleoducto de casi 500 kilómetros —dividido en dos tramos— llamado Vaca Muerta Oil Sur, que Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, calificó como “la obra de infraestructura más grande del país”. Las empresas accionistas son YPF, Vista Energy, Pampa Energía, todas ellas latinoamericanas, y Pan American Energy, con sede en Canadá.
La tubería inicia en Loma Campana, en Neuquén, en el corazón de Vaca Muerta, y llega hasta Punta Colorada, un poblado ubicado entre dos áreas protegidas del golfo San Matías. El oleoducto se conectará con un puerto compuesto por dos monoboyas flotantes.
Además, se espera que dos buques flotantes de la empresa noruega Golar LNG, llamados Hilli Epiceyo y MK II, se desplieguen frente a las costas de Argentina para licuar el gas. Como alternativa a las instalaciones permanentes en tierra, los buques son unidades basadas en barcos, de 300 a 400 metros de eslora y 112 metros de altura. Este proyecto está a cargo del consorcio Southern Energy, integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Golar LNG y Harbour Energy, con sede en Londres.
Según el consorcio, el primer buque comenzaría a operar en 2027 y el segundo en 2028. Con el tiempo, procesarán alrededor del 17% de la producción actual de gas de Argentina.
El gas llegaría a través de un gasoducto aún en proceso de licitación, que ha generado tensiones, en particular con la empresa ítaloargentina Techint, interesada en concentrar el proyecto, frente a la competencia de empresas chinas todavía no identificadas.
La inserción de China en la infraestructura fósil no se limita a ese tramo. El MK II se está reconvirtiendo en buque licuefactor en un astillero de ese país. Para Philip Andrews-Speed, investigador del Oxford Institute for Energy Studies, China “se está convirtiendo en uno de los mayores constructores de barcos del mundo, y eso puede otorgarle un rol clave en el mercado del GNL”.
Sin embargo, a pesar del fuerte apoyo del gobierno, el GNL argentino aún no ha logrado impulsar su comercialización. En abril de 2025, YPF firmó un memorando de entendimiento con Eni, una importante petrolera italiana. En noviembre del mismo año, YPF firmó otro acuerdo similar con la petrolera estatal de Abu Dabi, ADNOC. Pero a principios de diciembre, la gigante petrolera Shell, con sede en Londres, se retiró del proyecto antes de que este comenzara. Shell había sustituido a otra empresa que también se retiró, la malasia PETRONAS. Mientras tanto, China, el país con las cifras de importación de GNL más altas del mundo, ha estado reduciendo sus compras de gas extranjero debido a “sobredemanda” y a precios más altos de lo esperado.
A pesar de estos problemas, el gobierno de Río Negro ha seguido apoyando el avance de los proyectos.
La reforma que habilitó todo
La reforma de la ley rionegrina 3308 avanzó a un ritmo inusual, según sus críticos: se aprobó de forma apresurada y no cumplió con los requisitos de consulta.
Pablo Barreno, legislador provincial, dijo a Dialogue Earth que el proyecto de ley llegó de forma inesperada y con el firme apoyo de la entonces gobernadora, Arabela Carreras. “Nos enteramos por el grupo de WhatsApp. Pedimos el proyecto y no lo recibimos hasta después de la sesión”, señaló. “El lunes supe del proyecto; el martes hubo reunión de comisión y no respondieron ninguna de las preguntas”. Él fue el único legislador que votó en contra, al considerar que no contaba con información suficiente para decidir.
La sesión fue objeto de protestas. Fabrizio di Giacomo, miembro de la Multisectorial del golfo San Matías (MGSM), que agrupa a vecinos, comunidades costeras y organizaciones, fue parte de las manifestaciones. Di Giacomo sostuvo a Dialogue Earth que el gobierno buscó impedir cualquier forma de participación social, cerrando las puertas de la legislatura y reforzando el control policial.
La Multisectorial, el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y numerosas instituciones científicas sostienen desde 2022 que la reforma es inconstitucional. “Viola el Acuerdo de Escazú y el principio de no regresión de la Ley General del Ambiente”, explicó Di Giacomo. El planteo fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y actualmente llegó a la Corte Suprema mediante un recurso de queja.
Dialogue Earth contactó a la actual secretaria de Ambiente de Río Negro, Judith Jiménez, para consultarle sobre la posición del gobierno provincial frente a las denuncias que hoy residen en la Corte Suprema. Al cierre de este informe, no obtuvo respuesta.
