“Si me hubiera quedado en Nuevo Mundo hasta acabar la educación secundaria, hubiera sido un poblador más”, dice Teddy Sebastián Ríos, de 24 años, el primer economista de la etnia matsigenka, uno de los 51 pueblos originarios de la Amazonía peruana.
Ríos habla desde la ciudad del Cusco, en los Andes peruanos, porque no podría hacerlo desde Nuevo Mundo, ubicada a 250 kilómetros de donde vive hoy. Donde nació es imposible tener una buena señal de telefonía ni de Internet, entre otros servicios.
Lo paradójico es que Nuevo Mundo se encuentra en Megantoni, uno de los distritos más ricos del país. Ubicado en la provincia cusqueña de La Convención, recibe junto con otros 17 municipios de esa jurisdicción una enorme cantidad de fondos gracias a la extracción del gas natural de Camisea, que alberga el 90% de las reservas de gas de Perú. Este agosto se cumplen veinte años de la puesta en marcha del proyecto, que consta de dos yacimientos o bloques operados por un consorcio de empresas petroleras multinacionales, con socios de Argelia, Argentina, Corea del Sur, España y Estados Unidos.
Solo Megantoni (con 7 mil habitantes) recibe cada año un promedio de 65 millones de dólares por el gas. Sin embargo, los beneficios no se reflejan necesariamente en la calidad de vida de los pobladores. Aquí no hay agua potable ni desagüe. La electrificación recién llegó en 2019 y el primer centro de salud, en 2021. Las escuelas del distrito han tenido problemas por falta de personal; la escuela secundaria de Nuevo Mundo tiene apenas siete docentes. Ríos tuvo que abandonar su casa desde muy pequeño para encontrar las oportunidades que no suelen tener otros matsigenkas.
Otra de las contradicciones es que ninguna familia del Cusco, donde se encuentran los yacimientos de Camisea, tiene conexión domiciliaria al gas natural. De hecho, solo en siete de las 25 regiones peruanas existen hogares con conexiones a este recurso.
A pesar de su desigual distribución, el gas de Camisea sigue representando una parte considerable de la producción total de electricidad de Perú, con más del 42% de la generación en 2023. La energía hidroeléctrica, durante mucho tiempo la mayor fuente de electricidad del país, proporcionó casi el 48%, aunque su contribución fluctúa estacionalmente, con un aumento de la generación de gas durante los períodos más secos.
En los últimos años, las graves sequías han puesto de manifiesto la fragilidad del sector, y con poco más de 20 años de reservas probadas de gas por explotar, han surgido dudas sobre el ritmo de la transición del país a fuentes de energía más limpias, y el polémico papel del gas como posible “combustible puente” hacia ellas. Para los residentes que viven cerca de Camisea, sin embargo, las cuestiones del acceso a la energía, el desarrollo y los beneficios de la explotación de los yacimientos son las que arden con más fuerza.
Reparto fallido
De acuerdo con una base de datos elaborada por Dialogue Earth, con registros del Ministerio de Economía y Finanzas, solo entre 2017 y 2023 los municipios de la provincia de La Convención, en Cusco, recibieron más de 2,6 mil millones de dólares de presupuesto, de los cuales 1,6 mil millones provinieron del canon, que son los tributos y regalías que genera la actividad gasífera.
Megantoni recibió la mejor tajada del canon en ese período: 455 millones de dólares. Sin embargo, ese dinero no parece haberse transformado efectivamente en desarrollo en el distrito. Según datos del Ministerio de Sanidad revelan que, en el primer semestre de 2023, casi dos tercios de los niños menores de tres años de Megantoni padecían anemia, mientras que se calcula que aproximadamente dos de cada cinco niños menores de cinco años sufrían desnutrición crónica. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el 97% de sus hogares además carece del paquete completo de servicios básicos: agua potable, desagüe, electricidad y telefonía.
El economista Epifanio Baca, investigador de Grupo Propuesta Ciudadana que monitorea el uso de recursos públicos, explica que las municipalidades experimentan un problema tanto de ineficiencia como de corrupción.
En promedio, en los últimos siete años, los 18 municipios de La Convención ejecutaron solo 73,8% de sus partidas presupuestales, según los datos sistematizados por Dialogue Earth. Dejaron de invertir 705 millones de dólares. Megantoni fue uno de los distritos que más dificultades tuvo para invertir su presupuesto, con un promedio anual de ejecución presupuestaria de solo el 68,7%, lo que significa que 201 millones de dólares quedaron sin gastar. En Echarati, otro distrito rico por el gas, sus últimos cinco exalcaldes han pasado por la cárcel por presuntos casos de corrupción.
“También hay una corresponsabilidad del Estado central, especialmente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que sin mayor preocupación ni iniciativa transfiere tantos recursos sabiendo que las capacidades de gestión en esas municipalidades no están preparadas para procesarlos”, advierte Baca.
El gobierno peruano está obligado a repartir el canon entre los gobiernos regionales y municipios próximos a los yacimientos. Pero hasta ahora, según Baca, lo ha hecho sin preocuparse de que sean invertidos de manera estratégica en infraestructura que impacte de verdad en la calidad de vida.
“Esto está pasando hoy de manera dramática en Megantoni, una municipalidad recientemente creada [en 2016]. No hay manera de que una entidad de ese tamaño, tan distante en lo profundo de la selva, pueda gestionar eficientemente esos recursos”, señala.
Otro de los principales problemas es que la Ley del Canon permite a los municipios gastar los fondos solo en “proyectos de inversión”, no en “gastos corrientes” como la contratación de médicos, profesores, servicios, etc. Por eso, advierte Baca, problemas como la desnutrición en Megantoni son, sobre todo, responsabilidad del gobierno central, pues las estrategias y los desembolsos que se requieren implican gastos corrientes. Esta limitación debe cambiar, dice.
El Ministerio de Economía y Finanzas no respondió a los pedidos de entrevista ni a las consultas de este medio.
Aún con la ausencia del Estado, el dinero sigue entrando a raudales a Megantoni. Y no solo por el canon gasífero, sino también por los negocios que se generan por impacto, directo o indirecto, de la actividad extractiva. Nuevo Mundo, por ejemplo, recibe millones de dólares de la petrolera española Repsol, socia del consorcio Camisea, para alquilar terrenos comunales. Esto permite a Repsol explotar el lote 57, un bloque de gas adyacente a los yacimientos de Camisea. También es lo que permitió a Ríos financiar sus estudios universitarios, gracias a un fondo comunitario.
Promesas rotas y retrasadas
El impacto de Camisea ha sido muy importante en lo económico, más allá del canon. Fernando Jiménez Ugarte, especialista en hidrocarburos y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explica que las industrias han experimentado un gran ahorro al cambiar el diésel por el gas. Con la ayuda de incentivos gubernamentales, el sector eléctrico también ha reducido sus costos al recurrir cada vez más a la producción de energía térmica, basada en gas, gasóleo y derivados, aunque esto también ha contribuido a aumentar las emisiones.
Sin embargo, en el plano social, el sistema aún está en deuda con la ciudadanía. La masificación del gas ha sido una promesa eterna en boca de los políticos. Luego de ocho gestiones presidenciales ha llegado a pocos hogares, casi todos en la costa y de manera muy desigual. Hasta agosto de 2023, se habían conectado más de 1,2 millones de hogares, empresas e instituciones sociales, muchos de ellos como resultado del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) del Estado desde su creación en 2012. Sin embargo, más del 92% de estas conexiones se produjeron en la capital, Lima, y en el centro comercial del Callao. En Cusco, donde se encuentran los yacimientos de gas, ni una sola familia ha sido conectada por el FISE.
Se espera que se generen focos de alta demanda (para consumo industrial y generación eléctrica) próximos a las poblaciones para que así se abaraten los costos y sea rentable la distribución residencial de gas en las cercanías. Durante más de 15 años, se han hecho repetidos anuncios prometiendo desarrollar nuevas industrias petroquímicas, cuya demanda de energía de gas podría hacer viables tales ampliaciones de la red, incluida la producción de fertilizantes para apoyar la agricultura nacional. Sin embargo, muy poco se ha materializado.
Por lo pronto, la presidente Dina Boluarte ha anunciado la construcción de 1.000 kilómetros de redes en once regiones y la instalación de una planta petroquímica en el sur del país. A pesar de que el gobierno aseguró que para fines de 2023 se conocería la ubicación, aún no hay noticias.
Ya en 2009 el entonces presidente Alan García (2006-2011) anunció el inicio de la construcción de “plantas petroquímicas” —en plural— dentro de un plazo de dos años. Se deslizó la posibilidad de que una sea en la localidad portuaria de Matarani, en Arequipa, al sur del país. No se realizó. Otra iniciativa privada se propuso para Pisco y otra en Marcona, ambas en Ica, también al sur. Ninguna se concretó.
En 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) se adjudicó el proyecto Gasoducto Sur Peruano, una infraestructura de transporte gasífero valorizada en más de 7 mil millones de dólares. Los escándalos de corrupción de su operadora, Odebrecht, le impidieron conseguir financiamiento para continuar las obras: 1.137 kilómetros de tuberías desde Cusco hasta Arequipa y Mollendo (Moquegua). El proyecto está paralizado desde 2017 y el mantenimiento de los tubos inoperativos cuesta al Estado peruano por lo menos 40 millones de dólares anuales, según un anuncio del Ministerio de Energía y Minas de 2022.
El gobierno de Martín Vizcarra (2018-2020) intentó reanimarlo y gestionó que además incorpore a los departamentos de Apurímac, Puno y Moquegua al recorrido. En 2022, el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) prometió que en 2025 iniciaría su construcción. Luego de su vacancia a fines de ese año, el nuevo gobierno de Boluarte no se ha pronunciado sobre su futuro.
Dialogue Earth envió consultas sobre el estado de todos estos proyectos al Ministerio de Energía y Minas, pero al cierre de edición no dio respuesta.
Inquietudes y transiciones
Algo que preocupa a las comunidades indígenas cercanas a Camisea es la falta de “consulta previa”, un mecanismo para llegar a acuerdos y evitar que se afecten sus derechos fundamentales. En 1995, el Perú firmó el Convenio 169 de la OIT que consagra este derecho. Sin embargo, no lo introdujo en la ley peruana hasta 2012, con la Ley de Consulta Previa.
Henry Carhuatocto, abogado del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), coincide con las denuncias de las comunidades. Respecto a los dos bloques del consorcio Camisea, advierte que “no se consultó respecto a los contratos de concesión, los estudios de impacto ambiental ni sus modificatorias”.
El consentimiento libre, previo e informado (CLPI) consiste en permitir a las personas dar o negar su visto bueno a proyectos que puedan afectarlas. Su objetivo principal y original son los pueblos indígenas, pero también se considera la mejor práctica para comunidades locales de todo tipo. El CLPI está consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Hay otro yacimiento en las cercanías, el lote 58, que aún no entra en operación y también ha despertado polémica. Fue adjudicado en 2005 a la brasileña Petrobras y en 2013 fue transferido a la estatal china CNPC. Un año después presentó un nuevo estudio de impacto ambiental. Como estos cambios ocurrieron luego de la entrada en vigencia de la norma, se pensó que habría un proceso de diálogo entre la empresa y las comunidades indígenas pertinentes. Sin embargo, según una publicación de 2020 de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), una organización de la sociedad civil peruana, la CNPC “eludió esta posibilidad”.
A medida que se acelera el debate mundial sobre la transición energética y se logran avances en algunas regiones, el papel del gas natural sigue siendo polémico, tanto en Perú como en otras partes del mundo. La industria del gas y muchos países productores lo han promocionado regularmente como “combustible de transición” o “puente” hacia sistemas energéticos más limpios basados en fuentes como la eólica, la solar y la hidroeléctrica, un término que, de forma controvertida, también apareció en el acuerdo final de la cumbre climática de la ONU del año pasado.
La preocupación por las repercusiones económicas a corto plazo en los países que dependen del gas para obtener energía e ingresos de exportación sigue siendo un obstáculo para algunos observadores. Jiménez Ugarte, por ejemplo, afirma que el uso del gas “tiene que fomentarse porque, si no, se quedará en los yacimientos”. Sin embargo, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de 2021 estimó que alrededor del 70% de las reservas probadas de gas natural en América Latina deberán permanecer bajo tierra para que la región cumpla sus objetivos climáticos en el marco del Acuerdo de París, al tiempo que reconocía los retos económicos para los países dependientes del gas.
Aunque también es objeto de debate, Jiménez Ugarte apunta a un mayor papel de la energía hidroeléctrica como otra posible vía para una energía más limpia. “Nuestro país solo utiliza el 6% del agua para energía hidroeléctrica. Se ha demostrado que tiene capacidad para 15 veces más, pero no la utilizamos”, afirma.
Estudios también han señalado el alto potencial de Perú para la energía solar y eólica, pero el país va detrás de sus vecinos en el desarrollo de su capacidad de estos recursos. La energía solar, en particular, se ha destacado como una solución para el acceso a la energía en zonas remotas de la Amazonía, incluyendo, potencialmente, lugares como Megantoni y otros distritos de La Convención.
