Diecinueve años después de que comenzara su construcción, y con más de 3.200 millones de dólares invertidos, la gigantesca central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair en Ecuador sigue siendo una promesa inconclusa. En funcionamiento desde 2016, no alcanza en gran medida su potencial de 1.500 megavatios, mientras que la sombra de los apagones persiste en el país: a finales de 2024, cuando los ecuatorianos sufrían cortes de electricidad de hasta 14 horas al día, la central funcionaba solo a un tercio de su capacidad. Este año, el riesgo es latente: se prevé una grave sequía y, una vez más, se esperan cortes de electricidad.
El giro más reciente de la historia tiene matices de geopolítica estratégica. Se produjo horas después de la visita oficial a finales de junio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, a China, donde se reunió con su homólogo Xi Jinping.
A su regreso, la canciller Gabriela Sommerfeld anunció que Ecuador alcanzó un acuerdo con PowerChina, empresa matriz de Sinohydro, la constructora de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, para que esta asuma la operación de la central.
Como parte del entendimiento, la empresa estatal china desembolsará 400 millones de dólares a modo de compensación. A cambio, el gobierno ecuatoriano pondrá fin al arbitraje internacional que inició en 2021 para reclamar 580 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. El caso se había presentado debido a defectos estructurales en la central hidroeléctrica: según se informa, se detectaron más de 17.000 grietas desde el inicio de las operaciones, así como válvulas defectuosas y componentes mal instalados.
Ubicado entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, se suponía que este megaproyecto transformaría la matriz energética de Ecuador y pondría fin a los apagones. De hecho, el proyecto puede cubrir alrededor del 30% de la demanda de electricidad, si funciona a pleno rendimiento. Pero después de casi una década de fluctuaciones en la producción y frustraciones, el futuro de Coca Codo Sinclair sigue siendo incierto. Algunas figuras políticas cuestionan el nuevo acuerdo, mientras que los factores ambientales siguen planteando retos para la central.
¿Concesión a PowerChina?
El megaproyecto hidroeléctrico, iniciado en 2006 e inaugurado parcialmente en noviembre de 2016, ha atravesado los mandatos de cuatro presidentes: tres períodos de Rafael Correa (2007-2017), Lenín Moreno (2017-2021), el gobierno interrumpido de Guillermo Lasso (2021-2023) y los dos períodos de Daniel Noboa (2023-2025, 2025-2029).
Para el gobierno, no se trata de una concesión ni de privatización, “sino de un modelo de gestión temporal para garantizar el funcionamiento técnico del sistema”, insiste la ministra de Energía, Inés Manzano, en conversación con Dialogue Earth.
No precisa, sin embargo, desde cuándo pasará el mantenimiento y la operación de la hidroeléctrica, actualmente a cargo del Estado a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), a manos de PowerChina.
“Este es solo el primer paso de un proceso más amplio; aún faltan varios trámites legales antes de que se cierre definitivamente el arbitraje. Entre los próximos pasos, se requiere la elaboración y firma de tres documentos legales adicionales y la intervención de la Procuraduría para emitir su dictamen. Como parte de la solución amistosa, se contempla que Sinohydro asuma el mantenimiento y la administración de la hidroeléctrica”, detalla la ministra.
La decisión no fue tomada al azar. Participaron, al menos, cuatro ministerios (Energía, Finanzas, Cancillería, Gobierno) en las negociaciones al más alto nivel. La ministra de Economía y Finanzas de Ecuador, Sariha Moya, recalca que PowerChina estará pagando una compensación en lugar de una garantía por las fallas en la central hidroeléctrica.
“PowerChina planteaba, en un principio, dar una garantía que sea repagada conforme se iban haciendo las mejoras en Coca Codo Sinclair”, explica Moya. “Desde el Ministerio de Economía explicamos, claramente, que el problema que hubo en la hidroeléctrica no solo genera pérdidas para la empresa, sino también pérdidas estatales. Por ello, no aceptamos la figura de garantía, sino de compensación al Estado ecuatoriano”.
Sin embargo, la decisión de ceder la operación de la planta a la misma empresa responsable de su construcción ha sido criticada por figuras políticas ajenas al gobierno. Dialogue Earth habló con Ana Galarza, exdiputada de la Asamblea Nacional: “En otras palabras, PowerChina paga 400 millones de dólares por la concesión de Coca Codo Sinclair. No nos vengan a engañar ni nos traten como ingenuos a los ecuatorianos”.
“Este nuevo acuerdo plantea interrogantes sobre soberanía energética, transparencia y capacidad estatal. La paradoja es clara: el proyecto emblema del cambio de matriz energética termina operado por la misma compañía señalada por las fallas que lo impidieron. Mientras tanto, los apagones vuelven y la erosión del río Coca avanza”, agregó Galarza.
Galarza cita las acusaciones de que Coca Codo Sinclair ha contribuido a la erosión del río Coca. Este tema llegó a las primeras planas cuando la cascada de San Rafael dejó de fluir en 2020. Sin embargo, investigadores han puesto en duda el impacto de la instalación en esta erosión, mientras que la capacidad de la propia planta se ha visto afectada negativamente por ella.
Que PowerChina se encargue de la hidroeléctrica es la mejor solución posible, según Inty Grønneberg, ingeniero mecánico y científico ecuatoriano que ha estudiado la evolución de Coca Codo desde su gestación, en las últimas dos décadas.
“No se trata de ideologizar la obra, sino de resolver los problemas. No importa si es administración, concesión o como quieran llamarlo. Ecuador necesita energía eléctrica, sobre todo con un estiaje que ya está tocando nuevamente la puerta”, asegura a Dialogue Earth.
De hecho, en el estiaje de 2024, casi la tercera parte de la electricidad del país provenía de Coca Codo, pese a que solo funcionaba parcialmente.
La naturaleza en contra de Coca Codo Sinclair
Diseñada para proporcionar más de 8.700 gigavatios hora de energía al año —un tercio de la demanda nacional—, la central funciona de forma intermitente, debido en parte a su condición de central fluvial (su toma de agua proviene de un canal de desviación del río, en lugar de un embalse) y a su dependencia del caudal del río Coca.
En octubre de 2024, operó al 39 % de su capacidad, en julio de 2025 fue suspendida temporalmente por acumulación de sedimentos tras lluvias intensas, y en los primeros siete meses de 2025 ha salido de operaciones 19 veces, según Celec.
Además, está ubicada en una zona con alta actividad sísmica y procesos de erosión regresiva. Es decir, es un valle propenso a desastres naturales.
Las condiciones durante el invierno pasado en la Amazonía aumentaron el caudal del río, destruyeron las obras de contención y profundizaron el lecho del río, lo que agravó el riesgo para la infraestructura.
La erosión regresiva del río Coca ha destruido infraestructuras cercanas y está a punto de llegar a la toma de agua de la central hidroeléctrica. Celec informó en la primera semana de julio de 2025 que la erosión se encontraba a 4,7 kilómetros de la toma. Sin embargo, cuatro semanas después, se había reducido a solo 4 kilómetros.
La crecida también destruyó, según Celec, estructuras clave como muros de enrocado, acorazamientos del cauce y rellenos, que servían de refuerzo en los taludes. También arrasó la playa que antes permitía caminar por la ribera y profundizó el socavón en el margen izquierdo, que ahora supera los cuatro metros.
Desde 2020 hasta la actualidad, Celec ha destinado más de 150 millones de dólares en estudios, diseño, consultorías y obras de ingeniería vinculadas a la erosión del río Coca.
La empresa china Sinohydro se encargó de la mega obra respaldada por un préstamo de 1.700 millones de dólares del Banco de Exportación-Importación (Exim) de China. Ha terminado costando, no obstante, más del doble. Ese crédito llegó con condiciones, como la contratación de una constructora china, la misma que hoy se encargará de operar este gran proyecto energético que ha traído constantes problemas al estado ecuatoriano.
