En los meses previos a que China Southern Power Grid International (CSGI) finalizara la compra de las operaciones de distribución de la gigante italiana de servicios públicos Enel en Perú, en junio de 2024, las discusiones en Lima giraban en torno al creciente dominio de las empresas estatales chinas en el sector eléctrico local.
Con su adquisición de 3.100 millones de dólares autorizada por el organismo público que regula las cuestiones de competencia en Perú tras diez meses de deliberación, CSGI, a través de su filial North Lima Power Grid Holding, elevó su cuota del mercado de distribución de Lima al 54%. El 46% restante está controlado por China Three Gorges Corporation, otra empresa eléctrica estatal china.
Esta situación ha intranquilizado a ciertos sectores y generó preocupaciones sobre el papel de la propiedad extranjera en la distribución de la electricidad, su concentración entre empresas estatales chinas y la amenaza de competencia desleal. La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), gremio que agrupa al sector empresarial, manifestó en reiteradas ocasiones su preocupación al señalar que “representaría una concentración del 100% del mercado de distribución de la energía eléctrica en Lima en manos de la República Popular China”. Organizaciones de la sociedad civil temen que este “monopolio”, como lo han descrito algunos observadores, podría afectar la fijación de precios en el futuro y provocar aumentos en las tarifas para los consumidores.
Para expertos en el sector consultados por Dialogue Earth, la mira se centra ahora en las regulaciones existentes, que podrían mitigar las preocupaciones, aunque hay áreas que aún requieren atención.
Preocupaciones sobre el monopolio en Lima
En Perú existen más de 80 empresas generadoras, 21 transmisoras y 23 distribuidoras de energía eléctrica. De este último grupo, responsables de construir, operar y mantener las redes de media y baja tensión, las más grandes son Pluz Energía –ahora perteneciente a China Southern Power Grid– y Luz del Sur –de China Three Gorges Corp. En conjunto, sus activos en Lima y las provincias circundantes dan servicio a casi tres millones de clientes y representan un tercio del mercado nacional de distribución.
La participación extranjera en la distribución de Perú no es del todo nueva: la propia Enel adquirió activos en el país en una compra en 2014 de la empresa de servicios públicos española Endesa, que había estado activa en Perú desde 1994. Pero al anunciarse la venta de Enel a CSGI, la reacción local se centró en el creciente papel de las empresas estatales de un país.
Los especialistas consultados por Dialogue Earth coinciden al señalar que si bien la concentración empresarial es una práctica prohibida en el país, los riesgos bajo los que se ha permitido la participación extranjera están regulados.
Para Luis Espinoza, experto en el sector y ex viceministro de energías del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la normativa no plantea una diferencia en la participación de empresas nacionales y extranjeras, y el Indecopi, organismo público que regula las cuestiones de competencia, “ha impuesto normas de conducta que deberán ser supervisadas”.
El Perú no puede perder su capacidad reguladora y fiscalizadora del sistema eléctricoCésar Gamboa, director ejecutivo de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
El Indecopi finalmente autorizó la compra de CSGI en febrero de 2024 y señaló que la autorización se dio bajo el cumplimiento de condiciones antimonopolio peruanas y regulaciones de inversiones directas salientes de China (ODI).
La autorización del Indecopi exigía que CSGI obtuviera su suministro de energía a través de licitaciones reguladas o procesos transparentes y competitivos, en lugar de favorecer a las empresas de generación ya afiliadas a su adquisición, Enel Distribución. Al respecto, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi respondió a Dialogue Earth que “de no haberse impuesto las condiciones, Enel hubiese podido privilegiar la contratación directa de sus empresas de generación para abastecer de energía a sus usuarios regulados a precios y condiciones que no sean las más competitivas”.
La modificación de tarifas es uno de los temas más preocupantes para los usuarios, según el SNI. La zona de concesión abarca el norte de Lima Metropolitana, la provincia constitucional del Callao y las provincias de Huaura, Huaral, Barranca y Oyón, y afecta a 1,6 millones de clientes.
Espinoza explica que en Perú, los clientes más pequeños —aquellos cuya demanda anual es inferior a 200 kilovatios y que representan un tercio del mercado— están limitados por la legislación nacional a comprar a distribuidores como Pluz Energía o Luz del Sur en lugar de hacerlo directamente a los generadores, “pero en esa circunstancia está el regulador” para supervisar los precios.
Esta fuerte regulación sobre todas las empresas de distribución significa que es poco probable que los precios suban a corto plazo. Al respecto, el investigador César Gamboa, director ejecutivo de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), señaló a Dialogue Earth que “el ente distribuidor se tiene que sujetar a las reglas existentes en el país. El Perú no puede perder su capacidad reguladora y fiscalizadora del sistema eléctrico”.
Por su parte, el Indecopi sostiene que, de haber posibles cambios, estos serían evaluados y regulados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la entidad supervisora de las empresas de energía eléctrica en el país. El Indecopi también señala que busca garantizar la competencia entre las empresas de generación eléctrica para abastecer a los usuarios y evitar que las tarifas se incrementen a futuro.
Cabe resaltar que Pluz Energía no podrá realizar modificaciones que impliquen un incremento de la potencia o el precio hasta 2030, año en que se podrán revisar las condiciones para evaluar si resulta pertinente mantenerlas, modificarlas o dejarlas sin efecto.
Lo que hay que tener en cuenta es que los marcos normativos nunca son perfectos y tampoco el regulador opera de la misma forma en el tiempo, coincidieron los expertos consultados por Dialogue Earth. Entonces, señalaron, el temor que podría darse es no contar con soluciones regulatorias ante la concentración de distribución de energía eléctrica.
China en las redes eléctricas latinoamericanas
Los observadores más críticos han afirmado que dicho control de las empresas estatales chinas sobre “el interruptor de la luz” representa un riesgo geopolítico para Perú. En 2023, autores del grupo de expertos Atlantic Council, con sede en Estados Unidos, escribieron que “la posibilidad de que Beijing utilizara su monopolio de los mercados eléctricos para obtener concesiones geopolíticas” de Perú y otros países en los que tiene una fuerte presencia en la infraestructura de la red era “preocupante”, aunque, hasta la fecha, no hay pruebas firmes de que las inversiones en el sector eléctrico se estén aprovechando de esa manera.
En los medios de comunicación chinos, por el contrario, la compra de CSGI se presentó como una buena oportunidad comercial, y se señaló en términos más generales que la infraestructura energética sudamericana es un mercado en crecimiento, especialmente en Perú y en el vecino Chile, donde State Grid International Development Limited (SGID) tiene el control de la mayor empresa eléctrica del país, la Compañía General de Electricidad (CGE). En torno a ese acuerdo de 2021 surgieron debates similares sobre la capacidad de China para influir en las operaciones de las empresas en el extranjero: en ese momento, los expertos dijeron a Dialogue Earth que las empresas estatales chinas no reciben órdenes del gobierno central, pero que los debates sobre los límites a la inversión extranjera en sectores estratégicos estaban justificados.
State Grid también tiene una presencia considerable en el sector eléctrico brasileño, ya que ha adquirido unas veinte concesiones en el país desde su llegada en 2010, incluida una exitosa oferta en la mayor subasta de transmisión de energía de la historia del país en 2024, que le permitirá invertir 3.600 millones de dólares en la construcción de más de 1500 kilómetros de líneas eléctricas.
Al igual que en Chile, los expertos consultados en Perú dijeron que el incremento de inversiones extranjeras en el sector eléctrico pone sobre la mesa desafíos pendientes en torno a normas de gobernanza como la participación y la transparencia en un contexto de cambios energéticos y de tensiones geopolíticas, que deben seguir siendo bien reguladas por los gobiernos.
