En pleno día, el sol implacable y el calor de la Amazonía sumen a la aldea de Piyulaga en un silencio somnoliento. Los que no están pescando o cosechando mandioca se refugian a la sombra de las chozas de paja, donde incluso los pájaros y los insectos parecen resguardarse.
Es al anochecer cuando despierta la vida en esta aldea del territorio indígena Xingu, en el estado brasileño de Mato Grosso, en el centro del país. Las familias aparecen a la entrada de sus chozas que forman un círculo en el corazón de la aldea. Los niños corren, montan en bicicleta y juegan al fútbol, mientras resuenan los sonidos de la música folclórica brasileña al encenderse las primeras luces.
Más tarde, algunos se reúnen en torno al televisor, otros se tumban en las hamacas absortos en sus teléfonos móviles, mientras los focos iluminan la zona común durante toda la noche.
Sería trivial si no fuera por un detalle: en agosto, cuando Dialogue Earth visitó la comunidad, las luces solo llevaban allí un mes, gracias a la instalación de nuevos paneles solares en cada uno de los hogares.
Las regiones amazónicas de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, que en conjunto albergan más del 80% del bioma, tienen los niveles más bajos de cobertura eléctrica de cada país. A pesar de que la Amazonía es crucial para la generación hidroeléctrica y la extracción de petróleo, la mayoría de las poblaciones aisladas de las redes nacionales de estos países viven en estas regiones. Al beneficiarse poco de la energía hidroeléctrica que fluye de sus propias tierras, estas zonas remotas dependen en gran medida de fuentes más caras y contaminantes, como las centrales termoeléctricas y los generadores diésel.
Esta falta de acceso a la electricidad ha traído consigo una serie de deficiencias en servicios esenciales, como la salud, la educación, el suministro de agua y las comunicaciones, que se reflejan, y se perpetúan, en los bajos indicadores de desarrollo registrados en muchas partes de estas regiones.
Sin embargo, casos como el de Piyulaga están demostrando que, además de los retos, las soluciones también pueden compartirse, y la energía solar está contribuyendo a democratizar la electricidad en la Amazonía.
Según los expertos entrevistados por Dialogue Earth, los pequeños sistemas solares son más baratos, tienen un menor impacto ambiental y requieren menos mantenimiento que otras fuentes, evitando también las emisiones de gases contaminantes. Además, señalan que los altos niveles de irradiación solar de la Amazonía ofrecen condiciones favorables para la generación.
“En las regiones remotas, la elección de la energía solar tiene un consenso universal”, afirma Vinícius Oliveira, jefe de proyecto del Instituto de Energía y Medio Ambiente (Iema), organización sin ánimo de lucro que promueve políticas públicas de energía y transporte.
En los últimos años se han multiplicado los proyectos solares en comunidades de varios países amazónicos, principalmente con financiación de organizaciones de la sociedad civil, según el Iema.
“Pero para resolver el problema a escala se necesitan muchos recursos y un cierto ‘compromiso’… De lo contrario se pasa a depender de la filantropía”, dice Oliveira. “Esto solo es posible mediante políticas públicas”.
Avances de las políticas públicas en Brasil
El gran sistema eléctrico de Brasil, el mayor de América Latina, reúne la generación y las redes de todas sus variadas regiones en una red conocida como Sistema Interconectado Nacional (SIN), que abastece a casi el 99% de su población. Con excepción de la isla nororiental de Fernando de Noronha, todos los sistemas aislados de Brasil que carecen de conexión al SIN se encuentran en la Amazonía. Esto significa que 3 millones de personas, la mayoría en la región, dependen del suministro de las centrales termoeléctricas, y casi 1 millón solo tienen acceso esporádico a la electricidad, suministrada principalmente por generadores diésel.
En 2020, el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro lanzó el programa “Más Luz para la Amazonía” para ampliar las energías renovables en zonas aisladas, pero los avances han sido lentos. A finales de 2022, 13.000 hogares, menos del 20% de los 70.000 prometidos, estaban conectados, según un análisis de Dialogue Earth basado en datos del Ministerio de Minas y Energía.
En 2023, esta iniciativa se integró en “Luz para Todos”, una política emblemática del actual gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, lanzada por primera vez hace veinte años durante su anterior presidencia, y reactivada en su vuelta al poder el año pasado. Desde entonces, el proceso se ha acelerado: hasta hace poco se han conectado 31.000 hogares ―más del doble que en el programa anterior― en zonas remotas de la Amazonía, aunque esto representa poco más del 10% del nuevo objetivo de 228.000 unidades para 2026. La electricidad renovable ya ha llegado a las aldeas del territorio Xingu, la reserva indígena más antigua de Brasil, demarcada en 1961, y precursora en proyectos solares.
“No estábamos a favor de las líneas de transmisión dentro del territorio”, afirma Watatakalu Yawalapiti, dirigente de la Asociación Indígena Xingu. “Cambian la estética de las aldeas y provocan deforestación. Por eso empezamos a organizar la energía solar”.
En 2009, el Instituto Socioambiental (ISA), una organización con décadas de experiencia trabajando con los pueblos del territorio Xingu, empezó a instalar paneles solares en puntos estratégicos del territorio de 2,6 millones de hectáreas, que hasta entonces dependía masivamente de generadores diésel.
El proyecto fue cobrando más fuerza en 2015, con nuevos recursos filantrópicos que permitieron extender la electricidad a las zonas comunitarias de unas 100 de sus aldeas, según el ISA. La iniciativa también apoyó la formación técnica de los indígenas para gestionar y mantener los equipos. “Todo se hizo para servir al colectivo”, dijo Marcelo Martins, agrónomo del ISA, señalando que las escuelas, los centros de salud y las bombas de agua disponen desde entonces de energía limpia.
Durante la pandemia de Covid-19, la electrificación avanzó debido a la necesidad de comunicación y para apoyar los planes sanitarios, y muchas familias compraron paneles solares por su cuenta, informa Yawalapiti.
Ahora, la energía solar en el territorio Xingu entra en una nueva fase: la distribuidora local de energía, con fondos del gobierno federal, está equipando cada casa del pueblo con paneles.
La oca de Tapiyawa Waurá, como se denomina a las casas típicas indígenas, estaba en construcción en agosto. Troncos de madera ondulada sujetos por cerchas aguardaban el tejado de paja, dejando que el sol de la tarde se filtrara a través de la estructura. Aunque su familia aún no podía instalarse allí, los paneles solares ya proporcionaban energía para cargar los teléfonos móviles y mantener fresco el pescado. “Antes tenían que ir directamente al fuego”, dice el encargado de los almuerzos escolares, mientras saca un pez tucunaré del congelador recién instalado. “Ahora puedo dejarlos aquí más tiempo”.
El congelador, los teléfonos móviles y los focos se cuentan ahora entre los equipos más utilizados y valorados de la comunidad. Aunque el cielo nocturno ya no está tan estrellado por el aumento de la luz artificial, la sustitución de muchos de los generadores por paneles solares ha aportado tranquilidad y eliminado el olor a combustible quemado, dicen los residentes.
Un generador diésel de este tipo, sustituido por un panel solar, se ha instalado en el centro de salud de la aldea. Aquí, el trabajador sanitario indígena Aragão Waurá presta atención primaria, como tomar la temperatura a los bebés y dar consejos sobre heridas e inflamaciones sencillas. “Si hay un paciente grave, podemos ponernos en contacto con el equipo del hub por teléfono móvil y vendrán aquí”, explicó. Estos hubs son lugares estratégicos dentro del territorio que cuentan con instalaciones gestionadas por Funai, la agencia indígena del gobierno, y puestos de salud con más profesionales e infraestructuras.
La cabina telefónica de una esquina del pueblo tampoco funciona ya. Los teléfonos móviles están en manos de casi todo el mundo, en todas partes. Esta conexión desasistida e ilimitada a Internet en un lugar donde hasta hace poco apenas había acceso, y donde la población mantiene una lengua fuerte y rituales tradicionales, ha traído consigo algunas preocupaciones entre los dirigentes, pero dicen que este cambio no tiene marcha atrás.
“La tecnología viene con un problema, pero será útil para quienes estén concientizados”, afirma Yanahin Waurá, presidenta de la Asociación Tulukai, que opera en Piyulaga. “Mucha gente choca con sus coches o se hace daño en moto, pero no es la tecnología la causante, sino la propia persona. Por eso intentamos generar conciencia”.
Iniciativas prometedoras en Perú y Ecuador
En la Amazonía peruana, una iniciativa aprovecha la conectividad que proporciona la energía solar para reforzar la protección de las tierras.
Desde 2023, la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) lidera un proyecto que instala paneles solares e Internet por satélite en comunidades sin acceso a la electricidad de los departamentos de Amazonas, Loreto y Ucayali, en el noreste de Perú. Según Julio Cusurichi, líder indígena y coordinador de Aidesep, estos paneles no solo proporcionan energía, sino que también garantizan la comunicación en zonas remotas, reforzando la vigilancia y la protección de los bosques en amplios territorios.
Cusurichi explica que están integrando una plataforma que permite a los activistas medioambientales documentar las amenazas territoriales en tiempo real. Cada comunidad cuenta con técnicos capacitados y equipados para registrar información utilizando sus teléfonos móviles. Estos datos se cargan y almacenan en una plataforma en línea, conectada directamente con la oficina nacional de Aidesep.
El sistema ya se ha implementado en Loreto y Ucayali, y la base de datos contiene alertas sobre invasiones territoriales, conflictos con terceros, amenazas a líderes y registros de líderes que han perdido la vida defendiendo su tierra. Cada incidente se documenta minuciosamente y se almacena en este sistema centralizado.
Con la ayuda de los equipos ya instalados, se está realizando un análisis para identificar las comunidades de cada región que carecen de acceso a la electricidad u otras fuentes de iluminación en sus hogares. “Al gobierno no le interesa apoyar el tema de servicio que va a ayudar a las comunidades. La energía solar es una alternativa”, explica Cusurichi.
Un proyecto similar también ha tenido éxito en la Amazonía ecuatoriana. La Alianza Ceibo, organización que agrupa a los pueblos indígenas Secoya, Siona, Kofán y Waorani, ha instalado ya 121 sistemas solares en 16 comunidades, lo que permite a los guardias territoriales utilizar energía limpia para cargar sus drones, GPS y otros equipos de vigilancia y monitoreo.
Por ejemplo, los agentes de la comunidad Kofán de Sinangoe, en la provincia de Sucumbíos ―un grupo que anteriormente acaparó titulares por ganar un caso histórico contra las concesiones mineras―, ahora pueden patrullar su territorio gracias a la energía que aportan los paneles solares.
“Debemos llevar proyectos que beneficien [a las comunidades], creen autonomía, y que no dañen al ecosistema ni la cultura”, afirma Hernán Payaguaje, cofundador de la alianza.
En otros lugares de Ecuador, la innovación se ha visto en proyectos como la Fundación Kara Solar, que brinda botes alimentados por energía solar a comunidades indígenas Achuar de las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Estas embarcaciones facilitan el transporte de personas y mercancías, mejorando el acceso a los servicios sanitarios y educativos en zonas remotas.
Sin embargo, por el momento, estos proyectos solo constituyen un pequeño avance frente al reto de sustituir los generadores de combustibles fósiles, que siguen siendo la principal alternativa en estas regiones, según Eduardo Pichilingue, coordinador de la división peruana de Cuencas Sagradas, una alianza de 26 organizaciones indígenas, activistas y académicos que se han unido para proteger la Amazonía en Ecuador y Perú.
Aunque la Amazonía ecuatoriana alberga la mayor parte de los bloques petrolíferos del país y su principal represa hidroeléctrica, más del 70% de sus comunidades indígenas están fuera del alcance de la red nacional, haciéndose eco de la situación de sus vecinos brasileños. El porcentaje es similar en la Amazonía peruana, que se enfrenta a retos logísticos aún mayores dado que su territorio es varias veces mayor que el de Ecuador.
El Ministerio de Energía y Minas de Perú argumenta que esta falta de suministro se debe a las largas distancias, el bajo consumo de electricidad en estas regiones, la dispersión de la población y su limitado poder adquisitivo, factores que hacen que los proyectos de electrificación rural e indígena no sean atractivos para la iniciativa privada, siendo necesario un mayor apoyo estatal.
Pero para José Serra Vega, consultor independiente en energía y medioambiente, la dificultad va más allá de la logística. “La Amazonía es tratada como si fuera un país lejano o extranjero”, afirma el experto peruano. “No hay interés en la Amazonía por ignorancia y porque los pobladores amazónicos tienen poco peso político”.
Un informe de la Fundación Pachamama sostiene que Perú y Ecuador tienen un gran potencial para desarrollar energías renovables, pero aún no han invertido lo suficiente en el sector. “El costo de generación con paneles solares es más barato que con centrales hidroeléctricas. La solución está ahí”, afirma Pichilingue.
La reducción de costos impulsa la energía solar
Para las organizaciones y comunidades que recurren a la energía solar, la reciente y significativa caída de los costos de los equipos y la producción ha jugado muy a su favor.
Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, el precio de la energía solar por kilovatio hora de generación, teniendo en cuenta todas las fases de construcción y funcionamiento, se ha desplomado en la última década, tras haber sido bastante más alto que el de otras fuentes renovables, lo que la convierte en una opción cada vez más competitiva en el mercado.
Esta reducción es consecuencia directa de las enormes inversiones de China en el sector. Desde 2011, el país asiático ha invertido más de 50.000 millones de dólares en ampliar su capacidad de fabricación fotovoltaica, diez veces más que Europa, informa la Agencia Internacional de la Energía. En la actualidad, China controla más del 80% de todas las fases de fabricación de paneles solares.
Sin embargo, la concentración geográfica de esta cadena de producción también conlleva desafíos que los gobiernos intentan abordar. En China, el exceso de oferta y la consiguiente guerra de precios han provocado la quiebra de pequeños fabricantes. En otros países, ha surgido la preocupación por la capacidad de las industrias nacionales para competir con los productos solares chinos: en Brasil, por ejemplo, este año entraron en vigor impuestos de importación más elevados sobre los paneles solares y las turbinas eólicas de China, equipos que anteriormente estaban gravados a un tipo reducido de impuestos o exentos, como forma de estimular la transición energética, medidas que obtuvieron notables éxitos.
En Colombia, la Amazonía se enfrenta a apagones
Las comunidades aisladas no son los únicos grupos que se enfrentan a un acceso precario a la electricidad en la Amazonía: en muchos casos, municipios enteros y regiones considerables siguen sin estar conectados al sistema eléctrico nacional. El departamento colombiano de Vichada, fronterizo con Venezuela y una de las puertas de entrada del país a la Amazonía, es una de esas zonas que se enfrenta a graves problemas. La totalidad de esta región de 100.000 kilómetros cuadrados sigue desconectada de la red nacional, incluida la capital, Puerto Carreño, una ciudad pesquera y agrícola de 22.000 habitantes que depende principalmente de centrales termoeléctricas y sufre frecuentes apagones.
“A veces son días enteros, semanas enteras sin energía”, dice Sonia Prada, una maestra y activista que hace campaña para que se mejore el servicio eléctrico en Vichada. Junto con otros vecinos de Puerto Carreño, Prada ha participado en protestas contra la falta de suministro eléctrico.
Los avances en la distribución de electricidad son ocasionales, como el parque solar de Casuarito, en la periferia rural de Puerto Carreño, inaugurado el pasado mes de mayo por el gobierno nacional. Las 239 familias del pueblo, que antes solo disponían de ocho horas diarias de electricidad, ahora tienen suministro continuo. “Esto ha traído beneficios para el desarrollo de la comunidad”, dijo Jesús Hernán Acosta, presidente de la Junta de Acción Comunal de Casuarito.
Los 810 paneles solares de la instalación, que funcionan de seis de la mañana a diez de la noche, se complementan con un generador diésel por la noche, pero la energía sigue sin llegar a todos los habitantes de la zona.
A pocos metros de la planta solar se encuentra la comunidad indígena de San Antonio. Allí, 21 familias viven en condiciones precarias y solo una de ellas tiene electricidad, gracias a un único panel solar en su tejado. “Solo tenemos este panel solar, que alcanza para una casa”, explica Joseito Libando, líder de la comunidad. “Aquí tenemos luz nueve horas al día”.
Para sortear la escasez en esta parte del país, Colombia solía comprar electricidad a la vecina Venezuela, cuyas infraestructuras estaban más desarrolladas. Pero esa cooperación se vio sacudida en 2019 por la crisis diplomática entre los países y el enorme aumento de las tarifas eléctricas.
Una de las principales apuestas lanzadas para impulsar la soberanía energética de Vichada fue el Centro de Investigación de Energías Renovables (Ciner). Diseñado para generar energía solar y actuar como centro de formación, el proyecto comenzó a construirse hace más de una década, pero nunca se ha puesto en marcha. Sus instalaciones están abandonadas, envueltas en acusaciones de corrupción y el despilfarro de unos 30.000 millones de pesos colombianos (7 millones de dólares).
“Definitivamente es un elefante blanco”, dijo Julio César Hidalgo, un conocido líder local y rector de una escuela en Puerto Carreño. “Da tristeza cómo está abandonado”.
Pedro Salcedo Flores, director de la escuela María Inmaculada de Puerto Carreño, es uno de los principales interesados en el Ciner, ya que la institución ha establecido alianzas para que alumnos y profesores puedan formarse en energías renovables y llevar estos conocimientos a sus comunidades, muchas de ellas indígenas.
A pesar de las sucesivas promesas incumplidas, Flores sigue creyendo que verá cómo el centro cumple su propósito. “La idea es que tengan esta herramienta y, más que eso, que estén bien preparados para llevar a cabo la labor de formación en energías renovables, entendiendo que es, de hecho, una gran alternativa”, afirma. “Esperamos que estos jóvenes inculquen a sus familias el aprovechamiento de la energía solar”.
