Durante la década de 2010, Venezuela dio lo que podría parecer un paso gigante hacia la descarbonización. Las emisiones de dióxido de carbono del país caribeño procedentes de combustibles fósiles y de la industria se redujeron en un tercio, pasando de más de 198 millones de toneladas anuales en 2013 a algo menos de 62 millones de toneladas en 2020, según datos del informe Global Carbon Budget.
Sin embargo, esta reducción de la huella de carbono se relaciona más con deficiencias gubernamentales que con un compromiso con la transición energética.
“Hubo una disminución de los gases de efecto invernadero (GEI), pero no tuvo que ver con una política pública, sino con una caída de la producción petrolera. Mucho más con la entrada de las sanciones estadounidenses en 2019”, explicó Christi Rangel Guerrero, economista e investigadora de Transparencia Venezuela, una ONG que lucha contra la corrupción, en entrevista con Dialogue Earth.
Las sanciones a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) le prohibían exportar crudo a los Estados Unidos y también comprar suministros a compañías estadounidenses para producir gasolina. Estas medidas emitidas por el Departamento del Tesoro estadounidense terminaron por desplomar la producción petrolera venezolana, que ya arrastraba problemas por desinversión y la falta de personal calificado.
Según los datos recopilados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción diaria de petróleo de Venezuela cayó de aproximadamente 2,32 millones de barriles en diciembre de 2013 a 786.000 barriles en diciembre de 2023. Esta, como destaca Rangel, es la principal razón de la caída de las emisiones de carbono de Venezuela.
Sin embargo, la dependencia venezolana por el petróleo hoy parece más fuerte. La administración de Nicolás Maduro avanza con la búsqueda de nuevos socios extranjeros para reflotar la economía con la producción petrolera, y las leyes climáticas llevan más de tres años debatiéndose en el Parlamento. Mientras, las empresas y la propia población ahora aumentan su consumo de combustibles fósiles para mantener su servicio eléctrico en medio de la crisis.
El primer reto: las plantas termoeléctricas
Rangel vive en Mérida. Situada al oeste de Venezuela, en la región andina, la ciudad es conocida por su paisaje montañoso y, para muchos, por sus constantes cortes de electricidad. Los merideños se enfrentan diariamente a cortes de electricidad que oscilan entre cuatro y doce horas, debido a la falta de inversión en infraestructuras eléctricas y a un sector minado por la corrupción generalizada, con procesos de licitación opacos y miles de millones perdidos en pagos irregulares.
Los cortes de energía eléctrica ya llevan más de una década en Mérida. Se gastaron casi 40.000 millones de dólares en nuevos proyectos para aumentar la energía eléctrica, el sobrecosto fue del 190% y solo cuatro de los 42 proyectos documentados tuvieron un proceso de licitación pública.
A medida que la producción petrolera de Venezuela ha disminuido, también lo ha hecho la inversión estatal para mantener su servicio eléctrico.
Las empresas, los comercios y hasta las propias familias se vieron empujados a comprar plantas eléctricas que trabajan con combustibles fósiles, como una alternativa para superar los cortes diarios y seguir con sus actividades. El patrón es común en otros estados andinos como Táchira o Trujillo, al igual que en Carabobo y Lara, donde se encuentran las industrias venezolanas más grandes.
Por ejemplo, la encuesta trimestral de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) reportó que el 80,50% de las empresas en el país utilizaba una planta termoeléctrica de gasolina o gasoil como fuente alternativa a la red central para finales de 2023. Otro 9% de las empresas encuestadas contaba con una planta eléctrica alimentada con gas natural.
Conindustria levanta esta data con una encuesta trimestral a más de 220 empresas afiliadas a su gremio. Este dato sirve para entender la popularidad del uso de las plantas termoeléctricas en Venezuela, pero no brinda una dimensión sobre su huella de carbono.
“Para conocer una cifra más precisa [del consumo por termoeléctricas] sería necesario levantar información de campo” explicó Juan Carlos Sánchez, consultor venezolano en transición energética y autor del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), en entrevista con Dialogue Earth.
El consumo total actual de litros de combustibles fósiles que se destinan a las plantas termoeléctricas, tanto las públicas administradas por el Estado como aquellas en manos privadas, se desconoce por completo.
Lo único claro es que la generación hidroeléctrica es la más importante en Venezuela y que la participación de las plantas termoeléctricas aumentó en las décadas más recientes.
Según una presentación oficial realizada ante las Naciones Unidas en 2005, su “Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático en Venezuela”, el país produjo más de 60.000 gigavatios-hora de electricidad a partir de energía hidroeléctrica en 2001, mientras que la producción basada en combustibles fósiles alcanzó los 28.000 GWh. Su segundo informe de 2017 ―los datos oficiales más recientes― mostró que, en 2010, los combustibles fósiles representaban casi 40.000 GWh. En el transcurso de la década, la cuota de la energía termoeléctrica en la producción de electricidad había pasado de alrededor del 25% al 34%.
Los dos documentos mostraban que la cuota de las fuentes renovables alternativas, como la eólica y la solar, se mantenía constante, por debajo del 1%.
Sin embargo, los retos a los que se enfrenta Venezuela desde 2010 han provocado cambios drásticos en su sector energético: los datos del grupo de expertos en energía Ember muestran que la producción total de electricidad ha disminuido en torno a un tercio desde su pico más reciente en 2013. Junto con la caída de la producción de petróleo y gas, la producción hidroeléctrica también ha disminuido, pero representaba más del 77% de la generación en 2022.
El consumo total de electricidad del país también ha caído en la última década, en parte debido a la migración de casi 8 millones de venezolanos de su país de origen.
Bajar el consumo de gasolina y gasoil que se usa para producir electricidad, sin duda, es uno de los retos para avanzar en la transición energética venezolana, pero esa no es la única acción que ata más al país a los combustibles fósiles.
PDVSA, un ancla financiera
Al igual que muchos países latinoamericanos, Venezuela debe resolver cómo financiar su transición energética. Para el especialista Sánchez, este desafío incluye las inversiones para modernizar los sistemas de generación, transmisión y distribución eléctrica y también el peso de su tradición petrolera.
“Las finanzas públicas son altamente dependientes de los ingresos petroleros y esto frena cualquier propuesta política de sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables, porque persiste la hegemonía de grupos de interés petroleros”, advirtió Sánchez.
El gobierno de Maduro espera que los ingresos de PDVSA proporcionen el 58% de su presupuesto nacional para 2024, según documentos filtrados obtenidos por Reuters. Bajo el peso de las sanciones estadounidenses, la principal ambición de la empresa en los últimos años ha sido buscar nuevos socios extranjeros para impulsar su producción de petróleo y gas. Aún no se ha materializado un plan estatal para su descarbonización.
La evaluación hecha por el Natural Resources Governance Institute en noviembre de 2023 a un conjunto de 21 petroleras estatales en el mundo encontró que PDVSA aún no ha hecho público ningún plan para apuntar a la descarbonización o las inversiones en las energías renovables. “PDVSA, LNOC [Libia], GNPC [Ghana] y Pemex [México] son las únicas estatales petroleras analizadas que no han mencionado intenciones o planes de invertir en energías renovables”, sostiene la investigación.
PDVSA, de hecho, tampoco posee ningún informe con los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). Su reporte financiero y ambiental más reciente se remonta a 2016 y, allí, apenas se incluye información básica para evaluar su rol frente al cambio climático.
Cada vez se espera más que las empresas elaboren e informen sobre sus normas e indicadores medioambientales, sociales y de gobernanza. Estas tres áreas pretenden cubrir, según la definición de Deloitte, “todos los riesgos y oportunidades no financieros inherentes a las actividades cotidianas de una empresa”.
El principio en el que se basan los ESG es que las empresas no existen únicamente para generar beneficios. Cada empresa es un conjunto de personas que tienen el potencial y la responsabilidad de proteger al medioambiente, dar prioridad al bienestar humano y actuar de manera ética.
La información sobre los ESG difiere de una empresa a otra, pero los datos pertinentes suelen recopilarse y añadirse a los informes anuales o presentarse como un informe de sostenibilidad independiente.
“En la revisión que hicimos encontramos data genérica y parcial en 13% de los indicadores. Se dice que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y metano están por debajo de la norma, pero no se dice cuánto fue exactamente”, resaltó la economista Rangel, quien estuvo al frente de la investigación “PDVSA a espaldas de los criterios ESG” de Transparencia Venezuela.
Sin importar que no tenga planes públicos para avanzar en la descarbonización, ni tampoco informes recientes ESG, el objetivo central de PDVSA ahora es renegociar sus acuerdos con otras petroleras globales para impulsar sus operaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco y montar su producción petrolera, otra vez, por encima del millón de barriles diarios.
Los últimos acuerdos de PDVSA incluyen firmas con la española Repsol, la francesa Maurel & Prom y la estadounidense Chevron, cuya licencia para asociarse con su homóloga venezolana sigue autorizada, a pesar de que la administración de Biden volvió a imponer las sanciones en abril, tras su breve relajación desde el pasado octubre.
PDVSA también mantiene nuevas negociaciones con empresas petroleras chinas. El embajador de China en Caracas, Lan Hu, sostuvo una reunión con el presidente de PDVSA, Pedro Tellechea ―ahora ministro de Petróleo― a finales de enero pasado. Tellechea explicó que el encuentro fue para revisar la “evolución positiva de la cooperación energética bilateral” y evaluar “nuevas oportunidades de cooperación”, aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre los acuerdos logrados.
China fue el principal importador del crudo venezolano durante el año pasado. El reporte de la empresa de data y análisis LSEG y documentos internos de PDVSA vistos por la agencia Reuters hablan de un promedio de compras de 695.192 barriles diarios. Esto supone alrededor del 65% de las exportaciones petroleras venezolanas durante 2023.
Leyes climáticas en el tintero
El marco legal de la transición energética en Venezuela tampoco está definido. La Asamblea Nacional discute el proyecto de Ley Orgánica de las Energías Renovables y Alternativas desde el año 2021. Su texto preliminar abre la puerta a que haya inversión privada en el sector de las renovables, pero todavía no se ha dado la primera discusión en la plenaria legislativa.
Quizás el único avance concreto es que ya se abrió el Registro Nacional de Energías Renovables, que es una habilitación contemplada en el proyecto del texto legislativo para que técnicos, profesionales y empresas puedan trabajar tanto en la comercialización de productos de energías renovables, como en los servicios de instalación o adecuación.
Debemos hacer una alianza de la sociedad civil para la transición energética, porque no hablamos solo de que dejemos de producir petróleoAntonio De Lisio, geógrafo e investigador en estudios de desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (UCV)
Otros de los proyectos legislativos que tampoco avanzan en el Parlamento incluyen la Ley Orgánica contra el Cambio Climático y la Ley de Hidrógeno Verde. Este trío de legislaciones son fundamentales para que Venezuela logre entrar al círculo internacional de financiamiento verde. La financiación es un enorme obstáculo para la transición energética en un país que aún se recupera de una década de colapso económico.
“El Banco Mundial tiene los bonos verdes, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) tiene un fondo para la Amazonía y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), una iniciativa del Mercado de Carbono. Venezuela no ha metido ni un solo proyecto en estas opciones de financiamiento”, puntualizó Rangel.
Antonio De Lisio, geógrafo e investigador en estudios de desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), afirma a Dialogue Earth que es necesario un debate más amplio y profundo sobre la transición energética del país: “El problema de la transición energética no hay que dejárselo solo a PDVSA. Debemos hacer una alianza de la sociedad civil para la transición energética, porque no hablamos solo de que dejemos de producir petróleo”. Además, señala la necesidad de realizar esfuerzos más amplios, más allá del sector eléctrico, como la concientización sobre el uso del transporte público.
