En los últimos años, América Latina ha avanzado a pasos agigantados en el desarrollo de fuentes de energía renovables como la solar y la eólica, partiendo de la base de la energía hidroeléctrica que ya ha dotado a la región de algunos de los sistemas eléctricos más limpios del mundo.
En Brasil, en los dos últimos años se ha incrementado la energía solar a un ritmo de aproximadamente 1 gigavatio al mes. Al sur, Chile ha tratado de aprovechar su singular geografía para ampliar la energía eólica y solar, ha fijado un plazo para acabar con la energía de carbón y ha tomado la iniciativa en tecnologías emergentes como el hidrógeno verde y el almacenamiento en baterías. Uruguay, por su parte, ha eliminado casi por completo los combustibles fósiles de su suministro eléctrico en la última década, en gran parte gracias al crecimiento de la energía eólica. Las energías renovables representaban casi el 90% de la generación en 2023, y han alcanzado cuotas del 99% en los últimos años.
Pero aún quedan enormes obstáculos para que los países latinoamericanos descarbonicen todo el sector energético, sobre todo en ámbitos como el transporte y la industria. Dado que varios países dependen de los combustibles fósiles no solo para su seguridad energética, sino también como fuente clave de exportaciones y empleo, la transición no es meramente una cuestión ambiental, sino un problema económico.
En Colombia, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro se ha convertido en un portavoz de los llamamientos mundiales a favor de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y ha promovido la adopción de medidas en su país. Pero la economía colombiana sigue dependiendo en gran medida de la extracción de petróleo y carbón: en 2022, estas actividades representaban el 55% de sus exportaciones de bienes y aproximadamente el 6% del PIB.
El vecino Ecuador se enfrenta a un dilema similar ―el crudo representó el 27% del valor de sus exportaciones en 2022―, mientras que en Venezuela el petróleo sigue aportando casi el 60% del presupuesto nacional, a pesar de una década de crisis y del desplome de su producción.
Incluso en Brasil, donde el presidente Lula da Silva también se ha presentado como un líder ecológico mundial, el petróleo representó más del 16% de las exportaciones en 2022 e ingresó 56.000 millones de dólares. Sus planes para seguir aumentando la producción son objeto de un ferviente debate.
Frente a una previsión de caída de la demanda mundial de combustibles fósiles en las próximas décadas, la transición energética y una economía post combustibles fósiles plantean serios interrogantes a estas naciones. Dialogue Earth habló con cuatro expertos en energía y medioambiente de toda la región para conocer sus puntos de vista sobre la magnitud de este reto, las posibles actividades que pueden ofrecer un modelo económico y el camino que queda por recorrer.
Carlos Nobre
Científico del sistema terrestre y meteorólogo, entre otros cargos en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil.
Vemos cómo avanzan los debates sobre la transición energética en América Latina, pero muchas empresas de combustibles fósiles, como Petrobras [estatal brasileña], son muy poderosas y bloquean cualquier avance. Y eso a pesar de que la energía solar, por ejemplo, ya está creando más puestos de trabajo que los combustibles fósiles y es más barata. La transición energética debería entonces ser más rápida. Pero las empresas de combustibles fósiles quieren mantener el statu quo, ahora con la eliminación del dióxido de carbono, que sigue siendo una tecnología muy cara y permanece bajo un signo de interrogación. El potencial de la energía solar, eólica y del hidrógeno verde es tan grande que no es necesario este cuestionamiento.
La demanda de hidrógeno está aumentando porque no produce gases de efecto invernadero al quemarse.
⚪️ Sin embargo, para producir hidrógeno se suelen utilizar combustibles fósiles. Esto se conoce como hidrógeno “gris”.
🔵 El hidrógeno “azul” también se produce utilizando combustibles fósiles, pero junto con tecnologías de captura y almacenamiento de carbono que impiden que las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes lleguen a la atmósfera.
🟢 El hidrógeno solo puede clasificarse como “verde” si se ha producido íntegramente con energías renovables.
También se habla con frecuencia de una nueva economía para Brasil y otros países amazónicos. Los sistemas agroforestales, por ejemplo, dan más beneficios y contratan a más trabajadores que las industrias ganadera o sojera. En general, son mucho más beneficiosos para la economía y pueden mejorar los medios de vida de millones de personas. El gran desafío es cómo hacer mercados globales para estos productos forestales. Solo un pequeño porcentaje del PIB brasileño procede de la biodiversidad. Mejorar los mercados de estos productos basados en la biodiversidad podría generar más beneficios, contratar a más personas y mantener los bosques en pie. En nuestra historia como humanos hemos utilizado más de 7.000 productos de la biodiversidad mundial, pero ahora tenemos una dieta concentrada en solo unos pocos productos animales y cereales. Estas industrias son económicamente potentes, pero [parecería] que no queremos desarrollar una bioeconomía con cientos de productos.
Isabel Cavelier
Cofundadora de Mundo Común, ONG medioambiental con sede en Colombia
Para hacer la transición hacia una economía post-carbono en América Latina, lo primero que hay que entender es que la economía tiene que distribuirse mucho mejor. Hoy la riqueza está concentrada y eso hace que estemos atrapados en la ficción de que siempre necesitamos más crecimiento y demanda de energía, y por lo tanto de emisiones. Si bien el decrecimiento puede ser posible para algunos países de América Latina, lo principal es entender que tenemos que redistribuir mejor los recursos y la energía que utilizamos.
Naturalmente, la transición exigirá sustituir el uso de la energía primaria, no solo la electricidad, de los combustibles fósiles a otras fuentes menos nocivas. Cuanto más lo retrasemos, más costoso será, y requerirá decisiones impopulares. Poner fin a las subvenciones a los combustibles fósiles, por ejemplo, repercute directamente en el bolsillo de los ciudadanos. Requerirá una gran voluntad política por parte de líderes dispuestos a perder su capital político a cambio de tomar decisiones impopulares pero necesarias para lograr esta transición.
También tendremos que invertir los recursos que tenemos no solo en nuestro bienestar socioeconómico a corto plazo ―que es lo que solemos hacer porque tenemos muchas necesidades en nuestra región―, sino también en otros sectores que puedan proporcionarnos ingresos que no estén ligados a los combustibles fósiles. Aunque suene bien en el discurso, en la práctica es complejo porque no hay sectores de la economía que consigan proporcionar el mismo nivel de utilidad. Por eso estas decisiones serán controvertidas e impopulares.
Por último, lo más importante será la voluntad de los ciudadanos. Tenemos que redefinir qué es el bienestar, que no es necesariamente consumir cada vez más recursos que consumen mucha energía. Tenemos que encontrar otras formas de alcanzar el bienestar personal o colectivo que no estén ligadas a más y más energía. La transición no funcionará si no cambiamos la forma de entender el bienestar.
Juan José Guzmán
Economista y asesor sobre financiación y política de adaptación del think-tank Atlantic Council
Hay tres niveles en este debate. El primero, el más filosófico, es sobre el papel de la economía; el segundo trata de definir el problema; y el tercero es el cómo.
En primer lugar, no vivimos en un sistema capitalista. La idea que muchos replican es que vivimos en un mercado liberalizado desde los años ochenta. Pero si se mira en detalle se ve liberalización para unos y no para otros. Estados Unidos y la Unión Europea recomiendan, a través de su papel en el Fondo Monetario Internacional, recortes fiscales, y eso se traduce en austeridad en nuestros países. Pero si observamos sus economías, no siguen esa receta. Esto no es capitalismo: es intervención para beneficiar a unos pocos.
En segundo lugar, se cuestiona que el capitalismo nos haya llevado a donde estamos. Esto es en parte cierto pero en parte no, porque nosotros [en América Latina] no hemos vivido bajo el capitalismo. La transición económica parte de crear un capitalismo real que no sea un capitalismo salvaje sino un capitalismo que utilice el mercado para lograr objetivos sociales. Esto incluye empezar a entender que se necesitan muchas transiciones, como la estatal, la privada y la política. Tenemos un modelo de desarrollo en América Latina en el que exportamos carbón y carbono, y eso requiere una transición exportadora. Somos adictos a lo que ya tenemos: es fácil producir petróleo, soja y carne a gran escala y a bajo costo. Pero las alternativas existen y nos permiten hacer frente a los riesgos de salir del negocio, sobre todo del carbón, y de seguir aumentando las emisiones.
Por último, está el “cómo” hacer la transición. Es muy difícil, porque se está diciendo a sectores enteros que han existido durante décadas que, de repente, ya no pueden operar, o que tienen que hacerlo con condiciones menos atractivas. Parte de la respuesta está en no subvencionar el riesgo. Cuando se produce una catástrofe en nuestros países, el Estado interviene para pagar los daños. Esto da a la gente un pase libre para que no estén motivados para la transición a la resiliencia. Los debates sobre la transición no se producen a un nivel amplio y, cuando se producen, se hacen en modo de emergencia, como cuando los sindicatos del carbón hacen demandas porque las minas están cerrando, y el gobierno se vuelve más reactivo. No es una gestión de prevención.
Paola Yanguas Parra
Asesora política sobre energía en el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD)
La importante capacidad hidroeléctrica de Sudamérica y el rápido crecimiento de la generación eólica y solar hacen que la región sea líder en electricidad limpia. Sin embargo, muchos países dependen de la venta de carbón, petróleo y gas para financiar el gasto público y subvencionar fuertemente estos combustibles a nivel nacional. Este modelo de ingresos es cada vez más arriesgado desde que los gobiernos del mundo acordaron en la cumbre climática COP28 abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos.
La ciencia demuestra que no hay espacio para nuevos yacimientos de petróleo y gas si apuntamos a un límite de calentamiento global de 1,5°C. Las inversiones en proyectos como los yacimientos petrolíferos de Guyana y el de gas de Vaca Muerta en Argentina corren el riesgo de quedarse varadas a medida que se acelera la transición mundial hacia energías limpias. Sin embargo, los incentivos a corto plazo para sacar provecho de las ganancias de los recursos son tentadores para los políticos que buscan financiar sus promesas electorales. Se necesita una visión alternativa del desarrollo.
Para crear una economía post-fósil en Sudamérica, los gobiernos pueden aprovechar su ventaja comparativa en energías renovables. La energía eólica y la solar pueden electrificar sectores nacionales como el transporte y crear industrias de exportación alternativas. Brasil, Argentina, Colombia y Chile tienen algunos de los costos de producción de hidrógeno verde y amoníaco más bajos del mundo, cada vez más demandados para descarbonizar las industrias pesadas a nivel global.
También puede haber oportunidades en la producción de minerales críticos que serán necesarios para la transición hacia energías limpias, como el cobre, el níquel, el litio y las tierras raras. Es necesario extremar la precaución para evitar los perjuicios sociales y medioambientales que suelen asociarse a las industrias extractivas en la región. Los gobiernos deben cooperar para establecer normas reguladoras estrictas y evitar una “carrera a la baja”, y aprender unos de otros en ámbitos como la diversificación económica.
Por último, la región necesitará una importante financiación pública y privada para esta transformación. La mayoría de los países de la región se perciben como de alto riesgo para los inversores, con altos niveles de deuda y bajas calificaciones crediticias. La comunidad internacional debe encontrar la manera de apoyar, y no penalizar, el abandono de la dependencia de los combustibles fósiles y la transición económica que implica.
