Catorce países de América Latina y el Caribe hicieron historia en la Asamblea General de Naciones Unidas este 27 de septiembre, al firmar el Acuerdo de Escazú, un acuerdo regional sobre participación pública y acceso a la información y justicia en temas ambientales. Se trata del primer acuerdo regional de este tipo y ha sido destacado como un paso significativo hacia delante en reconocer los derechos de los defensores ambientales. El próximo paso es que once de estos países lo ratifiquen internamente para que entre en vigor.
La región se ha visto plagada por problemas urgentes como: la impunidad en los crímenes contra defensores ambientales ha sido rampante en toda América Latina, a medida que los activistas han sido asesinados en números récord; los gobiernos no están cumpliendo a cabalidad leyes respetando el derecho de comunidades a ser consultadas sobre los posibles impactos de proyectos de infraestructura y extractivos; y la información que empresas nacionales e internacionales han facilitado a la ciudadanía no ha sido inadecuada.
Entonces, ¿qué podría cambiar con el Acuerdo de Escazú?
Amanda Romero, investigadora senior y representante para América Latina del Centro de Recursos en Negocios y Derechos Humanos
El Acuerdo de Escazú es clave para la agenda de negocios y derechos humanos. En línea con los Principios Rectores en Derechos Humanos de la ONU (UNGPS), las operaciones de las empresas deberían estar en línea con los estándares nacionales e internacionales en derechos humanos, incluyendo el respeto a los defensores de los derechos humanos. Es por eso que una vez que al acuerdo entre en vigor las corporaciones deberán cumplirlo. Pero las empresas privadas y estatales que operan en América Latina, tanto nacionales como transnacionales, deberían hacer cambios en sus enfoques sociales y ambientales, abordando el pasado y actual daño que sus actividades comerciales han causado. Por ejemplo, el artículo 6 del acuerdo (parte 12) incentiva a los estados a “tomar las medidas necesarias a través de marcos administrativos o legales” para permitir el acceso de la sociedad civil a información ambiental que tienen las instituciones privadas, permitiéndoles aprender acerca de los “riesgos y efectos en la salud humana y el ambiente” que dichas operaciones causan.
El acuerdo también estipula que “en acuerdo con sus capacidades” cada Estado deberá “incentivar a empresas privadas y estatales, especialmente las grandes, a preparar informes de sustentabilidad que reflejen su actuación social y ambiental”. Esto significa que las empresas deberán hacer más y mejor debida diligencia y cumplimiento de los derechos humanos en los casos en los cuales las víctimas afirman responsabilidad corporativa. Las evaluaciones de impacto deben ir más allá de los asuntos ambientales entendidos por el estado y las empresas como “daño colateral” por el desarrollo. En América Latina, esto incluye sancionar a empresas que contaminen aguas sin ser sancionadas, privaticen su acceso a grandes grupos de la población, destruyan semillas y cultivos y desplacen grupos enteros que pierden sus fuentes de vida debido a proyectos energéticos, de agricultura, minería o industriales.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina
El Acuerdo de Escazú, también conocido como Acuerdo por el Principio 10, es uno de los instrumentos ambientales más importantes de los últimos veinte años, y el primero que adoptan los países de América Latina y el Caribe. Este camino, que se puso en marcha en la Cumbre de Río+20 en el 2012, fue una de las respuestas dadas por los países de la región ante el explosivo aumento de conflictos ambientales existentes, y las consecuencias que producen en la población y en el ambiente los efectos de los fenómenos globales como el cambio climático.
No es una casualidad que este acuerdo haya germinado en momentos en que la comunidad internacional inicia un ambicioso camino hacia el desarrollo sostenible. Sin duda la aplicación plena del Principio 10 está en el corazón de la Agenda 2030, y será un instrumento fundamental para consolidar la gobernanza en materia de cambio climático, en tanto garantiza que todas las personas, especialmente las excluidas o en situación de vulnerabilidad, tengan acceso confiable a la información, que puedan participar de manera efectiva en procesos de toma de decisiones, en especial en aquellos en donde se encuentren afectadas sus condiciones de vida, y que puedan acceder a la justicia permitiendo una distribución más justa de los costos y los beneficios del desarrollo.
Natalia Gómez Peña, oficial de la Alianza Global para la Sociedad Civil (Civicus)
En años recientes Civicus ha reportado un declive sistemático a nivel global en las condiciones para la sociedad civil. Esas restricciones crecientes han especialmente afectado a los defensores de derechos humanos, con los ambientales enfrentando una de las situaciones más críticas. Defender el ambiente es cada vez peligroso, sobre todo en América Latina, la región con mayor número de asesinatos de líderes ambientales.
El Acuerdo de Escazú trae esperanza a la región de cambiar esos patrones de conflicto y ausencia de participación. De hecho, nace como respuesta a las necesidades apremiantes de los ciudadanos de fortalecer nuestra democracia: necesitamos herramientas para informarnos, para saber lo que está sucediendo con ríos y bosques, qué impactos están causando industrias en nuestras comunidades y niños. Necesitamos tener una participación efectiva en los procesos de toma de decisiones que nos afectan y al ambiente en que vivimos. Necesitamos mecanismos de acceso a la justicia cuando nuestros derechos se vulneran. Necesitamos estrategias para proteger a nuestros defensores ambientales.
Escazú es el primer tratado internacional que contempla protecciones específicas para defensores ambientales, al crear un régimen de protección para ellos articulado en tres niveles. Los países firmantes se comprometen a 1) garantizar un ambiente seguro para que los defensores actúen 2) tomar medidas apropiadas y eficaces para reconocerlos y proteger sus derechos y 3) tomar medidas para prevenir, investigar y judicializar ataques contra ellos. Para una región reconocida como la más peligrosa para los defensores ambientales, el acuerdo es una oportunidad única para prevenir más asesinatos y asegurar ese espacio seguro para que puedan seguir trabajando.
Es esencial que los países de la región, sobre todo los que tienen niveles más altos de violencia contra defensores ambientales, firmen, ratifiquen e implementen pronto el Acuerdo. Para los miles de personas que trabajan incansablemente -muchas veces exponiendo sus vidas- por la protección del ambiente, Escazú es una muy necesitada promesa de un mejor futuro.
Lina Muñoz Ávila, directora del área de derecho y gestión ambiental de la Universidad del Rosario en Colombia
El Acuerdo de Escazú marca una nueva ruta hacia el futuro, que plantea un tránsito desde las acciones nacionales de carácter discrecional hacia un compromiso vinculante por garantizar la efectividad de estos derechos.
Hoy existen diversos desarrollos jurídicos y de políticas y prácticas que reflejan avances positivos, aunque sin duda se requiere un esfuerzo mayor para dejar de ser la región del mundo con el mayor número de conflictos ambientales y amenazas a los defensores. Justamente, el Acuerdo plantea respuestas frente a dicha situación.
Es una oportunidad para que los países fortalezcan sus instituciones y trabajen sobre las debilidades de sus marcos legales y de política pública, así como que establezcan estándares mínimos de implementación que se conviertan en un piso común para la lucha contra las problemáticas ambientales. Es también el primer tratado internacional en pedir a los Estados medidas efectivas y adecuadas de protección de los derechos humanos de los defensores ambientales y que se les generen entornos seguros.
Su entrada en vigor puede ayudar a robustecer la gobernanza ambiental, pero requerirá de altas dosis de voluntad política por parte de los gobiernos para lograr los ajustes internos necesarios que permitan que sus disposiciones permeen las estructuras nacionales y de procesos de articulación que propicien alianzas con distintos actores. Así mismo, el Acuerdo ingresa al derecho internacional ambiental, con una perspectiva de derechos humanos en la gestión ambiental y con una mirada procedimental que complementa el contenido del derecho al ambiente sano y busca el logro del desarrollo sostenible.
Finalmente, los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales también han sido reconocidos por las Naciones Unidas como instrumento fundamental para implementar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Estos tres pilares de la democracia ambiental son un medio para que los países de la región puedan demostrar mayores y mejores avances en el cumplimiento de otros compromisos internacionales, como las obligaciones en cambio climático.
Joara Marchezini, coordinadora del programa de acesso a la información de ARTIGO 19-Brasil
El acuerdo sobre el Principio 10 represente un gran paso para la garantía de la democracia ambiental en todos los países de América Latina y el Caribe. Reúne parámetros para la participación social, el acceso a información y el acceso a justicia en cuestiones ambientales en la región – algo inédito y fundamental en el contexto latinoamericano y caribeño.
Este es un acuerdo amplio, que no solamente asigna deberes sino que también abre caminos. En ese sentido, vale la pena destacar que el acceso a la información es un derecho fundamental para contar con un conocimiento más apropiado a los desafíos y pensar acciones eficaces para superarlos, así como para actuar preventivamente a mediano y largo plazo.
En general, el artículo 19 estipula que el acuerdo puede constituir un importante instrumento para enfrentar los graves problemas que afectan a la región, como la perpetuación de la contaminación, la deforestación y diversos impactos socioambientales negativos que pueden ocurrir en la realización de obras y actividades productivas cuando no hay compromiso con la democracia ambiental. El Acuerdo de Escazú también es el primer tratado internacional en determinar acciones específicas para que los Estados garanticen la protección de los defensores ambientales, dado que la región es una de las más peligrosas del mundo para su trabajo.
Por eso, recomendamos a todos los países, incluido Brasil, trabajar con agilidad para firmar y luego ratificar este instrumento y garantizar la implementación de las medidas previstas en él para hacer frente a los contextos de nuestra región.
Andrea Detjen Ibáñez, integrante del área ambiental del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de Uruguay (CIEDUR)
En una región asediada por megaproyectos que ponen en peligro la naturaleza, humana y no humana, la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe celebra la firma del Acuerdo de Escazú, un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental.
Según lo acordado, los Estados se comprometen a garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afecten sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos han sido vulnerados.
Este acuerdo se convierte en el primero que existe en el mundo de carácter vinculante y con una disposición específica para la protección y la defensa de las y los defensores de los derechos humanos, algo significativo ya que solo en 2017 116 personas murieron en países del continente por defender sus tierras y enfrentar prácticas que afectan el medio ambiente. Esta cifra coloca a la región como la más peligrosa para los defensores de la tierra y el medio ambiente.
Exhortamos a los estados que incorporen lo establecido en el Acuerdo en sus legislaciones, en sus prácticas y en sus decisiones políticas. “Nada sobre nosotros, sin nosotros” dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL al expresarse sobre el Acuerdo, en este mismo sentido, como sociedad civil organizada, pretendemos apoyarnos en esta herramienta que nos propone participación y construcción en un marco de respeto al derecho humano a un medio ambiente sano y equilibrado.
