Los países desesperados por hacer negocios con China a menudo enfrentan un dilema incómodo.
A riesgo de poner en peligro miles de millones de dólares en inversiones y ofender a Beijing, tienden a ignorar los abusos de derechos humanos cometidos por China. Incluso, se integran con las instituciones chinas y obtienen elogios por su “pragmatismo” por eludir el problema.
Un espacio en el cual el historial de derechos humanos de China está en discusión es el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU en Ginebra, Suiza, a realizarse el próximo 6 de noviembre. El EPU es un mecanismo de revisión paritaria en el cual cada estado miembro de la ONU tiene sus propias prácticas de derechos humanos que deben ser examinadas cada cinco años.
El próximo mes, China enfrenta su tercera revisión, esta vez con un enfoque especial sobre sus responsabilidades en el extranjero.
“Las revisiones tenían originalmente la intención de evaluar el cumplimiento de un conjunto de instrumentos de derechos humanos a nivel nacional,” sostuvo Paulina Garzón, jefa de la Iniciativa de Inversiones Sostenibles China-América Latina. Garzón ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil latinoamericana en un informe que cuestiona las violaciones cometidas por las compañías chinas en la región.
“Pero ahora hay un conjunto creciente de teorías que afirman que los países también tienen la responsabilidad de implementar aquellos instrumentos sobre los cuales sus compañías trabajan en el resto del mundo. Podremos ver este tipo de evaluación este año,” agregó.
El examen considera tres documentos oficiales: un informe nacional presentado por China, una compilación de información de la ONU preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y un resumen de los informes presentados por las ONG.
Informes latinoamericanos
Las organizaciones de la sociedad civil de América Latina presentaron tres informes para ser tomados en consideración en la revisión de China. Todos reivindican una amplia gama de violaciones de los derechos humanos vinculadas a proyectos específicos, principalmente en los sectores de infraestructura e industrias extractivas.
Un grupo de 21 ONGs de Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú examinaron 18 proyectos gestionados por 15 consorcios de negocios chinos, vinculados a la minería, el petróleo y la energía hidroeléctrica. Estos se ubicaron en reservas indígenas o áreas nominalmente protegidas. Las ONG encontraron que todos los proyectos violaban los derechos humanos.
“Hay una violación sistemática de los derechos de consulta y participación previos, junto con los desalojos forzosos, la destrucción de lugares de importancia cultural y natural y [la] criminalización de los líderes comunitarios”, dijo Sofía Jarrin, coordinadora de medio ambiente y pueblos indígenas del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador.
Casi dos tercios de los proyectos revisados están en Ecuador. El informe advirtió sobre un patrón de violaciones en todos los proyectos, incluida la no adopción de medidas que cumplan con las “obligaciones extraterritoriales” de China para proteger los derechos en los países receptores, de acuerdo con sus leyes nacionales.
Estos derechos se especifican en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Culturales y Económicos. China firmó el pacto en 1998, pero no lo ha ratificado, lo que significa que no se ha trasladado a la ley china.
Un proyecto al que se hace referencia en el informe es la mina de cobre El Mirador en la provincia de Morona-Santiago, en el sureste de Ecuador. El proyecto ha sido el escenario de un conflicto violento entre la compañía minera china Ecuacorriente S.A. (EXSA), propiedad del consorcio chino CRCC-Tongguan, y la comunidad indígena local Shuar.
Los miembros de la comunidad fueron desplazados por la fuerza por la creación de la mina y, a medida que la disputa avanzaba, el líder indígena José Isidro Tendetza Antun fue asesinado. Su cuerpo exhibía signos de tortura.
La comunidad reclama su derecho a ser consultado en proyectos de desarrollo programados para territorios ancestrales – tal como lo establece la ley ecuatoriana – norma que fue violada por la mina que costó unos USD$ 1.4 mil millones.
El informe también cuestionó la creciente dependencia de los países latinoamericanos a las finanzas chinas que, según sostienen, debilita la decisión de sus gobiernos de respetar las leyes al momento que las inversiones las infringen.
Estos proyectos violaron los derechos de la comunidad shuar y de otros 455 grupos indígenas en la cuenca del Amazonas
En el marco de una solicitud por parte de EXSA, el gobierno ecuatoriano ordenó el cierre de la ONG Acción Ecológica, que defendió a la comunidad shuar en el conflicto de El Mirador. La medida generó el repudio internacional generalizado.
Otro informe clave fue presentado por el Coordinador de Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas (COICA). COICA revisó la mina El Mirador en Ecuador y otros cuatro proyectos ejecutados por firmas chinas: el proyecto minero Arco Minero en Venezuela, el bloque petrolero El Nogal en Colombia, el proyecto petrolero Lote 58 en Perú y las represas Teles Pires en Brasil.
El informe concluyó que, de manera acumulativa, estos proyectos violaron los derechos de la comunidad shuar y de otros 455 grupos indígenas en la cuenca del Amazonas, ya que se realizaron sin su consentimiento previo. COICA también afirmó que estos proyectos amenazaban el derecho a la vida y a un medio ambiente sano y equilibrado.
El EPU analiza los impactos de los derechos de China en otras partes del mundo, pero la ONG Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés) presentó un informe conjunto con la Red Legal del Mekong (MLN), que también hace referencia a América Latina. Este informe halló una violación en la mina de cobre Las Bambas en Perú, donde las comunidades no fueron consultadas sobre los cambios al proyecto original.
En la mina, ubicada en la región sureña de Apurímac, en Perú, su nuevo propietario chino MMG falló en no consultarle a la comunidad local sobre las propuestas examinadas para transportar materiales fuera del sitio utilizando carreteras locales, en lugar de un oleoducto. Su elección de utilizar camiones generó ruido y polución por polvo, provocando una reacción violenta que generó la paralización del proyecto. Tales conflictos han tensionado las relaciones entre Perú y China.
“Las violaciones que enfrentan las comunidades debido a las operaciones y las inversiones chinas son demasiado políticas para ser planteadas a nivel nacional”, dijo Sarah Brooks, gerente de programas de ISHR, refiriéndose a la negativa del gobierno chino a participar en discusiones significativas sobre derechos humanos.
“El gobierno chino es consciente de estas violaciones. No pueden pretender que sus empresas los representen en el extranjero. Pero tampoco saben qué hacer al respecto. No están dispuestos a ser abiertos y consultivos, y no trabajan con la sociedad civil en los países de acogida. Sus medios para resolver el problema son limitados “, agregó.
Sensibilidad política
Como señala Brooks, el EPU es un proceso políticamente sensible. Cao Shunli, conocido activista por los derechos en China fue arrestado por intentar viajar a Ginebra para la última ronda del EPU de China en el 2013. Meses después murió en la cárcel.
Si las discusiones sobre los derechos humanos se terminan habitualmente de esta manera, ¿qué otras tácticas pueden emplear las comunidades para lograr que China escuche sus preocupaciones?
“El gobierno chino y algunas empresas han comenzado a reconocer que mejorar el negocio responsable tiene sentido desde el punto de vista financiero”, dijo Lowell Chow, investigador principal y representante para Asia Oriental en el Centro de Recursos de Negocios y Derechos Humanos. “Las disputas con los trabajadores y las comunidades pueden retrasar las operaciones y costar dinero”, agregó.
La interrupción en la mina Las Bambas costó un estimado de U$S6 millones, según la asociación industrial peruana, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
El gobierno chino y las asociaciones de la industria han desarrollado directrices sobre la inversión responsable en el extranjero. Sin embargo, son voluntarias y hay escasas repercusiones por el incumplimiento.
Chow sostuvo que las pautas son un buen primer paso, pero que hay mucho trabajo por hacer en términos de implementación: “Las compañías chinas pueden aprovechar lo antes posible, la oportunidad de liderar con el ejemplo en negocios responsables mediante la participación proactiva con las comunidades anfitrionas”.
Wawa Wang, oficial de políticas de finanzas públicas del CEE Bank Watch, está de acuerdo en que la implementación de las directrices es un factor clave. Pero sugiere que esto solo es posible si las empresas y los inversores son más transparentes.
“Un paso concreto hacia adelante es comenzar a divulgar información social y ambiental relacionada con el proyecto, tal como lo requieren las directrices”, dijo Wang. Hasta ahora, los informes de los inversores chinos sobre los impactos de los proyectos sobre la biodiversidad, el cambio climático y el desplazamiento de las comunidades han estado “extrañamente ausentes”.
Los bancos chinos han comenzado a asociarse con bancos regionales de desarrollo para cofinanciar proyectos en América Latina. En teoría, esto permite a los bancos como el Banco Interamericano de Desarrollo compartir sus conocimientos y experiencias locales con los bancos chinos y ofrecer asistencia técnica que podría ayudar a la prevención de conflictos.
“El objetivo es desarrollar salvaguardas aceptables destinados a que los chinos aborden prácticas de transparencia, responsabilidad y diligencia ambiental y social”, dijo Wang.
China puede tener pautas de la industria para proteger los derechos humanos en sus operaciones en el extranjero, pero no tiene la jurisdicción legal para establecer una pena por estos delitos.
“El alcance de la ley china [está] limitado a la jurisdicción local y no se podría usar para regular las operaciones de las compañías chinas más allá de las fronteras de China”, señaló el material presentado por MLN e ISHR al Alto Comisionado.
Sin embargo, China debería comenzar a integrar las normas internacionales de derechos humanos en las leyes que rigen las inversiones salientes, recomendó MLN.
Expectativas
En su primer EPU en 2009, China recibió más de 100 recomendaciones, de las cuales aceptó 42 y rechazó 50. Cinco años después, recibió otras 252 recomendaciones, de las cuales aceptó 204 y rechazó 48. Sobre las recomendaciones aceptadas, China dijo que 31 ya se habían implementado y ocho se estaban implementando en la actualidad.
China presentó un informe sobre sus acciones en materia de derechos humanos en respuesta al último EPU. El gobierno señaló que en abril de este año había promulgado 28 nuevas leyes relacionadas con los derechos humanos y había emitido e implementado el tercer plan nacional de acción de derechos humanos en el 2016.
Sin embargo, China también reconoció que “todavía enfrenta muchas dificultades y desafíos en la promoción y protección de los derechos humanos”, ya que prometió aumentar las protecciones.
Según Brooks, esta vez China también aceptará una gran cantidad de las recomendaciones del próximo EPU. “Estarán en gran parte en áreas donde China siente que ya están haciendo un buen trabajo o que poseen un compromiso a nivel internacional”, dijo.
Para Garzón, se encuentra en juego la legitimidad de China como actor en la ONU, debido a la nueva revisión: “El gobierno tiene que demostrar que tiene la capacidad y la voluntad de actuar sobre los derechos humanos. Esta vez, China no tiene la posibilidad de no aceptar su rol.”
Mientras tanto, Jarrin dijo que las ONG quieren conversar con China y establecer reglas claras para sus proyectos en América Latina. La defensa de los derechos y una mejor aplicación de las regulaciones en la región enviarían señales claras tanto a las empresas como a los inversores chinos:
“La principal debilidad se encuentra en nuestros estados latinoamericanos, pero sabemos la influencia y el peso de un actor como China.”
