Lener Fonseca y Freddy Navas eran los dos últimos líderes del Movimiento Campesino Anticanal en Nicaragua que no estaban presos o en el exilio, hasta que la semana pasada fueron capturados en las casas de seguridad en las que se escondían en Managua.
Ambos líderes fueron secuestrados por paramilitares, un brazo de civiles armados al servicio del Gobierno y llevados a la cárcel de máxima seguridad de El Chipote, un sitio que ya Anastasio Somoza, el dictador en Nicaragua hasta 1979, había usado para encarcelar a sus contrincantes políticos.
Las protestas que iniciaron en abril de este año ya cobran casi 400 muertos, 4,000 heridos, 600 presos políticos y 50 mil desplazados a Costa Rica, Estados Unidos y otros países, y comenzaron cuando el gobierno anunció una medida en el Seguro Social que cercenaba el 5% de su pensión para los jubilados y aumentaba las tasas de contribución de los empleadores y trabajadores. Desde entonces el gobierno del presidente Daniel Ortega inició una férrea cacería contra todo aquél que encabezó las protestas en su contra y ha ido llenando las cárceles de presos políticos.
Desde que comenzaron las protestas se unió el movimiento campesino que se opone a un polémico proyecto que plantea construir un canal de 173 millas, más de tres veces la longitud del Canal de Panamá, que conectaría los océanos Pacífico y Atlántico a través del Mar Caribe. El proyecto del canal de 50 mil millones de dólares es una creación del empresario chino Wang Jing y cuenta con el apoyo total del gobierno de Nicaragua, que afirma que el canal dará un gran impulso a la economía del país, el segundo más pobre del hemisferio occidental después de Haití.
Entonces, mientras los estudiantes se tomaban tres universidades y las protestas contra el gobierno se incrementaban en las ciudades, las bases campesinas anticanal jugaron un papel predominante en los enfrentamientos callejeros que exigían la renuncia de Ortega y elecciones anticipadas.
La resistencia en contra del canal
La lucha anticanal campesina comenzó en julio de 2012 cuando los diputados oficialistas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el parlamento nicaragüense aprobaron la Ley 840 o ley del canal, que entregaba una concesión por 100 años al empresario chino Wang Jing y que le daba potestad al asiático, según la interpretación de los juristas, de quitar tierras a campesinos donde lo estimara conveniente.
A pesar de que el canal no se ha construido y que las tierras no han sido tomadas, la ley abre las puertas para la violación de los derechos de los campesinos y esto despertó la indignación generalizada. La aprobación de la Ley 840 activó a los campesinos que organizaron más de 100 marchas exigiendo su derogación, pero ninguna de esas marchas tenía impacto o generaba solidaridad en los sectores urbanos donde el gobierno mantenía los programas sociales.
“Cuando las manifestaciones estudiantiles comenzaron, los campesinos, con fuerte sentido antigubernamental se sumaron”, explica el analista político Eliseo Núñez. “Y entonces las protestas escalaron por todo el país”.
Un grupo de jubilados salió a protestar en León, una culta ciudad -cuna del poeta Rubén Darío y de otros intelectuales de renombre- al occidente del país y fueron reprimidos por las fuerzas de choque del gobierno. Por las redes sociales se apreciaron vídeos y fotografías de ancianos de 70 años siendo arrastrados, golpeados e intimidados.
Al día siguiente, el 19 de abril, en Managua un grupo de estudiantes de la jesuita Universidad Centroamericana salió a protestar y corrieron con la misma suerte. Fueron golpeados con bates de béisbol por simpatizantes del gobierno ante la mirada pasiva de tropas especiales de la Policía. Al amanecer del 20 de abril las universidades de Managua se levantaron.
Ese día murieron los primeros estudiantes ante una represión desmedida del gobierno y aunque Ortega, un día después retrocedió con las reformas a la Seguridad Social, las protestas se extendieron por todo el país pidiendo su renuncia y justicia por los primeros fallecidos.
“El movimiento campesino que era el único que se había mantenido protestando contra el gobierno desde 2013 cuando la Asamblea aprobó la ley del canal, se sumó a las protestas iniciadas por los estudiantes y eso puso contra las cuerdas al gobierno”, explica Núñez.
Pero ese levantamiento le ha costado caro al movimiento campesino. Sus principales líderes o están presos o en el exilio. El gobierno descabezó al movimiento: los acusa de terroristas.
“En los 11 años de gobierno de Ortega el único movimiento que le plantó cara a Ortega en las calles fueron los campesinos”, agrega Núñez.
Pero ese levantamiento le ha costado caro al movimiento campesino. Sus principales líderes o están presos o en el exilio. El gobierno descabezó al movimiento: los acusa de terroristas.
“Medardo Mairena (el coordinador del Movimiento Campesino anticanal) está siendo torturado en una celda de máxima seguridad y acusado de terrorista”, dice su abogado defensor Julio Espinioza.
Además de Mairena también están presos Fonseca y otros dirigentes anticanal como Pedro Mena, Víctor Díaz y Ronald Enríquez y ahora se suman Fonseca y Navas. Y otras de las figuras emblemáticas de la lucha campesina como Francisca Ramírez, Henry Ruiz y la abogada ambientalista Mónica López, están exiliados en Costa Rica, organizándose para cuando puedan regresar y continuar su lucha.
“El golpe al movimiento campesino y a los estudiantes ha sido durísimo”, dice Núñez. “Pero saldrán más fortalecidos de todo esto”, resalta.
El movimiento se prepara para regresar
“Estamos organizándonos para volver”, dijo desde Costa Rica en un vídeo la líder campesina Francisca Ramírez, quien contó que salió por montañas y puntos ciegos junto a toda su familia porque su vida estaba en peligro.
Cuando el Movimiento Campesino Anticanal comenzó a protestar no tenía una bandera política. No exigía la salida de Ortega. Solamente pedía la abolición de una ley que ellos aun consideran que pone en peligro sus tierras.
Pero durante las protestas el campesinado cambió su mirada y pidió la renuncia del presidente. “Exigimos su salida, su renuncia y elecciones anticipadas”, le dijo Mairena a Ortega el único día que llegó al fallido Diálogo Nacional, antes que se rompieran las negociaciones y la Policía arrasara los tranques que los campesinos mantenían en vías y carreteras.
“La lucha campesina mutó a exigir la salida de Ortega porque los campesinos entendieron que la única manera de que la Ley 840 pueda ser derogada es con otro gobierno”, sostiene Núñez.
El presidente Ortega declaró que las jornadas de protestas en su contra fueron ilegales y una amenaza a la paz y seguridad del país.
“Fueron financiadas desde Estados Unidos y por organizaciones europeas a ONG en Nicaragua”, dijo Ortega en su última intervención pública.
