La gigante minera Chinalco que opera el proyecto Toromocho en Perú construyó una ciudad para reasentar a la población de Morococha y así poder extraer el cobre que está debajo del suelo donde antes vivieron unos 5 mil habitantes. A seis años del inicio de esta reubicación, la nueva localidad no tiene futuro económico y va camino a convertirse en un pueblo fantasma.
Convoca.pe y Diálogo Chino llegaron a esta zona minera a cinco horas de Lima, donde identificaron que en medio de la frustración de los pobladores reasentados, hay un segundo conflicto social: los últimos pobladores que rechazan el traslado están siendo despojados de sus tierras y se encuentran en una situación cada vez más precaria frente a la compañía china.
Entre las frías montañas de la sierra central del Perú, a más de 4.700 metros de altura, se congelan los reclamos de los últimos habitantes de la antigua Morococha, una comunidad de 65 familias que se resiste a desaparecer. Desde hace seis años, conviven con las vibraciones, el polvo y el ruido de las detonaciones del megaproyecto minero Toromocho, operado por la empresa china Chinalco, que ha invertido 4.476 millones de dólares en su implementación.
Por estos días, la maquinaria pesada de la compañía estatal china ya casi ha terminado de destruir todas las edificaciones de este poblado, cuyos escombros le dan la apariencia del escenario de una catástrofe. En esta zona de riesgo del Perú, país considerado como el segundo productor mundial de cobre, Chinalco tiene un interés particular: explotar a tajo abierto los minerales que están debajo de los terrenos donde hasta octubre de 2012 vivían más de 5 mil morocochanos. El 96% de ellos ya abandonaron el lugar y varios se han establecido en una nueva ciudad ubicada a 12 kilómetros que fue construida por la propia empresa.
En la antigua Morococha ahora solo han quedado dos bandos en condiciones de desigualdad que protagonizan un conflicto social activo. En este territorio, ubicado a 160 kilómetros de la capital Lima, se realizará la ampliación de uno de los proyectos de explotación de cobre más importantes del Perú, con una nueva inversión de 1.355 millones de dólares.
“Es triste vivir acá. No hay nada en mi negocio, no hay nada”, dice entre lágrimas Feliza Alania, una de las últimas habitantes del viejo pueblo, desde el interior de su oscurecida tienda de abarrotes. Antes vendía un promedio de 45 dólares diarios, cuenta. Ahora su familia es la única que consume las mercancías de sus anaqueles empolvados.
Chinalco ha intentado negociar un trato con los moradores que quedan, pero estos aseguran que no aceptarán las mismas condiciones que la transnacional propuso a sus antiguos vecinos. “Nos ha ofrecido unas migajas, te diría”, comenta el carpintero Máximo Díaz, esposo de Alania y presidente del Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha (FADDIM), un colectivo fundado tras el inicio del proceso de reasentamiento.
La compañía no reconoce el derecho de propiedad de los residentes al momento de proponerles un monto de compra por su inmueble, asegura Noé Gamarra, representante de los expropietarios desplazados del lugar. Chinalco -explica Gamarra- solo les cotiza el valor de las edificaciones levantadas sobre la superficie, no del terreno. Con este criterio, apunta, en las negociaciones se ha ofrecido entre 60 y 100 dólares por el metro cuadrado. Es el precio promedio del mercado, pero no se toma en cuenta que en el subsuelo existe tanto mineral, en especial cobre, como para aumentar la producción diaria de la mina de 117 mil a 172 mil toneladas métricas.
De hecho, la corporación china calcula alcanzar esta capacidad de procesamiento en 2020 cuando finalice la ampliación del proyecto Toromocho, obra aprobada por el Ministerio de Energía y Minas en Perú el 23 de marzo de este año. Es decir, el mismo día en el que el entonces vicepresidente Martín Vizcarra asumía la presidencia del Gobierno nacional en medio de la profunda crisis política que llevó a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.
Pocos meses después, en junio, Chinalco anunció el inicio de las obras en una ceremonia junto al propio Vizcarra. “Cuando la inversión va a generar progreso y desarrollo, encuentran en el Estado un aliado en esa inversión”, dijo públicamente el actual mandatario. Se espera que luego de culminada la ampliación, el proyecto reporte un valor de producción anual de 2 mil millones de dólares.
El problema es que la compañía no podrá cumplir con esta meta si aún hay pobladores sobre el terreno que ambiciona la gigante Chinalco.
“Si no me arreglan [un acuerdo], que me dejen vivir tranquilo”, reclama Díaz con evidente disgusto. “Las voladuras de la mina sacuden como si fuera un terremoto y en dos oportunidades han fundido el techo de mi taller [con las rocas que caen]”, manifiesta. Es algo que sucede muy seguido.
“Los policías todos los días nos rodean. Vigilantes, a lo que sales te están rodeando. A veces hay disparos [detonaciones]. A todos nos sacan afuera”, lamenta Feliza Alania con gesto de impotencia. “A uno lo tienen al milímetro controlado”, agrega Díaz. No exagera. El equipo periodístico de Convoca.pe y Diálogo Chino pudo constatar cómo la vigilancia privada siguió nuestro recorrido por el antiguo poblado de Morococha, solicitando nuestras identificaciones y preguntando por nuestras actividades.
Como consecuencia, la población ya no confía ni en la ley ni en la autoridad. Elvis Atachahua, vecino de Morococha, advierte que efectivos policiales se trasladan en vehículos contratados por la minera y dan apoyo en las demoliciones que realiza Chinalco en el pueblo sin autorización municipal. En el pasado, un acuerdo de colaboración firmado por la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional y la compañía del gobierno chino dio cuenta de los privilegios de los que goza la compañía. Esa es la imagen de inequidad ante la ley que tienen los pobladores de la antigua Morococha.
La minera, por su parte, trata de reforzar la idea de ser una compañía con responsabilidad social ante el mundo. No es para menos: Toromocho es muy importante para la Aluminum Corporation of China, matriz de Chinalco, dado el enorme yacimiento de cobre que cobija y la cantidad de metal rojo que su país demanda. Las reservas de la mina se estiman en 1 526 millones de toneladas. En el primer semestre de 2018, las exportaciones de cobre peruanas alcanzaron un valor de 7.696 millones de dólares, según la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. El 61% de los envíos de este metal tenía como destino China.
“Como es sabido por todos, los minerales de cobre son escasos en China”, reconocía Huang Shanfu, entonces presidente de Chinalco en Perú, el 13 de noviembre de 2016 en una entrevista registrada por la cadena internacional CCTV. “A medida que se va poniendo en marcha este proyecto [Toromocho], se afianzará gradualmente una base sólida para la garantía de recursos de cobre de China”, sostuvo, aunque medios chinos como Sina News Finance cuestionaron la decisión de ampliar la mina en un contexto de caída de precios del mineral y pérdidas de la empresa. (Irónicamente, las noticias sobre la mina de Toromocho en la página web de Chinalco no han sido actualizadas desde 2013.)
Pero Huang Shanfu también insistió en priorizar las necesidades de la población de Morococha: “Consideramos necesario poner de manifiesto el sentido de responsabilidad de nuestra empresa y lograr un desarrollo sinérgico entre la economía y las comunidades locales en sintonía con nuestro lema: primero contribuir al desarrollo de las comunidades locales, después pensar en la realización del proyecto”.
“¡Cuántas veces me han intentado sacar de mi casa!”, exclama con energía Edelmira Artica, inquilina de una edificación cuyo frontis tiene pintado el logo de Chinalco. “Sus vigilantes saben a qué hora entramos, a qué hora salimos (…). Ha venido hasta su abogado diciendo: ‘ya perdiste tu casa de abajo [en la nueva ciudad], no tienes derecho a nada’. ¡Y yo no voy a comer de la casa, lo que queremos es trabajo! Con el trabajo puedo hacerme [algo] mejor que esa casa. Pero tenemos todas las puertas de trabajo cerradas”, reclama.
En Morococha, si se tiene la suerte de tener un empleo, hay que cuidarlo. “Desde el día que ha llegado minera Chinalco nos vienen condicionando con el trabajo. Cuando firmas, te condicionan. Se cumple [el plazo de] tu contrato y ya no quieren renovarte”, dice Rolando Jerónimo, otro vecino de Morococha.
A diferencia de muchos conflictos sociales donde la población rechaza la minería, Morococha ha convivido por centurias con esta actividad y casi 80 años con la minería a gran escala. En un escenario así, una solución dependería de la disposición que tenga la empresa, el Estado -como facilitador- y la población para encontrar otra zona de reubicación, donde puedan estabilizarse y seguir desarrollando sus actividades económicas.
El problema es que la zona que les ha ofrecido la compañía no los convence.
Un pueblo reubicado
A 20 minutos del pueblo en ruinas, en el mismo distrito de Morococha, Chinalco ha construido una nueva ciudad de pequeñas viviendas de 54 metros cuadrados, alineadas en largos pabellones silenciosos.
La Nueva Morococha tenía el objetivo de recibir a las más de 1.200 familias de la antigua localidad. El reasentamiento comenzó en octubre de 2012.
Un informe del Ministerio de Vivienda de 2011 advertía que la zona escogida no era la más apta por una serie de riesgos, incluyendo el hundimiento del suelo debido a su humedad, las inundaciones y los sismos. Esta área se encuentra entre dos lagunas que podrían desbordarse con algún movimiento telúrico, señaló el Gobierno.
Antes del traslado, la empresa prometió a los moradores algunas mejoras. Ahora el 87% de las viviendas del distrito están fabricadas con cemento y ladrillo, y el acceso a los servicios básicos se ha incrementado de forma notoria, pues el 93% de los hogares tiene agua y el 95%, electricidad, de acuerdo con el último censo nacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática de 2017.
Sin embargo, la nueva localidad aún parece una maqueta. Es ordenada, pequeña, vacía e inerte.
“A veces se ven más perros que gente”, anota Karla Victoria, vecina y presidente de la asociación de comerciantes de esta nueva localidad. “Mire la calle. Es silencio. Y así es todos los días”, relata.
“El gran problema es que esta nueva ciudad no ha terminado de consolidarse como un espacio de vivienda adecuada. La gente está fuera del circuito económico de la zona, muy alejada de [otras] oportunidades económicas”, anota el economista y exviceministro José de Echave.
El poco movimiento preocupa a los comerciantes del lugar. Refleja el bajo consumo y los bajos ingresos de los vecinos. Victoria tenía tres restaurantes antes de ser reasentada. Hoy tiene uno. “Nos dijeron que la calidad de vida iba a ser mucho mejor. Nunca nos dijeron que íbamos a empeorar”, dice.
Según un estudio de la Universidad Nacional del Centro (2018), el 80,6% de los habitantes de Nueva Morococha considera que su situación económica era mejor en la antigua ciudad. El 76,2% cree que el comercio ha caído.
¿Qué pensaban antes del traslado? El Instituto Nacional de Salud recogió las percepciones de la población que aún habitaba la antigua Morococha en 2013, poco después de iniciado el proceso de reasentamiento. Su informe apunta que el 52% de los vecinos estaba de acuerdo con el cambio de zona, aunque el 76% aseguraba no haber participado en la mesa de diálogo en la que se decidió esta medida en 2006.
“No puede decirse que está completado el reasentamiento. Nunca se cumplieron todas las pautas establecidas y un tema central era la viabilidad económica de la ciudad”, advierte Javier Jahncke, abogado que acompañó a la comunidad en sus negociaciones con Chinalco a través de la ONG Red Muqui.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Toromocho, elaborado para Chinalco y publicado en 2009, aseguraba que “el campamento de […] operación formará parte de la nueva ciudad de Morococha”. Esta medida contribuiría con su movimiento comercial, pero a seis años de la reubicación sigue siendo una promesa en las mesas de diálogo.
“Construyeron una edificación, pero ahí no hay ningún trabajador”, asegura Jahncke.
“Objetivamente hablando, en el tema del reasentamiento Chinalco estuvo en conversaciones permanentes con las autoridades locales y ofreció concesiones, pero con un proyecto tan grande es difícil no tener algunos problemas remanentes”, advertía al diario chino 21st Century Business Herald una persona que conocía el caso. De hecho, a las viviendas cuyos dueños se niegan a salir se les llama en China ‘casas clavo’ -o ‘ding zi fu’- porque quedan solas como un clavo.
En la antigua Morococha, la realidad era muy distinta. Los empleados y subcontratistas de las empresas mineras Volcan, Argentum y Austria-Duvaz vivían en campamentos cercanos y visitaban con mucha frecuencia la localidad. “La dinámica económica que los trabajadores de estas empresas han generado en la [antigua] ciudad con sus compras locales y que da empleo [a] micro y pequeños negocios locales, tampoco se alterará por el desarrollo del Proyecto Toromocho”, aseguraba el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Chinalco.
La nueva ciudad, sin embargo, atraviesa un momento crítico. Karla Victoria advierte que el comercio ahora depende casi de manera exclusiva de la actividad de Chinalco, que -dice- tiene un concesionario de productos y alimentos en su propio campamento, algo que desincentiva el consumo en la ciudad. Tal situación puede incrementar más la asimetría en las relaciones entre la empresa y la comunidad. Sobre todo, si se alza la voz para reclamar.
Karla Victoria, que como representante del gremio de comerciantes reasentados traslada las quejas de estos a Chinalco, afirma haber recibido comentarios de algunos trabajadores subcontratados por la minera. Recuerda testimonios como este: “Señora, ya no le vamos a consumir. Nos han dicho que ya no le consumamos a usted. ¿Motivos? No sé y no le puedo dar más detalles, pero sí nos han dicho que vayamos donde fulano y mengano”.
“Y fulano y mengano son los que nunca se quejan, los que nunca reclaman nada, los que siempre están bien y son felicitados”, dice. “No sé cómo interpretarlo”.
De este modo, la dependencia económica ha generado cierta autocensura en los comerciantes y en los aspirantes a los puestos de trabajo.
“Lo que queremos es hacer las cosas con libertad, sin temor a que mañana nos ‘marquen’ o que no nos compren”, reclama Victoria. “Para eso tenemos que estar rodeados, como estábamos arriba, de más empresas mineras. Si no, cada negocio se irá apagando como una velita, como está sucediendo”, añade.
Un ejemplo claro de lo que atraviesa el comercio local es el nuevo mercado de abastos de la ciudad. A las 10 de la mañana de un viernes, los pasillos están oscuros y cubiertos de tierra. No hay clientes ni comerciantes en la gran mayoría de los cien puestos construidos. Solo hay atención en unos diez módulos cercanos a la puerta principal. “Es como día de feria”, indican varios pobladores.
El desempleo es otro factor que golpea los ingresos y el consumo. Otro de los escenarios que planteaba la minera en el Estudio de Impacto Ambiental era el de “brindar oportunidades de empleo de manera equitativa tanto para hombres como para mujeres en tanto reúnan los requisitos de capacitación necesarios para trabajar en el Proyecto [Toromocho]”.
En 2017, por ejemplo, la desocupación alcanzaba al 52% de la población, según una encuesta hecha por la Universidad Nacional del Centro a 294 viviendas de la nueva ciudad. La falta de empleo estable allí es una de las principales razones para que los habitantes de la antigua Morococha se opongan al traslado.
En retrospectiva, César Reyna, exasesor de la municipalidad de Morococha para el proceso de reasentamiento, cree que fue un error que los vecinos afectados aceptaran la venta de sus viviendas a Chinalco sin haber cerrado antes las negociaciones sobre las condiciones de su reubicación y la viabilidad de la nueva ciudad.
Es decir, el proceso “se dio al revés”: con sus tierras ya transferidas, la comunidad perdió capacidad de presión para exigir a la empresa el cumplimiento de sus compromisos. Esto se hace evidente en la mesa de diálogo que reúne a la población afectada, a las autoridades y a la minera, que comenzó a trabajar en 2008 y aún no alcanza un acuerdo definitivo. Al final, esta situación solo perjudica a los morocochanos.
Mientras tanto, sin términos claros no se avizora un futuro sostenible para la nueva capital distrital. El temor que manifiestan los vecinos es que Nueva Morococha se convierta en un pueblo fantasma.
La mayoría de las que se han ido son mujeres: En 2007, Morococha contaba con 5.397 habitantes: 3.176 eran hombres y 2.122 mujeres, según el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática del gobierno peruano. Diez años después, para el censo de 2017, de 5.155 habitantes censados el año pasado, 3.486 eran hombres y solo 1.669, mujeres.
¿Qué viabilidad ambiental, social y económica tiene Nueva Morococha? “Es una situación extrema, donde la organización y el tejido social ha sido quebrado, no hay una fortaleza para participar en los espacios de negociación, hay un problema ambiental con una relavera [la laguna Huascocha con desechos tóxicos] y la economía no funciona porque la empresa no cumplió”, dice el abogado Javier Jahncke.
Además, ya empezaron a hacerse evidentes los primeros signos de contaminación ambiental. El Ministerio de Salud diagnosticó en abril de este año a 27 niños menores de 12 años con intoxicación por plomo.
No es la primera ocasión que sucede. En 2014, Chinalco recibió una notificación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por mal uso de agua y debió suspender las operaciones de la mina temporalmente. En una entrevista con el diario económico 21st Century Business Herald, ejecutivos de la empresa sostuvieron que la empresa se comprometía a “cumplir estrictamente con todas la regulaciones y la supervisión local, inmediatamente deteniendo sus actividades mineras, contratando una evaluación científica y tomando todas las medidas para reiniciar actividades de nuevo tan pronto como fuese posible”.
Al final, la inversión del Estado peruano en el distrito de Morococha es reducida. En el presupuesto de 2017 se comprometió apenas 1,5 dólares per cápita para asuntos ambientales, 0,7 dólares para materia económica, 9 dólares para lo social y 160 dólares para lo institucional, según un reporte del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del gobierno peruano.
La tierra, el cobre, y la ley
Cerca de las seis de la mañana del viernes 7 de septiembre de este año, efectivos de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional llegaron a la Antigua Morococha en un minibús blanco sin señalización policial. Con escudos, cascos y fusiles, rodearon el deteriorado edificio municipal donde antes había funcionado un albergue de ancianos. Los obreros contratados por Chinalco apoyaron unas escaleras en su muro e iniciaron la demolición a golpe de comba.
Los vecinos les exigieron la autorización de demolición, pero fueron repelidos por el destacamento policial. A raíz de este incidente, 17 de ellos han sido denunciados por supuestos disturbios por un abogado de la compañía, entre ellos una mujer de 80 años, como consta en las notificaciones de la Fiscalía a las que accedió Convoca.pe. La municipalidad, a su vez, también ha puesto una denuncia contra la empresa por usurpación agravada y daño simple debido a la destrucción de esta infraestructura que considera pública.
El albergue, en realidad, es una pequeña parte de un extenso terreno de 34 hectáreas que se ha visto envuelto en un litigio entre la comunidad y la transnacional.
Hasta febrero de este año, el extenso predio era propiedad de la municipalidad distrital de Morococha, que se había comprometido desde 2003 a destinarlo para la titulación de los vecinos posesionarios de la localidad. Sin embargo, las 34 hectáreas están ahora a nombre de Chinalco gracias a una serie de veloces y eficaces gestiones de algunas autoridades peruanas.
“Esto ha sido muy rápido”, advierte Elvis Fuster, vicepresidente del Frente de Defensa de los Intereses de Morococha. El dirigente apunta que los movimientos burocráticos que hicieron que los vecinos de la localidad perdieran sus tierras coincidieron con los últimos meses de gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, hasta poco antes de su renuncia.
Para el sorpresivo cambio de dueño solo se necesitó la entrada en vigencia de dos normas. Y aplicarlas.
La primera, publicada en noviembre de 2017, fue un artículo de la ley de agilización de expropiaciones que convirtió en ilegal la posesión de predios en zonas de riesgo como medida de prevención de desastres. La norma fue aprobada por el Congreso peruano en el contexto de la reconstrucción nacional luego del fenómeno climático El Niño Costero, que ese año causó 162 muertes por lluvias e inundaciones, dejó más de 1,3 millones de damnificados y 373 mil viviendas afectadas, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Defensa Civil.
En la práctica, la prohibición de posesiones en estas zonas pondría al margen de la legalidad a cualquier vivienda de antigua Morococha y de cualquier otro sitio de características similares y riesgosas. Como consecuencia, se dispuso que la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN) pasaría a custodiar este tipo de tierras.
La segunda norma fue el reglamento de ese mismo artículo, que excluye a los propietarios de participar en las expropiaciones por estos motivos. Además, reguló la “declaración de intangibilidad” para fines de vivienda en este tipo de zonas riesgosas, de manera que dichos lugares se vuelven inhabitables. Esta última disposición entró en vigencia el 10 de enero de este año.
Las fechas son claves para entender la celeridad del proceso legal en Morococha.
Un día antes de la entrada en vigor del reglamento, el 9 de enero, se había aprobado la propuesta del Ministerio de Energía y Minas peruano para nombrar a Ricardo Labó Fossa, entonces viceministro de Minas, como presidente de Activos Mineros SAC (AMSAC), compañía del Estado peruano dedicada a la remediación ambiental y la supervisión de proyectos de minería. El 17 de enero, Labó asumió funciones en el directorio. El 18, la gerencia general de AMSAC solicitó la mencionada “declaración de intangibilidad” de las 34 hectáreas de antigua Morococha.
El nombre de Ricardo Labó destaca en esta operación. Este economista con larga trayectoria en el sector minero laboró entre 2006 y 2014 en la minera anglo-australiana Río Tinto, que en Perú opera el proyecto de cobre La Granja en el departamento norteño de Cajamarca.
A su vez, Río Tinto tiene entre sus accionistas a una importante empresa china. De acuerdo con su último reporte anual corporativo (2017), la Aluminum Corporation of China – propietaria de la Chinalco que opera en la zona de Morococha- controla el 10,32% del poder de voto en Rio Tinto Group a través de su offshore Shining Prospect Pte Ltd, con sede en Singapur. Ha participado del capital de esta corporación desde 2009: es decir, mientras Labó prestaba servicios en la compañía.
Desde el 26 de octubre hasta el cierre de este reportaje, insistimos de manera reiterada en una entrevista con los representantes de Minera Chinalco Perú SA. Nos comunicamos vía telefónica, enviamos correos electrónicos y reiteramos nuestra solicitud en la Oficina de Prensa. También dejamos mensajes para Álvaro Barrenechea Chávez, gerente de asuntos corporativos y vocero oficial, y una carta en las oficinas de la compañía en Lima con nuestras preguntas (que aquí enlazamos). De igual manera buscamos al exviceministro Ricardo Labó por teléfono, correo electrónico y mensajes a su cuenta personal en una red social. Hasta hoy no hemos tenido ninguna respuesta de la empresa o del ex funcionario.
Mientras tanto, el conflicto sigue latente en Morococha.
“Cuando se dijo que iba a llegar la empresa Chinalco [creíamos] que volverían las épocas de la Cerro de Pasco Copper [Corporation]. La población se alegraba, ¡se alegraba! ¡Por la puerta grande han entrado los señores! No sabíamos que iba a pasar esto”, comenta Máximo Díaz, el carpintero de 66 años que ha visto crecer en el tiempo a Morococha gracias a la explotación del mineral que este pueblo esconde bajo tierra.
Aunque hoy el megaproyecto Toromocho -que constituye la inversión más grande de su historia- amenaza la supervivencia de su comunidad, Máximo Díaz se mantiene firme y cree en la inversión responsable: “No estamos en contra de la minería, de ninguna manera. El cien por ciento apostamos por ella”. Pero él y los últimos vecinos continuarán exigiendo las condiciones que consideran justas. “No hay nada imposible para nosotros. Estamos haciendo respetar nuestros derechos, no otra cosa”.
Seis años después del inicio del proceso de reasentamiento de este pueblo, el conflicto social y la frustración aún dificultan la anunciada ampliación del proyecto Toromocho, que está en manos de un gigante chino que crece a pesar de los insistentes reclamos de sus últimos moradores.
Esta fue una investigación conjunta de Diálogo Chino y Convoca.pe.
