Decenas de comunidades indígenas en el sur del Perú, como la de Chuicuni, ven pasar la riqueza de la extracción de minerales desde sus hogares sin luz ni agua. En medio de derechos de explotación del agua sin estudios previos, ineficacia en el gasto público, pérdida de la propiedad comunal y derechos a la consulta previa vulnerados, desconfían de proyectos mineros como Las Bambas, de la empresa china MMG Limited.
¿Con quién vienen?, pregunta Rogers Ccoropuna, presidente de la comunidad Chuicuni.
El viento helado se burla del sol a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es tiempo de cosecha en los Andes y las plantaciones de trigo brillan más que nunca en la chacra del líder de Chuicuni, la comunidad indígena ubicada al costado de uno de los proyectos mineros más grandes y millonarios del Perú: Las Bambas, operada por la empresa china MMG Limited, subsidiaria de China Minmetals.
– ¿Con quién vienen?, insiste.
– Solo nosotros.
– No lo creo. Aquí la mayoría de los periodistas viene con la mina.
La desconfianza se ha convertido en la regla de convivencia en Chuicuni. La influencia de Las Bambas atraviesa todas las comunidades ubicadas en el distrito de Challhuahuacho. Las radios y sus programas son patrocinados por la mina; en los restaurantes, los comensales son trabajadores de la mina; en los hoteles, los huéspedes son consultores, ingenieros o más empleados de la empresa; lo mismo en los bares y discotecas.
Chuicuni es vecina del proyecto minero y está a 10 minutos de Challhuahuacho. A diferencia de esta, Chuicuni no tiene ni luz eléctrica, ni tiendas, ni viviendas de más de un piso. El agua que tienen la captan sin ningún tratamiento desde un manantial y la llevan a través de un tubo hacia una pileta en el centro del pueblo.
– Para esta obra cada comunero ha aportado entre 10 y 15 soles para cubrir los gastos. Eso lo hemos hecho nosotros, no la Municipalidad de ni el Gobierno. Nosotros.
Todo en Chuicuni ha sido construido por ellos mismos. La única forma de llegar hasta aquí es a través de un puente peatonal levantado sobre un río que construyeron “sin expediente técnico”, aclara con fastidio el dirigente. “No sabemos en realidad cuántas personas o peso puede soportar”. Pero la principal preocupación de Rogers Ccoropuna en estos días no es el puente, sino el agua. ¿Qué pasará si el manantial que abastece a todo el pueblo un día desaparece o si el proyecto minero afecta su calidad?
A esta región se la conoce como el ‘corredor minero sur’ por la cantidad de megaproyectos extractivos concentrados. Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre, cinc y plata. Y se estima que el 40% de la producción nacional de cobre proviene de este corredor.
– Nos lamentamos de vivir en esta comunidad. De nada sirve vivir pegadito a la mina.
Mirar la riqueza desde una casa sin agua
La vida en Chuicuni comienza antes de las 5 de la mañana y a 4 grados de temperatura. Desde una de las lomas más altas de la comunidad se ven los camiones y volquetas en movimiento de la operación minera, y al otro lado, un enorme cerco de metal devorándose las cumbres: las mallas dividen las tierras privadas de la compañía de las tierras comunales. El eco de los camiones quiebra el silencio de las montañas. Abajo, en el pueblo, las mujeres se levantan para obtener agua de la pileta comunal, preparan los desayunos de sus hijos, algunos hombres sacan a pastar al ganado.
Desde esta loma alta, Javier Huillca Puma -vicepresidente de Chuicuni- señala los linderos de la comunidad. “Antes nuestro vecino era la comunidad Fuerabamba, nuestro ganado iba de un lugar a otro sin problema. Nos entendíamos. Eso no ocurre ahora”, dice.
El 2004 el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo otorgó los derechos de exploración de Las Bambas y el 2014, con el inicio de las operaciones, Fuerabamba fue reubicada a una zona urbanizada en los alrededores de Challhuahuacho con todos los servicios básicos. Chuicuni permaneció en el mismo lugar, sin agua ni luz, y así recibió al nuevo y gigante vecino minero.
Desde entonces, los comuneros conviven con el ruido, el polvo y los pequeños temblores que dejan las explosiones para la extracción de minerales. Las 200 familias de esta comunidad han visto también cómo la mina instaló una planta para tratar el agua que usarán sus trabajadores y cómo luego enormes cables surcaron los cielos de sus casas para llevar la energía eléctrica a la mina, dejándolos a ellos a oscuras.
A pesar de su proximidad a las operaciones, Chuicuni no está considerada dentro de la zona de influencia directa de la minera. “La municipalidad nos dice que debemos negociar con la mina, y la empresa nos dice que debemos exigirles obras a la municipalidad porque nosotros no somos influencia directa”, se queja Ccoropuna.
Lo que el presidente de la comunidad demanda es agua y saneamiento. “Tememos que cambie el caudal del manantial y nos quedemos sin agua. A veces no sale mucha agua y tenemos que estar haciendo cola porque no alcanza”, dice.
La explotación de Las Bambas comenzó el 2014. Actualmente no existe evidencia sobre su impacto en los recursos hídricos. Los funcionarios de la Autoridad Local del Agua reconocieron en una reunión con Ojo-Publico.com que la cuenca de Apurímac no tenía estudios hídricos detallados cuando se entregaron los derechos de explotación de agua para la minería y cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental.
Los estudios más actuales que existen -aclararon con timidez los mismos funcionarios- los hicieron las mismas compañías mineras como parte del procedimiento para solicitar una licencia de uso del agua con fines mineros.
Un estudio de Priorización de Cuencas para la Gestión de Recursos Hídricos del 2016, estableció zonas de bajo, medio, alto y muy alto riesgo respecto al uso y disposición del agua. Rogers Ccoropuna no lo sabe, pero este documento califica a la Intercuenca Alto Apurímac, donde se encuentra el territorio de su comunidad, con un nivel de riesgo hídrico muy alto. Las conclusiones se basan en el análisis de estas variables: la demanda y oferta de agua, sequías, explotación de acuíferos y estudios sobre disponibilidad, calidad, contaminación, conflictos por el agua, población y pobreza.
Solo en las cuatro provincias del corredor minero del sur el gobierno peruano ha otorgado 147 derechos de explotación del agua con fines mineros. De estas, el 40% corresponde a aguas subterráneas, considerada por expertos como un recurso no renovable.
El número de derechos otorgados para fines agrícolas y domésticos es mucho mayor, pero la concentración de los puntos de captación de agua para la minería se encuentra en zonas consideradas cabeceras de cuenca, espacios estratégicos para la generación del agua y considerados por la legislación como espacios vulnerables.
La entrega de estos derechos de explotación de aguas limpias para uso minero no ha ido de la mano con la ejecución de obras públicas que garanticen el acceso a agua segura para las poblaciones urbanas e indígenas colindantes a las operaciones mineras. Una revisión de la ejecución presupuestal impulsada por los gobiernos locales y regionales detalla que se han construido más edificaciones o mantenimientos de vías que obras de saneamiento.
Rogers Ccoropuna reconoce que al inicio en su comunidad vieron con entusiasmo el proyecto minero: “Hemos estado totalmente a favor de la minera pensando que iba a traer ese impacto positivo, porque ellos dijeron que va a haber colegio, saneamiento básico, luz, todo eso, entonces apoyamos, pero no tenemos nada”. Sobre las casas de barro de Chuicuni los enormes cables rayan el cielo para llevar energía eléctrica a la mina.
El día en Chuicuni acaba cuando el sol se oculta. En su casa, la pequeña Nadith de 8 años -sobrina de Rogers- enciende una vela para leer un libro. Afuera, solo hay sombras.
Las contradicciones del distrito más rico
Una de las primeras cosas que te dicen al llegar a Challhuahuacho es que te fijes en el número de camionetas que circulan por sus calles sin asfaltar y sepultadas en charcos de agua. El tamaño de estas 4×4 -todas de marcas y modelos costosos- contrasta con la estrechez y laberíntica forma de sus vías. Estos poderosos vehículos todoterreno fueron los primeros bienes que los campesinos se compraron con el pago por las ventas de sus tierras o compensaciones del proyecto minero Las Bambas.
El distrito más rico de los Andes del sur tiene probablemente una de las tasas más altas de camionetas para un distrito de 7 mil habitantes, pero no tiene servicio de agua potable y sus residuos y desperdicios son arrojados al río. Challhuahuacho tiene 38 comunidades campesinas quechuas y un presupuesto estimado de 41 millones de dólares este año, un monto similar al de los distritos con mayores ingresos en Lima. En solo 6 años esta municipalidad multiplicó casi 30 veces su presupuesto.
Challhuahuacho parece haber sido poseída por la misma maldición de otros distritos mineros del Perú: millonarios presupuestos, deficiente ejecución en obras públicas, indicadores sociales estancados y corrupción. El actual alcalde Antolín Chipana Lima está preso e investigado por lavado de activos y malversación de fondos. Antes de ser elegido el 2014, fue una de las voces más críticas contra la minería. Cuando lo detuvieron, en marzo de este año, en su vivienda encontraron el equivalente a 3,500 dólares en efectivo. En la casa de su secretario general, Dionisio Maldonado, también detenido, se decomisaron 14,900 dólares.
Hay tanto polvo en Challhuahuacho que resulta ocioso limpiar las ventanas de autos, viviendas y tiendas: una gruesa cáscara de tierra lo cubre todo, todos los días. Al tránsito de las 4×4 en el pueblo se suman los autos y taxis colectivos, y, sobre todo, las decenas de gigantes camiones que diariamente trasladan toneladas de cobre procesado.
Otro desfile de camionetas se repite al interior del Centro de Salud de Challhuahuacho. Son unidades averiadas o en mal estado. “Nos envían vehículos que no se ajustan a la realidad de esta zona y se malogran al poco tiempo, y en otros casos nos han donado unidades ya obsoletas”, explicaron integrantes del personal de salud que prefirieron no identificarse.
Los vehículos malogrados no son el principal problema del Centro de Salud. El biólogo Hubert Firata dice que la anemia y la mala calidad del agua están amenazando la salud de la población de Challhuahuacho y de las decenas de comunidades indígenas ubicadas en la zona de influencia minera. “El agua no es segura, la que llega a las viviendas es entubada, y solo a veces le echan la dosis necesaria de cloro”, dice.
Una semana antes de nuestra visita, Hubert Firata analizó varias muestras del agua que llega a las viviendas de la zona. “Para que sea segura debe tener 0,5 mg/L de cloro, pero en las muestras que analizamos de varios sectores de Challhuahuacho las cantidades de cloro llegaban ni al 0,1 mg/L. Con esa cantidad es imposible eliminar la carga bacteriológica del agua. La municipalidad debería hacer la limpieza y la cloración pero no lo hacen”, sostuvo.
Las cifras de la Dirección Regional de Salud señalan que entre el 2016 y el 2017 la desnutrición crónica en la zona se incrementó en un 30%. “Hay incluso personal médico que tiene desnutrición y anemia. Aunque los casos más graves los hemos encontrado en gestantes”, detalla.
El incremento de la desnutrición y la anemia está relacionada a los cambios del hábito alimenticio en las comunidades. Como ha sucedido con otras zonas impactadas por actividades extractivas, la inversión dinamiza la economía local, hay más empleo y comercio. “Los niños y adultos comen ahora más carbohidratos y alimentos procesados. Se está abandonando el consumo de productos de la zona”, dice Firata. Cada día el centro de salud recibe en promedio 30 pacientes niños.
Por su naturaleza el centro de salud no tiene todas las especialidades. Si se trata de una emergencia los pacientes tienen que acudir a Tambobamba, ubicado a una hora de distancia, y en casos más graves, a Cusco, a ocho horas en auto.
Por falta de ambulancias los pacientes no pueden ser trasladados a hospitales especializados. Si los familiares tienen recursos económicos, costean los gastos del traslado, pero las familias más pobres se quedan. Uno de los médicos del centro de salud cuenta el caso de una paciente menor de edad que tiene las manos quemadas porque las sumergió en agua hirviendo. “Aunque necesite atención especializada no puede viajar al Cusco porque sus padres no tienen dinero para cubrir el traslado”.
Los contrastes económicos en esta zona son visibles. Hay dos formas de entender Challhuahuacho: desde la falta de servicios básicos en comunidades como Chuicuni; o desde todos los servicios que la compañía minera ha garantizado a Nueva Fuerabamba, el sector a donde fue trasladada la comunidad cuando se halló la enorme veta de cobre.
Fuerabamba es un enorme complejo residencial de 500 casas. Las casas son todas iguales, tienen tres pisos, un huerto y están enrejadas. Las pistas son asfaltadas, tienen energía eléctrica, agua y saneamiento permanente, escuela con todos los servicios y un completo centro de salud. Muchos de los comuneros que viven aquí se dedican ahora al comercio.
Minería y derechos sobre la tierra
Más de la mitad de las comunidades indígenas quechuas no tienen adecuadamente georeferenciadas sus límites de tierras comunales, y estas no están tituladas e inscritas en los Registros Públicos. En estas condiciones, entre el 2012 y el 2015, gran parte de los proyectos mineros impulsados en esta zona del corredor minero sur fueron aprobados.
En ese mismo contexto se discutía la publicación de la base de datos de comunidades indígenas con derecho a los procesos de consulta previa. El mecanismo obligaba al Estado a consultar a las comunidades los proyectos o iniciativas que puedan afectar sus vidas, territorios y derechos.
Durante aquellos años -como reveló una investigación anterior de Ojo-Publico.com- el gobierno del ex presidente Ollanta Humala tuvo acceso a una base de datos preliminar que identificaba comunidades indígenas quechuas en el corredor minero del sur, pero decidió no hacer pública esta información. La nueva lista completa solo se conoció el 2016, cuando varios inversiones mineras ya estaban en marcha.
Nunca hubo consulta previa en Chuicuni, a pesar de que aparecía en la base de datos preliminar de pueblos indígenas a la que el gobierno tuvo acceso cuando aprobó el inicio de operaciones de Las Bambas. En la publicación del 2016 de la información final de la lista de comunidades indígenas con derecho a la consulta previa, Chuicuni ya no aparece como indígena. Rogers Ccoropuna no lo sabía: ni que estuvieron antes, y ni que ahora están considerados como tal.
¿Por que antes sí aparecían y ahora no? ¿Quién es indígena en el Perú? Los Andes concentran más del 70% de los pueblos indígenas de todo el país. La comunidad de Chuicuni está inscrita en Registros Públicos, pero sus límites comunales tampoco están adecuadamente georeferenciados e inscritos. La comunidad fue reconocida como tal en 1986 y ahora tiene un tamaño de 854 hectáreas. En su momento el argumento del Estado para no realizar la consulta previa en las comunidades indígenas próximas a Las Bambas fue que no se conocía la base de datos y que además estas no tenían sus límites geográficos claros.
Rogers Ccoropuna explica que en su comunidad no han podido hasta ahora georeferenciar sus linderos porque elaborar los expedientes técnicos requiere de un presupuesto alto. “No tenemos el dinero para hacer todo eso”. Los escasos montos que la comunidad logra juntar lo utilizan para construir, por ejemplo, una improvisada red de tubos que traslada el agua desde el manantial hasta el corazón del pueblo.
A las comunidades ubicadas en la zona de influencia de Las Bambas tampoco se les consultó la modificación del Estudio de Impacto Ambiental, que eliminaba la instalación de un ducto subterráneo para el traslado de minerales (mineroducto), con el objetivo de transportarlos en adelante por la carretera. “Nunca estuvimos al tanto”, dice el líder.
Hasta el 2014, Las Bambas pertenecía a Glencore Xtrata, el gigante suizo de la minería. Ese año vendieron el proyecto a un consorcio de empresas chinas lideradas por MMG Limited. Al inicio de las operaciones mineras, la comunidad de Chuicuni, como otras de la zona, estaban de acuerdo con el proyecto minero. “Muchos apoyamos, creíamos que íbamos a tener trabajo. [Glencore Xtrata] nos ofreció de todo. Ahora cuando les reclamamos nos dicen que esos tratos los hizo la dueña anterior”.
Javier Huillca, vicepresidente de la comunidad de Chuicuni, dice que cuando Glencore Xtrata era la dueña de Las Bambas, esta se había comprometido a pagarles un monto por el uso de su territorio para el pase del mineroducto, pero con el cambio del Estudio de Impacto Ambiental, y el reemplazo del ducto por la carretera, Chuicuni se quedó sin esa compensación. Hace tiempo que en las ferias dominicales de las comunidades vecinas de Haquira y Patahuasi la gente no quiere comprar trucha. “Tienen miedo que esté contaminada”, dice.
Este reportaje fue realizado por Ojo Público en el marco de su especial investigativo ‘Dueños del agua’. Diálogo Chino agradece su permiso de reproducir una versión editada del reportaje.