Los grupos de la sociedad civil de América Latina han celebrado la aceptación por parte de China de la gran mayoría de sus recomendaciones de derechos humanos presentadas en una revisión de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, durante el año pasado, pero aseguran que observarán de cerca su implementación.
El 15 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU llevó adelante una sesión de revisión, conocida como Examen Periódico Universal (EPU), en la cual China aceptó 284 de las 346 recomendaciones para la defensa de los derechos en donde hayan sido violados en el marco de sus proyectos de extracción e infraestructura.
“Tenemos que celebrar el hecho de que las recomendaciones fueron aceptadas”, dijo Sofía Jarrin, coordinadora de medio ambiente y pueblos indígenas del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador (CDES). “Este es un mecanismo voluntario para que pueda ser rechazado fácilmente. No esperábamos mucho “.
CDES se unió a grupos de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Bolivia y Perú para elaborar un informe sobre las violaciones registradas en 18 proyectos gestionados por 15 proyectos chinos de minería, petróleo y energía hidroeléctrica.
El informe advirtió sobre un patrón de violaciones en todos los proyectos, incluido el hecho de no adoptar medidas que cumplan con las “obligaciones extraterritoriales” de China a fin de proteger los derechos en los países receptores.
Los registros de derechos humanos de los Estados miembros de las Naciones Unidas son examinados cada cinco años. Esta fue la tercera revisión de China y se centró especialmente en sus responsabilidades en el extranjero.
Enfoque ambiental
Hubo alrededor de 20 recomendaciones relacionadas con los derechos humanos y el medio ambiente, un número récord en comparación con las dos revisiones anteriores de China.
20
recomendaciones relacionadas a los derechos humanos y el ambiente
China aceptó dos recomendaciones de Ecuador y Perú, quienes solicitaron medidas para garantizar que los proyectos de infraestructura chinos sean compatibles con los derechos humanos y las normas ambientales nacionales.
“Las dos recomendaciones fueron extremadamente útiles para el proceso del EPU”, dijo Paulina Garzón, jefa de la Iniciativa de Inversiones Sostenibles China-América Latina. Además, agregó que también ayudaron a los gobiernos a “comprometerse con las comunidades afectadas por los proyectos chinos y a tomar posiciones progresivas sobre los derechos humanos y el medio ambiente”.
Además de las recomendaciones de los países sudamericanos, China aceptó propuestas de Palestina, Haití, Fiji, la República Democrática del Congo y Kenia, los cuales le solicitaron a China que considerara el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), principios marco de la ONU en derechos humanos y cambio climático al momento de invertir en el exterior.
Bienvenida cautelosa
Si bien el número de recomendaciones aceptadas es motivo de optimismo, las comunidades afectadas por los proyectos chinos dicen que hay alguna forma de garantizar que se respeten los derechos humanos.
Adolfo Chávez, representante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas (COICA), que revisó la mina El Mirador en Ecuador y otros cuatro proyectos ejecutados por empresas chinas, aseguró que el diálogo es sumamente necesario.
“Es un primer paso. Ahora nos gustaría sentarnos con los representantes chinos y elaborar una hoja de ruta para mejorar y superar las dificultades existentes”.
COICA concluyó que los cinco proyectos violaron los derechos de 455 grupos indígenas en la cuenca del Amazonas ya que se llevaron a cabo sin su consentimiento previo y se vuelve vital el monitoreo del historial de derechos de China.
“No podemos simplemente esperar a que actúen por su cuenta”, dijo Chávez.
Sarah Brooks, gerente de programas para Asia del Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR), coincide. “Los activistas en China y en el extranjero deben solicitar una explicación y monitorear para garantizar una regulación total y efectiva de los negocios chinos”, dijo.
Brooks dijo que, a pesar de aceptar muchas recomendaciones, en toda China se rechazaron alrededor del 20%, considerándolas “politizadas” y afirmando que algunas de las recomendaciones más fuertes ya “habían sido implementadas”.
31
el número de recomendaciones de la EPU que China dijo que ya "había implementado"
En su primer EPU en el 2009, China aceptó 42 recomendaciones y rechazó 50. Cinco años más tarde, recibió 252 recomendaciones adicionales, aceptando 204 y rechazando 48. De ellas, China dijo que 31 ya se habían implementado y ocho se estaban implementando en la actualidad.
En la sesión de noviembre de 2018, el gobierno señaló que en abril de este año había promulgado 28 nuevas leyes relacionadas con los derechos humanos y había emitido e implementado el tercer plan nacional de acción de derechos humanos en el 2016.
Zhao Shukun, profesor de derechos humanos, escribió en un artículo de opinión sobre el EPU: “En lugar de hacer promesas vacías, China cree en un progreso gradual en el desarrollo de los derechos humanos, porque eso es lo que aporta beneficios concretos a las personas”.
El artículo, que apareció en el diario estatal China Daily, afirmó que la aceptación por parte de China de 284 de las 346 sugerencias en la revisión “dice mucho” sobre el progreso que China ha logrado en el frente de los derechos humanos.
Sin embargo, según Brooks, China no ha informado sobre su progreso “a mediano plazo” en la implementación de las recomendaciones de derechos, lo que supuestamente debe hacerse dos años después de las revisiones, en las dos ocasiones anteriores.
“Es poco probable que las recomendaciones del EPU se puedan usar para mejorar de forma directa las prácticas del gobierno chino “, dijo.
