En las últimas dos semanas, Antigua y Barbuda, Nicaragua y Panamá ratificaron el Acuerdo de Escazú, dándole un empujón crucial al tratado regional y sin precedentes en el mundo que busca mejorar el acceso a información pública, la participación ciudadana y la justicia en temas ambientales.
Eso significa que solo faltan tres de los 11 países necesarios para que entre en vigor este innovador acuerdo, que se negoció durante tres años en el marco de la CEPAL y que se abrió para firmas durante la Asamblea General de Naciones Unidas de 2018.
Catorce países están pendientes de ratificarlo aún. Eso incluye a Colombia, que reversó su posición en contra del acuerdo tras una fuerte presión ciudadana y terminó firmándolo en diciembre de 2019.
Entre los problemas urgentes de la región están la rampante impunidad en esos crímenes contra defensores ambientales (y ocupando el primer lugar en asesinatos de esos líderes), la falta de cumplimiento del derecho que tienen las comunidades a ser consultadas sobre los posibles impactos de grandes proyectos de desarrollo y las dificultades para acceder a la información sobre éstos.
Este es el ABC del Acuerdo de Escazú:
¿Por qué importa el tratado de Escazú y su impulso?
- Busca que los ciudadanos puedan tener acceso más completo a la información pública en temas ambientales, incluyendo sobre grandes proyectos de desarrollo
- Promueve una mayor participación ciudadana en decisiones ambientales
- Busca que los ciudadanos tengan mayor facilidad de acceso a la justicia en temas ambientales
- Propone prevenir, investigar y sancionar todos los ataques contra defensores de los derechos ambientales. Es el primer tratado internacional que contempla medidas específicas para protegerlos.
¿En qué va Escazú?
- Se necesita que 11 de los 33 países de América Latina y el Caribe lo ratifiquen para que pueda entrar en vigor.
- Ya lo ratificaron: 8 países (Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay)
- Ya lo firmaron y está pendiente su ratificación: 14 países (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Guatemala, Haiti, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía)
- No lo han firmado aún: 11 países (Chile, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Honduras, Suriname, Trinidad y Tobago, y Venezuela)
- Un país afirmó públicamente que no lo firmará: Chile.
¿Por qué es necesario Escazú para proteger a líderes ambientales?
América Latina ocupa el deshonroso primer lugar en todos los niveles de riesgo para defensores ambientales
Según el informe de Michel Forst, el relator especial de la ONU para defensores de derechos humanos, presentado a Naciones Unidas en 2016:
- El top 10 de países más peligrosos para los defensores ambientales incluye 6 de América Latina: Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú
- 48% de las 135 comunicaciones enviadas por Forst a gobiernos y empresas sobre violencia contra defensores ambientales giran en torno a casos en la región
Según el último informe anual de la ONG Global Witness, 164 defensores ambientales fueron asesinados en 2018 en el mundo:
- Más de la mitad ocurrieron en América Latina, que ha sido la región más violenta para defensores ambientales desde que empezaron a compilar el informe en 2012
- Colombia, Brasil, Guatemala y México figuran entre el deshonroso top 6. También registraron asesinatos Honduras, Venezuela y Chile.
- Por primera vez desde 2012 Brasil no ocupó el primer lugar, aunque aparece cuarto. Guatemala vio el número de asesinatos quintuplicarse, con lo que se volvió el país más peligroso para ellos per capita
El proyecto periodístico Tierra de Resistentes, que reunió a más de 35 periodistas de siete países, investigó la situación de los defensores ambientales en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú:
- Encontraron al menos 1.356 ataques y episodios de violencia contra defensores ambientales entre 2009 y 2018 en esos siete países
- El blanco de 56% de esos ataques pertenece a alguna minoría étnica, demostrando que los territorios indígenas y afrodescendientes son especialmente vulnerables a intereses criminales
- Solo encontraron datos concluyentes de sentencias (condenatorias o absolutorias) en 50 casos (o 3,68% del total), mostrando que la administración de justicia registra una de las mayores deudas en estos ataques. En buena parte de estos casos esas sentencias cobijaban a los autores materiales, no a los intelectuales.
- Al menos en 545 casos de ataques (o 40.19% del total), hubo denuncias de las víctimas y sus comunidades frente a las autoridades, desde instituciones estatales hasta instancias internacionales como la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos
