Latinoamérica es la región más peligrosa para los defensores medioambientales, con la violencia, la intimidación y el asesinato como amenazas demasiado comunes para aquellos que buscan proteger la Tierra y sus territorios.
Frente a los lentos avances a nivel nacional para proteger a estos activistas y garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública y la justicia, en 2018 se puso en marcha el Acuerdo de Escazú. Abierto a las 33 naciones de América Latina y el Caribe, tiene como objetivo consagrar estos derechos a nivel regional. Entró en vigor en 2021 y hasta ahora ha sido ratificado por 15 países.
En vísperas de la conferencia extraordinaria de las partes (COP) del Acuerdo de Escazú, que se celebrará en Buenos Aires, Argentina, del 19 al 21 de abril, Diálogo Chino habló con Carlos de Miguel, Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible y miembro de la Secretaría del Acuerdo de Escazú, desde donde se coordinan las acciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para la organización y orientación del Acuerdo.
El economista, que también dirige líneas de investigación sobre cambio climático, políticas públicas y aplicación de instrumentos económicos a la gestión ambiental, comenta los desafíos a los que se enfrenta el Acuerdo.
Diálogo Chino: ¿Cuáles considera que son los principales avances de Escazú?
Carlos de Miguel: Más allá de la aprobación de las reglas de procedimiento se dio un avance muy importante con la creación de un grupo de trabajo de composición abierta para avanzar en la protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y un foro anual [para los defensores].
También se dio la reelección de seis nuevos representantes del público, un nexo para canalizar las preocupaciones del público, a través de un proceso de votación abierto. Finalmente se ha avanzado con las hojas de ruta para los planes de implementación nacional en la región. Ahora se están avanzando en Chile, Argentina, Uruguay, México, Ecuador y Santa Lucía. Está siendo un año intenso de acciones de Escazú.
¿Cómo se viene dando la participación del público?
El Acuerdo es un proceso participativo y abierto. Cualquier persona puede participar teniendo en cuenta que haya una representación geográfica. La única restricción es el aforo físico, pero puede seguirse por transmisión online. Lo que sí es que hay representantes electos que permiten canalizar las preocupaciones o recomendaciones del público. Cuando surgen intereses los representantes son quienes los plantean [a la Secretaría de Escazú].
De hecho la creación del grupo de trabajo sobre defensores y el foro vino de la participación del público y de la incidencia de los representantes electos. Esto porque el la COP pasada el principal objetivo fue aprobar las reglas de procedimiento, pero se avanzó en esta área dada la situación regional y la participación de los actores.
En noviembre del año pasado se celebró en Quito (Ecuador) el primer foro regional de defensores, que reunió al grupo de trabajo con expertos y público, incluidos defensores de los derechos humanos, pueblos indígenas y comunidades locales. ¿Cuáles fueron algunas de sus propuestas?
El Primer Foro Regional de Defensoras y Defensores se realizó en Quito, Ecuador. Se organizó conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Alto Comisionado de los Derechos Humanos, tuvimos el apoyo del Banco Mundial.
Se tuvieron diez mesas de trabajo que ayudaron a plantear las problemáticas y soluciones a escala regional o nacional y que son insumos importantes que el grupo de trabajo toma como elementos para avanzar. Se planteó la elaboración de un Plan de Acción que se está construyendo y que se tiene que discutir y aprobar en la segunda COP ordinaria en 2024.
¿Por qué esperar hasta el 2024 teniendo en cuenta el contexto de amenazas y asesinatos a los defensores ambientales?
Una cuestión es esto que está avanzando a nivel regional y en paralelo los Estados parte también están avanzando con sus planes de implementación nacional. Además, como una tercera vía, hay varios países que específicamente están trabajando para resolver la problemática de defensores mediante la elaboración de protocolos, reglamentos. Esto incluye países que todavía no son parte como en el caso de Perú con la implementación de un Mecanismo Intersectorial. Una vez que firmó el Acuerdo, aunque no lo haya ratificado, Perú empezó a trabajar.
¿La falta de ratificación del Acuerdo podría ser una alternativa frente a las tareas pendientes y los pocos resultados de iniciativas como el Mecanismo Intersectorial en Perú?
Creo que hay que disociar. La no ratificación puede obedecer a múltiples razones y a procesos de desinformación. Pero otra cosa tienen que ver los actores desde el gobierno que ya han venido avanzando, en la medida de sus posibilidades, en algunos de los aspectos incorporados en el Acuerdo de Escazú.
Fortalecer el estado de derecho en cualquier país va a ayudar a avanzar en la protección de los defensores ambientales. Cualquier Estado debería avanzar en la protección de los defensores, con independencia de este tratado u otros. Lo que sí hace el Acuerdo es poner un foco en esta problemática, y los países que consideran que esto es importante están poniendo una especial atención para que esto no pase. Esto incide en las prioridades nacionales y en el apoyo entre los países a nivel internacional para esta temática.
¿Cuál es su opinión sobre las declaraciones de opositores al Acuerdo al señalar que algunos países tienen suficiente normativa e instrumentos en materia ambiental, y que Escazú representaría por el contrario la pérdida de soberanía o la limitación de inversiones?
Discrepo. Si con lo que hay estuviésemos tan bien, no pasarían las cosas que pasan. ¿Qué significa que algo sea suficiente? No parece que sea una realidad conforme a los datos ya que no todos los países tienen todo lo que está en el Acuerdo de Escazú. Hay países que han mejorado en sus marcos normativos ya que Escazú es un piso, no un techo. Entonces no es suficiente nada porque no hemos resuelto el problema. Es como decir que ya tengo una ley de cambio climático, no necesito hacer nada más.
Por el tema de la soberanía, si uno lee el Acuerdo, se dará cuenta de que esto no tiene nada que ver con esa preocupación. El sujeto obligado es el Estado, los otros actores como los ciudadanos, las empresas, los sindicatos, la academia son sujetos beneficiados del Acuerdo. Pueden pedir información, tienen derecho a participar, a pedir acceso a la justicia. Además, se tiene conexión con el sector privado porque el Acuerdo recomienda cómo deben ser los procesos de participación en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que ya existe en los países, para que se haga bien, para prevenir los conflictos. La conflictividad sí frena las inversiones.
¿Puede esperarse que el Acuerdo sea efectivo sin la participación de una mayor parte de países de la región?
Fue una discusión que hubo en Perú. Dijeron “han ratificado muy pocos países y son básicamente caribeños”, como diciendo que es otra realidad. Después de eso ratificaron México y Argentina y ya no pudieron decir eso. Después dijeron “nuestros vecinos competidores no han ratificado”. Luego ratificaron Ecuador, Bolivia y Chile. Dejaron de ser pocos países. Recientemente ratificaron Belice y Granada. Entonces todos esos argumentos han ido cayendo por su propio peso.
Los países siguen ratificando. Lo importante es el compromiso de los países con el desarrollo sostenible, con proteger a sus comunidades y aprovechar los recursos de manera sostenible sin destruirlos. Si los países avanzaran así, obviamente el Acuerdo sería una pequeña herramienta. Es mejor que estén todos los países de la región y cuantos más haya mejor porque se pueden ayudar entre ellos.
