Desde hace algunos años Chile se ha posicionado como uno de los países referentes de América Latina en temas medioambientales al tener, entre otros, la presidencia de la COP25 de cambio climático en 2019 y promover el Acuerdo de Escazú.
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La cantidad de países a los que aplica el Acuerdo de Escazú
Pero un giro de opinión sobre este último ha hecho tambalear esa imagen. El país pasó de ser uno de los principales impulsores de este tratado único a nivel mundial a decidir no firmarlo. La razones dadas por el gobierno chileno, argumentando una difícil implementación del acuerdo, no convencen a todos.
Mejorar el acceso a información pública y la participación ciudadana en temas medioambientales, así como proteger a los defensores ambientales en América Latina y El Caribe son los principales objetivos del Acuerdo de Escazú.
De los 33 países a los que se aplica el acuerdo, 11 lo han ratificado, el umbral para que entre en vigor. Aún así, los dos últimos países en hacerlo, México y Argentina, aún tienen que formalizar la ratificación en Naciones Unidas.
Decisión de último minuto
El periodo para firmar el Acuerdo de Escazú, y que se extendió por dos años, se abrió el 27 de septiembre de 2018. Pocos días antes, el Presidente Sebastián Piñera hizo un llamado al resto de los países para que lo firmaran, pero un par de días más tarde el mismo gobierno chileno cambió de opinión.
El litigio con Bolivia que en esa época estaba pendiente en la Corte Internacional de Justicia, sobre una salida al mar de esta nación, fue la principal razón del giro. A juicio del Gobierno chileno, firmar Escazú permitía otra eventual demanda por parte del país altiplánico.
Luego de detener la firma en 2018, diversos expertos en derecho internacional desestimaron el argumento, asegura Valentina Durán, profesora de la Facultad de Derecho y directora del Centro de Derecho Ambiental, ambos de la de la Universidad de Chile. Aún así, la decisión no se revocó.
La decisión causó al menos extrañeza. Esto por el papel de liderazgo que Chile había desempeñado desde la misma gestación del Acuerdo, en 2012 en Río+20 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible), durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).
Este ímpetu estaba en línea con lo que Chile venía haciendo a nivel interno, explica Gabriela Burdiles, directora de Proyectos de la ONG chilena FIMA.
La reforma de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente sumada a las mejoras en temas medioambientales como la descarbonización y la expansión de las energías renovables coincidían con el ánimo de promover el primer acuerdo sobre el tema de la región. Incluso, el país era uno de los pocos que en ese momento promovían que Escazú resultara ambicioso y vinculante.
Es así como entre 2014 y 2018 Chile lideró junto a Costa Rica las negociaciones para establecer un documento consensuado de Escazú. Además de ser el primer acuerdo de su tipo en la región, Escazú es importante por la forma en que se negoció, asegura Valentina Durán.
“Por primera vez se incluyó a la sociedad civil de forma abierta. En Chile existieron consultas públicas entre cada una de las rondas de negociación”, cuenta la académica. En general, a nivel mundial este tipo de acuerdos no tiene cabida a la voz de terceros y se negocian a puertas cerradas entre los equipos especializados de los países involucrados. De esta manera el texto, que fue discutido durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), era conocido por los distintos estamentos de la sociedad.
A juicio de Gabriela Burdiles desde siempre Sebastián Piñera tuvo la intención de ser líder en la región en temas ambientales y Escazú fue parte de esa visión. “Pero después se dio cuenta de que el cambio climático genera conflictos para algunos sectores y pone más riesgos a la inversión”, opina.
Valentina Durán coincide con este diagnóstico. “Es posible que exista presión por parte de algunos sectores empresariales que todavía creen, erradamente, que la protección del medio ambiente va en contra del desarrollo económico”, dice.
Revisión interna del acuerdo en Chile
El 9 de septiembre pasado la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile recibió los antecedentes de la negativa de firmar el Acuerdo de Escazú. Allí, el Canciller Andrés Allamand aseguró que el Gobierno no había cambiado de opinión y que los términos del Acuerdo eran “inconvenientes” para Chile.
Entre ellos se cuentan los eventuales cambios en la legislación ambiental chilena que generarían incertidumbre jurídica; los alcances interpretativos de algunos de sus principios; la naturaleza de sus obligaciones y compromiso que son ambiguos y de difícil cumplimiento; y la posibilidad de que el país sea llevado a tribunales internacionales.
Es posible que exista presión por parte de algunos sectores empresariales que todavía creen, erradamente, que la protección del medio ambiente va en contra del desarrollo económico
Luego, el 22 de septiembre, tanto el canciller como la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, fueron citados a la comisión de Medio Ambiente del Senado, junto con algunos especialistas del tema, incluida Valentina Durán.
En la oportunidad la Ministra Schmidt aseguró que el Gobierno de Chile apoya plenamente cada uno de los fundamentos y principios base del tratado de Escazú. “El problema es la forma en que quedó finalmente redactado, la que introduce importantes incertidumbres que no son posibles de solucionar, ya que no admite ningún tipo de reserva”.
La Ministra además aseguró que la decisión de no firmar el Acuerdo es del gobierno como un todo y no de un ministerio en particular. En este contexto aseguró que se está considerando avanzar en la firma de un tratado de participación ciudadana, transparencia y acceso a justicia ambiental “con un estándar de claridad y certeza mayor al establecido actualmente en Escazú”.
La gran diferencia estaría en que el nuevo documento deberá entregar certeza y claridad a todos los actores, “sin exponer al Estado de Chile a tribunales internacionales por ambigüedades de interpretación en conflictos internos”.
Como parte del proceso aclaratorio la Cancillería, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, dio a conocer un documento que explica la decisión de no firmar el Acuerdo. Escazú condicionaría la legislación ambiental de Chile e introduciría obligaciones para Chile ambiguas, amplias e indefinidas, de acuerdo al documento.
“Se advierten de una serie de riesgos que son muy cuestionables, que son más bien hipótesis de laboratorio”, asegura Valentina Durán. El Acuerdo no remplazaría las normas del derecho chileno como se plantea en el documento, agrega.
“Escazú contempla el avance progresivo en la implementación del acceso a la información y la protección de los defensores, lo que debe hacerse en el marco de las legislaciones de cada nación”, dice.
Gabriela Burdiles concuerda y asegura que los argumentos son totalmente debatibles. Si bien la especialista reconoce que en la idea original del Acuerdo el punto de los defensores ambientales no estaba incluido con tanta fuerza, como quedó finalmente, a su juicio el rechazo da un mensaje muy grave al establecer que ellos no merecen protección.
No se entiende la decisión del Gobierno de no firmar el acuerdo más importante de los últimos 20 años, opina Sebastián Benfeld, representante de Escazú para Chile de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El lado positivo de la negativa del Gobierno a firmar ha sido la notoriedad que el Acuerdo de Escazú ha alcanzado en todos los niveles, opina Gabriela Burdiles. “Este es un coletazo indirecto, en el que se han involucrado muchas organizaciones de jóvenes”, asegura.
La campaña Escazú Ahora Chile comenzó en marzo pasado y movilizó a miles de ciudadanos en las redes sociales para impulsar que el gobierno firme el Acuerdo. Benfeld, el coordinador nacional de la iniciativa, sostiene que la iniciativa ha logrado mucha fuerza, a pesar de la pandemia del Covid-19.
Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el de Medio Ambiente de Chile fueron consultados por Diálogo Chino pero ambos declinaron hacer declaraciones acerca de Escazú, aduciendo que ninguno ha hablado directamente con la prensa sobre el tema.
