La elección de un nuevo gobierno en el Perú no es vista como una oportunidad para retomar el debate sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú. Las poblaciones indígenas y otros defensores de este pacto internacional no se sienten optimistas con respecto a la posición sobre este tratado de los dos candidatos que disputarán la presidencia de la República en una segunda vuelta electoral, ni frente al próximo Congreso.
La esperanza de volver a poner en la agenda política el Acuerdo de Escazú está centrada en aquellos jóvenes que protestaron cuando el Congreso decidió archivar el proyecto de ratificación enviado por el entonces presidente Martín Vizcarra, el 5 de agosto de 2019; en las organizaciones de la sociedad civil que iniciaron una campaña para derribar el muro de la desinformación y la mentira que levantaron los empresarios y los políticos de derecha, ante el temor de ver afectados sus intereses; pero sobre todo, en la población indígena, víctima de los asesinatos de sus líderes, las amenazas, la usurpación y el saqueo de sus territorios, así como la contaminación de sus tierras, de sus ríos.
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países ya han ratificado el Acuerdo de Escazú
Desde que el Gobierno peruano declaró la emergencia sanitaria por el COVID-19, el 16 de marzo de 2020, al menos, siete defensores de la Amazonía han sido asesinados. En este último año el número de asesinatos de defensores ambientales difiere por el criterio que se aplica para denominarlos pues el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, dijo ayer que son siete fallecidos, mientras que las cifras de la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones indígenas y ambientalistas suman ocho y hasta 10 crímenes..
Según la Defensoría del Pueblo, en 2020, fueron asesinados cinco defensores ambientales: En abril, Arbildo Meléndez Grándes (Huánuco) y Benjamín Ríos Urimishi (Ucayali); en mayo; Gonzalo Pío Flores (Junín); en julio, Lorenzo Wampagkit Yamil (Amazonas); y, en setiembre, Roberto Pacheco (Madre de Dios). Este año, en febrero, asesinaron a Herasmo García Grau y Yenes Ríos (Ucayali); y, en marzo, a Estela Casanto Mauricio (Ucayali).
En lo que sí coinciden tanto las instituciones como las organizaciones indígenas y ambientalistas es que, en 2021, hubo tres asesinatos. En febrero, fueron asesinados los líderes indígenas Herasmo García Grau y Yenes Ríos Bonsano (Ucayali); y, en marzo, Estela Casanto Mauricio (Ucayali), según confirmó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A estos crímenes se suman las amenazas y agresiones que sufren los líderes indígenas y los miembros de sus comunidades por personas involucradas en actividades ilegales, como narcotráfico, deforestación, minería ilegal y tráfico de tierras.
En la víspera del Día de la Tierra, el pasado 21 de abril, el Gobierno anunció la aprobación de un decreto supremo que crea un mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. “Una vez que se detectan señales de amenazas contra dirigentes indígenas, se activa un protocolo que permita brindarles protección, si el caso lo requiere, algún traslado, y evitar que haya impunidad”, detalló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega.
El ministro Vega reconoció la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, en su mayoría líderes indígenas, que en el último año han sido asesinados, como consecuencia de la defensa de sus territorios de la Amazonía en diversas zonas del país. “Estos líderes y lideresas indígenas han sido asesinados producto de la expansión del narcotráfico en sus territorios, las invasiones de sus tierras y de otras actividades ilegales como la tala de madera y la trata de personas”, precisó.
Uno de los dirigentes indígenas amenazados por defender su territorio es el apu (líder) Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), quien considera al Acuerdo de Escazú como un instrumento importante para la protección de los defensores ambientales y garantiza el acceso a la información para los pueblos indígenas. “Necesitamos la ratificación para garantizar la protección efectiva de los pueblos indígenas”, agrega.
El apu (líder) Berlin Diques recuerda que los escasos logros obtenidos por los pueblos indígenas han sido a base de luchas. Por ello, las organizaciones de la Amazonía se están organizando para tener una incidencia más efectiva ante el nuevo Poder Ejecutivo y Legislativo, para que se ratifique el acuerdo.
Dos candidatos, un futuro incierto
Entre la derecha de Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, quien purga 25 años de prisión por violación de los derechos humanos, y la izquierda de Pedro Castillo, candidato a la presidencia por el partido Perú Libre y dirigente del sindicato de maestros, aparentemente no hay lugar para el Acuerdo de Escazú.
Los congresistas del partido de Fujimori se opusieron a la ratificación de este pacto en octubre pasado, mientras que la organización política de Castillo no ha expresado su rechazo al tratado, pero ha criticado duramente a los organismos multilaterales y los convenios internacionales.
Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y proveniente del pueblo Shipibo de la región Ucayali, no se desanima ante el nuevo panorama político y dice que van a buscar dialogar con las diversas bancadas para que el nuevo Congreso analice, evalúe, discuta y ratifique el Acuerdo de Escazú, que ayudará a proteger los territorios y los pueblos de la Amazonía.
“Lejos de garantizar la vida de sus ciudadanos, el Estado juega un rol para favorecer a las grandes élites, a las economías legales e ilegales, que vulneran derechos. Nuestra demanda viene de años. Demandamos la seguridad jurídica para garantizar los territorios”, dice Lizardo Cauper, quien recuerda a sus hermanos asesinados por defender sus territorios, sus bosques, su biodiversidad.
Para Lizardo Cauper, los asesinatos de defensores ambientales, ocurridos el último año en la Amazonía peruana, solo son la data más visible del problema. Hay más líderes y pobladores indígenas amenazados, pero que callan por miedo, porque esas personas foráneas, que ingresan a sus territorios a sembrar coca o cometer otros actos ilegales, los amenazan. Si avisan, si reclaman, si se quejan, simplemente, desaparecen. “A pesar de las amenazas, seguimos denunciando porque no vemos la reacción inmediata del Estado peruano”, afirma.
El congresista Alberto de Belaunde, del Partido Morado, no se muestra muy optimista, pero tiene esperanza. Por ello, cuando en octubre de 2020, la mayoría de miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso decidió enviar al archivo el Acuerdo de Escazú, él y dos parlamentarios elaboraron un dictamen en minoría a favor de este pacto, con el fin de que sea un insumo valioso para que el nuevo Parlamento pueda reconsiderar esa controversial decisión.
El dictamen elaborado por De Belaunde explica la importancia del Acuerdo de Escazú para fortalecer la institucionalidad ambiental en el país, con los derechos de acceso a la justicia en materia ambiental, a la información y a la participación, así como la protección de los defensores y defensoras ambientales. Además, se dedica a “romper los mitos que se generaron en torno a dicho pacto y a no dejar que las mentiras queden como verdades”, como la afirmación de que este convenio atenta contra la soberanía del país y que se iba a regalar nuestra Amazonía.
Aunque Keiko Fujimori y Pedro Castillo no han hablado del Acuerdo de Escazú durante su campaña electoral, De Belaunde destaca el rechazo al tratado por el partido Fuerza Popular y la posición crítica de Castillo en torno a los mecanismos multilaterales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Hoy no hay mucho optimismo de lo que puede significar el nuevo gobierno de cara a la ratificación del Acuerdo de Escazú”, reconoce el congresista.
Lejos de garantizar la vida de sus ciudadanos, el Estado juega un rol para favorecer a las grandes élites, a las economías legales e ilegales, que vulneran derechos
A pesar de su pesimismo, De Belaunde dice que si se logra la ratificación en el próximo gobierno, va a ser gracias a los jóvenes que impulsan la agenda ambiental, a su capacidad no solo de activismo sino de incidencia estratégica en el interior del Parlamento. “Así como no tengo muchas esperanzas en torno al rol del próximo gobierno sobre el Acuerdo de Escazú, sí tengo muchas esperanzas sobre el rol que puedan cumplir los jóvenes para cambiar este panorama”, concluye.
De cara a la segunda vuelta electoral, De Belaunde propone obtener compromisos concretos de los dos candidatos presidenciales y preguntarles si ratificarán o no el Acuerdo de Escazú, “para tener un panorama más claro y darle mayores herramientas de presión ciudadana a los colectivos que vienen impulsando esta agenda ambiental”.
Como los líderes indígenas amenazados no pueden esperar a que se produzca un cambio con el nuevo gobierno, De Belaunde ha presentado en el Congreso un proyecto de ley para la protección de los defensores y defensoras ambientales y de derechos humanos. La propuesta aún se encuentra en una de las comisiones del Parlamento.
Aída Gamboa, coordinadora del programa Amazonía de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR),ve como una oportunidad que los nuevos congresistas puedan incorporar esta discusión en la Comisión de Relaciones Exteriores. Sin embargo, reconoce que existe el riesgo de que, nuevamente, haya una contracampaña, ya que varios partidos políticos que tendrán una fuerte presencia en el Congreso se han manifestado en contra del Acuerdo de Escazú, como Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, miembro del Opus Dei.
“Están primando quienes se oponen, pero creo que va a depender de la incidencia que haga la sociedad civil, como tener reuniones con los congresistas, participar en los debates del Congreso, discutir el tema a nivel local y regional. Podría ser una oportunidad para, nuevamente, demostrar que el acuerdo puede ser beneficioso para nuestro país, sobre todo que se incluyan las voces de los jóvenes y los pueblos indígenas, que han demandado al Congreso su ratificación”, destaca Aída Gamboa.
Los opositores, los empresarios
Entre los principales opositores a la ratificación del Acuerdo de Escazú figuran los empresarios. El 15 de julio de 2020, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) emitió un comunicado contra la ratificación de este tratado, con miras a que el Congreso archive el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
“Estaremos exponiendo a más del 60% del territorio nacional que es la Amazonía peruana, así como el territorio andino, costero y marino a un tratado que genera inestabilidad jurídica en el país afectando indudablemente a las inversiones y al propio desarrollo de las poblaciones de nuestro territorio nacional”, señala el comunicado.
La Confiep consideró que no es conveniente ratificar el Acuerdo de Escazú, “en aras de proteger nuestra soberanía nacional y dotar de seguridad jurídica a las actividades económicas del país”.
¿Por qué los empresarios le temen al Acuerdo de Escazú? El dirigente indígena Lizardo Cauper dice que este tratado no es una amenaza para las empresas que cumplen los estándares internacionales y las normas del país, que respetan el medioambiente y los derechos de los pueblos. “Para una empresa que paga a congresistas, fiscales, periodistas, policías, para que actúen a su favor, este acuerdo es malo”, advierte.
El Perú fue uno de los líderes de la negociación para el Acuerdo de Escazú y uno de los primeros que lo firmó, el 27 de septiembre de 2018. Por ello, la comunidad internacional esperaba que fuera uno de los primeros en ratificarlo. Como el Perú ya ha firmado este tratado, no tiene un tiempo definido para su ratificación, lo que obliga a seguir luchando hasta que el Congreso lo ratifique.
Esta historia es parte de Tierra de Resistentes, un proyecto coordinado por el Consejo de Redacción, con el apoyo de la organización Ambiente y Sociedad y financiado por Rainforest Foundation Norway.
