En Perú hay seis ex presidentes procesados por corrupción y 197 conflictos sociales generados en el último año. Más de la mitad de ellos están relacionados a temas ambientales, como contaminación o problemas con el agua. El país tiene una economía partida por la pandemia y más de 158 mil peruanos fallecidos a causa de ella según el Sistema Informático Nacional de Defunciones de Perú (Sinadef).
Los siguientes gobernantes de Perú tienen la responsabilidad, no solo de activar la economía, sino también sanar las heridas generadas por todos los problemas que vive el país. “Recuperar la confianza”, como comentó el ministro del Ambiente de Perú, Gabriel Quijandría a Diálogo Chino, “es una prioridad”. La pregunta es: ¿será prioridad para el próximo gobierno?
En la segunda vuelta, a realizarse el 6 de junio, compiten por la presidencia de Perú la derechista Keiko Fujimori (del partido Fuerza Popular) y Pedro Castillo (del partido Perú libre), representando a la izquierda. Mientras que la primera promueve una economía social de mercado que mantenga básicamente el modelo actual, el segundo propone una economía popular con mercado, donde el estado intervenga y renegocie el reparto de utilidades con empresas mineras y petroleras.
A pesar de que en las últimas semanas se han visto obligados a firmar pactos con otros partidos políticos y organizaciones civiles que les exigen mayor compromiso ambiental, político y social, estos dos candidatos siguen manteniendo su conservadurismo y también su poca claridad sobre temas ambientales y de derechos humanos.
¿Les importa el ambiente?
Diferentes ONGs y la Defensoría del Pueblo se han pronunciado exigiendo más información al respecto. “El tema ambiental es estratégico en nuestro país. Las personas tienen derecho a que informen claramente cuál es su propuesta ambiental”, afirmó Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.
Sin embargo, durante estas semanas la discusión entre ambos partidos no ha rozado estos pedidos.
“En ningún caso se menciona que hay que aumentar las áreas naturales protegidas o tener algunas zonas que sean intangibles. Hay ciertos ecosistemas que deben ser conservados, y, de preferencia, en alguno de ellos no debería haber incluso ningún tipo de actividad productiva”, dijo a El Comercio, Beatriz Salazar, coordinadora del Programa de Cambio Climático del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), que resaltó que, a pesar de ello, ambos partidos han mostrado “su interés en ampliar y priorizar los programas de siembra y cosecha de agua”.
En esa misma línea, Silvana Baldovino, Directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), comentó que “los planes de gobierno de Fujimori y de Castillo no consideran al tema ambiental como un eje fundamental del desarrollo de nuestro país. En 90 páginas de plan de gobierno, Fujimori tiene un capítulo ambiental de tan solo una página y cuarto. Castillo le dedica dos páginas en un plan de 77. Tampoco tenemos idea de cómo harán para gestionar nuestras áreas naturales, proteger el mar peruano y sus recursos”.
¿Cambio climático?
Según un análisis de ambos planes de gobierno realizado por el periodista Paul Maquet, el cambio climático o crisis ambiental son términos que no aparecen, y tampoco existen propuestas reales para la reducción de emisiones contaminantes y de la deforestación.
En el caso de Fuerza Popular, solo menciona: “reducir, conforme a nuestras capacidades, el impacto ambiental de la actividad económica y preparar al país para estar en condiciones de hacer frente a los desafíos presentes y futuros que el calentamiento global trae consigo”.
Por el lado de Perú Libre, la única mención es una crítica a las ONG, “que se presentan, por ejemplo, como defensores de la naturaleza, cuando en sus países de origen sustentan el sistema más inhumano que está causando el calentamiento global”.
¿Las luchas sociales?
Para Rolando Luque, de la Defensoría del Pueblo, los pueblos indígenas demandan la remediación ambiental o compensaciones económicas por los constantes impactos ambientales causados por las distintas actividades extractivas.
A ello, Gabriel Quijandría, ministro del Ambiente, añade que “el acceso al agua y la remediación ambiental” están en todos los pedidos. Hay que recordar que son 197 los conflictos sociales generados en el último año y el 65% de ellos reclaman la defensa del medio ambiente.
“El Perú, en el último año, ha perdido seis defensores ambientales. Por ello, necesitamos ratificar el Acuerdo de Escazú y seguir fortaleciendo el régimen de los defensores ambientales. Necesitamos acciones inmediatas para evitar más muertes”, recalcó Baldovino de la SPDA.
Cabe recordar, que la bancada de Fuerza Popular no apoyó la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso, un pendiente que tiene el Perú. De la misma forma, en su plan de gobierno no menciona nada al respecto de los derechos humanos. Perú Libre, “cuestiona duramente el sistema internacional de justicia en temas de derechos humanos”, como comenta Paul Maquet, que expresa su preocupación por una posible deslegitimización de los organismos internacionales por parte del partido de Pedro Castillo.
Hay que recordar que son 197 los conflictos sociales generados en el último año y el 65% de ellos reclaman la defensa del medio ambiente
¿Recursos naturales?
Keiko Fujimori y Pedro Castillo promueven el aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo en sus planes de gobierno.
La candidata de derecha señala la importancia de generar inversiones y crecimiento económico, “manteniendo un modelo de explotación intensiva de recursos naturales bajo el mismo esquema de propiedad y de tributación”, como resalta Maquet.
El representante de la izquierda radical, con su lema: “No más pobres en un país de ricos”, promovería, como dice su plan de gobierno, un extractivismo sostenible y responsable. “Plantea cambios profundos en los esquemas de propiedad, incluyendo la nacionalización de un conjunto de grandes proyectos mineros, de hidrocarburos y energéticos, así como en la tributación. Para ello toman como modelos los casos de Bolivia y Ecuador”, analiza Maquet.
En ambos casos, no se mencionan los compromisos climáticos, ni mucho menos la estrategia nacional de cambio climático. En el caso de Fujimori, no se puede olvidar que su bancada ha sido una férrea defensora de la minería informal que ha deforestado solo en Madre de Dios, en la Amazonía sur de Perú, más de 209 mil hectáreas en las últimas dos décadas, como si la tierra se hubiera comido a Barcelona, Miami, Sao Paulo, Buenos Aires y Lisboa, juntos.
El panorama del Perú en los próximos años luce bastante incierto en materia ambiental y social. No hay claridad en los planes y sin ello, todo se pone cuesta arriba.
