Proyectos de infraestructura de América Latina, como la ferrovía transcontinental, son una preocupación importante para el experto independiente de la ONU, Alfred Maurice de Zayas, quien argumenta que suponen un riesgo grave para los derechos humanos y el medio ambiente.
Zayas dijo a Diálogo Chino que el plan respaldado por China para construir una ferrovía de 5.300 kilómetros, que atravesaría la selva amazónica y ancestrales territorios indígenas, tendrá un impacto considerable.
“Es un proyecto enorme fijado para 2021, que si se deciden a construirlo, costaría miles de millones de dólares. Estoy a favor del desarrollo, creo que las inversiones son necesarias para la industrialización de un país y la creación de empleo, pero todos los tratados de derechos humanos deben ser respetados “, afirmó Zayas, el abogado cubano-americano.
Los partidarios del proyecto sostienen que el ferrocarril sería pura ganancia porque proporcionaría una crucial actualización a la precaria infraestructura de la región, facilitaría el comercio y una suba de los ingresos generados por las exportaciones, y además, reduciría el costo de las importaciones agrícolas de China.
Descarrilar los derechos humanos
Zayas presentó en octubre un informe ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en el cual advierte la discrepancia entre la ley internacional sobre derechos humanos y las prácticas comerciales en el terreno.
Consultado acerca de los impactos sociales de las inversiones en América Latina y especialmente aquellos de provienen de China, Zayas declaró: “Tenemos una situación muy extraña. Aunque existe un marco internacional de los derechos humanos, los estados entran en innumerables acuerdos multilaterales y bilaterales [en comercio e inversión] y los derechos humanos quedan excluidos de sus obligaciones.”
Zayas también lamentó la ausencia de una consulta adecuada con las personas afectadas por los proyectos. “El problema es que las personas que hacen los tratados comerciales viven en su propio mundo, y para estas personas no existen los derechos humanos”, dijo a Diálogo Chino, agregando; “por desgracia, en los contratos firmados en los últimos años, los países no están obligando a las empresas a cumplir con sus responsabilidades.”
Los tratados comerciales no sustituyen a los tratados de derechos humanos y deben respetar a las instituciones internacionales existentes, sostiene Zayas, señalando la importancia del Pacto de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966, el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales del mismo año, y la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Convenio 169 de la OIT, aprobado en 1989, se refiere al derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta previa, libre e informada sobre los proyectos que afectan a sus territorios. Perú ratificó el Pacto en 1994 y Brasil en 2002. “Estos tratados son vinculantes, y por lo tanto no pueden ser violados, tienen prioridad,” enfatizó Zayas.
La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, va aún más lejos, sugiriendo que la falta de aplicación del Convenio 169 de la OIT, representa más exactamente una “revocación” de los derechos de los pueblos indígenas.
Corpuz dijo también que observa a las inversiones chinas en América Latina con una “gran preocupación” e hizo hincapié sobre los peligros que enfrentan los indígenas que se oponen a los grandes proyectos de desarrollo.
La ferrovía
La ferrovía transcontinental que conecta Perú y Brasil es un ambicioso proyecto que podría costar hasta US$ 10 mil millones. Pero se espera que los estudios de factibilidad del ferrocarril recién finalicen en mayo de 2016. Es probable que la ruta propuesta se divida y atraviese dos áreas protegidas y reservas indígenas como es el caso de Isconahua en la región de Perú Madre de Dios, ubicada en la frontera con Brasil.
La ferrovía también pasaría por el Parque Nacional brasileño, Serra do Divisor, un área que ocupa aproximadamente 840.000 hectáreas y alberga a 1.200 especies de animales, muchas de las cuales están en peligro de extinción como son los casos del jaguar, el armadillo gigante, y el delfín de río de Amazonas.
También afectará a la reserva Poyanáwa, que cuenta con poco más de 500 habitantes, la comunidad más reducidade Jaminawa-arara, y el Nukini, con una población aproximada de 700 personas.
Sobre el desplazamiento forzado, generado por los desarrollos de infraestructura, la realidad para muchos de los latinoamericanos que viven las zonas rurales, Zayas dijo recientemente a periodistas en Nueva York; “es hora que la comunidad internacional le exija mucho más a las corporaciones, y que no sólo sean multados, sino que deben enfrenten acciones legales por la violación del derecho a la vida.”
Obligaciones Legales
Zayas dijo a la Asamblea General de la ONU que los Estados miembros deberían adoptar una resolución que de prioridad a los derechos humanos en las relaciones comerciales y las inversiones internacionales. Según Zayas, debería existir un tribunal internacional con jurisdicción en el ámbito de la inversión y el comercio para castigar violaciones a los derechos humanos y a la destrucción del medio ambiente.
Haciéndose eco de los sentimientos de Corpuz, quien afirmó que América Latina está sujeta a un paradigma “neo colonialista” de desarrollo, Zayas criticó el afán de lucro a corto plazo que según él caracteriza a los chinos y otros inversores de infraestructura que priorizan y “pisotean” el medio ambiente y los derechos indígenas.
“Lo que ha ocurrido comporta un alto nivel de impunidad, es imposible para nosotros que no se obligue a empresas transnacionales a pagar por los daños que causan” dijo.
