El Acuerdo de Escazú celebra su primera cumbre de países en Chile

El Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, tendrá en Santiago de Chile su primera cumbre de países (COP1) del 20 al 22 de abril. Allí, representantes de gobiernos y sociedad civil buscarán avanzar en la implementación del acuerdo, mientras se espera la ratificación de países pendientes

Escazú fue aprobado en 2018 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) luego de un proceso de seis años de negociación. Entró en vigor en 2021 y a la fecha un grupo 12 países ya lo han firmado y ratificado, mientras que otros 11 tienen pendiente su ratificación, incluyendo a Chile, Perú y Colombia.

El acuerdo busca garantizar la implementación “plena y efectiva” de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia, contribuyendo a la protección del derecho a vivir en un ambiente sano. En 2020, América Latina tuvo el mayor número de defensoras y defensores ambientales asesinados. 

La cumbre se centrará en tres artículos incluidos en el acuerdo: las reglas para la aplicación del acuerdo, que incluirán las modalidades para la participación significativa del público; el financiamiento que sea necesarias para el funcionamiento e implementación del acuerdo y la creación de un Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. 

Para Natalia Gómez, integrante de EarthRights International y una de las seis representantes del público para el Acuerdo de Escazú, el artículo que organiza el Comité de apoyo es uno de los fundamentales a discutir en el evento.

“El corazón de Escazú es el comité. Permite hacer esa rendición de cuentas de que esto no se trata solo de que los países vayan y firmen Escazú y salga la foto y muy bonita la noticia, pero que realmente estas obligaciones que se toman a nivel internacional, se hagan exigibles a nivel nacional y se implementen”, afirmó.

Participación ciudadana activa

Uno de los puntos más llamativos de la COP1 del Acuerdo de Escazú es la posibilidad que tendrán las personas de participar y presentar sus argumentos. Esto es un gran cambio respecto a la metodología común de este tipo de reuniones, donde solo los representantes oficiales de los Estados tienen participación directa.

Esta participación se expresa en la inclusión de seis representantes del público, quienes fueron elegidos mediante una votación abierta organizada por la CEPAL. En su mayoría son activistas socioambientales o miembros de organizaciones que trabajan en pro de la transparencia y democracia ambiental. Una de las representantes es la chilena Andrea Sanhueza, directora del centro de estudios Espacio Público.

Chile siempre ha tenido una política internacional de decir algo y cumplirlo. Esto fue romper completamente esta tradición

Sanhueza ha participado activamente desde hace décadas en el proceso de Escazú. “Nos reunimos en 2012 como parte de una red global para hablar de cuál era nuestra meta, qué queríamos lograr,” sostuvo. “Ahí salió la idea de empujar convenios en distintas regiones sobre el principio 10 de la Declaración de Río, el cual hace referencia al acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales”. 

La participación directa gracias a los representantes del público ha cumplido un rol importante en los procesos de discusión, de acuerdo a Gómez. “Los representantes del público buscan ser un canal entre la sociedad civil en general y los países que se sientan en la mesa directiva en la negociación para canalizar de alguna manera las peticiones y comentarios del público”, afirmó

La posibilidad de que cualquier persona que se inscriba pueda participar en las reuniones con derecho a voz es otro de los espacios de expresión que tendrá la reunión. Para Andrea Sanhueza, este punto ha ayudado a que la ciudadanía tenga un rol más activo, pudiendo influir en el acuerdo.

“Cualquier persona puede intervenir en cualquiera de las COP, por ejemplo: si tú pides la palabra y luego el gobierno de Bolivia, te van a dar a ti primero la palabra y luego al gobierno de Bolivia. Esto ha tenido mucho impacto en la negociación”, comentó Sanhueza.

Se espera un avance presuroso de la reunión, ya que los países han trabajado con los borradores hace meses. De hecho, los primeros días de marzo del presente año se realizó la PreCop, espacio donde los Estados y los representantes del público empezaron a trabajar en los puntos que se discutirán en la COP. La reunión fue grabada y transmitida de forma pública.

Discusión clave, el Comité de cumplimiento

La creación de un Comité de Apoyo a la Implementación y el Cumplimiento es uno de los principales temas a trabajar durante la primera COP. Para Natalia Gómez, la discusión de este artículo es uno de los que generará debate dentro del acuerdo.

“Escazú se finalizó en el 2018 y ahora lo que se va a negociar por parte de los Estados son reglas para implementar algunos de los artículos, principalmente la COP, como va a funcionar esa conferencia. El que a mí me parece que es el más importante es el Comité de Apoyo a la Implementación y el Cumplimiento, que es el artículo 18”, concluyó la abogada.

Por su parte, Sanhueza consideró que la creación de este comité y la metodología que utilizará, tendrá implicaciones importantes para la ciudadanía.

“Este comité hay que crearlo en la primera COP. Es una de las cosas más importantes, porque cualquier persona, va a tener el derecho como persona natural de ir a ese comité y escribirle”. La confirmación de posibilidad abierta de participación será una de las discusiones para seguir con atención.

Según el cronograma publicado por la Cepal, el primer día del evento se expondrán las acciones realizadas por los Estados Parte. Luego, el día jueves 21 de abril se discutirán las Reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Posteriormente, el viernes 22 se realizará una conmemoración por el Día de la Tierra y se discutirán las disposiciones financieras que sean necesarias para el funcionamiento del Acuerdo.

Chile y Colombia, a la espera de ratificación

Una importante diferencia entre los países que adoptaron Escazú es el proceso de ratificación en el que se encuentran, generando tres niveles de participación: Estados Parte, Países signatarios y países observadores.

A pesar que la fecha para la firma del acuerdo ya terminó hace dos años, cualquier Estado de la región hoy puede sumarse y pasar a ser Estado Parte luego de su ratificación. Sin embargo, mientras que antes los países firmaban y ratificaban, hoy deben enviar un proyecto de adhesión al Congreso, tal como ha hecho Chile recientemente luego de la asunción del nuevo presidente Gabriel Boric. 

La relación del gobierno chileno con el Acuerdo de Escazú ha sido de luces y sombras. Comenzó como uno de los principales impulsores, pero a días de su firma decide no firmar, acusando desde la Cancillería que la firma causaría “inconvenientes para Chile”. Sanhueza participó en las primeras negociaciones y recuerda el abrupto cambió de opinión del gobierno chileno. 

“El caso de Chile fue muy triste, tuvo mucho liderazgo, yo trabajé con ella todos estos años. Varios creemos que eso también frenó el avance en otros países. Chile siempre ha tenido su política internacional, que dice algo y lo cumple, que cuando se niega lo hace con argumentos. Esto fue romper completamente esta tradición,” sostuvo Sanhueza. 

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en Chile existen 128 conflictos socioambientales, repartidos en todas sus regiones. El 85% de estos conflictos afectan el derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Mientras que el 30% de estos conflictos afecta directamente al derecho a la participación y consulta indígena.

En medio de este escenario, en Chile se está escribiendo una nueva Constitución, que consideró una elección paritaria y con escaños reservados para los pueblos originarios. Uno de los encargados de escribir la nueva carta magna es César Uribe, activista ambiental y convencional por el distrito 19.

“La principal razón por la cual yo llegué a hacer constituyente es por la lucha socioambiental que tenemos en Ñuble, en relación a la defensa del río, de la defensa del territorio cordillerano”, sostuvo Uribe. “Vamos a ser el segundo país del mundo, después de Ecuador, donde se establecen derechos a la naturaleza, lo que significa más protección, lo que es positivo.”

Al igual que Chile, Colombia envió el proyecto al Congreso en medio de múltiples manifestaciones sociales, donde se organizaron diálogos nacionales para que la ciudadanía pudiera expresarse. Natalia Gómez afirma que desde los diálogos surgió la petición expresa de firmar el convenio de Escazú, a lo que se comprometió el gobierno. Sin embargo, para Gómez, hay un discurso contradictorio. “El Presidente se compromete a firmarlo y a mandar el proyecto con mensaje de urgencia al Congreso y allí su mismo partido hunde el proyecto”, sostuvo. 

Si bien Colombia fue invitado como país signatario, no se ha confirmado su participación. Cabe mencionar además que Colombia está previo a un proceso eleccionario, donde se realizará la primera vuelta presidencial el próximo 29 de mayo.