Asesinada en Honduras líder indígena

Muere asesinada la líder hondureña Berta Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Importante voz de la comunidad indígena y de movimientos campesinos, encabezaba la lucha contra la construcción de la represa hidroeléctrica en el país centroamericano financiada con aportes de capital chino, ella fue asesinada a balazos en su hogar en la noche del martes 2 de marzo por hombres armados que invadieron su casa en la ciudad La Esperanza. Cáceres recibió en el 2015 el Premio Goldman de Medio Ambiente que honra anualmente a héroes ambientales de todos los continentes y reconoce los esfuerzos sostenidos y significativos para proteger y mejorar el medio ambiente natural, arriesgando incluso  su propia integridad física. La activista ya había sobrevivido a múltiples amenazas de muerte, intentos de secuestro y acoso sexual por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Honduras que avanzaría sobre comunidades indígenas en el Río Blanco. “Estamos profundamente entristecidos y ultrajados con el asesinato de la activista hondureña. La pérdida de esta extraordinaria activista feminista e indígena, defensora ambiental y lideresa comunitaria nos quita la respiración y nos llena de indignación”, afirmó Lisa VeneKla, directora ejecutiva de la organización global de los derechos de las mujeres JASS (Just Associates). La entidad pide aún el fin de la impunidad y para que se inicie una investigación independiente y transparente sobre las circunstancias de la  muerte de Cáceres. Pese a numerosas amenazas, detenciones y violencia cometidas contra ella por varios años, Cáceres continuó a organizar su comunidad en defensa de sus tierras ancestrales y en oposición a las corporaciones locales y transnacionales que operaban de forma ilícita para explotar los territorios indígenas. Las amenazas contra Cáceres, informa Global Witness, aumentaron significativamente en las últimas semanas a causa  de protestas pacíficas organizadas por ella. La construcción del proyecto hidroeléctrico fue retomada tras haber sido paralizada por algunos meses. En un comunicado, Global Witness instó al gobierno hondureño a iniciar lo antes posible las investigaciones sobre las razones que motivaron al asesinato de Berta Cáceres. Ella fue una de las responsables de exponer al mundo la vulnerabilidad de los defensores de los derechos indígenas en Honduras. El caso de la activista indígena es especialmente representativo de la persecución sistemática a la que se enfrentan los defensores ambientales hondureños. Desde el 24 de mayo del 2013, Cáceres fue acusada por el supuesto delito de “Posesión Ilegal de Armas de Fuego en Perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras”, y tuvo un orden de prisión. Agua Zarca El proyecto hidroeléctrico que desviará el lecho del sagrado Río Gualcarque en el territorio del pueblo indígena Lenca, sigue siendo fuente de disputas entre intereses económicos, políticos, multinacionales y paramilitares que luchan por la explotación de recursos naturales. El conflicto, que comenzó en  2011, puso en riesgo la vida de líderes indígenas perseguidos por sicarios. Intitulado Agua Zarca, este proyecto hidroeléctrico es gestionado por la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A de C.V (DESA) y ejecutado por la compañía de capital chino Sinohydro, va generar 21.3 MW de energía. Aureliano Molina, un joven de 26 años, también miembro del COPINH e colega muy cercana a Cáceres, confirmara que las amenazas se habían intensificado en los últimos años cuando hablo con Diálogo Chino en abril de 2015. En aquel entonces, se descubrió que existía un plan para asesinar a seis líderes y Molina se encontraba entre los seleccionados para morir. “La comunidad está aterrorizada. El Ejército ha tenido un papel arrogante, hostil, racista y opresor. Ha intentado desalojar ocho veces a las comunidades. La amenazas vienen también por parte de sicarios contratados por la empresa”, denunciara entonces Molina. COPINH, una organización creada hace más de dos décadas, tuvo un rol importante en la denuncia sobre la creciente ola de criminalización de los movimientos sociales, indígenas y ambientales de Honduras. Desde 2013, Molina, Cáceres y sus colegas sufrieron ocho intentos de asesinato con sabotajes en sus coches. “Hemos recibido amenazas directas de alcaldes en asambleas indígenas”, comentara. Ley General de Aguas Durante la crisis política en Honduras, el agosto de 2009, que generó un golpe de Estado y derribo el presidente Manuel Zelaya, el Congreso Nacional aprobó la Ley General de Aguas que otorgó concesiones sobre los recursos hídricos. Se aprobaron licencias para construcción de 300 proyectos hidroeléctricos en el país. Tras esta medida, 49 proyectos de infraestructura  fueran aprobados cruzando territorio del pueblo Lenca, en el que viven alrededor de 400 mil habitantes. Para la construcción e instalación de Agua Zarca, DESA recibió un préstamo, en 2012, de 24,4 millones de dólares por parte del Central American Bank for Economic Integration . DESA entonces subcontrató a la empresa china Sinohydro – también acusada por las comunidades locales de invadir sus tierras sin previa consulta. Ante el aumento del conflicto y la expulsión de más de 80 ingenieros chinos, Sinohydro rescindió el contrato un año después. Molina, el joven líder indígena, argumenta que  el proyecto Agua Zarca para la privatización del sagrado Gualcarque ha violentado la Constitución de la República y el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. “No se ha desarrollado el proceso de consulta libre previa e informada y bajo el derecho de consentimiento de los pueblos indígenas”, dijera. Según la tradición del pueblo de Lenca, el Gualcarque es el hogar para los espíritus femeninos protectores de la naturaleza. Además, la represa está muy cerca al Refugio de Vida Silvestre Montaña Verde, un área protegida entre los Departamentos de Santa Barbara, Intibuca y Lempira, una zona intocable de 124.07 km2 de extensión. “Sería, para nosotros no sólo una pérdida de territorio sino también de nuestra soberanía espiritual. Agua Zarca tendría impactos ambientales en la preservación de los recursos naturales, se perdería el hábitat de flora y fauna, constituyendo  un cambio ecológico en la biodiversidad”. El COPINH sostiene que el proyecto daña el hábitat, privatiza el Río Gualcarque y sus afluentes por más de 20 años, destruye patrimonios culturales y económicos, y genera desplazamiento y afecta el derecho al agua de las poblaciones originarias. Global Witness ya había alertado en un informe sobre el aumento del número de activistas ambientales asesinados en Honduras, el país más peligroso para los defensores ambientales. Entre los años  2002 y 2014, se produjeron 109 asesinatos en Honduras. Solamente en 2014, se registraron 12 homicidios. Cáceres entra en las estadísticas como una víctima fatal más. “Tanto en Honduras como en el resto del mundo, hay defensores del medio ambiente que son asesinados a tiros a plena luz del día, secuestrados, amenazados o juzgados por el terrorismo debido a su oposición a lo que se conoce como ‘desarrollo’”, señaló Billy Kyte, de ONG británica. Según Kyte, los “verdaderos autores de estos crímenes” componen una poderosa trama de intereses empresariales y gubernamentales y “disfrutan de total impunidad”. La ONG argumenta que se requiere una acción inmediata para proteger a los ciudadanos y llevar a los responsables ante la justicia. “Me siguen. Me amenazan con matarme, con secuestrarme. Amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos enfrentamos”, comentó Cáceres cuando recibió el premio Goldman. Desde 2013, han asesinado a tres de sus compañeros de COPINH por oponer resistencia a la represa hidroeléctrica de Agua Zarca. En mayo de 2014, asesinaron al  líder de Lenca,  Jacobo Rodríguez también defensor del Río Gualcarque. En octubre, otro caso de violencia resultó con el homicidio del adolescente Maycol Ariel Rodríguez García de la comunidad de Río Blanco y también miembro de COPINH. “El crimen sigue impune”, denuncia Global Witness. La gran preocupación de Aureliano Molina no es sólo por la vida de los activistas sino también por la  reactivación del proyecto de Agua Zarca. “La concesión todavía está otorgada y se quiere activar en cualquier momento. Hay un riesgo de que el proyecto siga, pero las comunidades no los van a dejar pasar”, reafirmara. Pese al temor de ser asesinado en cualquier momento en suelo hondureño, el joven Molina asegurara que no retrocederá. “Hemos asumido la responsabilidad de avanzar en la lucha del proceso emancipatorio del pueblo indígena. Tenemos el compromiso de regresar a Honduras para que nuestra lucha sea más  fuerte y dinámica. Es un compromiso moral, ético y digno para honrar lo que nos dejaron nuestros ancestros”, dijera.