Relatora de la ONU entiende que Brasil se omite

La relatora independiente de las Naciones Unidas relacionada con los derechos de los pueblos indígenas Victoria Tauli-Corpuz cree que existió una “omisión por parte del gobierno” brasileño cuando autorizó la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte. Erguido en el río Xingu, en el interior de la Selva Amazónica, localizada al norte del Brasil, el complejo hidroeléctrico afecta a los pueblos indígenas. “El gobierno brasileño empuja a los indígenas al límite con este proyecto hidroeléctrico y quiere hacerlos desaparecer” afirmó Tauli-Corpuz, que cree que se trata de una situación peligrosa porque el gobierno ha dado muestras de que puede usar fuerzas militares e instrumentos autoritarios. Luego de haber realizado una turné de 10 días de duración por tierras indígenas brasileñas, la relatora de la ONU destaca algunos avances en defensa de los indígenas, pero lamenta casos de violencia y humillación en perjuicio de dichos pueblos. Tauli-Corpuz hace una mención especial sobre el período de turbulencia político-económica que vive Brasil actualmente. “Una de las cuestiones que han contribuido para dicha crisis es la alegada corrupción gubernamental relacionada con los megaproyectos, incluyendo el de Belo Monte. Según parece, una de las fuerzas motrices que hicieron que tales proyectos salieran del papel ha sido la ventaja política y económica individual”, critica. La representante de la ONU dijo que considera Belo Monte como un caso emblemático, “porque todo lo que podía salir mal, salió mal”. Las obras, localizadas en el río Xingu, ya están casi terminadas. El Ministerio Público Federal realizó 25 acciones legales señalando ilegalidades del proyecto, el cual, según la fiscal Thaís Santi, tuvo un costo socio-ambiental incalculable. De acuerdo con el Instituto Socioambiental (ISA), el complejo de Belo Monte afecta a los pueblos indígenas, que ya “han perdido el control sobre parte de sus territorios y los recursos naturales que ellos contienen, vienen sufriendo por el aumento de la deforestación, su seguridad alimentaria está en riesgo, la atención a la salud ha empeorado y perdieron autonomía”. Con respecto a la cuenca del río Tapajós, la construcción de cuatro represas está en curso y aproximadamente 40 se encuentran en la etapa de proyecto. Una de ellas, la São Luiz do Tapajós, puede provocar la remoción por la fuerza de tres aldeas de indios Mundukuru. Las obras todavía no han comenzado justamente por la presión que vienen ejerciendo indígenas y ambientalistas. China podría participar de ambos emprendimientos. La empresa china State Grid construirá las dos líneas de transmisión que interconectarán la represa con el sistema de distribución de energía eléctrica brasileño. En el caso de la represa hidroeléctrica de Tapajós, China Three Gorges Corporation es una de las empresas interesadas en gestionar el complejo. La empresa actúa en el país a través de la EDP Energías do Brasil, que es su principal accionista, luego de la privatización promovida por el gobierno de Portugal en 2012. En contra de las hidroeléctricas: violencia generalizada La visita de Victoria Tauli-Corpuz ocurre en un momento en el cual América Latina está viviendo una ola de violencia contra los líderes indígenas. En los primeros días de marzo, la activista hondureña Berta Cáceres fue asesinada mientras se encontraba en su domicilio. Dos semanas después, Nelson García, compañero de Cáceres en las campañas de resistencia a los megaproyectos, fue asesinado de un disparo en el rostro. En Guatemala, Walter Méndez Barrios, defensor de la selva y opositor a las  hidroeléctricas que serán construidas en el río Usumacinta, había sido asesinado en el mes de febrero. El hondureño Nelson García era miembro del Consejo Civil de las Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh, en su sigla en español). Según la entidad, García fue asesinado luego de que fuerzas del gobierno hubieran removido familias pertenecientes a la comunidad del río Chiquito. Berta Cáceres fundó el consejo en 1993, con el objetivo de denunciar el crecimiento de la explotación ilegal de madera y el riesgo que dicha actividad significaba  para las comunidades indígenas de etnia Lenca. A partir del año 2006, el movimiento organizado por la líder, que se oponía a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, logró repercusión internacional. Desde entonces, Cáceres recibía amenazas de muerte. “Las comunidades indígenas son enormemente afectados por las grandes represas hidroeléctricas por dos motivos. Habitualmente, ellos poseen un bajo poder político y habitan regiones que no han sido integradas fuertemente a la economía formal”, analiza Peter Bosshard, director de la organización  International Rivers. Esa situación se da en la mayoría de los países de América Latina. Los territorios indígenas tienden a ser considerados como espacios vacíos, donde se pueden construir los megaproyectos sin tener un costo muy elevado, según evalúan gobiernos e inversores, opina Bosshard. En Honduras, las denuncias realizadas por Berta Cárceres antes de morir hicieron que hubiera un cambio de escenario. La empresa china Sinohydro, que había sido contratada para construir la represa de Agua Zarca, decidió abandonar el proyecto en 2013, luego de diversas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y de que se produjera el fallecimiento del líder Tomas García. Bosshard destaca que decisiones como las que tomó Sinohydro todavía son raras. “Las compañías internacionales verdaderamente no desean ser asociadas con abusos sobre los derechos humanos pero, siempre y cuando no estén sufriendo una gran presión popular, habitualmente creen que pueden endilgarle la responsabilidad de tales atrocidades a otros actores”, agrega el director de International Rivers. Cómo recuperar el respeto La ausencia del Estado y del sector privado en el desarrollo de los proyectos que se les imponen a los indígenas sin mediar consulta alguna o intento de obtener el consenso, viola la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, señala Tauli-Corpuz. “Los riesgos que los pueblos indígenas corren actualmente son más profundos desde la adopción de la Constitución de 1988”, afirma específicamente sobre Brasil. Hay una larga lista de amenazas: remoción forzada de tierras, actividades ilegales en áreas demarcadas, atraso en la demarcación de tierras, impactos negativos de megaproyectos sobre la infraestructura, asesinatos, mortalidad infantil, adopciones ilegales, entre otros. La información recolectada formará parte de un informe que será publicado en el mes de septiembre. Tauli-Corpuz tuvo un encuentro con líderes de más de 50 etnias en los estados de Mato Grosso del Sur, Bahía y Pará. La relatora visitó Brasil ocho años después de que se realizara la última visita al país de un relator de la ONU. Desde el punto de vista de la relatora, todavía hay tiempo para que Brasil revierta esa tendencia negativa y honre la Constitución de 1988, que hizo que el país se transformase en una referencia global en lo que se refiere a la protección de los pueblos indígenas, afirma Tauli-Corpuz. “La riqueza que significa conocer los derechos y temas relativos a los pueblos indígenas que existe en el interior del gobierno, en particular en la Funai y en la Fiscalía Federal, entre otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan con los pueblos indígenas, y la dedicación de esas organizaciones a la causa constituyen una enorme ventaja”, sostiene.