Pueblos indígenas llevan a la ONU un reclamo por persecución

Los pueblos indígenas realizaron una queja,  alegando persecución y solicitaron en las Naciones Unidas que los países revisen la situación en la que  viven sus dirigentes en todo el mundo. América Latina  fue el blanco de críticas debido a la violación de los derechos de los pueblos indígenas y a la ausencia de salvaguardas en grandes proyectos de infraestructura. “No existe un sólo país en América Latina en el cual no haya habido casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas. En América Latina y en casi todas las regiones del mundo hay situaciones de violaciones del derecho de consulta de los pueblos ante la ejecución de proyectos de minería, energía hidroeléctrica y explotación de recursos, lo que realmente nos preocupa”, afirmó a Diálogo Chino,  Álvaro Esteban Pop, uno de los líderes del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas. En las últimas dos semanas, cientos de líderes indígenas estuvieron reunidos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York durante la 15ta sesión del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas. Dicho foro es un espacio destinado a la discusión de problemas de los pueblos originarios y nativos y a la presentación de propuestas de recomendaciones para los 193 Estados-miembros de la ONU. Luego de haber sido discutida durante 20 años, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada el 20 de diciembre de 2006. Una década después, los líderes demandan la realización de una evaluación global sobre el estado de los derechos de los pueblos y su enfoque, en especial sobre los casos de violación ocurridos contra los defensores indígenas y de la naturaleza. En palabras de Rodrigo de la Cruz, asesor de la Coordinadora de Organizaciones  Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la discusión gira en torno sobre  cómo proteger mejor a los indígenas que viven en el frente, en áreas que están a punto de entrar en conflicto debido a los grandes proyectos. “Tenemos instrumentos jurídicos y normativas legales, pero las autoridades las  omiten y la voluntad de los gobiernos es que exista este tipo de confrontación”, declaró a Diálogo Chino. “Lo que se observa es que existe una persecución contra las poblaciones y los dirigentes que encabezan la lucha por el respeto a la naturaleza. Estamos presenciando asesinatos, detenciones, masacres y genocidios, somos testigos de la reaparición de viejos mecanismos, como ocurrió en los inicios de la era de la explotación petrolera”, denunció el líder guatemalteco Esteban Pop. En su opinión, los pueblos indígenas son testigos sobre  cómo las grandes corporaciones en muchos países corrompen los principios constitucionales, fragilizando los derechos de las comunidades originarias.  Anunció que el año próximo se llevaría a cabo una reunión para realizar una revisión de la realidad de los dirigentes indígenas y de las violaciones de los derechos humanos, que él considera que están “en riesgo”. “Queremos hacer un revisión global de esta realidad.  Lo que hoy tenemos es la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, su eliminación física y atentados contra sus dirigentes. El caso de Berta Cáceres lo deja totalmente claro y prueba cuál es el modus operandi de este casamiento entre funcionarios corruptos y corporaciones que corrompen”, analizó. Berta Cáceres, una dirigente hondureña que lideraba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), murió asesinada en marzo del corriente año por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que avanzaría sobre comunidades indígenas en Río Blanco. La dirigente era una voz de peso de los campesinos e indígenas contra un proyecto hidroeléctrico a realizarse en dicho país centroamericano, con inversiones de capital chino. “Pedimos mejores condiciones y el empoderamiento de las mujeres indígenas, que son las que más sufren con estos conflictos”, resaltó Esteban Pop al resaltar que, además, entre las recomendaciones, el Foro Permanente solicitará al Consejo Económico y Social (ECOSOC) que le  recomiende al Consejo de Seguridad (CS) la indicación de una indígena para que participe en las reuniones del órgano con la función de velar por el mantenimiento de la paz y de la seguridad mundial. “Casualmente, en todas las regiones del mundo, en particular en África y América Latina, hay mucha violencia y persecución contra los pueblos indígenas.  Las convenciones y tratados que se firmaron no están siendo respetados. Hay una inconsistencia en el cumplimiento de lo que se había pactado”, argumentó. Guardianes de los recursos naturales Esteban Pop se refiere a lo que considera la necesidad de la creación de una “nueva ética” y una nueva manera de tratar a la naturaleza como un “espacio colectivo de la humanidad”. “Los pueblos indígenas se han transformado en los guardianes de los recursos naturales. La gran mayoría de las fuentes de agua se encuentran en tierras indígenas y más del 60% de las selvas del mundo también”. Esta nueva ética se orienta a captar la voluntad de dirigentes políticos, pero también la de dirigentes financieros y empresarios. “Que reconozcan que con dichas acciones están poniendo en riesgo a la humanidad. Queremos que esta realidad que estamos viviendo hoy en día no se repita más”. En América Latina, sólo Surinam y la Guayana Inglesa no ratificaron la Convención 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobada en 1989, que sirve como instrumento de inclusión de los más de 500 pueblos indígenas que suman 40 millones de personas solamente en la región. A pesar de que las consultas previas libres e informadas a las comunidades indígenas sobre impactos en sus territorios son obligatorias, Rodrigo de la Cruz pondera que éstas no son vinculantes. “La formalidad de la consulta existe, pero lo que se afirma en estas consultas no impacta en las decisiones que toma el Estado”, destacó. Hace casi un año, la COICA viene intentando avanzar en el diálogo y ha planteado una propuesta de salvaguardas para la protección de los derechos de los indígenas que sean vinculantes, es decir, que obliguen a los gobiernos a tomar en cuenta a los pueblos indígenas. Esta experiencia se está realizando en colaboración con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), una de las instituciones financieras de fomento al desarrollo de origen brasileño más importantes del mundo. El BNDES es responsable del financiamiento del 60% de la cartera de proyectos de la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).  Según Rodrigo de la Cruz, la negociación de la propuesta de las salvaguardas está avanzando. En Ecuador, donde la COICA posee su sede regional, Rodrigo de la Cruz cuestiona el hecho de que el país no haya “instaurado ninguna estrategia de diálogo político” y, por ese motivo, los enfrentamientos con resultado de muerte, como la del líder Shuar José Isidro Tendetza Antún, son recurrentes. El cuerpo sin vida del líder fue encontrado en diciembre de 2014, pocos días antes de viajar hacia Lima, Perú, donde iba a participar de la Conferencia del Clima (COP20). Los sospechosos del crimen fueron absueltos  y puestos en libertad recientemente. “Éste es un problema, ya que no existe ningún espacio de diálogo entre los actores antagónicos”, criticó el asesor de la COICA. Por otro lado, el líder guatemalteco Esteban Pop opina que el asesinato de Tendetza pone en evidencia la debilidad del Estado de Derecho y la fuerza de las corporaciones, que no “tienen ninguna ética y ningún respeto por los derechos humanos”.