Defensores del medio ambiente en terreno peligroso

El año pasado fue el más letal para el registro de los defensores mundiales del medio ambiente, de acuerdo con las últimas cifras aportadas por la ONG Global Witness. El informe de la organización advirtió que la tasa de homicidios a los opositores a proyectos de infraestructura perjudiciales y a la extracción de recursos ha aumentado a la impactante cifra de tres por semana. “El patrón de los asesinatos en muchos países está convirtiendose en una epidemia”, aseguró Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la ONU para los derechos humanos, en una reciente visita a Brasil, país señalado por el informe como el más mortal. Una cifra anual récord de 185 asesinatos de activistas ambientales se registró en 67 países diferentes durante 2015 con la concentración más alta de homicidios en América Latina. La cifra representa un aumento del 59% respecto al año anterior. Brasil (50), Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12) y Nicaragua (12), conforman los cinco países más peligrosos, según el informe titulado En terreno peligroso. Sin embargo, las cifras probablemente subestimen la verdadera magnitud del problema, dada la supresión de los esfuerzos de monitoreo por parte de grupos de la sociedad civil y los medios de comunicación en algunos países. Alrededor del 40% de los homicidios (67) fueron cometidos en poblaciones indígenas que viven en lugares remotos que son ricos en recursos naturales, pero donde la aplicación de la ley es débil y en consecuencia, la tala ilegal y la minería son endémicas. La impunidad prevalece para los autores de la violencia mientras que las elites más influyentes incrementan la criminalización y la demonización de los activistas a los que sindican como responsables del “anti desarrollo,” según el informe. El asesinato de la activista hondureña y ganadora en 2015 del Premio Ambiental Goldman, Berta Cáceres, quien recibió un disparo mientras dormía, le recordó al mundo los riesgos que enfrentan aquellos que protegen los recursos naturales de la explotación. Cáceres se opuso a la construcción de la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, del que los indígenas Lenca dependen y consideran sagrado. Junto a las industrias mineras y extractivas, la energía hidroeléctrica fue citada por el informe como una de las principales causas del conflicto ambiental. En la vecina Nicaragua, los indígenas Miskitos se encuentran a la vanguardia de una sangrienta disputa territorial. De acuerdo con Lottie Cunningham, una abogada Miskito, 24 personas han muerto y más de 50 resultaron heridas de gravedad a manos de los pobladores de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) desde 2014. Esto sucedió a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno de Nicaragua, en repetidas ocasiones, que haga mucho más para protegerlos. El informe de Global Witness pudo verificar 12 homicidios relacionados al medio ambiente en Nicaragua en el año 2015, de los cuales todos fueron indígenas. “Nuestras comunidades requieren, más que nunca, nuestro trabajo, y estamos comprometidos con él. Pero estamos en una situación permanente de peligro y alarma,” dijo Cunningham. Además, agregó que el gobierno de Nicaragua no ha logrado poner en práctica las leyes de garantía de sus derechos territoriales y continúa otorgando concesiones para proyectos en tierra indígena y sin consulta previa sobre los impactos. El informe insta a los gobiernos nacionales, empresas e inversores y organizaciones internacionales que tomen medidas inmediatas para optimizar la protección de los ecologistas. Entre las recomendaciones se destaca el mejoramiento de las fuerzas del orden por las autoridades locales, así como la ratificación del Convenio 169 de  la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que consagra los derechos de los indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre los proyectos que afectan a sus tierras. Se insta a los inversores a rechazar las decisiones de inversión a menos que el Convenio 169 de la OIT haya sido respetado. Agonía en la Amazonia Aparte del año 2011, más activistas ambientales murieron en Brasil cada año desde el 2002 que en cualquier otro país. Unos 500 activistas brasileños fueron asesinados durante este período. Los 50 muertos de 2015 representan casi el doble que los del año anterior. La tala ilegal y la expansión de la frontera agrícola están vinculadas a un aumento de la violencia en los estados amazónicos de Pará, Maranhão y Rondônia, donde tuvieron lugar la mayoría de los homicidios. Según los informes, muchos propietarios contratan sicarios para silenciar a quienes se oponen a sus intereses. Tauli-Corpuz de la ONU describió la situación como una “guerra abierta”. El Congreso de Brasil está debatiendo una propuesta a largo plazo conocida como PEC 215, para modificar la constitución y que transfiera  la autoridad para la demarcación de los territorios indígenas del ejecutivo al legislativo, un poder amigable con la agroindustria. Si se aprueba, el PEC 215 podría dar paso a que en las tierras indígenas se críe ganado y se cultive soja, así como la implementación de proyectos de petróleo y gas, lo que sería fatal para sus habitantes. En Florencia, en el departamento del Caquetá en la Amazonía colombiana, los conflictos violentos han estallado a partir de la extracción de petróleo con las iglesias locales, empresas y ONG que forman una alianza improbable en la defensa de los frágiles ecosistemas de la zona. “La explotación de hidrocarburos es temporal, la Amazonia es para toda la vida,” aseguró Eduardo Moya, jefe de la cámara de comercio local, a Diálogo Chino en una entrevista el año pasado. En los márgenes de la cuenca del Amazonas, en el centro de Colombia, los activistas se enfrentan a constantes amenazas y a la intimidación de los grupos paramilitares que actúan en nombre de las empresas locales, según señaló el informe de Global Witness. La zona también atrae a corporaciones mineras multinacionales a causa de sus vastos depósitos de oro. Sufriendo por años en el marco de un permanente conflicto civil, los grupos indígenas como los Embera Chamí ahora se enfrentan al desplazamiento por obra del enorme mercado de la agroindustria y las industrias extractivas que exacerban la desigualdad de la tierra, la pobreza y la degradación ambiental, dice el informe. La apropiación de tierras y la explotación comercial son muy comunes, e incluso están legitimadas por una ley aprobada en 2015 para impulsar el desarrollo económico de determinadas áreas, independientemente de que hayan sido apropiadas ilegalmente, según Amnistía Internacional. Advertencias Cuando recibió su premio Goldman, Berta Cáceres habló de repetidos acosos y amenazas de muerte: “Me siguen, me amenazan con matarme, con secuestrarme. Amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos enfrentamos.” A pesar de sus advertencias, el gobierno de Honduras hizo poco para protegerla. Y sólo dos semanas después de su muerte, su colega Nelson García también fue asesinado. Fue entonces cuando los inversores holandeses y finlandeses retiraron los fondos para la represa Agua Zarca. El contratista china Sinohydro se había retirado del proyecto en el año 2012 en medio de crecientes tensiones. Mientras Global Witness insta con firmeza a una mayor protección y a la realización de las investigaciones correspondientes ante este tipo de violencia – sin la cual no habría una propagación de la cultura de la impunidad – también responsabiliza este fenómeno a la tendencia cada vez más extendida hacia modelos económicos basados en recursos de los países en desarrollo. La caída de los precios mundiales sólo es probable que intensifique el desarrollo orientado a la exportación de commodities, y como consecuencia, mayores riesgos para el medio ambiente y sus defensores. Los proyectos contenciosos deben revisarse urgentemente y sus oponentes deben ser motivados  a hablar con garantías para su seguridad, según indica el informe. De lo contrario, los homicidios sólo aumentarán. “Así se acabará también con toda esperanza que tengamos para las generaciones futuras,” advierte el informe.