Una cuarta parte del territorio de Colombia se encuentra bajo el dominio de los paramilitares. La información fue obtenida por Diálogo Chino de primera mano, a través de Leonardo González, coordinador de investigación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). La entidad publicará durante los próximos días un estudio completo sobre esos «grupos ilegales armados que actúan de acuerdo con la economía de guerra del cultivo de cocaína, que están involucrados con el narcotráfico, minería ilegal y se apropian de recursos del Estado», según definiciones de González.
Aunque no sean los únicos, los paramilitares están involucrados en la matanza de líderes sociales que trabajan por la defensa del medio ambiente, de los indígenas y de la tierra. Nada menos que el 49% de las 117 personas asesinadas en Colombia el año pasado trabajaban en esas áreas, según datos compilados por el INDEPAZ. Para obtener ese resultado, el instituto cruzó cifras publicadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Defensoría del Pueblo y varias ONG. Los asesinatos siguen sucediendo sin tregua durante el corriente año.
Al «eliminar» a los líderes sociales, los grupos responsables de los asesinatos pasan a dominar la región y de este modo acaban interfiriendo directamente en la política. Estos grupos están «relacionados con la política – ponen y sacan alcaldes – para apropiarse de los ingresos, contratos y tierras», afirma el especialista. La diferencia que existe entre la matanza que se daba en los años 80 y la actual radica en que las víctimas no son líderes nacionales conocidos, ahora se trata de líderes a nivel regional. Aparentemente, los líderes serían elegidos a nivel regional a propósito, para que el crimen no se destaque tanto y, por lo tanto, para que el gobierno no tenga que investigarlo.
Obviamente el gobierno de Juan Manuel Santos lo niega. El gobierno afirma que está investigando los asesinatos, que el número de muertes asciende a 64, e inclusive afirma que ya identificó «el avance de estructuras del narcotráfico del clan del Golfo en zonas post FARC» y ha prometido actuar de modo «contundente contra este grupo criminal y contra todo aquel que ponga en peligro la seguridad de los colombianos», según consta en una nota emitida por el ministro del Interior Juan Fernando Cristo Bustos. «Un único asesinato de un líder social amenaza la consolidación de la paz territorial», reconoce el ministro y promete investigar con rapidez.
Las FARC y los asesinatos
A partir de la firma del segundo acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los guerrilleros se están yendo de las áreas que ocupaban antes en el interior del país. En consecuencia, los campesinos están volviendo a las tierras que habían sido tomadas por las FARC. Lo mismo están haciendo grupos que quieren quedarse con esas tierras para usarlas para cultivos lícitos o ilícitos, como ruta del tráfico de drogas o para obtener poder. El compromiso de Restitución de tierras firmado por las partes prevé la devolución de tierras y/o inmuebles a aquellas personas que reclamen formalmente la restitución de bienes de su propiedad que hubieran sido confiscados por las FARC.
«Cuando un actor armado como lo son las FARC dejan un territorio, otras organizaciones empiezan a hacer reivindicaciones de derechos fundamentales y eso molesta a mucha gente poderosa de la región y revive el odio», cree González. La ONG Front Line Defenders concuerda. «El avance del proceso de paz y el cese del fuego definitivo por parte de las FARC, junto con el inicio de las conversaciones sobre la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) aumentó el nivel de violencia ejercido contra los defensores de los derechos humanos», afirma la entidad. De acuerdo con la Fundación Forjando el Futuro, hoy en día en Colombia hay 114 millones de hectáreas de tierra de las cuales el 65% no han sido legalizadas. Por lo tanto, ése sería el origen de la violencia.
Un estudio realizado por el Inter-American Dialogue prueba que más de 144 mil hectáreas de bosques fueron destruidas sólo en 2015 dentro del territorio colombiano. Para evitar más conflictos y destrucción ambiental, Lorenzo Morales, profesor de la Universidad de Los Andes y autor del trabajo, propone mejorar los datos sobre las tierras, delimitando con claridad las áreas ambientales y de frontera agrícola. La reubicación de los llamados trasladados en tierras productivas y con acceso a infraestructura y servicios básicos. Además de recomendar al gobierno fortalecer a las autoridades locales, gobiernos indígenas e instituciones ambientalistas.
