A diferencia de Berta Cáceres, quien fue asesinada hace casi un año en la apacible ciudad hondureña de Esperanza, el maestro de escuela primaria y líder de la comunidad indígena de Tolupan, José Santos Sevilla, no era alguien célebre. Pero su asesinato, ocurrido el viernes 17 de febrero, tuvo escalofriantes paralelismos con el homicidio de la ganadora del Premio Ambiental Goldman en 2015.
Al igual que Cáceres, Santos se encontraba durmiendo cuando fue asesinado fatalmente por pistoleros enmascarados que irrumpieron en su domicilio en el municipio de Orica, a unos 75 kilómetros al noreste de la capital Tegucigalpa. Alexander Rodríguez, el alcalde de Orica y amigo de Santos, dijo que el motivo del asesinato era desconocido. Sin embargo, otros indígenas de la comunidad Tolupa han sido asesinados durante las protestas pacíficas contra las operaciones mineras y de tala en su territorio, informaron agencias de noticias.
La muerte de Santos se produjo apenas dos semanas antes del aniversario del sangriento asesinato de Cáceres, el 3 de marzo de 2016, y en medio de una oleada de asesinatos e intimidaciones a activistas ambientales e indígenas en Honduras y en todo el mundo. A esto se suman los homicidios de Nelson García y Lesbia Yaneth de COPINH, el grupo de derechos indígenas de Cáceres. En total, más de 120 personas han sido asesinadas en el país centroamericano desde el 2010, posicionándose como el lugar más mortífero en la defensa el medio ambiente, según reveló una investigación reciente de la Organización No Gubernamental británica, Global Witness.
“Hemos documentado violaciones generalizadas al derecho internacional en relación a los pueblos indígenas. Lo más importante es que las empresas y los actores estatales están aprobando ilegalmente proyectos de minería, agroindustria y energía hidroeléctrica sin consultar a las comunidades afectadas”, dijo a Diálogo Chino Billy Kyte, líder de la campaña por el medio ambiente y en defensa de las tierras en Global Witness.
Inversores internacionales implicados
Global Witness cuestionó a los inversores europeos en Honduras por sus “fracasos sistemáticos y generalizados” para no calmar la violencia en el proyecto de la represa de Agua Zarca, que apoyaron, y al cual Cáceres y la comunidad indígena Lenca resistieron. Según Kyte, el inversor holandés FMO y el finlandés Finnfund no condenaron la intimidación a Cáceres, que antes de su asesinato recibió 33 amenazas públicas de muerte.
FMO manifestó públicamente su pesar por la violenta muerte de Cáceres a través de un comunicado en su sitio web y suspendió temporalmente sus operaciones en Honduras, argumentando que está buscando una “salida responsable” del proyecto. Todavía están por retirarse formalmente del emprendimiento. El contratista chino Sinohydro se retiró del proyecto en 2012, en medio de crecientes tensiones entre los opositores de la represa y Desarrollos Energéticos S.A de C.V (conocido como DESA), la empresa que gestiona el proyecto.
Además de los inversores privados, los grandes donantes de ayuda internacional, como Estados Unidos, deben reevaluar sus actividades en Honduras para asegurarse de no fomentar o financiar industrias que ponen en riesgo a los activistas, establece el informe. La hoja informativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos acerca de Honduras dice que su foco es el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, incluyendo la promoción de los derechos humanos y el estado de derecho y “alienta y apoya los esfuerzos hondureños para proteger el medio ambiente”.
Diálogo Chino consultó a un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobre cuál es la forma en la cual apoyan la protección ambiental en Honduras y por qué los esfuerzos para mejorar la seguridad parecen no tener éxito para terminar con los asesinatos de los activistas. Su respuesta, por correo electrónico, fue: “Cualquier asesinato, y particularmente los de los Defensores de los Derechos Humanos o de las ONG´s, es un motivo de gran preocupación”. Estados Unidos plantea constantemente su preocupación por los derechos humanos al gobierno hondureño, pero “un esfuerzo sostenido y una voluntad política sostenida” son necesarios para lograr un cambio duradero, dijo el funcionario.
Las empresas se están expandiendo más agresivamente hacia las áreas protegidas para resguardar sus beneficios, a menudo sin consultarlo con las comunidades afectadas.
Sin embargo, Kyte destacó que la mitad de la ayuda anual de los Estados Unidos a Honduras – el mayor receptor de ayuda de Estados Unidos en Centroamérica – está supeditada a la mejora de los derechos humanos. Los Estados Unidos también proveen entrenamiento a las fuerzas de seguridad hondureñas, las cuales han sido implicadas en el asesinato de Cáceres a través de un informe publicado en el diario británico The Guardian.
Global Witness instó al gobierno hondureño a poner fin a los asesinatos y a la “impunidad crónica”, llevando ante la justicia a los perpetradores y autores intelectuales de los crímenes. Estados Unidos también debe implementar las condiciones necesarias para ayudar a Honduras en relación a los derechos humanos, condenar los asesinatos de los activistas y suspender la inversión en industrias que son generadoras de violencia hasta que los activistas estén mejor protegidos.
Aumento global de los asesinatos
América Latina sigue siendo la región más mortífera del mundo en la defensa del medio ambiente, pero aquellos que se encuentran en la primera línea de los conflictos relacionados con la tierra y los recursos son continuamente señalados en todo el mundo por aquellos que buscan beneficiarse de industrias ambientalmente destructivas. En los últimos meses se han asesinado activistas en México, Colombia, Filipinas y RD Congo.
Poco después de visitar Honduras el año pasado, Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la ONU para los derechos humanos, calificó de “epidemia mundial” a esta serie de asesinatos a los activistas. La reciente caída de los precios mundiales de los commodities sólo ha exacerbado el problema. Las empresas se están expandiendo más agresivamente hacia las áreas protegidas para resguardar sus beneficios, a menudo sin consultarlo con las comunidades afectadas.
En enero, otro ganador del Premio Ambiental Goldman, Isidro Baldenegro, de la comunidad indígena Tarahumara, recibió un disparo en su casa en Chihuahua, México. Baldenegro se había ganado el reconocimiento por defender los bosques de la región contra las devastadoras operaciones madereras.
En Filipinas, los grupos ambientalistas que apoyan una campaña del ministerio ambiental para controlar operaciones mineras muy contaminantes también se encontraron en la línea de fuego. “Los asesinatos, la militarización y otras violaciones a los derechos humanos en las zonas afectadas por la minería también deberían ser una base sólida para la suspensión y el cierre de grandes minas”, dijo Clemente Bautista, coordinador de la organización ambientalista filipina Kalikasan, en un reciente comunicado de prensa.
Kalikasan informó que el número de asesinatos de activistas ambientales en Filipinas fue de 112 en los últimos 15 años. Recientemente, el 15 de febrero, hombres armados asesinaron brutalmente a la abogada ambiental Mia Mascariñas-Green frente a sus tres hijos. Mascariñas-Green era bien conocida por sus casos y había estado involucrada en una disputa de tierras con un hombre de negocios a nivel local.
En su último informe anual, Tauli-Corpuz dijo que mientras las áreas de conservación continúen expandiéndose, las amenazas en su contra por parte de las industrias extractivas, energía y los proyectos de infraestructura también siguen aumentando. Ella sostiene que la conservación efectiva entre los grupos indígenas y ambientales, que pueden aprovechar su influencia para exigir mayores protecciones, es de suma importancia.
“La creciente incidencia de asesinatos a ambientalistas indígenas pone de relieve la importancia de que los conservacionistas y los pueblos indígenas unan sus fuerzas”, escribió.
