El dos de septiembre, comunidades indígenas de las regiones de Morona-Santiago, Azuay y Zamora en el sudeste de Ecuador se reunieron para detallar sus experiencias relacionadas con las actividades mineras chinas durante la última década. Uno de estos proyectos (Río Blanco) actualmente se enfrenta a una protesta de centenares de residentes locales y otro plan (Mirador) ha sido escenario de violentos conflictos entre miembros de la comunidad local y la empresa china que opera en la región, apoyada por el Estado ecuatoriano.
Seguramente, lo que este tribunal representa no es aquello que Rafael Correa pensaba que iba a suceder al momento de ganar la presidencia en el 2006. En su campaña Correa presentó una audaz plataforma de derechos indígenas, sostenibilidad ambiental y soberanía política, uniendo a las facciones políticas de izquierda de su país en una réplica contundente al “Consenso Neoliberal de Washington”.
El foco de este movimiento fue incorporar las nociones ecuatorianas del Buen Vivir (o Sumak Kawsay) en el marco de una ” Revolución Ciudadana” que fue aclamada tanto dentro del país como en el extranjero, como un concepto de desarrollo alternativo o como alternativa al desarrollo. Correa propuso cambiar la “matriz productiva” del país a través de una amplia construcción de infraestructura, argumentando que diversificando la economía lejos del petróleo, podría lograr la conservación ambiental y la autodeterminación nacional, al mismo tiempo que financiaría programas sociales más amplios.
Tras haber logrado un triunfo electoral convincente, Correa y su partido gobernante Alianza País emprendieron una serie de cambios que desarraigaron al país. El presidente, educado en Bélgica y Estados Unidos (con un doctorado en economía de la Universidad de Illinois), declaró como “ilegítimos” los $ 3.2 billones correspondientes a la deuda externa de Ecuador, en un atrevido desafío a los “monstruos reales” que conformaban el orden económico político occidental.
Correa convocó y recibió una asamblea constituyente en 2008, y la constitución resultante (la vigésima de Ecuador) otorgó, entre otras cosas, derechos explícitos a la naturaleza y centralizó al poder político a través de la reorganización de las estructuras institucionales del país. En un acto fundamental para un petroestado, impulsó la renegociación de las concesiones del petróleo sostenidas por las multinacionales extranjeras, buscando terminar el “robo” del patrimonio natural de las manos extranjeras.
Encuentro con China
Los mercados internacionales no recibieron amablemente estos audaces movimientos, a pesar del apoyo ideológicos de sus aliados regionales. Etiquetado como un paria por los tradicionales acreedores de Ecuador, Correa se dirigió a China, un país que en ese momento era una de las únicas fuentes disponibles para el financiamiento del desarrollo.
Ambos países encontraron en el otro un amigable socio para los negocios. El gobierno chino logró ampliar su influencia regional a través de una serie de préstamos bilaterales que aseguraron fuentes rentables de petróleo para sus empresas estatales. A cambio, Ecuador encontró financiación y contratación para su ambiciosa “revolución” de desarrollo.
El modelo de transformación respaldado por China, considerado por la máquina de propaganda de Alianza País como una bendición para el país, hoy puede observarse en términos muy diversos. Si bien Correa logró mejorar temporalmente los índices de pobreza, salud y educación, se produjo una recesión tras una fuerte caída de los precios de las materias primas en 2013 que exhibió los peligros de la verdadera estructura económica: la continua dependencia del petróleo.
Los proyectos construidos por China han traído consigo desventajas sociales y ambientales y a partir del trato preferencial a las empresas chinas como resultado del poder diplomático, se le permitió ignorar los procesos previos de evaluación comunitaria y ambiental requeridos por la legislación ecuatoriana. Finalmente, innumerables historias de corrupción están asociadas con las obras chinas, ninguna de mayor escala a la del escándalo de Odebrecht que amenaza con derribar al vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.
La minería siempre ha sido una contradicción dentro de la estrategia de desarrollo de Alianza País. La visión de Correa de reclamar la soberanía nacional incluía tener la capacidad de poder explotar los recursos naturales de su país; “No podemos ser mendigos sentados en un bolsa de oro” era el frecuente refrán del presidente. Este nacionalismo de recursos, apoyado en el “cambio de la matriz productiva”, presentó una clara desviación del espíritu del Buen Vivir establecido en la Constitución, que determina que la Amazonía debe ser reconocida como un lugar central dentro de la ecología global y, además las comunidades indígenas deben recibir condiciones prioritarias de consulta sobre el desarrollo de sus tierras originarias.
Esta errática fundamentación teórica refleja la trayectoria del desarrollo de la industria minera bajo la presidencia de Rafael Correa. Rodrigo Izurieta, presidente de la Cámara de Minería ecuatoriana, señaló que antes de Correa, en gran parte la minería se limitaba a pequeños proyectos artesanales, que nunca llegaban a alcanzar un punto porcentual completo del PIB del país. Tras la elección Correa, se suspendieron y nacionalizaron la mayoría de las concesiones de recursos existentes, hecho que asustó a los inversores internacionales.
La única empresa minera que logró adjudicarse con éxito un contrato durante este período fue Ecuacorriente S.A. (ECSA), propiedad del consorcio chino CRCC-Tongguan. Probablemente, este contrato surgió como producto de la combinación entre la presión diplomática y la compañía china, respaldada por el estado chino, que aparentemente constituyen reservas de capital sin fondo. “Fue política del Estado no sólo aceptar sino favorecer la influencia china en Ecuador”, dijo Izurieta.
Las empresas estatales chinas que operan en el extranjero han tenido innumerables ejemplos de dificultades o falta de voluntad para establecer relaciones positivas con las comunidades locales que viven en las proximidades o en sus concesiones de recursos, y esto ha resultado ser cierto en el caso de Ecuador. Para muchos, la responsabilidad radica tanto en el desinterés de las empresas chinas por sus inversiones más allá de la obtención de un margen de ganancias, como en la ausencia del gobierno ecuatoriano no sólo en la falta de aplicación de regulaciones de protección ambiental y consulta social, sino también en el apoyo a las actividades mineras chinas a través de la fuerza física y la manipulación política. “Las empresas mineras occidentales de la región al menos, dieron la sensación de estar preocupadas por las comunidades locales y sus concesiones”, dijo un ex funcionario ecuatoriano de ECSA. “Los chinos ni siquiera fingen que no les importa”.
En Ecuador, la mina a cielo abierto El Mirador ha demostrado ser interminablemente problemática para todas las partes involucradas. Aceptada como el primer proyecto minero a gran escala del país, su operación se ha estancado por la feroz resistencia civil de la comunidad indígena Shuar, en cuyo territorio se hizo la concesión. La falta de cumplimiento de las evaluaciones de riesgos ambientales, el desplazamiento forzado por parte de las fuerzas de policía estatales y la muerte del líder Shuar José Tendetza han provocado indignación en las comunidades locales.
El 2 de septiembre culminó en la elaboración de un memorándum, con la ayuda de la organización sin fines de lucro, Acción Ecológica. El documento enumera reclamos específicos contra la actividad minera china en la región realizada con el apoyo explícito del Estado ecuatoriano.
Algunos consideran que los próximos pasos para el desarrollo ecuatoriano son anti-chinos y pro-minería. Presionado por una década de préstamos respaldados por petróleo muy favorables para el gobierno chino, el nuevo presidente de Ecuador, Lenin Moreno, ha anunciado medidas de austeridad en respuesta a las deudas, así como también decidió promover el desarrollo de la “minería responsable”. El Ministerio de Minería ha auspiciado la posición de Ecuador en las mismas concesiones de los Andes como las potencias mineras de Chile y Perú, con sólo un 10% del potencial minero del país explorado, y a partir de las reformas de los códigos mineros y sus cambios más favorables para la inversión generaron el acercamiento de numerosas corporaciones occidentales, incluyendo a gigantes como BHP, Solgold y Lundin.
“La lección china tuvo un costo muy alto para poder aprenderla, pero al final resultó ser una buena lección”, dijo Izurieta. La pregunta es: ¿lo aprendió Ecuador?
