Este es el tercero artículo de una serie especial que analizará el rol de China en la promoción del desarrollo pacífico y sostenible en Colombia
A un año de la firma del histórico acuerdo con el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la paz sigue siendo ilusoria para muchos colombianos.
Las tensiones sobre la tierra y los recursos naturales persisten en las zonas rurales a pesar del fin del conflicto entre las FARC y el gobierno colombiano. Esto se debe en parte, a que el gobierno continúa priorizando la extracción y la exportación de productos básicos como el petróleo, sin realizar una consulta adecuada con las comunidades afectadas, según asegura Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para la Paz y el Desarrollo de Colombia (INDEPAZ).
“El modelo económico ha ayudado a la reproducción de la violencia en los últimos 60 años”, dice.
Recientemente, González Posso aseguró públicamente en la Universidad Javeriana en Bogotá, capital de Colombia, que el conflicto persiste ya que el Estado permanece susceptible a ser capturado por intereses privados. El gobierno colombiano tiene la autoridad exclusiva para el otorgamiento de concesiones para proyectos de extracción a través de la Agencia Nacional de Minería (ANM).
Colombia está entrando ahora en una fase de “baja intensidad” en relación al conflicto, asegura González Posso. Si bien la frecuencia de los conflictos puede haber disminuido y los responsables de la violencia pueden haber cambiado, las comunidades rurales siguen sufriendo las consecuencias, añadió. A principios de este mes, otro grupo guerrillero de izquierda, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), acordó un primer alto el fuego.
Desde los años cuarenta, Colombia ha experimentado conflictos civiles tan complejos como sangrientos entre las fuerzas de seguridad, tanto los grupos guerrilleros de izquierda como los paramilitares de derecha han dejado cientos de miles de muertos y millones de desplazados a nivel interno.
Conflicto de petróleo
El bloque petrolero de Nogal en el antiguo bastión de las Cañadas de las FARC constituye un ejemplo de los conflictos relacionados con los recursos que tienen lugar en todo el país, afirmó Joel Ross, analista latinoamericano de la consultora británica Verisk Maplecroft.
La perforación en el bloque de Nogal, propiedad de Emerald Energy, una filial británica del Sinochem de China, causará daños irreparables al agua y a los suelos de los que dependen los sensibles ecosistemas amazónicos y las comunidades, advirtieron los opositores.
“La oposición social a los proyectos de extracción está alcanzando su máximo histórico en Colombia”, aseguró Ross. Además, le recomendó a los inversores que buscan un acuerdo post-paz en Colombia que lleven a cabo una evaluación “minuciosa y exhaustiva” de los posibles riesgos ambientales, sociales y políticos, que también incluyen la violencia asociada al narcotráfico y a la extracción ilegal de oro.
Participar en un diálogo temprano con las comunidades locales y comprender las preocupaciones y demandas de las comunidades ayudará a mitigar el riesgo de disturbios o de oposición social a los proyectos, agregó Ross.
Carlos Andrés Santiago, portavoz de la Corporación de Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (CORDATEC), dijo: “Estamos avanzando en relación a los conflictos en defensa del agua, los recursos y el territorio”.
La organización, que se opone al fracking (producción de petróleo y gas de yacimientos no convencionales) en el departamento septentrional de César, exige un modelo de desarrollo alternativo que considere el principio del “buen vivir” y respete los derechos de la naturaleza.
Con la salida de las FARC, el mayor temor para algunas de las comunidades que viven alrededor de los sitios de los nuevos proyectos en desarrollo es lo que vendrá después, ya que la presencia del grupo armado proporcionó una forma de autoridad y control.
“No estamos cerrados a la inversión extranjera, no estamos en contra del desarrollo”, dijo Ernesto Ramírez Flores, de la Asociación de Consejos y Organizaciones Comunitarias del Bajo Atrato (ASCOBA), una cuenca densamente boscosa del departamento de Chocó, al noroeste de Colombia en la frontera con Panamá.
“Lo que estamos pidiendo es que la inversión sea conducente con nuestra cultura y nuestra visión, y sobre todo con los deseos y el permiso de nuestras comunidades”, añadió.
Ramírez aseguró que el estado ha tenido escasa presencia en la región y las comunidades coexistían con las FARC. Él destaca que las comunidades conservan el derecho legal a ser consultadas sobre los proyectos que se emplacen en su territorio.
Vanessa Torres, investigadora de la organización no gubernamental Ambiente y Sociedad, sostuvo que muchos proyectos en desarrollo se estancaron en Colombia a causa de la presencia de los guerrilleros. “No sólo es el petróleo, sino también la minería y la infraestructura “, dijo.
El acuerdo de paz con las FARC fijó nuevas normas para el desarrollo del territorio que anteriormente era controlado por este el grupo, incluyendo el rápido seguimiento de la aprobación de muchos proyectos. El gobierno colombiano asegura que este nuevo proceso facilita la llegada de la inversión extranjera.
“Tenemos un destino más atractivo para los negocios, para la llegada de más turistas a áreas del país que fueron aisladas por la guerra, y para captar inversores que quieran establecerse en el país”, dijo Felipe Jaramillo, presidente de la agencia de promoción comercial ProColombia, al periódico español El País.
Sin embargo, Torres asegura que los planes para otorgarle a la rama ejecutiva del gobierno un mayor poder de decisión sobre los nuevos proyectos, pasando alto a la legislatura, son peligrosos. Muchos de los proyectos requieren de análisis técnicos detallados para determinar cuáles serán sus impactos.
“Pasar por alto al Congreso no garantiza que se lleve a cabo un procedimiento de aprobación adecuado. Pero le da tiempo”, advirtió Torres, quien ha tenido acceso a algunos de los proyectos propuestos.
En mayo de este año, el Tribunal Constitucional de Colombia declaró inconstitucional una ley de 2016 encaminada a simplificar la aprobación de proyectos de desarrollo. El tribunal dictaminó que el Acta Legislativa por la Paz, conocida localmente como la Ley de Vía Rápida, amenazaba el principio democrático de separación de poderes.
La presencia china se intensifica
En mayo de 2015, el premier chino Li Keqiang viajó a Colombia en el primer viaje de un político de alto rango procedente de China en 35 años.
Poco antes de la visita de Li, ambos países firmaron un acuerdo de cooperación económica y técnica que le permitiría a China desembolsar fondos a Colombia para contribuir en el proceso de reordenamiento territorial en el período posterior al conflicto. Sin embargo, este tipo de acuerdo no contiene disposiciones sobre gestión social y ambiental.
Colombia representa una especie de anomalía para un país andino en términos de su relación con China, según sostiene Torres, que ha seguido de cerca la llegada de la inversión china al país.
A diferencia de Perú y Ecuador, la inversión ha llegado más lentamente debido a los largos y costosos procesos y acusaciones de las empresas chinas que acusaron al gobierno colombiano de haber favorecido a la competencia brasileña.
Con la gigante empresa de infraestructura brasileña Odebrecht vendiendo sus activos en Colombia, la presencia de China se está “intensificando“, señaló Torres, pero al mismo tiempo destacó que hasta ahora la inversión se concentró especialmente en hidrocarburos.
Wu Guoping, experto en América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales, sostuvo que el petróleo es una fuente importante de ingresos para Colombia y que el interés de China en el petróleo de Colombia satisface las necesidades de ambos países.
Sin embargo, Wu aseguró que hace aproximadamente diez años, la embajada colombiana en Beijing intentó negociar con las compañías chinas para que invirtieran en su sector petrolero, pero con poco éxito. En ese momento, Colombia buscaba expandir el sector petrolero y desmitificar la percepción de que sólo era un exportador de café.
Hoy, Colombia necesita diversificar sus exportaciones a China para incluir productos como frutas, dijo Wu en el marco de una entrevista con la publicación local de negocios Portafolio. Wu aseguró que la caída en el precio del petróleo impactó sobre el valor global del comercio entre China y Colombia, y que este último debe mirar a países como Chile y Perú, que le vende al mercado chino una mayor variedad de productos.
Pero con una oposición social tan fuerte, las industrias extractivas enfrentan mucho más que desafíos económicos en Colombia. Ross señaló que algunas autoridades locales están planeando obtener votos populares que podrían prohibir las actividades mineras en su jurisdicción. “Cualquier precedente jurídicamente vinculante sería catastrófico para el sector”, aseguró.
