Ha transcurrido más de una década desde que se iniciaron las conversaciones sobre el Acuerdo de Escazú, el histórico tratado medioambiental de América Latina y el Caribe que pretende mejorar el acceso a la información, hacer frente a la impunidad generalizada de los delitos contra los defensores del medioambiente y reforzar los derechos de consulta de las comunidades sobre los impactos de los grandes proyectos de desarrollo e infraestructura.
El tratado entró finalmente en vigor en 2021 y hasta la fecha ha sido ratificado por 16 países de la región. Dominica fue el último en hacerlo, en abril de 2024.
Aunque el acuerdo solo está en su cuarto año, y su aplicación es un trabajo en curso, ya se está utilizando en litigios para reforzar los argumentos y, a veces con éxito, para defender los derechos de los ciudadanos.
El año pasado, por ejemplo, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional una ley que otorgaba a una empresa canadiense una concesión de 20 años para extraer cobre. El tribunal declaró que la aprobación de la concesión se había basado en una evaluación de impacto ambiental que estaba desactualizada, por lo que incumplía el objetivo del Acuerdo de Escazú de facilitar el acceso a la información ambiental.
En algunos países, los tratados internacionales pasan automáticamente a formar parte de la legislación nacional, por lo que son inmediatamente demandables. Uno de esos países es México, donde el más alto tribunal detuvo un importante proyecto de ampliación portuaria en la costa del Golfo, en Veracruz, al fallar a favor de los defensores de la comunidad y del medioambiente que pretendían proteger los arrecifes.
En Argentina, el tribunal federal de la ciudad de Mar del Plata ordenó detener las actividades de exploración de combustibles fósiles en 2022, en un caso presentado por Greenpeace. Lo hizo basándose explícitamente en la falta de participación e información públicas exigidas por el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, apelaciones posteriores anularon esta sentencia. Los jueces argentinos también rechazaron una solicitud de Greenpeace de una medida cautelar sobre la exploración, a pesar de una declaración de apoyo del fiscal, que subrayaba que los procesos en torno a las actividades no se habían ajustado debidamente a Escazú.
Casos clave en el Caribe
En el Caribe, el Acuerdo de Escazú se está utilizando para desafiar los intentos de los gobiernos de protegerse del escrutinio legal.
Una sentencia clave en esta línea forma parte de una batalla legal en curso en Antigua y Barbuda iniciada por dos antiguanos para bloquear la construcción de un aeropuerto privado que da servicio a complejos turísticos de lujo en la isla. Jacklyn Frank y John Mussington afirman que el proyecto, que se ha visto implicado en acusaciones de acaparamiento de tierras, está destruyendo los bosques de su isla, así como ecosistemas de humedales vitales para prevenir la erosión.
El recurso inicial de los demandantes, que alegaba que no se había consultado a los ciudadanos de Antigua y Barbuda sobre el proyecto, fue desestimado. Sin embargo, el Consejo Privado de Londres ―el tribunal supremo de apelación para los miembros de la Commonwealth― no estuvo de acuerdo y dictaminó en febrero que Frank y Mussington tenían derecho a presentar dicha demanda, lo que en términos jurídicos se conoce como “legitimación activa”, en consonancia con las obligaciones internacionales de Antigua y Barbuda en virtud del Acuerdo de Escazú.
Su batalla legal volverá ahora a los tribunales locales, donde recientemente presentaron una nueva demanda.
Mussington dice que la decisión del Consejo Privado expuso a Antigua y Barbuda, uno de los primeros países en firmar el Acuerdo de Escazú el 27 de septiembre de 2018, por no seguir sus propias reglas. “Mientras llevábamos este asunto al gobierno [en 2020], estaban ratificando Escazú”, señala. “Creo que en eventos futuros, no será probable que vuelvan a cometer ese error”.
La sentencia también abre la puerta a que otras personas de la región impugnen decisiones gubernamentales que afectan al medioambiente. Muchas de estas demandas, como la de Mussington, cuentan con el apoyo de la ONG Global Legal Action Network (GLAN).
Junto con George Jeffery, pescador y guía de aves antiguano, GLAN presentó recientemente una demanda contra la Autoridad de Desarrollo y Control de Antigua y Barbuda por aprobar una residencia privada de lujo para un millonario inglés con “conexiones reales” ahora desacreditadas en Cedar Tree Point, una urbanización situada dentro de una zona protegida. Afirman que el proyecto amenaza el lugar de anidamiento de tortugas marinas poco comunes y la zona de cría de la fragata, el ave nacional.
Mientras tanto, Grenada Land Actors (GLA), una red de ONG, organizaciones comunitarias y particulares que buscan una gestión sostenible de la tierra, ha demandado al departamento de planificación de Granada por el proceso de aprobación de tres proyectos de “megaturismo”. La organización afirma que las obras en estos lugares han deforestado humedales y manglares, perjudicado a especies protegidas y restringido o denegado el acceso tradicional de las comunidades. La audiencia está prevista para octubre.
Sarah O’Malley, abogada de GLAN, afirma que el gobierno granadino se había basado anteriormente en sentencias judiciales que desestimaban el caso de Barbuda: “El caso de John [Mussington] significa que todos esos argumentos de legitimación contra los que GLA iba a tener que luchar desaparecen por completo, y pueden centrarse más en los fundamentos”.
Una demanda similar está prevista en Dominica, donde se está construyendo un aeropuerto internacional en una zona ecológicamente sensible.
Cumplimiento e influencia internacional
Escazú tiene también una creciente dimensión internacional.
Tras negarse inicialmente a firmar el acuerdo, Chile se convirtió finalmente en parte de pleno derecho en junio de 2022. Apenas cinco meses después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos castigó al país por violar el derecho a la libertad de expresión de Carlos Baraona Bray, un abogado que fue condenado penalmente por difamación tras acusar a un senador chileno de presionar políticamente a las autoridades públicas para que permitieran la tala ilegal de cipreses patagónicos.
En su decisión, el tribunal destacó la garantía del Acuerdo de Escazú de “un entorno seguro y propicio” para los defensores del medioambiente y los requisitos estatales para protegerlos.
El acuerdo también se mencionó brevemente en dos sentencias de la Corte Interamericana contra gobiernos: Perú, por violar el derecho a un medioambiente sano de los habitantes de la ciudad minera andina de La Oroya; y otra que reconocía los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Todo ello a pesar de que estos dos países no han ratificado el acuerdo.
Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), dijo a Dialogue Earth que el Acuerdo de Escazú tiene poder por sí mismo, pero se están haciendo esfuerzos para fortalecerlo utilizándolo junto con otros instrumentos jurídicos internacionales.
Es probable que se haga referencia al acuerdo en la próxima opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre cambio climático y derechos humanos, en la que CEJIL ha desempeñado un papel clave. Aunque la Corte se encarga principalmente de defender la Convención Americana ―el pacto de derechos humanos ratificado por 24 Estados del hemisferio occidental―, el Acuerdo de Escazú se ha mencionado muchas veces en las presentaciones escritas y orales sobre esta opinión. “Esperamos que esto proporcione a los Estados de las Américas un conjunto de obligaciones claras basadas en una interpretación integrada de la Convención Americana y Escazú”, afirma Krsticevic.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una ONG con sede en Argentina, también tiene un caso pendiente en la Corte Suprema de Justicia del país, que pretende aunar Escazú y el Acuerdo de París sobre cambio climático. FARN busca una orden cautelar que impida a las autoridades nacionales consentir la exploración sísmica y la explotación de combustibles fósiles en alta mar hasta que se evalúen adecuadamente los impactos ambientales.
Cristian Fernández, coordinador jurídico de FARN, sugiere que las demandas basadas en el acceso a la información son relativamente sencillas. Pero añade que hacer cumplir otras partes del Acuerdo de Escazú podría ser más difícil, incluido el principio de no regresión ―que los Estados se comprometan a mantener, como mínimo, los niveles actuales de las normas reguladoras correspondientes―que FARN está tratando de defender en su demanda en curso.
Una limitación clave del Acuerdo de Escazú es que no cuenta con un tribunal propio para juzgar los casos, afirma Krsticevic. Se ha creado un comité de apoyo al cumplimiento, con normas básicas sobre cómo recibirá las consultas y emitirá recomendaciones acordadas en la última conferencia de las partes del tratado.
En cuanto a la aplicabilidad directa y a que los tribunales utilicen realmente el acuerdo, sigue habiendo una enorme lagunaNatalia Gómez, asesora de políticas de cambio climático de EarthRights International
Natalia Gómez, asesora de políticas de cambio climático de EarthRights International y ex representante pública oficial del Acuerdo de Escazú, añade que el comité de cumplimiento entra en funcionamiento en un país dos años después de que lo ratifique. Y aunque todavía no parece que se haya presentado ninguna reclamación ante el comité, algunas fuentes dijeron a Dialogue Earth que los grupos de la sociedad civil están dispuestos a hacerlo.
Gómez afirma que algunos países se habían resistido a la creación de un comité de cumplimiento para Escazú, recelosos de nuevos mecanismos que pudieran declarar responsabilidades estatales. Pero aunque el comité no podrá sancionar a los gobiernos por incumplimiento, cree que tendrá cierto peso político y jurídico, y señala las experiencias de acuerdos internacionales similares, como la Convención europea de Aarhus sobre el acceso a la información medioambiental: “Según tengo entendido, lo que ha ocurrido en Aarhus y en los comités de cumplimiento de otros tratados es que muchas veces esas decisiones son seguidas por los tribunales en su interpretación”.
Gómez añade que aún queda trabajo por hacer para educar a los jueces sobre el Acuerdo de Escazú, una cuestión en la que, al parecer, están trabajando grupos de la sociedad civil de algunos países. Además, a pesar de que el acuerdo anima a las partes a crear tribunales especializados en medioambiente, pocos países de América Latina y el Caribe cuentan con ellos. “En cuanto a la aplicabilidad directa y a que los tribunales utilicen realmente el acuerdo, sigue habiendo una enorme laguna”, afirma Gómez.
