Justicia

Opinión: Es hora de poner la justicia en el centro del futuro energético de América Latina

Las culturas indígenas y los movimientos sociales de la región ofrecen una amplia gama de posibilidades para construir un futuro energético equitativo y democrático, escribe Adolfo Mejía Montero
<p>Un hombre conduce una motocicleta en el desierto de La Guajira, en el norte de Colombia. Esta región, una de las más pobres del país, ha sido objeto de proyectos de energía renovable, lo que ha generado tensiones entre las comunidades indígenas locales (Imagen: <a href="https://flic.kr/p/2oKP6sY">Iván Otero</a> / <a href="https://flickr.com/people/197399771@N06">Presidencia de la República de Colombia</a>, <a href="https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.pt-br">PDM</a>)</p>

Un hombre conduce una motocicleta en el desierto de La Guajira, en el norte de Colombia. Esta región, una de las más pobres del país, ha sido objeto de proyectos de energía renovable, lo que ha generado tensiones entre las comunidades indígenas locales (Imagen: Iván Otero / Presidencia de la República de Colombia, PDM)

La energía ha moldeado la evolución de la vida en la Tierra, desde la fotosíntesis de los primeros organismos hasta los motores de la sociedad industrial. Sin embargo, a pesar de su papel fundamental en la configuración de los sistemas planetarios y el progreso humano, su comprensión y los enfoques hacia ella han estado dominados durante mucho tiempo por la ingeniería y la economía. Se ha prestado mucha menos atención a las dimensiones sociales de la energía, relacionadas con el poder, la justicia y la desigualdad. Esta situación ha comenzado a cambiar en las últimas décadas, a medida que las cuestiones sociales cobran importancia tanto dentro como fuera del ámbito académico.

Con más de 130 países comprometidos actualmente a triplicar su capacidad de energía renovable para combatir el cambio climático, ciertas preguntas son más relevantes que nunca. ¿Qué voces darán forma a nuestro futuro común, cuáles serán silenciadas, quiénes se beneficiarán y quiénes se verán perjudicados?

Se espera que la transición hacia una economía baja en carbono, planteada como un imperativo global, desencadene cambios profundos y estructurales en las economías y las sociedades. Si bien esto puede anunciar un futuro con más energías limpias y renovables, también corre el riesgo de reproducir o reforzar el legado de injusticias de la era de los combustibles fósiles si no se reconocen y abordan adecuadamente los problemas sistémicos arraigados en los sistemas energéticos.

Aquí es donde entra en juego la justicia energética. Este campo de investigación en auge analiza críticamente los sistemas energéticos para comprender y cuestionar cómo se distribuyen sus beneficios y cargas, y qué voces se escuchan en la toma de decisiones. También contribuye al desarrollo de formas en que los sistemas energéticos pueden abordar las injusticias existentes.

Dentro del campo de la justicia energética y en el contexto más amplio de las transiciones bajas en carbono, América Latina se destaca como una región clave pero a menudo pasada por alto. Ofrece no solo diversidad empírica —que abarca desde la extracción de combustibles fósiles y los megaproyectos hidroeléctricos hasta los movimientos de resistencia indígena contra ellos—, sino también ricas alternativas epistemológicas a los paradigmas occidentales dominantes.

Nosotros, como grupo de académicos que investigamos los impactos de los proyectos energéticos en América Latina, buscamos llenar este vacío con Energy Justice in Latin America: Reflections, Lessons and Critiques. Este libro recientemente publicado, que edité, explora valiosas ideas a partir del análisis de estudios de caso y contextos desde una perspectiva de justicia energética.

Treinta académicos de 12 países latinoamericanos describen casos que abordan una amplia gama de tecnologías energéticas y sus problemas asociados, desde la dependencia de los Estados extractivistas de los combustibles fósiles hasta los residuos de las palas de las turbinas eólicas. A lo largo de 16 capítulos, los autores exploran la controversia social en torno a las tecnologías bajas en carbono, las críticas al extractivismo, los debates sobre la autonomía y la identidad, y el legado sistémico del colonialismo. Sus contribuciones ofrecen una reflexión oportuna sobre el turbulento panorama energético regional y contribuyen a una comprensión más fundamentada de cómo se entiende y se vive la injusticia en toda la región.

Un grupo de turbinas eólicas en un campo
El parque eólico Ventika, en el estado de Nuevo León, en el norte de México. Aunque la energía eólica se describe ampliamente como una fuente “limpia”, la eliminación de residuos de las palas de los aerogeneradores puede generar un problema de contaminación (Imagen: Presidencia de la República Mexicana / Flickr, CC BY)

Al abordar la justicia energética, debemos pensar más allá de binomios simplistas: combustibles fósiles versus energías renovables, Norte Global versus Sur Global, nociones modernas versus nociones tradicionales de desarrollo. Las economías políticas de los países extractivistas que dependen de los ingresos del petróleo y el gas para financiar los servicios básicos no son sistemas fáciles de desmantelar, ni son intrínsecamente injustos en sus orígenes. Sin embargo, a medida que se producen las transiciones, el cambio hacia alternativas “más limpias” corre el riesgo de agravar las mismas injusticias —despojo de tierras, degradación medioambiental y exclusión social— que han afectado durante mucho tiempo a los sistemas energéticos latinoamericanos.

En Chile y Perú, la interrelación entre la minería del cobre y los grandes proyectos hidroeléctricos con los conflictos locales nos recuerda que los minerales fundamentales para la transición energética suelen tener un alto costo social y ecológico, como la degradación del medioambiente local y el agravamiento de los conflictos intracomunitarios. La justicia energética en Costa Rica y Panamá revela un patrón similar, en el que las comunidades indígenas suelen quedar al margen de la planificación de los proyectos, a pesar de las políticas nacionales que promueven la sostenibilidad y la inclusión. Ya sea por la violación de los derechos indígenas, como se refleja en la frontera del litio en Bolivia, o por el abandono de los residuos de turbinas eólicas en las zonas rurales de México, se repite una historia aleccionadora: las transiciones bajas en carbono sin un consentimiento significativo o un diseño conjunto con las comunidades afectadas probablemente perpetúen los daños y desencadenen conflictos locales.

Es evidente que es necesario adoptar marcos alternativos de justicia. Debemos ir más allá de las concepciones dominantes de la equidad arraigadas en las tradiciones filosóficas occidentales. En el libro, un capítulo combina ideas de la bioética, el concepto de equidad del filósofo John Rawls y la realidad de la pobreza en América Latina para mostrar por qué no basta con recurrir únicamente a soluciones técnicas o económicas para abordar problemas sociales complejos. Se argumenta que cuestiones como la desigualdad y la exclusión deben abordarse con enfoques éticos y socialmente justos, ya que la simple mejora de la tecnología o el impulso de la economía no necesariamente ayudan a los más necesitados.

Siguiendo una línea crítica similar, otra autora plantea una justicia energética feminista que desafía las estructuras de poder patriarcales y coloniales arraigadas en los sistemas energéticos. La justicia energética feminista exige un enfoque transformador de los sistemas energéticos que vaya más allá del simple aumento de la participación o la representación de las mujeres. El llamamiento es desafiar activamente y remodelar las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales que sustentan la forma en que se produce, distribuye y consume la energía, de manera que se afirme la vida y se permita la liberación colectiva . Estos enfoques facilitan la identificación y el abordaje de las estructuras de poder patriarcales y coloniales en los sistemas energéticos, que marginan las necesidades y las voces de los grupos vulnerables. También ponen de relieve la imposición de las necesidades del mercado energético nacional o mundial por encima del bienestar de las comunidades locales, usualmente indígenas, de América Latina. Estos enfoques no son abstracciones teóricas. Son lentes necesarias a través de las cuales comprender las experiencias vividas por millones de personas.

Mujeres alrededor de una mesa con material electrónico
Mujeres mayas construyen lámparas solares en Guatemala para llevar la luz a sus comunidades. La justicia energética feminista exige cuestionar y remodelar las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales que sustentan la producción, distribución y consumo de la energía (Imagen: Edwin Solares / Dialogue Earth)
Un grupo de hombres delante de un panel solar
Gauchos frente a un panel solar en Tacuarembó, en el norte de Uruguay. Abordar las estructuras de poder patriarcales en los sistemas energéticos es fundamental para satisfacer las necesidades de los grupos vulnerables. (Imagen: Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República Oriental del Uruguay / Flickr, CC BY NC ND)

En América Latina, la relación entre justicia energética, agencia comunitaria y resistencia es evidente. En Argentina, los esfuerzos de “energización territorial” de base demuestran cómo las soluciones energéticas diseñadas localmente pueden hacer frente a la desigualdad al tiempo que construyen poder colectivo, como el parque solar Arribeños, en el norte de la provincia de Buenos Aires, que busca responder a las demandas sociales de seguridad y estabilidad del servicio.

En Ecuador, los principios constitucionales del Buen Vivir y la Pachamama lo convirtieron en el primer país del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza e incorporar los valores indígenas en la política energética formal, ofreciendo vías para la equidad intergeneracional.

En México, se está reclamando un enfoque decolonial y plural de la justicia energética. Este enfoque se compone de sistemas de valores que van más allá de métricas cuantitativas como la intensidad de carbono y las emisiones, y se centran en el valor que tiene el proyecto de energía renovable para la comunidad local. Esto abre la puerta a futuros radicalmente diferentes, en los que la energía no es simplemente una mercancía o un servicio, sino que está arraigada en sólidas relaciones sociales y culturales. Se trataría de satisfacer las necesidades locales o impulsar las actividades económicas tradicionales, en lugar de seguir los mandatos de la modernidad capitalista o los objetivos globales.

Los sistemas energéticos y las transiciones bajas en carbono no son conjuntos neutros de finanzas, cables y turbinas, sino expresiones de opciones políticas, valores culturales y trayectorias históricas

Los discursos actuales sobre la energía suelen dar por sentado que la ampliación de los paneles solares o el despliegue del hidrógeno verde resolverán nuestros problemas. Se trata de visiones simplistas que deben cuestionarse. Del mismo modo, los sistemas energéticos y las transiciones bajas en carbono no son conjuntos neutros de finanzas, cables y turbinas, sino expresiones de opciones políticas, valores culturales y trayectorias históricas. Conocer mejor lo que han vivido las comunidades latinoamericanas nos permite comprender que las tecnologías “limpias” no son intrínsecamente justas y que, a menudo, perpetúan el despojo de tierras, refuerzan la exclusión social e ignoran las voces de los más afectados.

Esta perspectiva es urgentemente necesaria, ya que nos enfrentamos a una transición global que afectará a todas las comunidades del planeta. Si el objetivo no es solo descarbonizar, sino construir un futuro energético equitativo, democrático y culturalmente significativo, entonces la justicia energética debe construirse desde abajo, abrazando múltiples formas de conocimiento y de ser, como los proyectos energéticos liderados o gestionados por la comunidad. América Latina no es solo un caso de estudio, sino un crisol para repensar la justicia energética en sí misma. Sus cosmologías indígenas y sus movimientos sociales, así como las críticas académicas que surgen, ofrecen recursos indispensables para imaginar y crear un futuro energético más inclusivo y pluralista.

En una década decisiva para la acción climática, hemos logrado avances significativos y adquirido más experiencia como comunidad global en la construcción de sistemas energéticos más limpios y con bajas emisiones de carbono. Sin embargo, la exploración de la justicia energética en América Latina plantea una pregunta igualmente crucial: ¿podemos también construir sistemas más justos? Quiero creer que la respuesta es un rotundo sí.

Pero para llegar a ello es necesario hacer un profundo análisis de la historia del extractivismo y el colonialismo de la región. Se necesita un compromiso actual con la inclusión y la colaboración que incluya genuinamente las voces y conocimientos diversos de todos los territorios, así como un esfuerzo colectivo de cocreación. Solo a través de este proceso podremos empezar a remodelar las estructuras que sustentan los sistemas energéticos actuales y diseñar alternativas que afirmen la vida, conciliando las necesidades y aspiraciones locales con los objetivos globales de descarbonización.

Energy Justice in Latin America: Reflections, Lessons, and Critiques, editado por Adolfo Mejía Montero, fue publicado por Routledge en febrero de 2025.

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