El domingo los colombianos votarán a su próximo presidente y, por primera vez en décadas, la naturaleza del modelo económico orientado hacia las industrias extractivas nacionales se ha convertido en protagonista de un serio debate. El candidato de izquierda Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá, sorprendió ante las proyecciones iniciales al llegar a la segunda vuelta con una plataforma económica orientada hacia una “Colombia humana”, que persigue la eliminación del petróleo y la minería para convertir a Colombia en “una potencia agraria y agrícola”.
Entonces. ¿Colombia se encuentra a punto de alejarse de su dependencia del petróleo y el carbón? Probablemente no. Petro triunfaría por sobre el candidato de derecha Iván Duque con un promedio de 13 puntos, según indican las últimas encuestas y tiene un 20% de probabilidades de ganar, según el diario nacional El Tiempo. Incluso si la antigua guerrilla del grupo M-19 logra un milagro, cualquier intento de reestructuración a gran escala del orden económico liberal sería casi imposible, dado que el Congreso tiene una fuerte tendencia a la derecha.
77%
de los encuestados consideraba que los temas ambientales son “muy importantes” para decidir su voto.
Pero la decisión de Petro de posicionar las preocupaciones ambientales en el centro del debate tuvo un profundo efecto en la campaña. En abril, la Gran Encuesta, uno de los mayores sondes realizados a través de varios medios de comunicación, concluyó que el 77% de los encuestados consideraba que los temas ambientales son “muy importantes” para decidir su voto. El medioambiente se colocó detrás de la asistencia sanitaria y la seguridad, pero antes de los impuestos, el proceso de paz y la reforma de las pensiones.
“Esta es la primera vez que el debate ambiental ha tenido un gran impacto en la campaña presidencial”, dijo a Diálogo Chino, Margarita Florez, directora de la ONG Ambiente y Sociedad, con sede en Bogotá. “Los activistas ambientales han presionado mucho en los últimos años para realizar cambios en el plan de desarrollo nacional de Colombia. Hoy, los ciudadanos demandan una mayor participación en el desarrollo de proyectos de recursos naturales; ellos ven los efectos de una planificación ambiental negligente”.
Esto se ha evidenciado en dos incidentes ambientales importantes, que sacudieron la campaña. Durante el mes de marzo, el pozo petrolero Lizama, propiedad de la firma estatal de hidrocarburos Ecopetrol, ha bombeado aproximadamente unos 550 barriles de crudo a las principales fuentes de agua cerca de la ciudad de Barrancabermeja, en el departamento occidental de Santander, dejando una mancha petrolera de 30km de longitud.
Luego, en el mes de mayo, un mal funcionamiento en la represa de Hidroituango, ubicada a 175 kilómetros al norte de Medellín, provocó una inundación y la evacuación de 24,000 personas que vivían aguas abajo. El financiamiento del proyecto llega a través de un fondo que administra el Banco Interamericano de desarrollo, al que contribuyen el Banco Popular de China y Banco Industrial y Comercial de China, según investigaciones de Ambiente y Sociedad.
Las imágenes de ambos desastres se compartieron ampliamente en las redes sociales y resaltaron la incapacidad del estado para regular y supervisar a las grandes corporaciones. El hecho de que las regulaciones actuales sean insuficientes para evitar un derrame en un pozo de petróleo convencional, relativamente sencillo como Lizama, sugiere, además, que tendrán dificultades para evitar incidentes similares con proyectos de “fracking” más complejos, que son profundamente impopulares.
Retweeted Noticias Caracol (@NoticiasCaracol):
Más de 25 mil personas han sido evacuadas en el Bajo Cauca. Según la UNGRD, la comunidad ha acatado la orden #HidroituangoEnEmergencia https://t.co/RdfdpSdvDa pic.twitter.com/BTUb30SYve
— Juan Andrés Ubarnes. (@JuanUbarnes) May 22, 2018
Desde aquel evento, Duque – cuyo ascenso se ha basado fundamentalmente en el fuerte respaldo del ex presidente Álvaro Uribe – retrocedió en su antes fuerte apoyo al fracking.
La represa de Hidroituango fue construida durante la era de Uribe en una zona del país anteriormente afectada por actividades paramilitares. Petro, uno de los críticos más severos del paramilitarismo en su rol como senador opositor durante el gobierno de Uribe, no tardó en culpar al expresidente por no haber consultado a los lugareños antes de la construcción del proyecto y destacó sus propios planes para producir más energía para Colombia en base a proyectos solares y eólicos.
Sin embargo, es poco probable que sea suficiente para impulsar a Petro a la Casa Nariño, y es probable que la presidencia de Duque vea una aceleración de la actividad de la industria extractiva a través de reducciones de impuestos y una mejor competitividad.
“No podemos tener una política de destrucción de los sectores productivos”, dijo Duque a Reuters. “Todavía no somos un país petrolero. Somos un país con potencial. Debemos continuar la exploración de petróleo convencional y de alta mar para que podamos mantener los flujos de divisas que las exportaciones de petróleo nos generan “.
Esto podría traer efectos perjudiciales para las regiones remotas de Colombia, según Benjamin Creutzfeldt, becario postdoctoral en relaciones sino-latinoamericanas en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS, por sus siglas en inglés) de la Universidad John Hopkins. “Está claro que un gobierno a cargo de Duque apoyaría la exportación de productos básicos, principalmente petróleo, carbón, oro y aceite de palma a expensas del medio ambiente”, dijo a Diálogo Chino. “El gobierno central tiene un escaso control sobre las áreas periféricas donde la explotación de oro y minerales continúa sin supervisión y con graves impactos ambientales”.
Colombia ya tiene una gran deuda ambiental, tenemos que recuperar las antiguas minas, no acelerar el modelo extractivista
En 2016 Colombia atrajo US$362 millones en IED procedentes de China, principalmente de inversiones petroleras, según datos del Ministerio de Comercio de China, compilados por la Red Académica China-América Latina (Red ALC-China). La cifra representa mucho menos que los US$1.2 mil millones recibidos por Ecuador y los US$760 millones invertidos en Perú, los vecinos andinos más pequeños. Sin embargo, en los últimos años, las empresas chinas han pujado por importantes proyectos de puertos, carreteras y una hidrovía – que forman parte del plan de infraestructura colombiano 4G.
“La relación de Colombia con el este de Asia es uno de los vínculos menos desarrollados en América Latina, tanto en términos de comercio e inversión como de intercambio cultural”, dice Creutzfeldt. “Sin embargo, las empresas chinas han construido con éxito importantes proyectos de infraestructura en Ecuador y Perú, y existe el potencial para un gran desarrollo en Colombia a futuro”.
Las empresas deben involucrarse con las comunidades para garantizar beneficios tangibles a regiones remotas. “Los chinos han desarrollado pautas sólidas para sus inversiones mineras y de infraestructura en el exterior. Estos deben combinarse con la consulta previa y la participación de las partes interesadas para garantizar que van más allá de la legislación existente, que son insuficientes para garantizar que no existan resultados perjudiciales para las generaciones futuras”, dice Creutzfeldt.
La magnitud de las inversiones en minería e infraestructura planeadas en Colombia hace que la supervisión efectiva de las autoridades estatales sea casi imposible. “Si bien la infraestructura verde puede ser posible, la cantidad de proyectos de trenes, carreteras y puertos es una locura, no contamos con las instituciones ni la transparencia necesaria para gestionarlos en su totalidad”, dice Florez.
“Colombia ya tiene una gran deuda ambiental, tenemos que recuperar las antiguas minas, no acelerar el modelo extractivista”.
