La primera Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre, a la que asistieron representantes de 30 países, culminó con un llamado urgente: combatir el tráfico de vida silvestre como un delito grave. Este problema, que mueve más de 10 mil millones de dólares anuales, hizo además que 20 de estas naciones firmen la Declaración de Lima, un acuerdo que contiene 21 acciones para luchar contra esta actividad ilegal.
Cada uno de los países firmantes, además, tendrá que compartir sus primeros resultados en la siguiente reunión del grupo que tendrá lugar en Colombia en el 2021.
“Este tipo de tráfico ocupa el cuarto lugar en el mundo en incidencia luego de las drogas, armas y personas”, dijo el ministro de agricultura de Perú, Jorge Montenegro. Mientras que la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, agregó que se trata de “un problema que se enquista en las redes de corrupción”.
Durante el evento, los asistentes identificaron algunos de los problemas asociados a este delito que comparten cada uno de los países, desde la necesidad de relacionar el comercio ilegal de vida silvestre con el crimen organizado, hasta la ausencia de sanciones ejemplares contra quienes cometen este delito y la falta de mecanismos que permitan a los países una reacción coordinada entre ellos. A esto se suma que aún no se comprende a cabalidad cómo operan las redes criminales que se benefician con la ganancias de este negocio ilegal.
Un crimen de alto vuelo
Latinoamérica es una región que alberga un 40 % de la biodiversidad mundial y cerca del 25 % de las especies en peligro de extinción, según la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES). Frente a este escenario, el tráfico de vida silvestre solo puede ser visto como una gran amenaza. Solo en el Perú, 318 especies de fauna son vistas como potenciales víctimas y 86 de ellas se encuentran en la Lista Roja de la UICN.
Jessica Gálvez-Durand, funcionaria peruana del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), comenta que en promedio se decomisan entre 4000 a 5000 especímenes cada año. “Entre el 2000 y el 2018 se detectaron más de 79 mil especies, en su mayoría anfibios y aves”, señaló la funcionaria, agregando que en lo que va del año se han realizado 430 intervenciones.
Los operativos, sin embargo, avanzan a la par que el perfeccionamiento de los mecanismos ilegales para sortear a los fiscalizadores. Yovana Murillo, coordinadora de tráfico y salud de fauna silvestre en la ONG ambiental Wildlife Conservation Society (WCS), precisó que en Perú “hace dos años se encontraron 29 tortugas Galápagos en un bus y en el aeropuerto un grupo de gallitos de las rocas que tenían como destino España”.
Kurth Duchez, oficial de tráfico silvestre de WCS, agregó que en Guatemala, Honduras y Belice se ha detectado que ahora se envían huevos de guacamayas embrionados para facilitar así su traslado a Asia.
En cuanto a sanciones, se evidenció durante la Conferencia que algunos países necesitan combatir este delito de forma severa. Panamá, por ejemplo, tiene una pena máxima de cinco años, y Uruguay considera el tráfico de vida silvestre como una simple infracción. Por eso algunos de los países asistentes han decidido revertir esta situación.
“En Belice se tomaron acciones contundentes luego de la aparición de casos de jaguares cazados. Se ofreció recompensa para detener a los infractores, se elevaron las penas y fortalecieron su legislación”, dijo Duchez. En Guatemala, donde se está elaborando una estrategia nacional para combatir esta actividad ilegal, se evalúa hoy la necesidad de asociar el tráfico a otros delitos como el contrabando, el uso de armas de fuego y la defraudación aduanera para aplicar así penas más severas.
El Perú fue uno de los primeros países en elaborar esta estrategia y ahora está en camino a vincular este delito al crimen organizado. “Tenemos un trabajo muy estrecho con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y estamos cerca de dar el paso a esa tipificación”, aseguró el director del Serfor, Alberto Gonzáles-Zuñiga.
La coordinadora de las FEMA en el Perú, Flor de María Vega, agregó que se ha creado también un grupo especializado de fiscales que tiene como tarea investigar casos emblemáticos en coordinación con Aduanas y la unidad de investigación financiera. “Tenemos casos fuertes, como la incautación de 5800 kilos de aletas de tiburón entre noviembre de 2018 y septiembre de 2019 que se dirigía a China”, dijo.
Para Vega, además del reconocimiento de este delito como crimen organizado, es necesario coordinar acciones con los países fronterizos y de tránsito ilegal de los recursos naturales. “Con la reactivación de la Red de Observancia y Aplicación de la Normativa sobre Vida Silvestre de Sudamérica (SudWEN) va a existir una mejor comunicación entre autoridades. Cuando rescatamos las 29 tortugas Galápagos, el traslado demoró más de nueve meses, un trámite que debería ser más rápido”, añadió Vega.
Adrian Reuter, coordinador de tráfico de especies de WCS para Latinoamérica, comentó que esta actividad ilegal tiene que ser vista como un crimen transnacional y que, por lo tanto, debe ser atacada desde esa perspectiva. “Es momento para que los países revisen sus normativas y hagan las reformas que sean necesarias, tanto en coordinación como en procesos que pueden usar para la investigación de estas redes criminales, como las escuchas telefónicas”, precisó.
En esta línea, Gustavo Romero, funcionario peruano de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), mencionó que el Programa Global de Contenedores, creado por Naciones Unidas y la Organización Mundial de Aduanas, que se aplica para detectar cargamentos de droga, es utilizado ahora para detectar el tráfico ilegal de madera y que podría perfectamente usarse para combatir el comercio ilegal de vida silvestre.
Romero agregó, además, que desde hace un año utilizan un sistema de alerta anticipada de viajeros, el cual les permite verificar los antecedentes y posibles amenazas de tráfico. “Contamos con una infraestructura contundente para obtener mejores resultados”, señaló el funcionario.
Los primeros frutos de todo este trabajo se vieron hace una semana, cuando autoridades peruanas lograron incautar más de cinco toneladas de caballitos de mar que eran trasladados en una embarcación artesanal para ser traspasados a un barco industrial en altamar. El cargamento fue valorizada en US$6 millones. “La impresión que nos queda es que al sentir el control en el puerto están cambiando sus métodos y eso es porque es lucrativo. Puede tener un retorno económico similar al tráfico de drogas”, agregó.
Otra modalidad que aún no es controlada efectivamente es el tráfico de vida silvestre en Internet. “Al mes recibimos de 20 a 30 denuncias de posibles delitos de tráfico de animales que se cuelgan en línea”, confirmó Jessica Gálvez-Durand.
Especies en la mira
El jaguar fue nombrado en la conferencia como la especie emblemática de las Américas. Las partes de este animal –como sus colmillos, piel, huesos y testículos – son comercializadas en países asiáticos como China, indicó la especialista de WCS en ese país, Lishu Li.
El protagonismo que China ha tenido, en los últimos años, se ve reflejado tanto en las incautaciones e investigaciones en los países de origen como allí. En los últimos 18 meses, la justicia china ha iniciado 580 procesos por tráfico ilegal de especies amenazadas y gran parte de estos es por fauna.
Lishu Li comentó, sin embargo, que China aún no tiene del todo registrada a Latinoamérica como un área de gran riesgo para estos delitos. “Han empezado a conocer más sobre el peligro del jaguar gracias al acuerdo internacional que existe para conservarlo, pero el foco de China continúa en Asia y en África por el tráfico de partes de elefantes, tigres y rinocerontes”, aseguró.
La experta de WCS dijo que, por lo pronto, el Gobierno chino está abierto a recoger las preocupaciones de otros países sobre estos crímenes. “El problema es la falta de conocimiento de ambos lados sobre con quién se deben coordinar acciones. Mientras en el Perú las funciones sobre vida silvestre son administradas bajo el Ministerio de Agricultura, en China están bajo el Administrador de Recursos Naturales”, indicó.
La investigadora desarrolla, desde hace un año, un trabajo de búsqueda de información para encontrar formas de comercialización en China de especies amenazadas. Los avisos que más ha encontrado hasta la fecha son de iguanas verdes, la cuales son adquiridas como mascotas y también para ser llevadas a criaderos.
En el Perú, las poblaciones más presionadas por tráfico ilegal son las aves y reptiles, aunque las que están en mayor estado de vulnerabilidad son los primates, sobre todo el mono choro de cola amarilla (Oreonax flavicauda). Gálvez-Durand precisó que las rutas más cercanas de salida son Bolivia y Ecuador, y que desde Lima salen hacia Europa, Asia y Estados Unidos.
En tanto en Colombia, el tráfico es sobre todo de peces de río que son usados como adornos, además de culebras y reptiles como el lobo pollero (Tupinambis teguixin), y aves como el guacamayo y el loro, señaló Sonia Uribe, funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Kurth Duchez de WCS dijo que las aves y los reptiles como la iguana verde y la negra, además de las tortugas y víboras de árbol son los más traficados en Belice, Guatemala y Honduras. “En Honduras y Belice también hay mucho comercio ilegal del caracol reina. Generalmente este tráfico va a mercados estadounidenses y europeos porque los asiáticos piden volúmenes grandes”, afirmó.
Tareas pendientes
La falta de comunicación es un problema presente en toda la región, se lee en las páginas del documento final de la Declaración de Lima. Por eso una de las acciones está dirigida a promover el fortalecimiento de las redes de cooperación en los controles fronterizos.
El coordinador del Sistema de Justicia del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (Paccto), Antonio Roma, comentó que la falta de comunicación es un problema presente incluso dentro de los mismos países. “A veces el fiscal del Callao no sabe cómo contactar a un fiscal de Arica. Es necesario que todos los poderes judiciales, la policía y las instituciones penitenciarias estén conectadas”, indicó.
La secretaria general de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), Ivonne Higuero, precisó que muchos de los encargados de impartir justicia y vigilar tampoco cuentan con conocimientos especializados para identificar especies y la gravedad de su comercialización.
Roma subrayó que estos son algunos de los temas que tienen que solucionarse. “No podemos combatir delitos del siglo XXI con herramientas del siglo XX, si no tendremos un gran problema”, dijo.
Solo en el Perú 318 especies de fauna están amenazadas por este delito y 86 de ellas se encuentran en alguna categoría de amenaza. Foto: Serfor.
El director del Serfor, Alberto Gonzáles-Zuñiga dice que pronto pondrán en marcha un programa piloto con el Gobierno Regional de Tumbes, en la frontera norte del Perú, para implementar acciones transfronterizas con Ecuador. “No debería volver a pasar nuestras fronteras un caso como el de las tortugas Galápagos”, comentó. Esa vez, la incautación se realizó en un bus en Piura, a seis horas de la frontera.
Parte del conocimiento que debe haber sobre el tráfico se encuentra en la investigación científica que debe hacer cada país sobre el estado de sus especies, un trabajo que no cuenta con suficiente presupuesto en Latinoamérica. “Los países en desarrollo aún pensamos que los problemas del medio ambiente se pueden dejar para después y ya conocemos que la sobreexplotación (…) es la segunda amenaza más grande de las especies”, señaló Higuero.
Este reportaje forma parte de una alianza editorial con Mongabay Latam.
