Finalizó la Semana de las Materias Primas, en Bruselas, realizada del 17 al 21 de noviembre. Se trata del principal foro europeo sobre políticas vinculadas a los minerales críticos que sostienen la transición energética, en mayor parte, del Norte Global, así como sus objetivos de seguridad y digitalización. Allí, representantes de gobiernos, empresas y organismos internacionales discutieron cómo garantizar en el ámbito europeo el suministro de litio, cobre, níquel y otros minerales considerados esenciales para estos objetivos.
Sin embargo, detrás de este debate, se profundiza una tensión estructural: los costos ambientales y sociales de esta transición recaen sobre los territorios del Sur Global, especialmente en América Latina. Nuestra región —la más biodiversa del planeta y una de las más ricas en diversidad cultural— concentra algunos de los principales yacimientos de estos minerales.
Por este motivo, la actividad minera avanza sobre ecosistemas que son invaluables por su biodiversidad y cultura, como los humedales altoandinos, sistemas de lagos, lagunas, praderas y salares de gran altitud que se encuentran en Argentina, Bolivia y Chile. Estos territorios son fundamentales para la regulación hídrica y climática por su rol en la adaptación y mitigación de los gases de efecto invernadero, la conservación de una biodiversidad única y como hogar de comunidades indígenas que dependen directamente de ellos para su subsistencia, además de mantener un vínculo espiritual ancestral con el territorio.
La creciente extracción de minerales como el litio —del cual más de la mitad de las reservas se encuentra en Argentina, Chile y Bolivia— está afectando directamente a esos ecosistemas, causando pérdida de biodiversidad, degradación ambiental, y afectaciones en la calidad y disponibilidad del agua en zonas ya caracterizadas por su escasez. Al mismo tiempo, se profundiza la vulneración de derechos de las comunidades indígenas, cuyos modos de vida —y los de las futuras generaciones— se ven amenazados.
A nivel regional, las comunidades indígenas vienen denunciando la violación de sus derechos a la autodeterminación y a la consulta y consentimiento libre, previo e informado. Son las mismas comunidades que han resguardado estos territorios durante generaciones, conservando estos ecosistemas fundamentales para la vida.
Asimismo, la ausencia de implementación de herramientas de planificación y gestión ambiental de los humedales altoandinos, la falta de estudios integrales sobre los impactos acumulativos de la minería de litio y la carencia de evaluaciones ambientales y sociales robustas agravan los conflictos y profundizan las desigualdades en la región.
La creciente pugna por el acceso a minerales ocurre en un contexto de crisis climática y ecológica, pero también de crisis de los sistemas democráticos y de regresiones en el cumplimiento de los derechos humanos a nivel global. A esto se suma una tendencia creciente a la flexibilización de los controles ambientales y al debilitamiento de los estándares de protección, en un escenario donde la minería se consolida como una de las actividades que exacerba estas crisis.
Pese a este contexto, esta edición de la Semana de las Materias Primas fue la que menos avanzó en incorporar los derechos humanos en las políticas europeas sobre minerales. La participación en el evento oficial fue restringida y la agenda no contempló espacios para que comunidades y organizaciones de la sociedad civil del Sur Global pudieran presentar sus perspectivas sobre las cadenas de valor de minerales como el litio, ni influir en los debates que orientarán decisiones que las afectan directamente.
En contraste, predominó una agenda centrada en las oportunidades de inversión para empresas y gobiernos, con escaso lugar para debatir sobre los impactos de los proyectos en los distintos territorios donde se extrae —o se pretenden extraer— los minerales.
Resulta fundamental que los debates en torno a los minerales incluyan una mirada integral e intercultural, donde se ponga en el centro a los derechos humanos y los límites planetarios, entendidos como los umbrales críticos que garantizan la estabilidad y resiliencia del planeta. Esto implica reducir desde el Norte Global la demanda de minerales, asegurar la participación temprana y efectiva de la sociedad civil y el pleno respeto del derecho de las comunidades indígenas al consentimiento libre, previo e informado, así como su derecho a decir no a actividades susceptibles de afectarles en sus territorios.
La Unión Europea debe garantizar la máxima transparencia y el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales vinculantes en materia de derechos humanos. También debe resistirse a cualquier nuevo intento de debilitar normas esenciales como la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), un reglamento de 2024 que exige a las empresas actuar con la debida diligencia para prevenir los impactos sobre los derechos humanos y el medioambiente en sus cadenas de valor.
Una transición energética verdaderamente justa no puede construirse sobre la vulneración de derechos humanos ni sobre la destrucción de ecosistemas únicos. Los humedales altoandinos, los pueblos que los habitan y los territorios del Sur Global deben ser escuchados y respetados. No hay transición justa sin justicia ambiental y social.
