En Georgetown, la capital de Guyana, el chirrido de los camiones retumba por toda la ciudad, mientras la industria petrolera impulsa la construcción de puentes, islas artificiales y hoteles de lujo. Los extranjeros de empresas recién llegadas ya la llaman “la nueva Dubai”.
La petrolera estadounidense ExxonMobil domina la producción de petróleo en Guyana a través de su filial Esso Exploration and Production Guyana, que dirige las operaciones en el bloque marítimo de Stabroek junto con Hess Corporation y la china CNOOC. Desde el descubrimiento de enormes reservas en 2015, se ha expandido rápidamente, con una producción actual de 650 mil barriles diarios y una previsión de duplicarse para 2027. Pero también se ha enfrentado a demandas y acusaciones de ignorar las normas medioambientales para aumentar la producción.
“Nuestras instituciones han sido capturadas por los intereses extranjeros. Exxon no es la única, pero sin duda es la más notoria”, afirmó la ambientalista Sherlina Nageer, fundadora del Movimiento Corazón Verde, que defiende otras alternativas al sector. Ella es una de las principales voces que se oponen a la explotación petrolera en Guyana.
El país se está transformando en un “petroestado”, una nación en la cual la economía, las decisiones políticas y las instituciones están conectadas a la industria petrolera. Por eso, es cada vez más difícil saber dónde acaba el Estado y empieza ExxonMobil.
Quema de gas en Guyana
ExxonMobil ha sido objeto de escrutinio por la quema de gas natural durante la explotación de petróleo (también conocida como gas flaring) —proceso que emite grandes cantidades de dióxido de carbono y metano— en Liza Fase 1, el primero de los tres campos petroleros en funcionamiento. Inaugurado en diciembre de 2019, la licencia del campo permite la quema solo durante el mantenimiento o en emergencias.
Sin embargo, entre 2019 y 2023, la petrolera registró 1.298 episodios de quema de gas, según los datos analizados por el proyecto Hasta la última gota provenientes de SkyTruth, una plataforma que utiliza imágenes satelitales para rastrear actividades perjudiciales al medioambiente. Además, el análisis de datos de la organización de derechos ambientales Instituto Internacional Arayara reveló que ExxonMobil quemó 687 millones de metros cúbicos de gas en la costa de Guyana, liberando 1,32 millones de toneladas de CO₂ a la atmósfera. Ese volumen equivale a las emisiones de casi 287 mil automóviles en circulación durante un año y sitúa a Guyana como el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero por flaring en la Amazonía, detrás apenas de Ecuador.
Sherlina Nageer fue una de las tres demandantes en una acción judicial contra la quema de gas en las plataformas de Esso. El trío de activistas afirma haber encontrado pruebas de esas ilegalidades a través de imágenes de satélite. En abril de 2021, ellas notificaron a la Agencia de Protección Ambiental de Guyana (EPA), organismo responsable de conceder licencias y supervisar el sector petrolero en el país.
Apenas un mes después de la denuncia, EPA revisó la licencia ambiental de la petrolera y permitió ampliar el periodo de flaring de tres a 60 días consecutivos, pero pasó a cobrar US$ 45 por cada tonelada de CO₂ emitida en ese proceso.
Vincent Adams es un especialista en petróleo y gas con más de 30 años de experiencia en el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Además, fue director de la EPA de Guyana entre 2018 y 2020. Para él, ahora el gobierno básicamente está diciendo “contaminen todo lo que quieran, mientras que puedan pagarlo”.
Cuando se hizo cargo de la agencia guyanesa, Adams dice que encontró una institución mal preparada para lidiar con la industria petrolera: “No había ni un ingeniero especializado en petróleo”. Recuerda que la agencia apenas funcionaba para “ponerle un sello” a las solicitudes de ExxonMobil y sus empresas asociadas.
En 2020, cuando Esso solicitó la licencia para el campo Payara, el tercero en el país, Adams afirma haberle exigido garantías financieras para indemnizaciones por accidentes ambientales. Según el experto, los estudios ambientales presentados para la concesión de licencias de los tres proyectos —prácticamente idénticos el uno al otro— indicaban que un derrame de petróleo crudo en la región podría extenderse a lo largo de la costa de Venezuela y pasar por varios países del Caribe.
Adams dejó la agencia en agosto de 2020 después del cambio de gobierno en Guyana. Él recuerda que al mes siguiente otorgaron las licencias. “Cuando me fui, ellos se hicieron cargo”, afirma el ingeniero, que desde ese entonces se ha convertido en uno de los principales críticos del actual modelo de explotación petrolera en el país.
Contrato desfavorable para Guyana
Las controversias en torno a la actividad petrolera en Guyana van más allá de la concesión de licencias. En 2015, después de que ExxonMobil descubriera la primera reserva en el país, el gobierno tuvo que definir desde cero los términos de un contrato para el bloque Stabroek. En él se estipula que hasta el 75% de los ingresos brutos mensuales deben destinarse a los costos operacionales de las empresas implicadas, y el resto se divide en partes iguales entre el gobierno guyanés y el consorcio, lo que resulta en una participación de 12,5% de los ingresos para Guyana. Además, el acuerdo incluye regalías del 2% sobre el valor del petróleo vendido, un porcentaje bastante inferior al de otros países. En Brasil, las regalías pueden llegar al 15%, mientras que en Estados Unidos ya van para más de 16%.
“Es un contrato muy malo, nos quita muchos recursos”, dijo Donald Ramotar, expresidente de Guyana. Durante su gobierno, entre 2011 y 2015, ExxonMobil realizó estudios en la zona costera que resultaron en el primer gran hallazgo petrolero del país.
Aunque pertenece al mismo partido del actual presidente, Irfaan Ali, el exmandatario defiende que se revisen las cláusulas del contrato. Ali, por su parte, admite que el acuerdo es desfavorable, pero sostiene que hay que respetar la “inviolabilidad del contrato”.
Otro gran crítico es Frederick Collins, presidente del Instituto de Transparencia de Guyana, que considera que el contrato es “muy favorable a Exxon”. La organización anticorrupción que preside publicó una serie de análisis exponiendo los puntos débiles del acuerdo, llevó el caso a los tribunales y ganó. En mayo de 2023, la Corte Suprema de Guyana reforzó la urgencia de exigir garantías financieras para la actividad petrolera en el país. La sentencia concluyó que la agencia estatal había actuado con “permisividad y complacencia, lo que pone a la nación y a su pueblo en grave peligro de sufrir un terrible desastre”.
Esso y el gobierno de Guyana apelaron la decisión ante otro tribunal. En esa ocasión, EPA estimó que el valor necesario para cubrir los posibles daños medioambientales de la actividad sería de US$ 2 mil millones. En junio de 2023, el tribunal aceptó el argumento y suspendió la decisión anterior.
Collins consideró que la cantidad era insuficiente para remediar los impactos del petróleo y recordó el derrame en el Golfo de México en 2010, desastre que obligó a la petrolera británica BP y sus aseguradoras a pagar US$ 69 mil millones como forma de reparar los daños.
InfoAmazonia se puso en contacto en repetidas ocasiones con ExxonMobil, su filial guyanesa Esso, así como con Hess, CNOOC y el gobierno guyanés. Ninguno respondió en el momento de la publicación.
Comunidades recelosas
Los habitantes de las comunidades costeras e indígenas alrededor de Georgetown están divididos y recelosos ante la llegada de la industria petrolera al país. En Hope Beach, a 25 km de la capital, un auténtico cementerio de barcos revela como la pesca ha perdido espacio. “Eran barcos que se utilizaban para pescar, pero la gente los puso a la venta y nadie quiso comprarlos”, explica el pescador Amran Samad.
La extracción de petróleo ha perturbado la pesca local, según los lugareños. Ellos citan el intenso flujo de barcos y las vibraciones causadas por las operaciones offshore (en alta mar) como posibles factores que alejan a los peces. Mientras tanto, el aumento de las importaciones de pescado, vendido a precios muy bajos, ha intensificado la competencia desleal y reducido la demanda del producto local.
En la comunidad indígena de St Denny’s, a unos 100 km de Georgetown, el concejal Donnet Frederick nos mostró un invernadero de hortalizas construido con fondos procedentes de la venta de créditos de carbono.
“Nuestra comunidad recibió US$ 80 millones guyaneses [alrededor de US$ 370 mil] de los proyectos de créditos de carbono. Este dinero se utilizó para crear una granja, construir un invernadero y renovar nuestra producción”, afirmó.
En diciembre de 2022, el gobierno de Guyana firmó un acuerdo con Hess Corporation, miembro del consorcio liderado por ExxonMobil, para vender 37,5 millones de créditos de carbono a lo largo de una década. La iniciativa abarca todos los bosques del país, que suman 180 mil km² y cubren casi el 90% del territorio nacional. En estas zonas vive la mayoría de los indígenas de Guyana, que constituyen el 10% de la población.
No se puede simplemente arrojar dinero a las comunidades sin tener en cuenta las repercusiones culturales y medioambientalesTrevon Baird, profesor de la Universidad de Guyana
Hasta 2032, Hess deberá pagar un total de US$ 750 millones al gobierno guyanés, con la promesa de que el 15% sea destinado exclusivamente a los pueblos tradicionales. Pero el líder indígena Mario Hastings sostiene que las comunidades fueron seducidas por promesas financieras y no fueron debidamente consultadas sobre el proyecto.
Durante varios años, Hastings fue cacique (toshao) de la aldea Kako, en la región de Esequibo, que recientemente se vio involucrada en una disputa territorial con Venezuela. El antiguo líder dijo que en 2022 participó en una reunión del Consejo de Toshaos en la capital, en la que se planteó la propuesta del proyecto del carbono.
“Recibimos muchas páginas en inglés, con una jerga muy técnica, y nos pidieron que respondiéramos inmediatamente”, dijo Hastings. Las comunidades indígenas de Guyana no tienen el inglés como lengua materna, y utilizan sus lenguas nativas en su vida diaria. “No nos dejaron volver a nuestras comunidades para enseñarles la propuesta. Dije que no, que no podía hacerle eso a mi gente”, recuerda. Finalmente, la opinión de Hastings fue rechazada por el resto del consejo.
En 2024, la Asociación de Pueblos Amerindios (APA) y otras organizaciones sociales publicaron un informe en el que denunciaban las violaciones del proyecto de carbono del gobierno guyanés. El documento destaca que el proceso de certificación “violó las salvaguardas” de los pueblos indígenas al conceder todos los bosques del país al programa.
El proyecto Hasta la última gota también identificó que, además de la producción petrolera en alta mar, hay bloques en tierra firme que fueron delimitados dentro de 13 tierras indígenas y un área de conservación en Guyana.
Trevon Baird, profesor de la Universidad de Guyana, cuestiona la idea de “progreso” basada en los créditos de carbono. “No se puede simplemente arrojar dinero a las comunidades sin tener en cuenta las repercusiones culturales y medioambientales”, afirma.
De colonia a petroestado: la explotación extranjera
Tras siglos de colonización y décadas de dictadura que no terminó hasta 1992, Guyana siguió siendo un país pobre y dependiente de la agricultura. Las empresas petroleras extranjeras perforaron más de 40 pozos secos, sin rastro de petróleo, antes del gran avance de ExxonMobil en 2015, justo después de las elecciones presidenciales.
ExxonMobil estuvo a punto de abandonar sus proyectos en el país, que quedaron en segundo plano durante algunos años. Shell, propietaria de la mitad del bloque Stabroek, abandonó el consorcio en 2014, poco tiempo antes de la perforación exitosa. Desde entonces, se han descubierto más de 30 reservas, con un volumen estimado en 11 mil millones de barriles de petróleo, actualmente valorados en US$ 1 billón.
Aunque el sector petrolero ha impulsado significativamente la economía, con un PIB que alcanzó una tasa de crecimiento anual del 65% en 2022, la pobreza sigue bastante elevada en Guyana. En 2022, el Consejo Económico de la ONU señaló que el 43% de la población vivía con menos de US$ 5,5 al día por persona, condición por debajo del umbral de la pobreza. Los grandes proyectos urbanos, como el puente sobre el río Demerara, son operados por empresas chinas que contratan sobre todo a trabajadores extranjeros.
Con el hallazgo de las reservas petroleras, ExxonMobil empezó a invertir fuertemente en publicidad para cambiar su imagen en el país. En el estacionamiento de un centro comercial en la zona central de Georgetown, un humorista anunciaba que la petrolera repartiría 100 mil dólares guyaneses (US$ 480) a cada ciudadano adulto en el país, lo equivalente a menos de dos salarios mínimos en Guyana.
“Quiero pedir un fuerte aplauso para Exxon, porque está transformando este país. Por eso, tendremos 100 mil en los bolsillos de cada uno”, dijo el comediante en una presentación a la que InfoAmazonia asistió, en noviembre de 2024.
De hecho, ese depósito fue realizado por el gobierno guyanés como una especie de “subsidio petrolero” correspondiente al valor recaudado por las ganancias de la producción en el país. Fue la primera y hasta ahora única transferencia directa de fondos a la población desde que Esso comenzó su operación en Guyana, hace cinco años.
Los cortes de electricidad son constantes en Georgetown. En un solo día, nuestro equipo presenció tres apagones. A pesar de las grandes reservas petroleras, la mayor parte del petróleo extraído en Guyana es exportado a Estados Unidos y países europeos. “Estamos acostumbrados a los apagones, pero con los años se han hecho más frecuentes”, afirma Minerva Cort, habitante de la capital guyanesa.
Mientras tanto, el gobierno nacional, financiado por los ingresos del petróleo, está planeando Silica City, un centro urbano futurista y de alta tecnología a 40 kilómetros de Georgetown. Aunque los detalles siguen siendo vagos, el presidente Irfaan Ali la ha promocionado como “una ciudad con resiliencia sostenible; una ciudad naturalmente bella, moderna e innovadora; una ciudad adelantada a su tiempo”, en un discurso público en 2024.
Pero el gran futuro que venden el gobierno nacional y las compañías petroleras contrasta con la realidad cotidiana de la mayor parte de la población guyanesa. Más del 90% de los habitantes del país siguen viviendo por debajo del nivel del mar. Los canales que atraviesan Georgetown, diseñados para controlar los efectos de las mareas en la ciudad, están obstruidos con aguas residuales y llenos de envases de comida rápida y gaseosas. El agua del grifo también presenta altos índices de contaminación.
De momento, el punto más alto de la ciudad es la montaña de basura que crece sin cesar en el vertedero. Allí, en la cima de ese mar de residuos, se tiene una vista privilegiada de un futuro que nunca llega.Este artículo se publicó originalmente en InfoAmazonia, y esta versión abreviada y editada se publicó en Dialogue Earth con permiso. Este artículo forma parte de la investigación Hasta la última gota, un proyecto periodístico producido con el apoyo de Global Commons Alliance, organización patrocinada por Rockefeller Philanthropy Advisors. El reportaje fue producido por la Unidad de Geoperiodismo de InfoAmazonia, con el apoyo del Instituto Serrapilheira.
