Cuando faltan cinco meses para las elecciones presidenciales en Argentina, que se van a realizar el 25 de octubre, los candidatos al sillón de Cristina Kirchner se suman a los empresarios y ambientalistas y cuestionan la transparencia de los acuerdos firmados entre la presidenta y el presidente de China, Xi Jinping. “No cuestionamos la alianza con China pero sí la falta de transparencia del actual gobierno”, dijo Diego Guelar, secretario de relaciones internacionales del PRO, partido de la oposición, cuyo candidato Mauricio Macri actualmente tiene grandes posibilidades de asumir el mando de la Casa Rosada. “Pocos días antes de dejar el poder, el gobierno negoció la construcción de dos usinas nucleares y un observatorio espacial sin el debido debate nacional”, se quejó Guelar, que fue embajador del país ante los Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil. Según él, el PRO ya le manifestó al gobierno chino su preocupación con respecto a que Cristina Kirchner estaría “hipotecando el futuro del país” al negociar acuerdos millonarios en áreas sensibles meses antes de finalizar su segundo mandato presidencial. El mismo mensaje fue dado por los demás presidenciables de la oposición. Todos: Sergio Massa (Frente Renovador), Ernesto Sanz (UCR) y José Manuel de la Sota (Partido Justicialista) reconocen la creciente presencia internacional china, pero dicen que van a rever los acuerdos, mayormente porque desconocen los detalles. Según Juan Pablo Lohle, ex embajador argentino en Brasil y actual asesor de campaña de José Manuel de la Sota, dichos compromisos internacionales, asumidos por Cristina Kirchner casi en el final de su gobierno, “requieren del consenso político necesario del que hoy en día carecen; por lo tanto están sujetos a una revisión parlamentaria” y, si fuera necesario, también de una revisión por parte de la justicia. “Ella se comprometió a construir, con financiación y participación de empresas de China, dos usinas nucleares que pueden llegar a costar U$S 11 mil millones”, dijo Guelar. “Es una apuesta muy alta para haber sido realizada por un gobierno que tiene los días contados. El inicio de las obras fue anunciado este año, pero la ejecución del proyecto dependerá de estudios de impacto ambiental y de consultas populares, que no fueron realizados. Y nadie sabe cuáles son los costos en el caso de que el próximo presidente decida rescindir el contrato”, explicó el ex embajador. El equipo de Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires y uno de los candidatos del partido oficialista que se presentará en las elecciones internas para las elecciones presidenciales por Frente para la Victoria, también mantuvo contactos con la embajada de China, pero evitó marcar su posición en relación a lo negociado por Cristina Kirchner hasta tanto se realicen las internas partidarias, que serán realizadas en agosto. “Lo que sí podemos comentar es que la realidad mundial está cambiando y ya no podemos limitarnos a vender alimentos, tenemos que armar joint ventures para procesarlos”, dijo Carlos Peralta, responsable por el área internacional de la provincia de Buenos Aires. Es algo que podemos hacer con China, India y Filipinas, que representan un tercio de la población mundial”. Según Guelar, nadie cuestiona las inversiones chinas en el área de agricultura o infraestructura. El problema radica en las áreas sensibles, que llevan al país a asumir una postura política y por lo tanto requieren de un amplio debate nacional. El gobierno alega que la expansión del parque nuclear argentino fue aprobada por el congreso en 2009, para enfrentar el aumento de la demanda energética en un país que, desde 2003 hasta no hace mucho, venía creciendo a un promedio del 5% anual. Argentina ya posee tres usinas nucleares: Atucha I y Atucha II, en la provincia de Buenos Aires, a 110 kilómetros de la capital, y Embalse, en la provincia de Córdoba. Según José Luis Antúnez, presidente de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la cuarta comenzará construirse en el segundo semestre del corriente año, probablemente al lado de Atucha I y II. “El anuncio se hizo antes de que tuviéramos un estudio de impacto ambiental y ¿quién nos asegura que el mejor lugar para instalar otra usina nuclear es justamente donde viven 11 millones de personas? Si hubiera un accidente, ¿cómo vamos a retirar a las personas de ese lugar?”, cuestionó Guelar. Otro motivo de preocupación es el observatorio espacial que China construirá en la provincia de Neuquén. “Firmamos un acuerdo a 50 años para construir un observatorio que depende de las fuerzas armadas chinas, sin ninguna cláusula que garantice que éste no será utilizado para fines militares. ¿Quién sabe qué conflictos va a haber de aquí a medio siglo y de qué lado estaremos?, advirtió el ex embajador. En un documento que analiza los acuerdos con China, que también incluyen obras de infraestructura y la construcción de usinas hidroeléctricas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) constata que ambos países mencionan la necesidad de tomar en cuenta los impactos sociales y ambientales de los proyectos. Pero la FARN cuestiona la solidez de las instituciones argentinas para implementar lo que prometen en el papel. Lo que preocupa, afirma el documento, es si Argentina “está institucionalmente preparada para esos acuerdos y si la legislación es la adecuada para regular todas las obras y emprendimientos, no solamente en términos ambientales como también en lo que respecta a la transparencia y al acceso a la información”. El economista Marcelo Elizondo, director de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI), dice que China está acostumbrada a invertir en países con menor seguridad jurídica como Argentina y Venezuela. “Los chinos aumentaron mucho su presencia en América Latina y vienen colocando dinero en países con acceso limitado al financiamiento internacional porque tenemos lo que ellos necesitan: alimentos, minerales, petróleo y fuentes de energía”, afirmó. “No creo que estén corriendo el riesgo de que Argentina no les pague porque el gobierno sabe que depende de China y no va a arruinar una relación estratégica como esa”. No obstante, Elizondo cree que la dependencia argentina en relación a China puede llevar al país a hacer menos exigencias en el momento de recibir inversiones. “En Argentina los chinos consiguieron condiciones especiales, como participar de los proyectos que financian como proveedores y con mano de obra, sin pasar por una licitación. Si otro país realizara la inversión aquí, habría sido sometido a un proceso de licitación pública”. Las condiciones especiales que le fueron otorgadas a China a cambio de financiación preocupan a FARN porque dichas condiciones pueden repercutir indirectamente en el área social y ambiental. Según el documento, el acuerdo marco establece como mecanismo de resolución de controversias la negociación directa, dejando afuera la participación de organismos supranacionales, que eventualmente podrían interferir para asegurar el cumplimiento de normas internacionales. Para el economista, la responsabilidad por la preservación del medio ambiente en Argentina compete a los argentinos. “Los chinos no actúan en el exterior como en su propio país. Ellos obedecen las reglas del lugar donde van a invertir. A cada país le cabe establecer sus normas y fiscalizar su cumplimiento”, afirmó Elizondo. Según el economista, lo más preocupante “es que los chinos invierten en la producción de lo que ellos necesitan, como si fuéramos una extensión de su país y no en la intención de proveer al mercado interno o de vender a terceros mercados”. La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó preocupaciones similares, que también están reflejadas en el documento de la FARN. “Los acuerdos fortalecen un modelo de desarrollo en el cual Argentina mantiene su modelo de inserción en el comercio internacional mediante la provisión de materias primas de origen agropecuario y de minerales como el litio”, afirma el informe. A pesar de que los candidatos a presidente de Argentina cuestionaron los convenios, la realidad es que Brasil, el socio comercial más importante del país, acaba de firmar 35 acuerdos con China, aumentando de manera significativa la presencia china en el Mercosur. Para Argentina, que está apartada del mercado financiero internacional desde el default de 2001 y hace cinco años que no recibe inversiones extranjeras directas, China surgió como una tabla de salvación. El país se convirtió en el segundo destino en importancia de las exportaciones de Argentina, que actualmente enfrenta un ajuste económico en medio de una crisis política. Los chinos también inyectaron dinero en la economía argentina a través de una operación de swap -cambio de pesos argentinos a yuanes por un equivalente a U$S 11 mil millones- y de préstamos para financiar obras de infraestructura.