Las Bambas: los retos ambientales del proyecto minero más grande del Perú

Todo en Challhuahuacho, en las alturas del sur andino peruano, recuerda que nada volverá a ser como antes. El cemento reemplaza al adobe en las construcciones. Sus estrechas calles se han poblado de camionetas. Se inauguran hospedajes y abren tiendas. El dinamismo comercial parece haberse instalado en el corazón del proyecto minero más importante de la historia reciente del Perú. En los alrededores de este pueblo se construye una de las minas a tajo abierto más grandes de Sudamérica: Las Bambas. Se estima que de aquí se extraerán, desde el 2016, unas 450 mil toneladas de cobre anuales. Challhuahuacho está ubicado sobre los 3.698 metros sobre el nivel del mar y pertenece a Apurímac, una de las regiones con los indicadores de pobreza más altos del Perú. En los últimos años, la demanda de empleo por la construcción de la mina dinamizó la economía local, pero las cifras de la región revelan los retos pendientes: la mitad de la población no puede cubrir sus bienes y servicios esenciales, la tasa de analfabetismo alcanza al 24%, el 40% de los niños menores de 5 años tiene anemia y la desnutrición crónica afecta al 27%. Los proyectos mineros generan muchas expectativas en la población, sin embargo, en el Perú las inversiones en las regiones mineras no siempre han mejorado la calidad de vida de la población. Para José de Echave, ex viceministro del Ambiente y subdirector de la ONG Cooperacción, “la etapa de construcción de la mina es el momento en el que se demanda la mayor cantidad de mano de obra, ya acabó. Ahora entramos a una etapa de sinceramiento: si antes se necesitaron 10 mil puestos de trabajo, ahora se requerirán solo 2.000, y gran parte de ella deberá ser calificada. El reto está en cómo generar desarrollo con la inversión que existe en adelante”, dice. Impacto ambiental Todo es colosal cuando se habla de Las Bambas. Se trata de una concesión de 35.000 hectáreas; el Ministerio de Energía y Minas dice que este proyecto duplicará la producción nacional de cobre; para su construcción todo un pueblo de 450 familias (Fuerabamba) fue reubicado; su ejecución supone una inversión de US$5.800 millones;  se consumirán 800 litros de agua por segundo del río Challhuahuacho y construirán un reservorio con capacidad para 4,2 millones de metros cúbicos, como respaldo para la temporada seca. En lo que fue una de las transacciones más grandes de la historia del Perú, en abril del 2014 un consorcio formado por MMG Ltd., filial de China Minmetals Corp., Guoxin Investment Corp. International y la firma de inversiones Citic,  compró Las Bambas a la suiza Glencore-Xtrata por US$ 7 mil millones. Aunque el gobierno de Perú ha anunciado que la explotación del recurso comenzará a inicios del 2016, hay algunos asuntos ambientales y sociales que se discuten en las mesas de diálogo que se han formado luego de algunas protestas locales para alcanzar acuerdos. Una de esas demandas tiene que ver con la construcción de una planta procesadora de minerales en la zona y el impacto que traerá el incremento del tráfico de camiones transportando el mineral desde Apurímac hacia el puerto de Matarani, en la costa. El Estudio de Impacto Ambiental inicial de Las Bambas contemplaba la construcción de un minero ducto de 206 kilómetros (enterrado un metro) hasta la provincia de Espinar, en Cusco, donde Xtrata tiene una operación minera. Sin embargo, la oposición de las comunidades cusqueñas y la venta de Las Bambas a la empresa china implicaron una modificación del estudio. También en abril del año pasado, MMG anunció la cancelación de la construcción del minero ducto y la necesidad de construir una planta procesadora en la zona. Las 450 mil toneladas de cobre que se extraerían cada año de Las Bambas serían trasladas en camiones por una carretera que atraviesa decenas de comunidades campesinas. El Ministerio de Energía y Minas aprobó la modificación del Estudio de Impacto Ambiental. El mineroducto fue informado a las comunidades como uno de los componentes centrales del proyecto minero, pero su posterior cancelación no fue conocida por todas las comunidades hasta recién varios meses después. “Suspender el minero ducto generará impactos no informados a la población, en el EIA del proyecto minero, porque la gran cantidad de camiones que se trasladarán ocasionarán polvo, impacto en las vías y contaminación. Este cambio es un error que puede provocar el malestar y protesta de la población local. Es recomendable respetar las medidas para prevenir impactos negativos que se puedan generar en el aire, ruido y vías”, dice Pedro Gamio, ex viceministro del Ministerio de Energía y Minas. Por su parte, De Echave, cuya organización trabaja en la zona desde el inicio del proyecto minero, señala que “para las comunidades fue una sorpresa la modificación del EIA” y coincide en que los impactos que traerá el incremento del tránsito, generarán malestar en las comunidades. “Por ahora, sin embargo, este tema no forma parte primordial de la agenda porque se han priorizado los temas de inversión e infraestructura en la zona”, dice De Echave. Mesas de diálogo En su último reporte la Defensoría del Pueblo identifica como latente el conflicto entre la población local y la compañía minera. La Federación Campesina y el Frente de Defensa de Challhuahuacho han protestado por supuestos incumplimientos de los anteriores propietarios, Xstrata Copper y Glencore, pero ahora forman parte de cuatro mesas de trabajo: infraestructura social y productiva; minería y ambiente; desarrollo agropecuario y trabajo con responsabilidad social. Ante los reclamos, la empresa ha instalado viveros, desparasitado, cinco mil cabezas de ganado, formalizado los derechos de uso de agua, de Cotabambas hasta agosto a través de la Autoridad Nacional del Agua, y abierto una oficina para recibir las hojas de vida de los pobladores que deseen aplicar a puestos de mano de obra no calificada. También se han comprometido a exponer el Estudio de Impacto Ambiental, formar una comisión de vigilancia ambiental e implementar un programa de manejo de residuos sólidos. Consultado sobre las preocupaciones en torno a la construcción de la planta de procesadora y el traslado del material por carretera, el presidente regional de Apurímac, Wilber Venegas, señala que la modificación fue aprobada por el Ministerio de Energía y Minas y que les “han asegurado que no habrá impactos ambientales en la zona”. “El cambio del EIA debió consultarse de manera más amplia con la población local, porque sus impactos serán mayores a los del minero ducto”, dice el ex viceministro Pedro Gamio. El asunto es que, como explica De Echave: “Las modificaciones al EIA ya no requieren de audiencias públicas tan grandes, hay más flexibilidad para aceptar estos cambios”. Las expectativas de ingresos que la región Apurímac recibirá por concepto de canon (regalías) son tan enormes y por el momento han eclipsado el debate sobre los impactos ambientales.