Con contratos que suman U$S 7 mil millones, las dos petroleras más importantes del mundo -la brasileña Petrobras y la china Sinopec-, están involucradas en grandes escándalos de corrupción. En el caso de Petrobras, la sobrefacturación de los contratos y su posterior desvío del dinero, que abastecía a partidos políticos y a políticos de la base gubernamental, amenaza a la presidente petista Dilma Rousseff con el impeachment. En el caso de Sinopec, uno de sus principales ejecutivos fue despedido y está siendo investigado por el gobierno chino, acusado de corrupción. A pesar de ser el epicentro del escándalo más importante de la historia reciente de Brasil, Petrobras fue agraciada con un financiamiento chino de U$S 7 mil millones, luego de la publicación y el pleno curso de las denuncias. El Banco de Desarrollo de China le otorgó un préstamo de U$S 5 mil millones, de los cuales U$S 3500 ya fueron desembolsados y el resto fue firmado durante la visita a Brasil del primer ministro de china Li Keqiang. El pago de dicho préstamos sería realizado con petróleo. El restante acuerdo, por un valor de U$S 2 mil millones, fue firmado con el China EximBank (Cexim). En Brasil la noticia no tuvo mucha prensa, pero el hecho de que el vicepresidente de Sinopec haya sido detenido en China podría elevar la ya alta temperatura político-corporativa que se siente en Petrobras. Wang Tianpu fue despedido por un órgano del gobierno chino, bajo sospecha de una “seria violación de normas legales y disciplinarias“. “Para nosotros es muy difícil entender cuál es el razonamiento que subyace a la decisión de China para mantener la línea de crédito”, afirmó Alejandro Salas, director regional para las Américas de Transparencia Internacional. Por otro lado, dice, mientras las garantías sigan siendo válidas en términos financieros, es razonable que cualquier institución, en este caso China, tome precauciones y exija a Petrobras que asegure que los recursos se gasten en forma adecuada. Corrupción china El portal de noticias chino Caixin publicó que Wang, que se desempeña como presidente de la empresa estatal desde 2011, hizo abuso de poder al conceder contratos de Sinopec a familiares y amigos, además de posibles intercambios de favores con Zhou Bin, hijo del ex ministro de seguridad pública china Zhou Yongkang. La investigación sobre Wang forma parte de una campaña anti-corrupción promovida por las autoridades chinas del sector de la energía. Paralelamente, en Brasil, Petrobras es centro de las investigaciones de la policía federal y del ministerio público debido a la acusación que pesa sobre ella de la existencia de una asociación ilícita con formación de cartel con empresas de la construcción civil. En líneas generales, las licitaciones de los proyectos eran sobrefacturadas y políticos del estado recibían comisiones ilegales de tales empresas, que aparecían como donaciones de campaña, según revelan investigaciones. “Petrobras ha sido la principal víctima de dicho proceso. Sumándome a los 86 mil empleados del sistema Petrobras, sí, nos sentimos hasta avergonzados de lo que venimos vivenciando, de estos delitos que han ocurrido”, se disculpó Aldemar Bendine, presidente de la Petrobras. Más de veinte empresas han sido citadas por la justicia, entre las cuales se encuentran Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa y Odebrecht, la cuatro empresas de ingeniería más importantes del país. Varias docenas de ejecutivos han sido detenidos, la mayoría celebró un acuerdo de colaboración con la justicia (se trata de un tipo de acuerdo en el cual se suele confesar el delito, proveer pruebas y devolver el dinero robado a cambio de una reducción de la pena), y fueron liberados para responder al proceso en libertad, aunque utilizando una tobillera electrónica y con la obligación de presentarse ante el juez procesal cada quince días. Corrupción salpica en Sinopec A partir de las investigaciones, Petrobras suspendió todos los contratos con las empresas implicadas y los nuevos negocios, hasta que el proceso concluya. El resultado acabó salpicando indirectamente a Sinopec, que está construyendo en alianza estratégica con Galvão Ingeniería una unidad de fertilizantes nitrogenados en Mato Grosso del Sur. Ambas empresas formaron el consorcio EPC, (encargado de proveer ingeniería, abastecimiento y construcción), pero Galvão Engenharia es una de las empresas involucradas en el caso, conocido en el país como Operação Lava Jato, el nombre de la operación policial por la cual varios ejecutivos fueron detenidos, inclusive aquellos que pertenecían a la alianza estratégica de Sinopec. Con más del 80% de las obras concluidas, la unidad planea producir anualmente 1200 toneladas de urea y 70 mil toneladas de amoníaco, con una inversión estimada en los R$ 3100 millones. El consorcio suspendió los pagos a proveedores y el ritmo de las obras fue reducido hasta parar. En el mes de enero, la prensa comunicó que existía la intención de realizar una nueva licitación para que una nueva empresa finalice la construcción. A fines de marzo, Galvão Engenharia solicitó el concurso de acreedores. A propósito, el informe del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), organismo de control y fiscalización de las cuentas del gobierno federal, señaló sobreprecios de un 1800% en uno de los trechos de Gasoducto Sudeste, conocido por la sigla GASENE, siendo que dos trechos de dicho proyecto habían sido los primeros adjudicados a Sinopec en Brasil. Salas evalúa que un eventual acercamiento de Sinopec a Petrobras no necesariamente implicará daños a la imagen de la petrolera china. “Todo va a depender de cómo se gestione la relación entre las empresas petroleras”, afirma Salas. Según el analista, si un agente cierra acuerdos con Petrobras al mismo tiempo en que promueve una agenda transparente y toda las información es publicada con reglas claras, dicha asociación no será problemática. Salas no considera que Petrobras se haya transformado en “tóxica” luego de las denuncias de corrupción. “El hecho de que Petrobras haya cerrado varios acuerdos anti-corrupción no significa que la empresa no deba existir y seguir siendo un sólido pilar para el desarrollo del país”, resaltó Salas, agregando que se concederían créditos a Petrobras sin problemas. El problema, resalta, es la falta de transparencia. Para Salas, el gobierno brasileño Petrobras tienen la “oportunidad histórica de hacer las cosas bien”. Fuerza creciente La empresa estatal china desembarcó en Brasil en 2005, pero aceleró su marcha en el país en noviembre de 2010, cuando compró el 40% de los activos brasileños de la petrolera española Repsol por U$S 7100 millones. Al mes siguiente, cuando inició operaciones en Argentina, adquirió activos de la empresa Occidental Petroleum. Un año después de haber adquirido la petrolera brasileña, Sinopec retornó a Brasil para comprar un 30% de los activos de la empresa portuguesa Galp por U$S 5200 millones con el objetivo de elevar la producción de petróleo para atender a la hasta entonces creciente demanda del país asiático. En el caso de Sinopec, más allá del escándalo desatado, viene enfrentado otros problemas: los resultados del primer trimestre muestran que la empresa china presentó un resultado de U$S 350,06 millones, una baja del 85% en las ganancias motivada por la abrupta caída de los precios internacionales que se reflejó en el área de exploración y producción, además de las bajas contables en la refinación. En América Latina, China posee una alianza estratégica con PDVSA, cuyos recursos no aparecen en los estados contables ni pasan por el Ministerio de Finanzas del país sudamericano. “Con respecto a este caso, si así fuera, existe un algo riesgo de que se trate de corrupción”, afirma Salas. Desde el punto de vista del especialista, los fondos no contabilizados podrían ser usados en otras prácticas igualmente irregulares, como compra de votos, influencia en resultados políticos de otros países y financiamiento de campañas.