A diez años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y China, autoridades y funcionarios de ambos países se encuentran en un proceso de renegociación a paso lento en medio de la pandemia por el Covid-19. Sin embargo, a la fecha ninguna de las conversaciones o acuerdos incluye medidas en materia ambiental.
En octubre de 2019 terminó la cuarta ronda de negociaciones para la optimización del TLC entre Perú y China. Beijing se ha convertido en el principal socio comercial del Perú en siete de los nueve años desde la entrada en vigencia del TLC en 2010. Y aunque se han dado afectaciones en algunos sectores como el textil, como contó Diálogo Chino, el comercio entre ambos países creció a una tasa del 9% promedio anual.
La actividad de las compañías mineras, como MMG Limited y Chinalco, concentra la mayor parte de las exportaciones de Perú a China, según cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) a diciembre de 2019. Dado ese peso desproporcionado que tiene el sector en la relación comercial entre ambos países, sería también el más beneficiado por la no inclusión de medidas ambientales en la renegociación del TLC.
TLC China – Perú: Débiles mecanismos en materia socioambiental
Las discusiones en el proceso de optimización del TLC entre Perú y China han girado principalmente en torno a la propiedad intelectual, el comercio electrónico, los procedimientos aduaneros y la cadena global de suministro (vinculada a corredores logísticos en transporte), pero organizaciones sociales y ambientales vienen exigiendo que se incorporen medidas ambientales al acuerdo comercial, en línea con los nuevos compromisos que China ha adoptado para la protección del ambiente.
80%
de las exportaciones de Perú a China entre 2006 y 2018 vinieron del sector extractivo (minería e hidrocarburos)
China acogió 284 de las 346 recomendaciones dadas por decenas de países en el Examen Periódico Universal que rindió ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) en 2018. Entre ellas, aceptó específicamente promover medidas para que sus inversiones en el país y en el exterior garanticen el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
En dicha ocasión, la delegación asiática expresó que su apertura a recibir dichas recomendaciones “demuestra completamente la determinación china y su actitud abierta y activa hacia la promoción y protección de los derechos humanos”.
Sin embargo, los avances de la renegociación se han visto paralizados debido a la pandemia del Covid-19 y al reciente cambio de gabinete hecho por el presidente peruano Martín Vizcarra en julio pasado, señaló a Diálogo Chino un funcionario del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Para Paulina Garzón, directora de la Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-América Latina (IISCAL) y una de las personas que más ha estudiado el tema, hay una falta de transparencia e información por parte de las instituciones que elaboran las políticas públicas chinas. “Los conflictos sociales, la muerte de personas, decretos de emergencia constantes, entre otros elementos, hacen clara la necesidad de espacios de diálogo. Si esto no es posible en el marco de las relaciones con China, será mucho más difícil el mejorar el desempeño de las instituciones”, dice Garzón.
Varias inversiones chinas están en zonas de alta diversidad biológica y con presencia de poblaciones indígenas
A eso se suma el reciente informe de la Defensoría del Pueblo, que señala que se identificaron 129 conflictos socioambientales activos y latentes durante julio. El 63.6% (82 casos) corresponde a conflictos vinculados a la actividad minera, seguido de conflictos por actividades hidrocarburíferas con 23 casos.
Mientras tanto, los inversionistas continúan con el envío de productos e insumos en medio de conflictos latentes y con medidas que no terminan por asegurar la protección del ambiente ni de las comunidades peruanas. En mayo el gobierno declaró el Decreto Legislativo N° 1500 que permite la exoneración de reportes de monitoreo ambiental y otras obligaciones que tenían las empresas, así como la opción de implementar mecanismos virtuales de participación ciudadana, aspecto con limitaciones en zonas rurales.
Omisiones y sectores involucrados
Aunque en la primera mitad del semestre del 2020 la situación de emergencia ocasionada por el Covid-19 generó una disminución del 21.4% de las exportaciones peruanas respecto al año anterior, algunas regiones del Perú han elevado sus ventas con destino a China.
En el caso de la minería -que vio una paralización parcial de sus actividades durante la cuarentena impuesta por el gobierno y por el reporte de casos de Covid-19 en diversos campamentos mineros-, los envíos de cobre retomaron el alza en diversas regiones y éste se mantiene como el principal producto de exportación del Perú, pese a la disminución inicial del precio del mineral.
Al 12 de agosto, “el precio del cobre subió 4.6% a US$ 2.92 por libra, superior también a los valores registrados antes del inicio de la pandemia del covid-19”, indicó el Banco Central de Reserva del Perú.
La producción de cobre en el país proviene principalmente de las regiones de Apurímac y Junín. Apurímac registra envíos a China por US$ 475 millones hasta mayo pasado, es decir, 36% más respecto al 2019, informó el diario oficialista El Peruano.
En esa región se encuentra la mina de Las Bambas, operada por el consorcio de capitales chinos conformado por MMG Limited, Guoxin International Investment y CITIC Metal, y cuyos alrededores han sido -como ha contado Diálogo Chino– el escenario de diversos conflictos con comunidades cercanas a la operación desde el 2015.
Las Bambas ha sido acusada por las comunidades de modificar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sin el correcto proceso de consulta previa. Además, el proyecto obtuvo permisos para acceder al agua para sus actividades, mientras decenas de comunidades indígenas vecinas no cuentan con acceso a este recurso de manera segura.
Por otro lado, en Junín, donde se ubica la mina Toromocho de la empresa Chinalco -que, como contó Diálogo Chino en este reportaje, presentó conflictos sociales por el reasentamiento de la población para la explotación del cobre a tajo abierto- exportó 3% más respecto al año anterior.
En 2019, China compró el 67.6% del cobre, de acuerdo al Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (Siicex). Entre el 2006 y el 2018, el 80% de las exportaciones de Perú a China estaban asociadas al sector extractivo, minero y de hidrocarburos, según datos de la organización ambiental Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Estas actividades involucran exportaciones y proyectos de inversión que en algunos casos se desarrollan en zonas vulnerables. “Varias de las inversiones chinas están asentadas en zonas de alta diversidad biológica y con presencia de poblaciones indígenas, lo cual requiere un cuidado especial en el desarrollo de las inversiones, así como su participación en los procesos de consulta”, dice Ciro Salazar, especialista en proyectos de infraestructura en la Amazonía en DAR, quien escribió una columna en Diálogo Chino pidiendo mayores estándares ambientales en la relación bilateral.
Para Salazar, es fundamental la materialización de las intenciones entorno al desarrollo ecológico y sostenible en el Memorando de Entendimiento como parte de su adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, suscrito entre Perú y China en 2019, acuerdo que hasta el momento no tiene mecanismos vinculantes o sancionadores.
Aunque el peso económico de la relación se inclina hacia el sector extractivo, la inclusión de medidas ambientales permitiría una mayor veeduría sobre los posibles impactos de otros proyectos. Entre ellos se encuentra el de la Hidrovía Amazónica, con participación de la empresa china Sinohydro. El proyecto que ahora se encuentra paralizado tiene más de 400 observaciones en su EIA y solo fue sometido a un proceso de consulta previa por una decisión judicial en respuesta a una demanda de los pueblos indígenas. También existen otros como la construcción del megapuerto de Chancay por la estatal china Cosco Shipping Corporation o la extracción de gas del Lote 58 a cargo de China National Petroleum Corporation (CNPC).
El aspecto ambiental ha sido abordado en cinco de los 21 tratados a nivel internacional que Perú mantiene, mientras que China incluyó estas medidas en sus acuerdos con Chile y Costa Rica, por lo que no es un tema ajeno a ambas economías.
