Oposición Venezolana quiere revisar acuerdo con China

La estrepitosa derrota del oficialismo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre se interpreta como un punto de inflexión en la marcha de la autodenominada Revolución Bolivariana en Venezuela. Desde 1998, el chavismo se mantenía invicto en comicios regulares; su único revés en las urnas se había producido en 2007, en el marco de un referendo sobre una reforma constitucional que propuso el entonces presidente, fallecido en 2013, Hugo Chávez. El chavismo ha quedado en franca minoría en la nueva legislatura, que debe instalarse el próximo 5 de enero de 2016: apenas 55 sobre un total de 167 escaños. Todavía parece temprano para saber si se trata de una tendencia definitiva a la baja de las fuerzas revolucionarias en el mercado electoral, o si se trata de solo un bache en el camino hacia la construcción del socialismo del siglo XXI, la tan promocionada meta del comandante Chávez. Pero de lo que no hay duda es que significa una nueva dificultad para el atribulado Gobierno de Nicolás Maduro, desde abril de 2013 el sucesor de Chávez en la presidencia en Venezuela, que enfrenta una severa crisis económica con una caída del PIB que la CEPAL calcula en 7% anual, un déficit equivalente a 20% del PIB, y la mayor tasa de inflación del mundo –según el Fondo Monetario Internacional – cercana al 200% anual. Con dos tercios de la Asamblea Nacional, desde enero la oposición estará habilitada no solo para promulgar proyectos de ley, sino también para interpelar y destituir a ministros del gabinete o al vicepresidente de la República. Su mayoría absoluta le permite patrocinar una eventual reforma a la Constitución para recortar el periodo presidencial o convocar a un referendo revocatorio de Maduro a partir del próximo abril. No es seguro, sin embargo, que derrocar al presidente esté entre las prioridades de la bancada opositora. Nadie parece interesado en tomar las riendas de un país en caos. Hasta ahora, los voceros de la Mesa de Unidad Democrática (MUD, la coalición opositora) insisten en una inminente ley de amnistía para los 70 presos políticos registrados en cárceles del país y, sobre todo, en restituir la función contralora del parlamento, desaparecida en diez años de mayoría chavista en la Asamblea Nacional. El dos veces candidato presidencial de oposición y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski, viene proponiendo lo que denomina una “Ley Candado” para poner fin a la agresiva diplomacia petrolera por la cual el Gobierno de Caracas intercambia despachos de crudo por favores políticos (o bienes de consumo y servicios). El caso de Petrocaribe, un conglomerado regional por el que Venezuela ofrece a las naciones insulares del Caribe petróleo con importantes descuentos, es quizás el más elocuente: el Gobierno de Chávez se ha asegurado a lo largo de los años los numerosos votos en foros internacionales de los microestados antillanos. Se calcula en unos 13.000 millones de dólares el monto anual que Venezuela destina a estos pactos. Una cantidad similar sacrifica Caracas en el subsidio de los precios internos de los combustibles, principalmente la gasolina, cuyo precio permanece igual desde 1999, año en que Hugo Chávez empezó su presidencia. Ahora que los apremios financieros ponen a la propia Revolución Bolivariana en riesgo –y al país al borde de una crisis humanitaria-, se espera que ambas situaciones sean objeto de revisión. Deudas chinas Buena parte de la deuda contraída por Venezuela con China se paga también con petróleo. Ante la falta de cifras oficiales, se calcula que de puertos venezolanos todos los días parten a China alrededor de 300.000 barriles de crudo para amortizar la deuda, sobre un total de 900.000 que Beijing compra por día a Venezuela. La proporción de cargamentos que pagan deuda va en aumento, mientras la producción total va en declive: es una de las razones, entre tantas, de la actual crisis de liquidez de Venezuela. Recientemente, el viceministro de Finanzas, Simón Zerpa, reveló que el financiamiento otorgado por China a Venezuela alcanza los 53.000 millones de dólares. La revelación se produjo a comienzos de diciembre, días antes de las elecciones, durante un acto que ilustra con fidelidad el tipo de relación que el régimen chavista ha construido con Beijing: la televisión estatal transmitía en vivo la llegada al principal puerto del país, Puerto Cabello, de 2.500 vehículos para taxis de la marca china Chery. Se trata de una fracción de los 10.000 automóviles adquiridos por el Estado venezolano, a un precio de 453 millones de dólares, que el Gobierno asignó a su clientela política. Casi de manera simultánea, el presidente Maduro inauguraba una fábrica de ensamblaje de autobuses Yutong en la región centrooccidental de Venezuela. Haier, otra firma china, es la marca oficial del programa Mi Casa Bien Equipada, por el que el Gobierno reparte artefactos electrodomésticos a bajo costo o sin costo alguno a sectores populares. Aparte de proveedor de mercadería para los programas de asistencia o clientelares, China se ha convertido en un prestamista en corto vital para las cuentas venezolanas. Sucesivos tramos de 5.000 millones de dólares que Beijing viene desembolsando desde 2014 – el más reciente, en septiembre, para financiar a la petrolera estatal Pdvsa – mantienen la estrecha liquidez de la caja pública. Se ignora si la cantidad mencionada por el viceministro comprende solo los recursos inyectados al Fondo Chin-Venezolano creado por ambas naciones en 2008, o si se refiere a todos los mecanismos de financiamiento abiertos por Beijing. La opacidad, en todo caso, es la característica de esos convenios. No es de extrañar, por lo tanto, que una de las primeras declaraciones del economista José Guerra tras ser elegido el 6 de diciembre como diputado por Caracas en las listas de oposición haya sido para anunciar la intención de revisar los acuerdos con China. “Vamos a exigir las cuentas con China”, dijo en una entrevista Guerra, ex Jefe de Investigaciones del Banco Central de Venezuela (BCV) y quien, por su experiencia, hace las veces de oficioso ministro de Economía en el Gabinete de Sombra. “¿La condición de aliado y la relación comercial pasa por clarificar los acuerdos, no por ocultar las cifras. ¿Cuánto es el financiamiento? ¿A qué tasa implícita o explícita? ¿Y las condiciones financieras? Los chinos son los interesados en que esto se clarifique para que nosotros, que somos mayoría, sepamos que la relación va a continuar en buenos términos”. Eso sí, Guerra ratifica con claridad que “China es un aliado comercial de Venezuela y queremos mantener esas relaciones”. Parece poco probable que la oposición quiera prescindir de una de las pocas fuentes de financiamiento que le quedan a Venezuela en un momento crítico de su economía. Por su lado, China no solo seguirá interesada en recuperar sus préstamos, sea en efectivo o en petróleo, sino en conservar un mercado ya consolidado para sus exportaciones de productos terminados. En cualquier caso, el panorama político promete enrarecerse en Venezuela con la mayoría opositora en el parlamento. Las primeras señales del oficialismo, tras su derrota electoral del 6 de diciembre, anticipan su intención de bloquear cualquier iniciativa de la Asamblea Nacional, bien sea mediante la instrumentalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, controlado por el chavismo) o usando subterfugios legales. El previsible conflicto de poderes puede conducir a la parálisis institucional, al hundimiento definitivo de la precaria economía venezolana y aún escenario de pesadilla para los acreedores chinos: el de no saber ante quien intervenir para poder cobrar.