Mientras los bolivianos se preparan para ir a las urnas el 21 de febrero y votar un referendo constitucional que le permitiría a su presidente Evo Morales postularse a un cuarto período, un escándalo sacude al país. Su affaire con Gabriela Zapata no solo da lugar a preguntas sobre el carácter del presidente, demuestra además el grado en que las empresas chinas han incrementado su presencia en Bolivia, a menudo con procesos de compras no ex esivamente transparentes.
Los detalles básicos detrás del escándalo han sido confirmados por el propio presidente. En 2007, o poco tiempo antes, el presidente tuvo una relación con Zapata, con quien tuvieron un niño que murió poco después de nacer. Zapata obtuvo luego un título en derecho y en 2013 fue contratada por la empresa china CAMC Engineering, que ganó contratos del estado boliviano por aproximadamente 580 millones de USD, de los cuales 366 millones de USD fueron otorgados después de que ella fuera contratada.
El momento de las revelaciones relacionadas con el presidente Morales y Zapata, tan solo unos días antes del referendo, probablemente no sea una coincidencia. Sin embargo el escándalo también destaca la forma en que Morales ha situado los proyectos de infraestructura financiados por los chinos —para los que se contrataron empresas con sede en la República Popular China (RPC) – en el centro de la estrategia nacional de desarrollo boliviana.
Ya antes de asumir la presidencia boliviana, Morales había dado señales de su interés por cultivar una relación especial con China: viajó a la RPC en enero de 2006, donde públicamente declaró ser un gran admirador del líder revolucionario chino Mao Zedong.
En los años siguientes, debido a la inestabilidad política, la incierta protección legal para las empresas y las dificultades para hacer negocios en Bolivia, los éxitos del gobierno de Morales para atraer inversiones chinas con participación accionaria en sectores como la minería, el petróleo y la agricultura fueron escasos, a pesar de la abundancia de recursos naturales de su país.
Las empresas con sede en la RPC, sin embargo, lograron enormes progresos en sus ventas de bienes y servicios a Bolivia, incluidos numerosos proyectos de obras públicas financiados por bancos chinos.
En los primeros 15 años de este milenio, según el Fondo Monetario Internacional, el comercio bilateral entre China y Bolivia se multiplicó por seis: pasó de apenas 75,3 millones de USD, en 2000, a 2250 millones de USD, en 2014. Sin embargo, mientras que otros países latinoamericanos con gran disponibilidad de materias primas disfrutaban superávits comerciales con la RPC, las importaciones bolivianas desde China por 1820 millones de USD superaron en más de cuatro veces sus exportaciones a ese país.
En los sectores de materias primas bolivianos, la actividad comercial china principalmente estaba relacionada con la venta de bienes y servicios a crédito, más que con inversiones en capital accionario por parte de empresas con sede en la RPC. Algunos ejemplos notables incluyeron la venta por 60 millones de USD, en 2011, de equipos de perforación a YPFB, financiada por el Banco de Exportaciones e Importaciones de China, un contrato con la empresa china CITIC para la prospección de litio y otras sales minerales cerca de Coipasa, que pagó a la empresa china Linyi Gelon New Battery Materials Company para construir una pequeña planta de fabricación de baterías de litio, el pago a CAMC Engineering para la construcción de instalaciones de extracción y refinamiento de cloruro de potasio, el pago a Henan Yuguang para construir infraestructura en Oruro y Potosí para refinar y fundir zinc, y un contrato por 50 millones de USD con la empresa china Vicstar para instalaciones de procesamiento de estaño en la mina Huanuni en Potosí, entre otros proyectos.
La joya de la corona en la contratación de empresas chinas para proporcionar servicios de minería, sin embargo, tuvo lugar el mes pasado cuando el gobierno boliviano anunció un contrato por 450 millones de USD con la empresa china SinoSteel para construir y administrar instalaciones de extracción y procesamiento de hierro en la gigantesca mina El Mutún. Anteriormente se había otorgado un contrato para desarrollar El Mutún a la empresa india Jindal, pero quedó en suspenso debido a una disputa contractual.
En total, 11 de las 49 obras públicas bolivianas pendientes en 2015 fueron asignadas a empresas chinas. Gracias al financiamiento chino de esos proyectos, para finales del año la RPC era el mayor acreedor de Bolivia, con una deuda pendiente de pago con los bancos chinos de 533 millones de USD.
A pesar de la posibilidad del favoritismo y el riesgo de hipotecar los ingresos bolivianos por proyectos fáciles de obtener con financiamiento chino, un número extraordinariamente elevado de estos emprendimientos se ha visto también plagado de demoras y dificultades. Se suspendieron los trabajos en un puente urbano que estaba siendo construido en Cochabamba por la empresa Vicstar (con sede en Shenzen) cuando comenzó a hundirse en la tierra. Una autopista que estaba siendo construida por Sinohydro entre Ivirgarzama e Ichilo se vio paralizada por cinco huelgas en 14 meses. Un contrato de 250 millones de USD para un ferrocarril y una conexión vial entre Montero y Bulo incluyó la asignación de dos de los tramos a empresas chinas: China Railway Road y CAMC Engineering, que fueron rescindidos cuando ninguna de las empresas logró completar el trabajo en el plazo programado.
En el sector hidroeléctrico, las obras de Sinohydro por un contrato de 235 millones de USD para construir las instalaciones hidroeléctricas de San José, con una capacidad de 124 MW en Cochabamba, fueron detenidas en enero de 2016 por una huelga.
De manera similar, CAMC Engineering se convirtió en blanco de protestas cuando se quedó sin dinero para pagar a los conductores de los camiones que habían estado trabajando para ella en las instalaciones hidroeléctricas de Misicuni.
A pesar de este historial de dificultades, Sinohydro parece estar en condiciones de ganar un contrato de 1300 millones de USD para construir el complejo hidroeléctrico Rositas, de 600 MW, en el río Grande, Santa Cruz. Los críticos clamaron que la asignación había sido manipulada cuando el gobierno dio solo 21 días a las empresas interesadas para que presentaran sus propuestas, según un diseño que ni siquiera estaba terminado.
En el sector manufacturero, como en los demás sectores antes mencionados, en vez de invertir en fábricas —como lo han hecho en los sectores automotriz, de maquinaria pesada y electrónica en Brasil y México— las empresas con sede en la RPC han construido instalaciones, de cuestionable utilidad por el estado boliviano. Algunos ejemplos son una planta de producción de asfalto en El Alto, una papelera en Villa Tunari, Departamento de Chapare, y la refinería de azúcar San Buenaventura en el Departmento de La Paz.
La empresa boliviana de telecomunicaciones Entel firmó un contrato por 120 millones de USD con la empresa china Huawei para proporcionar servicios a 12.000 localidades en todo el país. Cinco años más tarde, en 2014, Entel convirtió a la empresa china ZTE en proveedora exclusiva para la construcción de la nueva red de banda ancha nacional FTTx.
En el sector espacial, la RPC construyó y lanzó el primer satélite boliviano, que incluyó la construcción de su infraestructura en tierra y la capacitación del personal para la agencia espacial boliviana creada para administrar el satélite, financiando el 85 % de los costos colectivos del trabajo: 302 millones de USD. Bolivia luego se comprometió a contratar a la RPC para la construcción y el lanzamiento de un segundo satélite, el Bartolina Sisa, por 150 millones de USD.
El gobierno boliviano prometió llevar su compromiso con la RPC a un nivel completamente distinto en octubre del año pasado, con una línea de crédito china por 7500 millones de USD para financiar una serie de 11 proyectos estratégicos de desarrollo. La implementación de esas obras por empresas chinas no solo convertiría a la RPC en el jugador dominante para el desarrollo boliviano sino que duplicaría la deuda nacional boliviana. Considerando especialmente el escándalo actual, la estrategia de Morales de usar a la RPC para implementar y financiar el desarrollo nacional de Bolivia plantea múltiples preocupaciones.
Considerando el historial del gobierno de Morales a la fecha, no queda claro si el régimen actual es eficaz en la elección y contratación de proyectos de infraestructura pública que fomenten más eficazmente el desarrollo nacional. No queda claro si el régimen puede trabajar eficazmente con sus socios con sede en la RPC para obtener productos de calidad a tiempo y sin generar un significativo malestar social en ese proceso.
Y tampoco resulta necesariamente sensato más que duplicar la deuda externa boliviana en un momento en que los precios de las principales materias primas exportables del país: metales, minerales y gas, se encuentran en mínimos record y sin señales de alivio. Un misterio es cómo planea garantizar la RPC el pago de esas riesgosas incursiones de negocios.
Los funcionarios estatales y las empresas de China solo tienen que echar una ojeada al doloroso colapso de su otro principal socio para el desarrollo en la región – Venezuela -, a quien China le ha prestado más de 65 000 millones de USD.
Los votantes bolivianos harían bien en mirar más allá del affaire Zapata, pero sin ignorarlo. El escándalo actual no solo tiene que ver con Evo Morales, que ha hecho mucho durante la última década para que la mayoría indígena boliviana, marginada durante tanto tiempo, sienta que tiene una voz en la política del país. Es un escándalo relacionado con la elección de un camino en que la transparencia y las instituciones sólidas garanticen que el país aproveche de la manera más eficaz posible sus recursos y la ayuda disponible – venga esta de China, Alemania o EE. UU.- para convertir en realidad los legítimos sueños de desarrollo nacional y dignidad en una sociedad pluralista.
