En la última semana, la mina peruana Las Bambas -una de las mayores minas de cobre del mundo- volvió a ser noticia en Perú. Como parte de una protesta, comuneros ocuparon terrenos de la compañía, operada por la empresa de capitales chinos MMG Limited, lo que provocó que suspenda otra vez sus operaciones. El reclamo de la población: un supuesto incumplimiento de diversos acuerdos con la minera que aporta en promedio el 1% del PBI nacional.
Las Bambas parece vivir en constante conflicto. En marzo, comunidades bloquearon la vía por donde se traslada el mineral, exigiendo mejores condiciones de vida. A fines de 2021, la mina también tuvo que paralizar sus trabajos debido a los bloqueos de ese mismo camino.
¿Qué es lo que hace tan conflictiva esta operación?
El camino irregular de Las Bambas
Las Bambas recorre un complejo espacio geográfico. Su área de influencia social directa está entre Cotabambas y Grau, provincias de Apurímac, una región del sur del país de casi medio millón de habitantes, donde cuatro de cada diez personas son pobres. Para que el concentrado de cobre llegue hasta la costa debe transportarse por el corredor vial sur, un camino de 324,5 kilómetros que pasa por territorios de unas 37 comunidades de Cotabambas y Grau; por las provincias de Chumbivilcas y Espinar en el departamento de Cusco; y, al oeste, por Caylloma en el departamento de Arequipa. 
Distintas demandas sociales tienen relación con el uso del corredor. En el actual gobierno de Pedro Castillo, comunidades y pobladores de esas zonas han reclamado por el tema, con exigencias hasta contradictorias: desde el pago de indemnizaciones por daño ambiental ocasionado por el paso de los camiones, hasta pedidos laborales de operar los vehículos que proveen de servicios a Las Bambas.
Para que atiendan sus pedidos, varias comunidades han bloqueado el corredor en los últimos meses. A fines del 2021, un bloqueo en Chumbivilcas, a 200 kilómetros de la mina, provocó que detuviera sus operaciones. En ese contexto, el gremio minero estimó que, para Las Bambas, cada día de bloqueo equivalía a US$9,5 millones en pérdidas.
En febrero la comunidad de Ccapacmarca, en Chumbivilcas, obstruyó la carretera a unos 100 kilómetros para obtener retribuciones financieras. En marzo, la comunidad de Urinsaya, en Espinar, a unos 250 kilómetros de Las Bambas, también bloqueó la vía con las mismas intenciones. Actualmente, la empresa registra más de 400 días de transporte perdidos desde el 2016, cuando empezó a operar.
Los continuos y complejos problemas de Las Bambas
Un informe de enero de 2022 de la Defensoría del Pueblo reportó nueve conflictos socioambientales activos por Las Bambas: cinco en Apurímac y cuatro en Cusco, todos con reclamos diferentes y que provienen desde el 2011 hasta la actualidad.
El conflicto más reciente en dicho informe data de julio de 2021. Seis comunidades y frentes de defensa de Chumbivilcas exigieron que no se reconozca la resolución 372-2018-MTC, que permitió que caminos de uso comunal se convirtieran en una ruta nacional. 
Desde el Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros también ha monitoreado la situación del corredor minero. Un documento de enero del 2022 encuentra nueve casos de conflictividad social en la zona, aunque no en todos mencionan a Las Bambas.
A fines de marzo, se abrió otro frente de conflicto: la comunidad de Huancuire (Cotabambas) rechazó la ampliación de la mina, aprobada ese mismo mes por el gobierno. Esta decisión permitiría la explotación del mineral en Chalcobamba, uno de los tres yacimientos de Las Bambas, y podría aumentar la producción anual a unas 400.000 toneladas de mineral. .
Ahora solo se extrae mineral de Ferrobamba, que opera desde 2016. Pero la ampliación y su integración con todo el complejo minero requiere la aprobación de una cuarta modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), que se inició en junio de 2020 y aún está pendiente. El EIA y el MEIA también deben ser presentados para su consulta pública.
José de Echave, especialista en problemática minera y ambiental de la ONG CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, considera que en el caso de Las Bambas hay una agenda muy compleja.
“Hay una gran cantidad de poblaciones, anexos, caseríos, comunidades campesinas. Algunos tienen expectativas económicas, otros tienen preocupaciones ambientales. Algunos aspiran a formar parte de la cadena de valor, otros a puestos de trabajo”, señaló De Echave. Algunos reclaman indemnizaciones por el paso de la carretera que, de ser una trocha comunal que conectaba comunidades, se convirtió en una vía nacional en un proceso acelerado, sin que se cumplan los debidos procesos. Es decir, no se negoció con las poblaciones. Todo eso ha creado un clima de muchas expectativas y demandas”.
Cynthia Sanborn –investigadora de la Universidad del Pacífico enfocada en las industrias extractivas e inversiones chinas– indica que los bloqueos de carretera y protestas prolongadas también responden a distintos componentes, pero no todos “son únicos a Las Bambas”.
Los errores de gobiernos anteriores en la aprobación de cambios del plan de transporte del mineral que “tanto impacto ha generado”, según Sanborn. Los errores de la empresa, que según ella ha tenido “un estilo de negociación transaccional, cediendo a las presiones de los bloqueos de tal forma que se incentivan más las protestas y no las soluciones de fondo”. La falta de presencia y consistencia estatal en la zona por la alta rotación de funcionarios y falta de preparación de quienes ejercen las funciones, y la presencia de asesores externos que, “con el argumento de defender a las comunidades, terminan exacerbando su división para buscar beneficios económicos inmediatos”.
Inestabilidad política e incertidumbre económica
El excongresista por Apurímac Richard Arce, y actual candidato a gobernador de dicha región, señala que el Estado y la empresa deben cumplir una agenda de reclamos, ya que se ha priorizado “el corredor minero, la zona de Chumbivilcas”. Incide en que deben buscarse soluciones rápidas en Apurímac y Cusco, porque si no se generará “una confrontación entre pueblos hermanos”.
En los últimos meses, autoridades de ambas regiones han tenido posiciones encontradas sobre el alcance de los reclamos y beneficios económicos por Las Bambas. Baltazar Lantarón, gobernador de Apurímac, pidió que no se vulneren “las leyes del canon y regalías mineras en perjuicio de Apurímac”, en referencia a la posibilidad de que comunidades del Cusco sean consideradas parte del área de influencia social directa del proyecto. El gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente, respondió: “Nadie va a tocar las regalías o el canon (de Apurímac)”.
En la legislación peruana, el canon minero es un mecanismo en el que el 50% del monto total del impuesto a la renta que pagan las empresas del sector se transfiere a la región donde opera el proyecto. Las regalías mineras son la contraprestación económica que las compañías pagan por la explotación de recursos. En el caso de Las Bambas, el canon y las regalías, corresponden a Apurímac y, por ley, no pueden transferirse a otra región. Por eso Lantarón indica que las comunidades cusqueñas no deberían enmarcarse como área de influencia social directa. Este año, Las Bambas ha comenzado a pagar el impuesto a la renta y se esperan grandes beneficios económicos para la comunidad.
En Apurímac preocupa la paralización del transporte del cobre. Según Arce, la región pierde S/3,5 millones (US$900 mil) por cada día de bloqueo. Además, Las Bambas representa el 78% del PBI regional. Por eso Lantarón ha planteado construir el llamado corredor económico transandino de Apurímac, una ruta alternativa que no pasaría por Cusco. Si bien Arce dice que el corredor transandino “es una respuesta estratégica”, De Echave pide cautela.
“Mientras no se aborden los temas de fondo, y simplemente se piense que la solución es activar una nueva carretera, los problemas van a trasladarse a esa nueva vía y a las poblaciones de la zona de influencia”, agregó.
Prima la inestabilidad
Ruth Luque, congresista por Cusco, también cuestiona la firma de compromisos puntuales con comunidades o distritos. Cree que debería haber “una visión integral en todo el ámbito del corredor: desde Apurímac a Cusco. Eso está faltando y esa estrategia requiere el involucramiento de autoridades de distintos niveles: local, provincial y regional, y dejar de mirar desde una perspectiva demasiado territorial”.
Por su parte, Arce expresó: “El gobierno no tiene una política clara, no le interesa abordar con responsabilidad la gestión de los conflictos socioambientales, sobre todo en el corredor minero, y el daño es inmenso”.
Para Sanborn, hasta ahora no “hemos visto liderazgo ni estrategia ni prioridades claras” del Ejecutivo. “Tampoco han colocado personas con conocimiento y preparación en puestos claves para la gestión de conflictos o regulación de actividades extractivas”, recalcó.
El estilo de negociación de MMG incentiva más las protestas y no las soluciones de fondo
En sus primeros ocho meses de gobierno, Castillo ha tenido cuatro jefes del Gabinete y 45 ministros en los 18 ministerios. A eso hay que sumarle numerosos cambios de funcionarios de menor rango, que suman a la actual inestabilidad política. En los próximos meses, la incertidumbre podría profundizarse más debido a las elecciones regionales y municipales de octubre. Un ambiente que, sumado a la actual inestabilidad política del país, podría seguir complicando las operaciones de Las Bambas.
En un contexto así, afirma Sanborn, “brotan las frustraciones de todos las partes. Y la desilusión es especialmente notable en las comunidades directamente afectadas por la minería, pues votaron en su inmensa mayoría por Castillo con expectativas de cambio social a su favor”.
Para esta nota, Diálogo Chino pidió la versión de la PCM y Las Bambas, pero hasta el cierre no recibió una respuesta.
