En los primeros meses de 2016 se publicaron tres trabajos importantes sobre la interacción económica entre la República Popular China y América Latina y el Caribe. En febrero, la Universidad de Boston y el grupo de expertos Inter-American Dialogue (con sede en Washington D. C.) difundieron una nueva versión de su base de datos de créditos de bancos chinos a Latinoamérica. La base de datos, actualizada con información del Banco de Desarrollo de China y el China Ex-Im Bank probablemente constituye la fuente no oficial más fidedigna sobre los créditos chinos en la región.
En abril, la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia, presentó un nuevo estudio en español, “La Presencia de China en América Latina: Comercio, Inversión y Cooperación Económica”. El trabajo examina con gran detalle los patrones de creciente comercio, inversión y créditos de entidades chinas en Latinoamérica.
También en abril la “Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China”, con sede en la Universidad autónoma de México (UNAM)), publicó una amplia base de datos sobre las inversiones de la RPC en la región, que ayuda a cubrir una notable debilidad que existía en cuanto a la disponibilidad de datos confiables para estudios de investigación sobre las actividades comerciales chinas en América Latina.
La acumulación de estos trabajos académicos contribuye a una comprensión más avanzada de la RPC en América Latina. Además, proporcionan un atisbo del nuevo entorno estratégico emergente que incide sobre las actividades de la RPC en la región, que presenta desafíos tanto para el gobierno chino como para sus empresas y que puede llegar a reestructurar profundamente las dinámicas de la relación.
Los desafíos que China enfrenta en la región reflejan dos factores que interactúan entre sí: una percepción menos atractiva para Latinoamérica de los negocios con empresas chinas y un entorno regional en desarrollo que enfrenta a las entidades del gobierno chino y las empresas de ese país con una mayor incertidumbre política y regímenes asociados más exigentes.
Si en algún momento existió un período de luna de miel en el matrimonio celebrado entre Latinoamérica y China en 2001 con el ingreso de esta última a la Organización Mundial del Comercio, ha terminado. Aunque la cantidad productos exportados desde Latinoamérica hacia China continúa creciendo, la caída de los precios de las materias primas ha empujado a la baja la remuneración recibida por la región en ese concepto (aproximadamente un 38 % durante el año pasado). La región ha cuestionado cada vez más los beneficios de priorizar las exportaciones de esos bienes a la RPC.
Aunque las empresas chinas han producido muchos productos de calidad y han tenido éxito en muchos de sus emprendimientos, hay un creciente recelo en la región frente a los productos y proyectos chinos. El mal desempeño de algunas empresas chinas en términos de cumplimiento normativo ambiental y corrupción se ha tornado cada vez más visible. Entre los proyectos chinos de alto perfil anunciados que fueron demorados o no se implementaron se encuentran la refinería Recope en Costa Rica, Cienfuegos en Cuba y la refinería del Pacífico en Ecuador. También hay proyectos de «canales secos», que conectan las costas del Atlántico y el Pacífico a través del sur de México, Guatemala, Honduras y Colombia, así como el ferrocarril bioceánico propuesto entre Perú y Brasil (que probablemente incluya un tramo a través de Bolivia). Aunque se han proyectado varios fondos chinos de crédito multilateral, los 35 000 millones de USD en créditos para la región anunciados por el presidente Xi durante su visita a Brasil en julio de 2014 aún no se han concretado.
Más allá de los proyectos demorados o que no han sido implementados, la imagen pública de las empresas chinas en la región se está viendo afectada negativamente por una gran cantidad de problemas en proyectos de alto perfil. Entre ellos se incluye el fracaso del proyecto del centro turístico Baha Mar en las Bahamas (que implicaba una inversión de por 3 500 millones de USD), acusaciones de mala conducta contra la empresa maderera Bai Shan Lin en Guyana, problemas ambientales que involucran a las empresas mineras Chinese Minmetals y Chinalco en Perú, y Jungie en Bolivia, así como descontento laboral (como las cinco huelgas contra la empresa china Sinohydro durante la construcción de la carretera Ivirgarzama-Ichilo en Bolivia. Otros ejemplos incluyen muertes en un grave accidente durante la construcción de la represa Coca Coda Sinclair en Ecuador por la empresa china Sinohydro, así como la cancelación por parte del gobierno boliviano de los contratos con Chinese Railroad Road y CAMCE debido su incapacidad para llevar adelante los trabajos en un ferrocarril desde Montero hasta Bulo Bulo, para el cual fueron contratadas.
Aunque muchos gobiernos y empresarios de la región están superando los desafíos que implica tratar con empresas chinas para cosechar los beneficios, la RPC enfrenta socios cada vez más pragmáticos y exigentes en América Latina, que les demandarán nuevos compromisos para lograr el éxito.
Evaluar y gestionar los riesgos ha sido una debilidad de las empresas chinas, y el entorno en la región se ha complicado aún más en los últimos años. Muchos de los socios más vinculados con China en la región están experimentando profundas crisis económicas y políticas, entre ellos Venezuela y Brasil. Además, Perú – uno de los socios mineros más importantes de China en la región – se encuentra en medio de un proceso electoral que reemplazará al gobierno de Ollanta Humala – relativamente favorable a China – con otro de derecha o neoliberal, según qué candidato gane. De manera similar, Nicaragua, un posible socio para la construcción del nuevo canal transoceánico (a pesar de la falta de relaciones diplomáticas formales) también tendrá elecciones este año y los presidentes de otros tres países de la ALBA (favorables a China), Ecuador, Bolivia y Cuba, dejarán sus cargos al finalizar sus actuales mandatos.
La reciente tendencia es la elección de gobiernos que controlan con ojo más crítico las prácticas comerciales y fortalecen las instituciones y las políticas favorables al mercado, que obligan a las empresas chinas a competir en licitaciones públicas y abiertas para los proyectos, en vez de garantizarlos a través de los acuerdos intergubernamentales a los que están acostumbradas. En Guyana, desde la reelección del gobierno de David Granger en 2015, las empresas chinas con relaciones especiales con la administración anterior, como Bai Shan Lin y China Harbor, han sido objeto de un escrutinio especial sobre su cumplimiento de las leyes y normas. En Argentina, la elección de Mauricio Macri dio lugar a una revisión de los contratos públicos firmados por el gobierno anterior con entidades chinas, entre los que se incluyen la modernización del sistema de ferrocarriles Belgrano-Cargas, y la construcción de dos instalaciones hidroeléctricas en el río Santa Cruz y dos reactores nucleares en el complejo Atucha.
A pesar de esas dificultades, las empresas chinas han demostrado tener capacidad de aprendizaje y para competir con éxito en países con instituciones sólidas y economías de mercado. En Perú, a pesar del desborde de una poza de relave en marzo de 2014, que contaminó las napas locales y obligó al cierre de la mina de Toromocho, China Aluminum Corporation (Chinalco) ha tenido éxito en términos generales en la operación de las instalaciones y para convencer a 5000 personas para que se mudaran de su pueblo, Morococha, ubicado sobre la zona de explotación.
Incluso si las empresas chinas han confirmado que pueden funcionar exitosamente en el desafiante entorno de negocios latinoamericano, aún queda mucho por hacer. Específicamente, tienen que mejorar su capacidad para analizar los riesgos en un entorno políticamente pluralista, así como aumentar la flexibilidad de sus operaciones en la región para adaptarlas a las condiciones locales, además de trabajar de manera inteligente con empresas consultoras y socios locales. Por otra parte, las empresas chinas también podrían mejorar la preparación del personal gerencial y técnico que envían a la región, familiarizarlos con el idioma y la cultura locales, y mejorar la integración de sus empresas y empleados con la comunidad local.
Las empresas chinas no son inherentemente menos capaces que sus contrapartes internacionales para tener éxito en este nuevo entorno más exigente. Las empresas estatales se benefician gracias al respaldo financiero de sus solventes socios y al apoyo político de su gobierno, y pueden devolver la gentileza cumpliendo las normas y prácticas internacionales.
Aunque el nuevo entorno latinoamericano presentará dificultades para las empresas chinas, en el largo plazo puede generar beneficios importantes, especialmente si los nuevos gobiernos con los que trabajan mejoran el funcionamiento de sus instituciones. En ese sentido, los socios latinoamericanos de China tendrán una mayor capacidad de transparencia para la negociación y la ejecución de los acuerdos. Esto reducirá las preocupaciones en Occidente y ofrecerá a China un marco legal e institucional que le permitirá confiar más en que sus socios cumplirán los acuerdos, independientemente de la orientación ideológica del partido de turno.
