Una coalición de ONGs latinoamericanas expresó su preocupación por las violaciones de las normas medioambientales y sociales por parte de inversores chinos en la región, en un informe presentado en el marco de una revisión de la ONU sobre el historial de las actividades chinas en el extranjero.
El informe, presentado en febrero al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU por más de 50 organizaciones de la sociedad civil, analiza 14 proyectos liderados por empresas chinas o con financiación de bancos chinos, llevados a cabo en nueve países latinoamericanos en los sectores de infraestructuras, energía y extracción. El documento argumenta que los inversores chinos no han hecho suficientes esfuerzos para evitar impactos ambientales negativos en la región.
Si bien reconocen avances en la política pública de China para las actividades en el extranjero, las organizaciones pidieron por mayores compromisos con las normas medioambientales y sociales en los proyectos desarrollados en América Latina.
“Nuestro esfuerzo en la ONU es lograr que China atienda los impactos negativos de sus inversiones y entienda que esta es una preocupación legítima de las organizaciones de la sociedad civil de la región”, sostiene Marco Gandarillas, miembro de Latinoamérica Sustentable (LAS), una de las organizaciones promotoras del informe
Las obligaciones de China por sus proyectos de inversión en el extranjero han sido objeto de varios exámenes por parte de órganos de la ONU desde 2016. Estos incluyen el Exámen Periódico Universal (EPU) —el proceso del Consejo de Derechos Humanos tras el cual China reconoció los reclamos de ONGs latinoamericanas en 2019— y el del CDESC, encargado de evaluar si los Estados garantizan sus derechos económicos, sociales y culturales.
Como parte del proceso de revisión del CDESC, organizaciones de la sociedad civil fueron invitadas a enviar sus observaciones sobre las empresas chinas en América Latina, que luego la ONU incorporó al informe final con recomendaciones al gobierno chino, publicado el 3 de marzo, al que el gobierno chino ya ha dado una primera respuesta.
Proyectos chinos en América Latina en primer plano
El informe de las ONGs incluye proyectos mineros y petroleros, represas hidroeléctricas y ferrocarriles, entre otros, desarrollados por 11 empresas chinas y/o respaldados por bancos chinos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Todos los proyectos se encuentran en ecosistemas frágiles y generaron un daño ambiental significativo, sostienen.
Tal es el caso de los proyectos extractivos en Ecuador que se encuentran en la cuenca del Amazonas, por ejemplo. Solo el proyecto minero Mirado, explotado por Ecuacorriente, filial de las empresas estatales chinas Tongling y China Railway Construction Corporation, habría provocado impactos en al menos 16 ecosistemas diferentes. El análisis también destaca que cuatro proyectos, situados en México, Bolivia, Venezuela y Ecuador, se han llevado a cabo o está previsto que se lleven a cabo dentro de zonas protegidas.
“Las empresas eligen proyectos en zonas conflictivas y luego los problemas se arrastran a lo largo de todo el ciclo del proyecto, como con la represa Rucalhue en Chile”, dice Gandarillas. La Central Rucalhue es una propuesta de represa hidroeléctrica de 90 megavatios en el río Bío Bío, en el centro de Chile, un proyecto llevado adelante por la empresa China International Water & Electric Corporation desde 2018. Sería la cuarta hidroeléctrica que se instalaría en el río tras proyectos como las represas de Pangue y Ralco, ambas construidas por la empresa hispano-chilena Endesa, y que han generado controversias por la escasez de agua que sufre el país.
La contaminación del aire y del agua también caracterizan a la mayoría de los proyectos analizados en el informe. Tal es el caso de la central de fundición de minerales Buriticá en Colombia de la empresa Zijin Mining Group y la mina Mirador en Ecuador.
El informe denuncia que, en al menos 10 de los casos, los proyectos no tienen una licencia ambiental adecuada, con base en un estudio de impacto ambiental exhaustivo, y han generado conflictividad con las comunidades que habitan en la zona. Por ejemplo, en el proyecto minero Las Bambas en Perú de la empresa MMG, la mayor inversión extranjera realizada en el país hasta ahora.
Las comunidades dijeron muchas veces que no quieren más represas en esta región
“Hubo una relocalización forzada de las comunidades en la zona. Además, la empresa modificó el estudio de impacto ambiental y no realizó la consulta previa antes de iniciar el proyecto”, sostiene Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, que representa a más de 30 organizaciones sociales y ambientales en Perú.
El informe sostiene que algunos de los proyectos analizados han dado lugar a abusos de los derechos de los pueblos indígenas. Las ONGs afirman que las empresas realizan sus proyectos en territorios de comunidades que rechazan actividades extractivas por sus impactos ambientales y sociales. El impacto suele ser alto y de largo plazo, y en el informe se denuncia que las empresas no cumplen con progresos de debida diligencia.
El informe destaca el caso de la mina de cobre San Carlos-Panantza en Ecuador de la empresa Explorcobres, filial del consorcio CRCC-Tongling que también explota el proyecto Mirador. Este proyecto, en el sur de Ecuador, afectaría al 70% del territorio ancestral del pueblo indígena Shuar Arutam. Tras años de denuncias, las operaciones de la mina se paralizaron en 2020. En 2022, la Corte Constitucional del país dictaminó que se había violado el derecho de los pueblos al consentimiento libre, previo e informado y retiró la licencia medioambiental del proyecto.
Aunque estos proyectos han sido llevados a cabo por inversores chinos, los países anfitriones, los gobiernos y los socios locales también han contribuido a que fueran posibles al darles luz verde y establecer normas, explicaron a Diálogo Chino representantes de las organizaciones que elaboraron el informe.
Las recomendaciones
En el informe del CDESC sobre el proceso de revisión, que abarcó el desempeño general de China en una serie de cuestiones de derechos, se pedía específicamente al Estado chino que garantizara que sus empresas y bancos que operan en el extranjero —ya sea en América Latina o en cualquier otro lugar— “rindan cuentas por las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales”, con especial atención a los efectos sobre las comunidades indígenas.
El CDESC también le pidió al gobierno que las víctimas de abusos tengan acceso a mecanismos de denuncia eficaces y una reparación adecuada. Además, lo instó a tomar medidas para “garantizar la responsabilidad jurídica de las entidades empresariales y sus subsidiarias” en relación a las violaciones de derechos en sus actividades en el extranjero.
El mismo día en que el CESCR publicó su informe, el gobierno chino respondió con un documento en el que asegura que estudiará las observaciones a través de un grupo de trabajo. “China le da gran importancia a sus obligaciones bajo los instrumentos de derechos humanos y continuará siendo parte de un diálogo constructivo entre las partes”, se lee en el documento.
Durante los últimos años, China ha publicado planes para orientar el trabajo de sus empresas y financistas en el exterior. Ello representa un giro de un enfoque previo basado en el cumplimiento de marcos regulatorios nacionales a un compromiso con mejores prácticas y estándares internacionales, sostienen las ONGs de América Latina.
Por ejemplo, los Lineamientos de Desarrollo Verde para la Cooperación y la Inversión Extranjera, publicadas conjuntamente por los ministerios chinos de Medioambiente y de Comercio, promueven que los inversores chinos vayan más allá de “las reglas del país anfitrión” y que, si faltan regulaciones locales, los actores chinos (empresas o bancos) podrían adoptar los estándares chinos o mejores prácticas internacionales. Por otra parte, la Cámara de Comercio de Importadores y Exportadores de Metales, Minerales y Productos Químicos de China está elaborando un mecanismo de reclamación para los proyectos mineros chinos en el extranjero.
A pesar del avance en estos planes, el principal desafío sigue siendo la implementación de los mismos por parte de las instituciones financieras y las empresas, al igual que la supervisión por parte del gobierno, sostienen las organizaciones latinoamericanas. Para ello, piden un mayor diálogo con los actores chinos.
“Las embajadas chinas se podrían establecer como un canal formal de contacto y comunicación al cual las comunidades y organizaciones de la sociedad civil pueden acudir para alertar tempranamente de las problemáticas ambientales y sociales”, afirma Gandarillas.
“Hay sectores en China que van en la dirección correcta y la ONU es un espacio en el que China tiene que rendir cuentas y hacer compromisos para promover cambios graduales y viables que se podrían implementar en América Latina”.
